Análisis del derecho a la consu=
lta
previa de las nacionalidades indígenas de la Amazonía en contextos de
extracción petrolera
<=
span
lang=3DEN-US style=3D'font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-ansi-language:E=
N-US'>Analysis
of the right to prior consultation of indigenous nationalities in the Amazo=
n in
oil extraction contexts=
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1 |
Silvio Saul Tixi Paucar |
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https://orcid.org/0009-0002-5331-3791 |
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Univer=
sidad
Bolivariana del Ecuador (UBE), Durán, Ecuador. Maestr=
ía
en Constitucionalismo Contemporáneo y Gobernanza Local sstixi=
p@ube.edu.ec |
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2 |
Duniesky Alfonso Cave=
da |
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https://orcid.org/0000-0001-7889-8066 |
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Univer=
sidad
Bolivariana del Ecuador (UBE), Durán, Ecuador. Maestr=
ía
en Constitucionalismo Contemporáneo y Gobernanza Local dalfon=
soc@ube.edu.ec |
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3 |
Guillermo Andres Espi=
noza
de los Monteros |
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https://orcid.org/0009-0006-0641-3916 |
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Univer=
sidad
Bolivariana del Ecuador (UBE), Durán, Ecuador. Maestr=
ía
en Constitucionalismo Contemporáneo y Gobernanza Local |
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Artículo de Investigación Científica y Tecnológica Enviado: 12/04/2025 Revisado: 13/05/2025 Aceptado: 05/06/2025 Publicado: 04/07/2025 |
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Cítese: |
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EXPLORADOR DIGITAL, es una Revista
electrónica, Trimestral, que se publicará en soporte electrónico t=
iene
como misión contribuir a la formación de profesionales
competentes con visión humanística y crítica que sean capaces de exponer =
sus
resultados investigativos y científicos en la misma medida que se promueva
mediante su intervención cambios positivos en la sociedad. La revista es
editada por la Editorial Ciencia Digital (Editorial de prestigio registra=
da
en la Cámara Ecuatoriana de Libro con No de Afiliación 663) www.celibro.org.ec |
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Esta revista está protegida bajo una licencia Creative Commons en =
la
4.0 International. Copia de la licencia: =
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ |
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Palabras clave=
s: Consulta previa, pueblos indígenas, Amazonía, derechos colectivos,
explotación petrolera, Convenio 169 OIT, |
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Res=
umen
Int=
roducción: El derecho a la consulta previa, libre e informada (CPLI) es=
un
mecanismo jurídico esencial para proteger los derechos colectivos de los
pueblos indígenas, especialmente en contextos de explotación de recursos =
no
renovables. Objetivo:&=
nbsp;Analizar
los elementos normativos de la CPLI y su aplicación en comunidades amazón=
icas
afectadas por proyectos petroleros. Metodología: Revisión
documental de instrumentos internacionales, jurisprudencia constitucional
ecuatoriana y casos emblemáticos. Resultados: Se
identificaron vacíos en la implementación de la consulta previa, como la
falta de diálogo intercultural y la presión estatal para autorizar proyec=
tos
extractivos. Conclusión: La
CPLI requiere fortalecerse mediante protocolos vinculantes y participación
activa de las comunidades. Área =
de
estudio general: Derecho ambiental. |
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Keywords: Prior consultation, indigenous peoples,
Amazon, collective rights, oil exploitation, ILO Convention 169 |
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Abs=
tract Int=
roduction: The right to prior, free, and informed consultation (PFIC) i=
s a
legal mechanism to protect indigenous collective rights, particularly in
contexts of non-renewable resource exploitation. Objective: To analyze the legal framework of PFIC and its
application in Amazonian communities affected by oil projects. Methodology: Documentary r=
eview
of international instruments, Ecuadorian constitutional jurisprudence, and
emblematic cases. Results:<=
/b> Gaps
were identified in the implementation of prior consultation, such as the =
lack
of intercultural dialogue and state pressure to approve extractive
projects. Conclusion:&n=
bsp;PFIC
must be strengthened through binding protocols and active community
participation. General Area of
Study: Environmental Law. Specific
area of study: Indigenous collective rights. Type of study: Bibliographic review. |
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El derecho al C= onsentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) constituye un pilar fundamental en la protección de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, especialmen= te en contextos donde la explotación de recursos naturales no renovables amena= za su supervivencia cultural y ambiental. En América Latina, la región amazóni= ca emerge como un escenario crítico para el análisis de este derecho, dado que alberga una biodiversidad única y los territorios ancestrales de cientos de nacionalidades indígenas, a la vez que enfrenta una presión extractiva sin precedentes. En Ecuador, un país megadiverso y plurinacional, la tensión en= tre el desarrollo económico basado en la extracción petrolera y la garantía de = los derechos indígenas ha generado recurrentes conflictos socioambientales. Este artículo busca profundizar en el alcance, las limitaciones y los desafíos d= e la consulta previa en la Amazonía ecuatoriana, centrándose en cómo este mecani= smo legal se aplica —o no— a los proyectos petroleros que impactan directamente= a las comunidades indígenas.
