Introduction. In criminal matters, technical defense plays a crucial role in ensuring a fair and equitable trial. The ineffectiveness of the defense can significantly violate the right to a fair trial, highlighting the importance of exploring and understanding its impact on the nullity of a criminal process. Objective. This article analyzes the relationship between the ineffectiveness of technical defense and the nullity of criminal proceedings, identifying the main shortcomings that can compromise the effectiveness of the right to defense. Methodology. A qualitative approach was adopted, reviewing relevant legislation and significant jurisprudence, along with doctrinal interpretation on technical defense in the Ecuadorian legal context. Results. The findings indicate that deficiencies in the technical defense, such as the absence of communication between the lawyer and the accused and errors in the defense strategy, can result in the nullity of the criminal process. Furthermore, it is observed that these inefficiencies reflect a broader problem related to the training and resources available to defenders. Conclusion. The research highlights the importance of ensuring an effective technical defense as an essential element of due process. The implementation of reforms focused on the training of defenders and the improvement of judicial resources is proposed to strengthen the administration of justice and safeguard the fundamental rights of the accused.

A partir de la vigencia de la Constitución (2008) en adelante (CRE)se establece que los derechos y garantías establecidos en laConstitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanosson de directa e inmediata aplicación (art. 11, núm. 3). Se destaca laimportancia del principio que establece la aplicación directa einmediata de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución porparte de todos los funcionarios públicos, tanto administrativos comojudiciales.

Además, resalta la naturaleza garantista de la Constitución, siendoel objetivo proteger los derechos sin discriminación. También enfatizala supremacía de la Constitución como norma suprema fundamental delmarco legal, subrayando la necesidad de que todas las materias delderecho, incluido el derecho penal, sean compatibles con ella.

Asimismo, el Artículo 76 de la CRE trata sobre el debido proceso através de siete garantías básicas: asegurar que las normas y derechos delas partes se cumplan, la presunción de inocencia hasta que se pruebe locontrario, el principio de legalidad que establece que no hay castigosin una ley previa, no considerar como válidas las pruebas obtenidas deforma contraria a la Constitución o la ley, aplicar el principio de dudaa favor del acusado, la proporcionalidad entre las infraccionescometidas y las penas impuestas, y garantizar el derecho a la defensa entodo proceso legal (Constitución de la República del Ecuador, 2008, art.76, núm. 1-7).

Este derecho incluye una serie de garantías que tienen que respetarsepara garantizar que el proceso sea justo y ayude a la realización de lajusticia (Ruiz et al., 2016). Dentro de este marco, el derecho a ladefensa está previsto en la Constitución de 2008 y en los instrumentosinternacionales de derechos humanos, donde se indica: "El derechodel acusado a defenderse personalmente o a ser asistido por un defensorde su elección (...)" (Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, 1969, art. 8, núm. 2 letra d).

Dentro de este marco, el presente artículo de investigación tratasobre la falta de efectividad de la defensa legal en el proceso penalque es un tema de gran relevancia e interés en el ámbito jurídico. Elobjetivo de este estudio es examinar de qué manera la falta de eficaciaen la defensa técnica puede afectar la validez de los juicios penales,considerando criterios jurídicos que podrían fundamentar la nulidad deestos juicios.

La pregunta científica que guía este estudio es: ¿Cómo influye laineficacia de la defensa técnica en la validez de los juicios penales?Esta interrogante nos impulsa a investigar la conexión entre laefectividad de la defensa legal y la protección del debido proceso en elcontexto penal. La investigación busca identificar los criterios legalesque podrían justificar la falta de competencia de la defensa técnicacomo causa de anulación en juicios penales.

Se plantea la hipótesis de que la insuficiencia en la defensa técnicatiene un impacto relevante en la validez de los juicios penales,pudiendo llevar a la nulidad de estos juicios como consecuencia directade una defensa deficiente. A lo largo de este estudio, según lajurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ycriterios emitidos por la Corte Constitucional, efectivamente, laineficacia en la defensa técnica puede desencadenar nulidadesprocesales.

El tema abordado en esta investigación reviste una importanciacrucial en el contexto jurídico contemporáneo. El derecho a la defensaconstituye una garantía esencial en cualquier sistema legal democrático,ya que asegura que las personas puedan hacer valer sus derechos demanera efectiva y justa en un proceso judicial.

La falta de una defensa técnica eficaz puede tener consecuenciasgraves, como la posibilidad de dictar la nulidad. A lo largo de estainvestigación, se analizarán casos concretos, se examinará lalegislación actual y se analizará la jurisprudencia relevante, con elobjetivo de ofrecer un análisis completo que aporte al debate académicoy jurídico sobre la insuficiencia de la defensa técnica como motivo denulidad en el proceso penal.

El derecho penal es una parte crucial del sistema legal que se ocupade establecer y definir qué comportamientos son considerados delitos ycómo se castiga a quienes los cometen. Según Puig (1976) señala que esel "conjunto de normas jurídicas que asocian al delito, cometido ode probable comisión, penas medidas de seguridad y sancionesreparatorias de naturaleza civil" (Puig, 1976, p. 29).