El derecho al C= onsentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) no surge de manera espontánea, sino qu= e se inscribe en un proceso histórico de lucha y reivindicación de los pueblos indígenas a nivel global. Su consolidación como principio jurídico ha sido posible gracias al impulso de diversos instrumentos internacionales que bus= can garantizar la participación efectiva de estos pueblos en las decisiones que afectan sus territorios, culturas y modos de vida. Este marco normativo internacional establece las bases legales y éticas para exigir que los Esta= dos consulten de manera adecuada a las comunidades indígenas antes de emprender proyectos que puedan tener un impacto significativo sobre sus derechos colectivos, especialmente en contextos extractivos como el amazónico.<= o:p>
El derecho a la co= nsulta previa es resultado de la lucha global por el reconocimiento de los derecho= s de los pueblos indígenas. El artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Organización de las Naciones Unidas [ONU], 1948) estableció legalmente el d= erecho a la libertad de expresión e información, sentando un precedente para exigir transparencia en las decisiones que afectan a las poblaciones vulnerables. = No fue hasta la década de 1980 que el tema adquirió relevancia internacional. = La Conferencia Internacional de Organizaciones No Gubernamentales sobre la Discriminación contra los Pueblos Indígenas de 1997 fue un hito donde se hizo imperati= vo considerar la necesidad de mecanismos que garanticen la participación indíg= ena en las actividades extractivas (Telles, 2007). =
El evento menciona= do influyó directamente en la ratificación del Convenio 169 de la Organizac= ión Internacional del Trabajo (OIT, 1989), que sigue siendo el primer documento jurídicamente vinculante que establece la consul= ta previa como El derecho a la consulta pr= evia, libre e informada de los pueblos originarios = (Program= a de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2025). Ecuador ratificó el Convenio 169 en 1998, cuyo artículo 15 establece que los Estados deben consultar a los pueblos indígenas antes de autorizar activida= des extractivas en sus territorios, a efectos de su participación en los benefi= cios y la indemnización por daños (OIT, 1989). Esta norma internacional fue segu= ida por la Declaración de las Naciones Unid= as sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (ONU, 20= 07) y su artículo 32, que consagra el Consentimiento Libre, Previ= o e Informado (CLPI) como el estándar más alto, aunque no vinculante.
A nivel nacional, Ecuador ha sido pionero en reconocer derechos indígenas. La Co= nstitución de 1998 incorporó por primera vez la consulta previa en su artículo 84, numeral 5, obligando al Estado a consultar sobre proyectos extractivos en territorios indígenas (Asamblea Nacional Constituyente d= el Ecuador, 1998). No obstante, fue la = Constitución de 2008, definida como "plurinacional", la que elevó est= os derechos a un nivel sin precedentes. El artículo 57, numeral 7, establece q= ue los pueblos indígenas deben ser consultados "dentro de un plazo razonable" sobre proyectos de prospección, explotación y comercializac= ión de recursos no renovables en sus tierras (Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador, 2008). Además, reconoce el derecho a participar en los beneficios y a recibir indemnizaciones por daños socioambientales (Cárdenas et al., 2012).
Este avance
constitucional se ha visto reforzado por la jurisprudencia de la
La región amazónic= a del Ecuador constituye uno de los territorios más emblemáticos donde convergen intereses económicos, diversidad biológica y derechos colectivos indígenas.= A lo largo de las últimas décadas, esta zona se ha convertido en un epicentro= de disputa entre el modelo de desarrollo extractivista promovido por el Estado= y las demandas de los pueblos originarios por la protección de sus territorio= s y formas de vida. Comprender la complejidad de este escenario exige analizar tanto su riqueza ecológica y cultural como los impactos derivados de la expansión petrolera, así como las respuestas de resistencia articuladas por= las comunidades indígenas afectadas (Herrera et al., 2024).= <= o:p>
La Amazonía ecuato= riana abarca el 43% del territorio nacional y alberga a 11 nacionalidades indígen= as, entre ellas los Kichwa, Shuar, Waorani y Sápara. Esta región no solo es un hotspot de biodiversidad —con especies endémicas y reservas de carbono crít= icas para mitigar el cambio climático—, sino también un espacio de cosmovisiones ancestrales ligadas a la selva. Para estos pueblos, la tierra no es un recu= rso económico, sino un ente vivo ("Pachamama") que sustenta su identi= dad y prácticas espirituales.
Desde el descubrim= iento de petróleo en la Amazonía en la década de 1960, Ecuador ha dependido económicamente de este recurso. La explotación petrolera representa el 40% = de las exportaciones nacionales y ha generado ingresos superiores a los 150 mil millones de dólares (Banco Central del Ecuador, 2023). Sin embargo, este modelo extractivo ha dejado un legado de contaminación, deforestación y violaciones a derechos humanos. El caso más emblemático es el de Texaco= -Chevron, cuyas operaciones (1964-1992) contaminaron 450,000 hectáreas, afectando a 30,000 indígenas y colonos. Aunque la justicia ecuatoriana condenó a la emp= resa a pagar 9,500 millones de dólares en 2011, el litigio internacional sigue en curso, evidenciando la impunidad corporativa.
En la actualidad, bloques petroleros como el ITT (Ishpingo-Tambococha-Tiputini)<= /strong> en el Parque Nacional Yasuní —hogar de pueblos en aislamiento voluntario— ilus= tran la contradicción entre políticas ambientales y económicas (López &= amp; Argudo, 2024). A pesar de promesas gubern= amentales de conservación, la explotación en estas áreas avanza, generando conflictos= con comunidades que denuncian la falta de consulta previa y militarización de s= us territorios.
A pesar del
reconocimiento constitucional y legal del derecho a la consulta previa en
Ecuador, la experiencia concreta de las comunidades indígenas revela una
profunda desconexión entre el marco normativo y su aplicación efectiva (
Aunque el marco le= gal ecuatoriano es robusto en teoría, su implementación enfrenta múltiples desafíos:
·&nb= sp; Falta de protocolos claros: No existe una ley específica q= ue regule los procedimientos de consulta previa, dejando vacíos en plazos, metodologías y criterios de representatividad.
·&nb= sp; Asimetría de poder:<= /span> Las comunidades indígenas carecen de recursos técnicos y le= gales para negociar en igualdad de condiciones con el Estado y empresas.
·&nb= sp; Presión estatal y corporativa: Según informes de la = ;Fundación Pachamama (2023)= , el 70% de las consultas realizadas entre 2015 y 2023 fueron "simuladas", reduciéndose a reuniones informativas sin incidencia real en las decisiones.
El ca=
so
Sinangoe ejemplifica tanto los avances como las limitaciones
Este análisis surg= e de la necesidad de visibilizar las contradicciones entre el discurso jurídico progresista de Ecuador y las prácticas extractivistas que persisten. Si bien existen estudios sobre la consulta previa en América Latina, pocos se centr= an en su aplicación específica en contextos petroleros amazónicos, donde la interdependencia entre derechos humanos y ambientales es crítica.
Analizar los funda= mentos jurídicos de la consulta previa y su efectividad en la protección de los derechos colectivos indígenas ante proyectos petroleros en la Amazonía ecuatoriana.
1.&n= bsp; Examinar el marco normativo nacional e internacional que regula la consulta previa.
2.&n= bsp; Identificar los desafíos prá= cticos en su implementación, con énfasis en casos petroleros.
3.&n= bsp; Proponer recomendaciones para fortalecer la consulta previa como herramienta de justicia ambiental.
Se realizó una investigación cualitativa con enfoque socio jurídico, revisando:
1.&n= bsp; Documentos internacionales: Declaración Univer= sal de los Derechos Humanos (ONU, 1948), Con= venio 169 OIT (1989).
2.&n= bsp; Normativa nacional:<= /span> Constitución de la República del Ecuador (Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador, 2008), sentencias de la Corte Constitucional del Ecuador (2022).
3.&n= bsp; Casos de estudio: Comunidad A'I Cofán de Sinangoe= (Corte Constitucional del Ecuador , 2022), bloque petrolero ITT.
Los criterios de inclusión fueron documentos publicados entre 2013-2023, mientras que se excluyeron textos sin arbitraje. Se respetaron estándares éticos, citando fuentes originales y evitando sesgos institucionales.
La Corte Constitucional del Ecuador (2022), establece seis parámetros par= a la CPLI (Tabla 1):
Par=
ámetros
de la consulta previa según jurisprudencia ecuatoriana
|
Parámetro<=
/span> |
Descripció=
n |
|
Temporalidad=
|
Debe realiza=
rse
en etapas tempranas del proyecto. |
|
Información
adecuada |
Acceso a datos técnicos y riesgos
ambientales en lengua nativa. |
|
Diálogo
intercultural |
Respeto a
estructuras organizativas indígenas. |
|
Participació=
n en
beneficios |
Compensaciones económicas y reparaci=
ón
de daños. |
|
Consentimien=
to |
Proyectos no
pueden ejecutarse sin acuerdo comunitario. |
|
Obligatoried=
ad |
Aplicable a todas las entidades públ=
icas
y privadas. |
Este trabajo contr= ibuye a tres dimensiones clave:
a)&n= bsp; Académica: Actualiza el debate sobre consulta previa en contextos extractivos, incorporando jurisprudencia reciente y datos empíricos.=
b)&n= bsp; Social: Amplifica las voces de comunidades indígenas cuyas demandas= han sido históricamente marginadas.
c)&n= bsp; Política: Propone reformas normativas para que la consulta previa sea vinculante, no un mero formalismo.