Así mismo Von (1881) en su libro titulado Tratado de Derecho penaldefine "Derecho penal es el conjunto de las reglas jurídicasestablecidas por el Estado, que asocian el crimen, como hecho, a lapena, como legitima consecuencia" (Von, 1881, p. 5). En estecontexto, el profesor Zavala (Zavala Egas, 2014) cita a Sebastián Solaral definir lo que es Derecho Penal como “Derecho Penal es la parte delderecho que se refiere al Delito, y a la consecuencia que este acarrea,esto es generalmente la pena” (Zavala Egas, 2014, p. 37).

Es interesante ver cómo a lo largo del tiempo y en diferentescontextos, los juristas han abordado la definición del derecho penaldesde diversas perspectivas, destacando la importancia de entender nosolo qué constituye un delito, sino también cuáles son las consecuenciaslegales asociadas a dichos delitos. En términos generales, lasdefiniciones coinciden en que el derecho penal se relaciona con eldelito y sus consecuencias legales. Sin embargo, difieren en laprofundidad y los aspectos específicos que resaltan: regulación ysanción en el caso de Puig, la relación entre crimen y pena en Von, y lasimple referencia al delito y la pena en la cita de Zavala Egas.

En general, estas definiciones proporcionan una visión integral delderecho penal, desde su función normativa hasta su aplicación entérminos de castigo y consecuencias legales. No obstante, podríaargumentarse que estas definiciones podrían beneficiarse de una mayorinclusión de aspectos como la prevención del delito, la rehabilitacióndel infractor y salvaguardar los derechos individuales en el ámbito delsistema penal.

En el ámbito del derecho penal italiano, Ferrajoli (1995) señala queel proceso penal es una serie de actividades realizadas por juecesindependientes, siguiendo la ley, y orientadas a la formulación de unjuicio en un debate público entre acusación y defensa. Este juicio tienecomo objetivo verificar o refutar empíricamente una hipótesisacusatoria, resultando en la condena o absolución del acusado.

La definición de Ferrajoli subraya la importancia de la independenciajudicial y las garantías procesales, destacando un sistema judicialjusto que inspire confianza pública en la administración de justicia, seenfatiza la necesidad de un juicio público y equitativo, basado enpruebas empíricas, aunque reconoce que estas garantías no siempre secumplen eficazmente en la práctica, debido a problemas como las demorasexcesivas y el acceso desigual a la defensa legal.

En el contexto ecuatoriano, el proceso penal es la forma mediante elcual el Estado persigue acciones clasificadas como ilícitas. El CódigoOrgánico Integral Penal en adelante COIP (2014) especifica en su LibroIV los artículos relacionados con la Instrucción Fiscal (569-579), laAudiencia de Evaluación y Preparatoria de Juicio (593-596), la Audienciade Juicio (606-630), y las sentencias y recursos legales (631-673),incluyendo normas para la recopilación de pruebas y derechos delprocesado.

Este paralelismo refleja un compromiso compartido en varios sistemasjurídicos para salvaguardar los derechos del acusado y garantizar laconfianza pública en la justicia, aunque en la práctica pueden surgirdesafíos como el acceso desigual a la defensa legal.

La Corte Constitucional de Ecuador (2016) ha establecido que eldebido proceso debe incluir todas las acciones realizadas por lasautoridades judiciales y administrativas para salvaguardar los derechosconstitucionales de los ciudadanos. Este enfoque refleja el compromisodel Estado con la protección de los derechos fundamentales mediante elcumplimiento del debido proceso. La Corte subraya que la administraciónde justicia debe ser tanto formal como sustancial, asegurando laprotección efectiva de los derechos constitucionales de losciudadanos.

En todo proceso, es crucial respetar las garantías básicas del debidoproceso y el derecho a la defensa, considerados fundamentales para laconsecución de la justicia. Estos derechos están reconocidos tanto en laConstitución de la República del Ecuador (artículo 76) como eninstrumentos internacionales ratificados por el Estado ecuatoriano, comola Convención Americana de Derechos Humanos (artículo 8) (Ávila, 2013).

A pesar del reconocimiento constitucional y convencional de estasgarantías, son frecuentemente vulneradas en los juicios penales,evidenciando problemas metodológicos en la práctica judicial. Lavulneración de derechos como la defensa técnica adecuada, un juzgamientoen un plazo razonable, la debida motivación de las sentencias, y laproporcionalidad de las penas indican deficiencias significativas en elsistema de justicia penal, comprometiendo la justicia y equidad de losprocesos y afectando la confianza pública en el sistema judicial.

En Ecuador, como en muchos otros países, la presunción de inocenciaes un principio esencial en el sistema legal. Este principio estableceque toda persona es considerada inocente hasta que se demuestre locontrario a través de un juicio justo y basado en pruebas concretas. Enel contexto legal ecuatoriano, la presunción de inocencia estáconsagrada en la Constitución, en el artículo 76, el cual garantiza quetoda persona debe ser tratada como inocente durante el proceso penal(Constitución de la República del Ecuador, 2008).