En un mundo donde = la crisis climática y las demandas de justicia ambiental son urgentes, entende= r y fortalecer la consulta previa no es solo un imperativo legal, sino un acto = de supervivencia para los pueblos de la Amazonía.
La realidad jurídica y política del derecho a la
consulta previa en la Amazonía ecuatoriana no puede comprenderse sin examin=
ar
el marco constitucional vigente y su aplicación en contextos específicos. E=
sta
sección presenta los principales hallazgos del análisis normativo y empírico
realizado, destacando los avances en el reconocimiento de los derechos
colectivos de los pueblos indígenas, su participación en los procesos de
decisión estatal y el impacto de mecanismos democráticos como las consultas
populares en la defensa de sus territorios. A través de estos resultados se
revela la tensión persistente entre el discurso constitucional de
plurinacionalidad y la lógica extractiva dominante, así como las estrategia=
s de
resistencia impulsadas desde las comunidades amazónicas.
El artículo 56 de la Constitución de la República del Ecuador=
(Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador, 2008) establece un principio fund=
amental
que reconoce la composición pluralista y diversa del Estado ecuatoriano, el
cual, pese a ser único e indivisible, integra en su estructura a las
comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, al pueblo afroecuatoriano,=
al
pueblo montubio y a las comunas. Este reconocimiento no es solo simbólico; =
es
una piedra angular del modelo constitucional que busca asegurar la integrac=
ión
de todas las formas de organización y vida, enriqueciendo la identidad naci=
onal
y promoviendo la unidad en la diversidad (=
Cuenca & Relica, 2022).
En virtud de esto el Artículo 57 establece una serie de derechos
colectivos reconocidos y garantizados para las comunas, comunidades, pueblo=
s y
nacionalidades indígenas, establecidos en el marco de los principios de la
Constitución y los pactos, convenciones, declaraciones y otros instrumentos
internacionales de derechos humanos (Asamblea
Nacional Constituyente del Ecuador, 2008). Estos derechos buscan proteger e impuls=
ar la
formación de las identidades culturales y sociales de estos grupos, dándoles
sentido y continuidad en su historia y en la vida nacional.
Uno de los derechos colectivos más importantes es el derecho a mante=
ner,
desarrollar y fortalecer su identidad cultural, su sentido de pertenencia, =
las
tradiciones ancestrales y sus patrones de organización social. Este derecho=
no
solo busca preservar la memoria histórica de estos pueblos, sino también
legitimar su forma de vida y patrones culturales ante los desafíos actuales.
Asimismo, se les otorga el derecho a preservar y mejorar sus propias formas=
de
vida y estructura social, como ejercer jurisdicción sobre sus tierras
legalmente establecidas y sobre sus dominios ancestrales, para fortalecer su
autonomía y autodeterminación en dichos territorios.
Un aspecto importante es la consciencia de su derecho a establecer,
desarrollar y aplicar su propio derecho o derecho tradicional. Este derecho
está sujeto a la obligación de respetar los derechos constitucionales,
especialmente aquellos que buscan salvaguardar a los grupos vulnerables, co=
mo
las mujeres, los niños, las niñas y los adolescentes, lo que evidencia una
competencia entre el respeto a la diversidad cultural y la protección de los
derechos humanos fundamentales universales.
El patrimonio cultural e histórico de estas naciones también goza de
protección especial, al ser parte indivisible del patrimonio nacional. A tal
efecto, el Estado tiene la obligación de proporcionar los recursos necesari=
os
para la conservación, recuperación, desarrollo y protección de este patrimo=
nio,
a fin de que sea permanente para las generaciones futuras. Simultáneamente,=
se
reconoce el derecho de estos grupos a organizarse y crear organizaciones que
los representen, con el fin de fomentar el respeto al pluralismo y la
diversidad política, cultural y organizativa. En consonancia con este derec=
ho,
el Estado se compromete a promover y respetar todas las formas de expresión=
y
organización que surjan de estos grupos.
Además, se garantiza su participación en los órganos estatales
legalmente establecidos, lo que les permite contribuir a la formulación de
políticas públicas que les afectan. Esta participación va más allá de la
consulta, abarcando la planificación y la toma de decisiones sobre sus
prioridades en los planes y proyectos estatales, lo que les empodera para
influir en la planificación nacional del desarrollo. También merecen una
consulta previa, libre e informada antes de que se adopte cualquier instrum=
ento
legislativo que afecte a sus derechos colectivos. Este principio de consulta
previa está previsto en las normas internacionales, como el Convenio 169 de=
la
Organización Internacional del Trabajo (OIT, 1989).
El artículo 171 de la Constitución refuerza estos derechos colectivo=
s al
otorgar a las autoridades de los pueblos, comunidades y nacionalidades
indígenas la facultad de ejercer la jurisdicción en sus territorios, con ba=
se
en sus costumbres tradicionales y su propia legislación (Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador, 2008).
Estas facultades incluyen la resolución de conflictos internos mediante sus=
propias
normas y procedimientos, siempre que no contravengan la Constitución ni los
derechos humanos consagrados en tratados internacionales. Cabe destacar que
este artículo se centra en el potencial de la participación y la toma de
decisiones de las mujeres, promoviendo la igualdad de género en la
administración de la justicia indígena.
Las decisiones de las jurisdicciones indígenas cuentan con el respal= do del Estado, que se compromete a garantizar su cumplimiento por parte de las instituciones y autoridades. Sin embargo, sus decisiones pueden ser revisad= as constitucionalmente, de modo que las normas y procedimientos aplicados en e= sta jurisdicción se ajusten a los requisitos constitucionales. Además, se establecen mecanismos de coordinación y cooperación entre las jurisdicciones indígenas y las jurisdicciones ordinarias, promoviendo el diálogo intercult= ural y la coexistencia pacífica entre ambos sistemas jurídicos (Rivera, 2020).<= o:p>
En cuanto a la propiedad de la tierra y los recursos naturales, la
Constitución reconoce la soberanía de dichas comunidades sobre sus tierras
comunitarias. Dichas tierras son imprescriptibles, inalienables, inembargab=
les
e indivisibles, lo que garantiza su seguridad y estabilidad frente a futuros
intentos de despojo o explotación. Además, se reconoce el derecho de dichas
comunidades a participar en la conservación y gestión de los recursos natur=
ales
renovables dentro de sus tierras, lo que refleja un enfoque en el desarrollo
sostenible y la responsabilidad social para consolidar el derecho al medio
ambiente.
Otro aspecto fundamental de estos derechos colectivos es el derecho = a la consulta libre, previa e informada en las decisiones que puedan afectar sus tierras y medios de vida. Este derecho reconoce la importancia de la participación de estos pueblos en la toma de decisiones que les afectan directamente, para que sus voces sean escuchadas y tomadas en cuenta en el proceso de formulación de políticas y proyectos de desarrollo.
Finalmente, se rec= onoce el derecho de estas comunidades a desarrollar actividades económicas de for= ma individual o colectiva, bajo principios de solidaridad, responsabilidad soc= ial y ambiental. Esto significa que estas comunidades tienen el derecho de busc= ar su propio desarrollo económico, pero de una manera que respete los derechos= de los demás y contribuya al bienestar colectivo, así como a la protección del medio ambiente conforme a lo previsto en el artículo 59 de la Constitución = (Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador, 2008).
Desde una perspectiva histórica, la marginación de los pueblos
amazónicos ha sido el resultado de procesos coloniales y republicanos que l=
os
situaron al margen de los proyectos nacionales. Sin embargo, las últimas
décadas han visto una notable transformación en su capacidad de incidencia
política, particularmente a partir de la consolidación del movimiento indíg=
ena
como actor clave en la vida nacional. La Constitución de 2008 marcó un hito
fundamental al declarar a Ecuador como Estado plurinacional, incorporando
derechos colectivos sin precedentes, como la autodeterminación de los puebl=
os
indígenas, la gestión autónoma de sus territorios y la consulta previa
obligatoria ante cualquier proyecto que pudiera afectar sus formas de vida.
Este marco legal progresista se ha utilizado como herramienta para exigir
mayores espacios de participación, a pesar de que su implementación ha sido
contradictoria, especialmente si contradice los intereses de las industrias
extractivas estatales.
Las organizaciones indígenas, en particular la CONFENIAE, han demost= rado una notable capacidad de adaptación a las nuevas condiciones políticas, combinando tácticas de movilización social con una creciente destreza en la aplicación de mecanismos legales y alianzas internacionales. Esta capacidad= no se limita solo a los espacios oficiales de toma de decisiones, sino también= a nuevas formas de resistencia y propuestas, como los tribunales de ética indígenas, el monitoreo ambiental popular y la construcción de alternativas= de desarrollo indígena basadas en el concepto del buen vivir. Estas propuestas representan un gran desafío a los paradigmas dominantes de participación ciudadana, proponiendo en su lugar paradigmas extraídos de la cosmovisión indígena, en los que la toma de decisiones colectiva, el apego espiritual al territorio y la defensa de la biodiversidad ocupan un lugar privilegiado. <= o:p>
Sin embargo, los problemas que enfrentan son sistémicos y reflejan
desequilibrios de poder más profundos. La criminalización de la resistencia
indígena ha adoptado formas cada vez más sofisticadas, desde el enjuiciamie=
nto
de líderes hasta el uso de políticas antiterroristas contra manifestantes
pacíficos. Mientras tanto, el Estado ha fomentado una lógica de
"participación simbólica" en muchos procesos consultivos, donde l=
as
comunidades son escuchadas, pero sus decisiones no son vinculantes, especia=
lmente
en el caso de megaproyectos estratégicos para la economía nacional. Esta
dinámica se ha intensificado con la expansión de las fronteras extractivas
durante gobiernos de diferente orientación ideológica, lo que demuestra que=
el
neoextractivismo es un eje transversal de la política ecuatoriana, con efec=
tos
catastróficos para la integridad territorial de las nacionalidades amazónic=
as.
Ante esta realidad, las respuestas de las comunidades indígenas han =
sido
diversas y creativas. Además de resistir, han construido alternativas concr=
etas
que redefinen las nociones mismas de desarrollo y participación. Las
bioempresas comunitarias, los sistemas de monitoreo territorial indígena y =
las
empresas de turismo sostenible gestionadas por indígenas demuestran cómo la
participación efectiva trasciende los foros institucionales. Oportunidades =
como
el Plan de Acción REDD+ son importantes, pero también generan tensiones por=
que,
en algunos casos, pueden convertirse en instrumentos para la mercantilizaci=
ón
de los bosques sin abordar las causas subyacentes de la deforestación. La c=
lave
para las comunidades reside en involucrarse en estos esquemas sin sacrifica=
r el
control sobre sus tierras ni la toma de decisiones interna.
A nivel transnacional, las comunidades amazónicas ecuatorianas han
forjado alianzas estratégicas que trascienden las fronteras estatales y
conectan sus luchas con los movimientos globales por la justicia climática y
ambiental. Llevar sus casos ante instituciones como la Corte Interamericana=
de
Derechos Humanos y el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la O=
NU
les ha permitido expresar sus reivindicaciones, incluso cuando los resultad=
os
concretos en términos de protección efectiva son limitados. Esta dimensión
transnacional de su activismo ilustra cómo los derechos indígenas en la
Amazonía ecuatoriana están cada vez más vinculados a procesos globales, des=
de
los mercados de carbono hasta las cadenas de suministro de materias primas.=
El camino hacia la participación plena y efectiva de los pueblos
indígenas amazónicos implica ir más allá de los cambios legales o
institucionales para superar los obstáculos estructurales. Implica reformar=
las
relaciones de poder que históricamente han subordinado a estos pueblos,
reconociendo no solo sus derechos formales, sino también su poder efectivo =
para
vetar proyectos que amenazan su supervivencia ecológica y cultural. También
exige redefinir los modelos de desarrollo predominantes, incorporando seria=
mente
las alternativas indígenas que proponen una relación distinta entre seres
humanos y naturaleza. Mientras persistan las actuales asimetrías, la
participación seguirá siendo un campo de disputa antes que un ejercicio de
ciudadanía plena, reflejando las tensiones irresueltas entre un Estado que =
se
declara plurinacional y unas prácticas políticas y económicas que continúan
negando, en los hechos, la autonomía de los pueblos originarios.
En agosto de 2023 Ecuador vivió un momento decisivo en su historia
ambiental y política al realizar una consulta popular sin precedentes sobre=
la
explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní, una de las reservas
naturales más ricas en biodiversidad a nivel mundial. Este ecosistema,
reconocido por su importancia ecológica y cultural, alberga una variedad
incalculable de especies endémicas y es el hogar de comunidades indígenas q=
ue
han dependido de sus recursos por generaciones. La cuestión central del ref=
eréndum
fue la extracción de crudo en el Bloque 43, o Yasuní ITT, donde se han
descubierto enormes yacimientos petrolíferos. Tras un polémico debate nacio=
nal,
el 59% de los ecuatorianos votó a favor de la iniciativa de mantener el
petróleo bajo tierra para siempre, un hito en la lucha por el medio ambient=
e y
los derechos de los pueblos indígenas. Este resultado fue aclamado como un
triunfo histórico por grupos ambientalistas y líderes indígenas, quienes de=
sde
hacía más de una década organizaban campañas para proteger esta región de la
actividad extractiva (García-=
Orellana & Siguenza-Orellana, 2024).
Sin embargo, la situación no fue la misma en las provincias de Orell=
ana
y Sucumbíos, cuyas economías están directamente vinculadas a la industria
petrolera. En estas zonas, la mayoría de los votantes votó en contra de
suspender la extracción, un claro ejemplo de desajuste entre los intereses
nacionales y las realidades locales. En Orellana, el 58% de la población
rechazó la medida, y en Sucumbíos, el 51%. Esta inconsistencia refleja la
dependencia económica de estas provincias del petróleo, una industria altam=
ente
generadora de empleo y contribuyente que impulsa la actividad comercial en =
la
zona. La prohibición de la extracción de petróleo representa para muchos
ciudadanos una amenaza literal a su fuente de sustento, de ahí su oposición=
al
proyecto verde (Mora-Silva et al., 2=
023).
A pesar de su respaldo mayoritario a nivel nacional, el camino hacia=
la
materialización del veredicto popular no ha sido fácil ni sencillo. Comunid=
ades
indígenas y ecologistas han señalado que, semanas después de la consulta, l=
os
pasos decisivos para implementar el mandato ciudadano se han demorado y han
sido ineficaces. Además, se observa una creciente preocupación por el défic=
it
de transparencia y la falta de políticas que garanticen que el resultado se
materialice en políticas públicas concretas. Un ejemplo de esto fue el decr=
eto
emitido por el presidente Daniel Noboa, que estableció un plan para el cier=
re
progresivo de las operaciones petroleras en el Yasuní. Sin embargo, este
documento ha sido objeto de fuertes críticas por parte de sectores ambienta=
listas
y jurídicos, quienes lo consideran ambiguo y carente de mecanismos claros p=
ara
asegurar su implementación. Las dudas persisten sobre si el gobierno está
realmente comprometido con la protección integral del parque o si, por el
contrario, está buscando formas de dilatar el proceso para no afectar los
intereses económicos vinculados al petróleo.
Tal escenario produce un clima de incertidumbre y desconfianza,
especialmente entre las comunidades indígenas que habitan en el Yasuní y que
temen que, a pesar del triunfo en las urnas, sus territorios sigan siendo
vulnerables a la explotación. La incapacidad de avanzar realmente en la
implementación de la medida ha reavivado el debate sobre los conflictos ent=
re
la conservación ambiental y el crecimiento económico en Ecuador, un país que
desde hace tiempo se ha basado en los recursos naturales, pero que hoy nece=
sita
urgentemente una transición hacia prácticas más sostenibles. Mientras tanto=
, el
mundo observa con expectación el desarrollo de este caso, que sentará un
precedente importante para otros países que se enfrentan a dilemas similare=
s:
explotar sus recursos frente a proteger su medio ambiente (Cevallos, 2022)=
.
El
Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) es uno de los pilares
fundamentales para la protección de los derechos colectivos de los pueblos
indígenas de la Amazonía ecuatoriana. El CLPI es una herramienta indispensa=
ble,
especialmente frente a la extracción de recursos naturales, que inevitablem=
ente
pone en peligro la soberanía cultural, social y ambiental de estos pueblos.
Este documento busca explicar el fundamento jurídico de la consulta previa,=
su
eficacia en la protección de los derechos de los pueblos indígenas y los
desafíos de su aplicación. También se presentarán recomendaciones detalladas
para fortalecer esta herramienta de justicia ambiental y garantizar que los
pueblos indígenas lideren la defensa de sus derechos.
De
conformidad con el Convenio 169 de la OIT (1989), cuyo artículo 15 establec=
e la
obligación de los Estados de consultar a los pueblos indígenas antes de
autorizar cualquier actividad que pueda afectar directamente sus territorio=
s.
Con la ratificación de este instrumento en 1998, Ecuador se comprometió a
adoptar medidas para facilitar la participación de estos pueblos en las
decisiones que les afectan, estableciendo un marco jurídico sólido. Sin
embargo, el marco jurídico nacional, si bien ha mejorado significativamente=
, a
menudo se ve debilitado por la falta de coherencia entre la legislación y su
aplicación práctica.
La
Constitución de Ecuador de 2008 establece derechos claros para las
nacionalidades indígenas, incluyendo el derecho a la consulta previa en el
contexto de proyectos extractivos. Sin embargo, el problema radica en la
desconexión entre la letra de la ley y su implementación práctica. La falta=
de
mecanismos claros de monitoreo y evaluación implica que, en la mayoría de l=
os
casos, la consulta a las comunidades no funciona, se vulneran sus derechos =
y se
prolongan los conflictos (Cali & Recalde, 2024).
El
derecho a la consulta también debe considerarse en el contexto más amplio d=
el
derecho a la autodeterminación. Este principio fundamental permite a los
pueblos indígenas forjar su destino, incluyendo el uso de los recursos
naturales. Sin embargo, el problema radica en que las dinámicas de poder
imperantes en Ecuador favorecen los intereses económicos en lugar de los
pueblos indígenas. Por lo tanto, es urgente que la consulta previa no solo =
se
considere un requisito legal, sino una oportunidad para que las comunidades
expresen plenamente sus necesidades, aspiraciones y preocupaciones con resp=
ecto
al avance de los proyectos que impactan sus vidas.
A
pesar de las garantías legales del derecho a la consulta previa, su
implementación está plagada de diversos problemas prácticos. Entre los más
destacados se encuentra la falta de un diálogo intercultural genuino. La
consulta a veces se limita a reuniones formales donde se informa a las
comunidades, pero no se les brinda la oportunidad de participar activamente=
en
el proceso de toma de decisiones. Esto es lo que ocurrió con el proceso de
consulta realizado en la comunidad A'I Cofán de Sinangoe, donde se celebrar=
on
reuniones informativas, pero no se permitió a la comunidad expresarse
adecuadamente.
Además,
existe una intensa presión estatal y corporativa para imponer proyectos
extractivos en territorio indígena. Este proceso se manifiesta de diversas
maneras, incluyendo la coerción, la manipulación y la división de las
comunidades mediante la oferta de beneficios económicos. Se manifiesta en t=
odas
las formas. Los actores estatales tienden a emplear estrategias que socavan=
el
proceso de consulta, promoviendo información sesgada y presionando a las
comunidades para que aprueben los proyectos propuestos sin considerar su
impacto a largo plazo. Esto se agrava aún más por la falta de capacitación
adecuada a las comunidades sobre sus derechos y los recursos legales
disponibles.
El
segundo gran desafío es la falta de voluntad política para implementar el m=
arco
regulatorio existente. Si bien existen políticas y leyes, su efectividad
depende completamente de la voluntad del Estado y las autoridades para cump=
lir
con sus obligaciones. Esto se ilustra tanto por la falta de seguimiento de =
las
sentencias de la Corte Constitucional, que han establecido con claridad los
parámetros de la consulta previa, como por la inacción ante los continuos
abusos de derechos que ocurren en la región.
La
manipulación de las corporaciones petroleras, que buscan acelerar la obtenc=
ión
de beneficios, también dificulta el proceso de consulta. Las corporaciones
pueden embellecer sus proyectos, prometiendo beneficios económicos, mientras
minimizan los riesgos ambientales y sociales asociados. Esto lleva a que las
comunidades se enfrenten a opciones inmediatas, ante el temor de perder
oportunidades. El derecho a la consulta previa de las comunidades de desarr=
ollo
se convierte en un factor determinante que puede llevarlas a decidir si
participan o no en el proceso de consulta.
Dada
la complejidad de las cuestiones planteadas, se requiere construir una
estrategia integral para consolidar el derecho a la consulta previa en la
Amazonía ecuatoriana. En primer lugar, debe existir un protocolo claro y
vinculante que establezca las acciones a seguir para llevar a cabo la consu=
lta.
Este protocolo debe desarrollarse en consulta con los pueblos indígenas para
que incluya su diversidad cultural, organización social y demandas específi=
cas.
También
es necesario establecer mecanismos de supervisión y rendición de cuentas pa=
ra
garantizar que las consultas se realicen correctamente y que se respeten los
derechos de las comunidades. Esto puede incluir el establecimiento de un
organismo independiente encargado de supervisar el proceso de consulta,
fomentar la transparencia y garantizar que se tomen las decisiones correcta=
s.
Adicionalmente, resulta perentorio promover un enfoque basado en los derechos humanos que incluya tanto los derechos indígenas como la protección del medio ambiente. Esto implica comprender que la lucha de los pueblos indígenas no solo se ce= ntra en la salvaguardia de sus territorios, sino también en la preservación de la biodiversidad y la naturaleza, esenciales para la supervivencia de todos. L= as políticas y las leyes deben reflejar esta interdependencia, promoviendo un desarrollo sostenible que beneficie mutuamente a las comunidades y al Estad= o, y ofreciendo alternativas viables a la explotación extractiva.
=
· =
La
preconsulta debe ser vinculante, no informativa, para que las decisiones que
afectan a los pueblos indígenas no sean impuestas, sino resultado de un pro=
ceso
participativo donde se preserven los derechos colectivos. El estilo consult=
ivo
de las consultas debe traducirse en un foro práctico donde estas personas no
solo tengan la oportunidad de expresar sus temores, sino que también puedan
establecer en la práctica la toma de decisiones que impactan sus tierras y
medio ambiente, y que sus voces sean escuchadas y registradas.
=
· =
Se
requiere urgentemente la creación de organismos de monitoreo independientes
para supervisar la aplicación de las consultas previas y garantizar el
cumplimiento de las obligaciones del Estado y las empresas en el caso de
proyectos extractivos. Dichas instituciones deben ser imparciales y
transparentes, y los pueblos indígenas deben tener la capacidad de auditar =
que
las consultas se apliquen correctamente y que sus derechos se respeten
debidamente, lo que reducirá la desconfianza y los abusos.
=
· =
Las
comunidades indígenas deben estar técnicamente capacitadas para negociar al
mismo nivel que las entidades corporativas y estatales, que probablemente
dispongan de mayores recursos e influencia. Al brindar capacitación y
mecanismos que faciliten a estos grupos la comprensión y participación acti=
va
en las negociaciones, se fortalece su capacidad para defender sus derechos =
y se
promueve un acceso más equitativo a la toma de decisiones, lo que posibilit=
a un
discurso más productivo y legítimo.
·
En
ese sentido, este estudio contribuye a la difusión de las discrepancias ent=
re
el marco legal y la realidad amazónica, ofreciendo propuestas de reforma
legislativa conforme a los estándares globales. Estas son las reformas
necesarias para abordar las diferencias estructurales que experimentan los
pueblos indígenas de la Amazonía, mejorar su vida y garantizarles la autono=
mía
y la participación en la gobernanza de sus territorios.
6. Conflicto de intereses
Los autores
declaran que no existe conflicto de intereses en relación con el artículo
presentado.
7.&n=
bsp;
Declaración de contri=
bución
de los autores
Todos autores
contribuyeron significativamente en la elaboración del artículo.
8. Costos de financiamie=
nto
La presente
investigación fue financiada en su totalidad con fondos propios de los auto=
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