Asimismo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tambiénconocida como el Pacto de San José, garantiza que toda persona acusadade un delito tiene el derecho a ser considerada inocente hasta que suculpabilidad sea probada legalmente. Durante el proceso judicial, lapersona acusada tiene derecho a defenderse personalmente o a serrepresentada por un defensor de su elección y a comunicarse de maneralibre y privada con su defensor.

Además, se le garantiza el derecho inalienable a contar con undefensor proporcionado por el Estado si fuera necesario (ConvenciónAmericana sobre Derechos Humanos Pacto de San José, 1969). El principiode presunción de inocencia en Ecuador está garantizado tanto por laConstitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos,asegura que toda persona es considerada inocente hasta que se pruebe suculpabilidad mediante un juicio justo y basado en pruebas sólidas. Esteprincipio no solo protege los derechos fundamentales del acusado, sinoque también garantiza un proceso penal justo.

En cuanto al concepto de defensa técnica, es importante destacar queeste derecho es fundamental y está respaldado en la Constitución comopor los textos de derechos humanos. Este derecho debe ser protegido encualquier procedimiento jurisdiccional, ya que es una parte del debidoproceso y un requisito básico para su validez (Cruz, 2015). La defensatécnica se refiere a ser asistido por un profesional del derecho en sudefensa durante un proceso judicial.

Este derecho no solo garantiza que el acusado pueda presentar pruebasy argumentos a su favor, sino también que pueda hacerlo de maneraefectiva y con un conocimiento adecuado de la ley y los procedimientosjudiciales. La asistencia de un defensor técnico permite equilibrar labalanza entre las partes involucradas en el proceso.

Además, la defensa técnica es crucial para evitar errores judicialesy garantizar la justicia. Un abogado bien preparado puede identificar ycuestionar pruebas insuficientes o ilegales, proteger los derechos delacusado y asegurarse de que el proceso judicial se lleve a cabo demanera justa y equitativa. Sin una defensa técnica adecuada, el riesgode condenas erróneas aumenta significativamente. La importancia de unadefensa técnica adecuada se hace aún más evidente en casos complejos ode gran repercusión pública, donde las presiones externas y la coberturamediática pueden influir en el desarrollo del proceso judicial.

En tales situaciones, un defensor técnico competente no solo protegelos derechos del acusado, sino que también contribuye a mantener laintegridad del sistema judicial en su conjunto. La defensa adecuada esun componente fundamental del derecho a un juicio justo y del debidoproceso. Garantiza que todos los individuos tengan acceso a unarepresentación legal correcta, protegiendo posibles abusos y erroresjudiciales, y fortalece la confianza en el sistema de justicia. Comoseñala Cruz (2015), es un derecho fundamental que debe ser salvaguardadoen cualquier procedimiento jurisdiccional para asegurar su validez yequidad.

El derecho a la asistencia de un abogado se encuentra establecido enla Constitución y tratados internacionales de derechos humanos. LaConstitución del Ecuador (2008) en el artículo 76 numeral 7 literal g)indica: “(…) En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogadao abogado de su elección o por defensora o defensor público; no podrárestringirse el acceso ni la comunicación libre y privada con sudefensora o defensor” (Constitución de la República del Ecuador, 2008,Art. 76). Este artículo enfatiza la relevancia de tener acceso a unabogado defensor y garantiza que no se limite la comunicación entre elacusado y su defensor, reforzando así el compromiso con la justicia y eldebido proceso.

Este derecho también está consagrado en varios tratadosinternacionales de derechos humanos, asegurando una asistencia jurídicaadecuada. El artículo 8 de la Convención Americana sobre DerechosHumanos establece que toda persona acusada de un delito tiene el derechoa defenderse por sí misma o ser asistida por un abogado de su elección ya comunicarse libre y privadamente con su defensor. Además, si no sedefiende por sí misma ni nombra a un defensor dentro del plazo legal, elEstado debe proporcionarle uno, que puede ser remunerado o no, conformea la legislación interna (Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, 1969).

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado porla Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966,en su artículo 14, numeral 3, establece que durante un proceso judicial,cualquier persona acusada de un delito tiene derecho a varias garantíasmínimas. Estas incluyen el derecho a estar presente en el juicio, adefenderse por sí misma o a ser asistida por un defensor de suelección.

Además, si la persona no cuenta con un defensor, debe ser informadade su derecho a tener uno, y, cuando el interés de la justicia lorequiera, se le debe asignar un defensor de oficio, sin costo, si notiene medios para pagarlo (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1966). Además, en el ámbito de la tutela judicial, es esencial que losciudadanos tengan el derecho a la asistencia legal, lo que incluye lacapacidad de elegir libremente a un abogado para proteger sus interesesy derechos. Esto es aplicable cuando la persona acusada tiene losrecursos económicos para contratar a un abogado, y en caso contrario, seproporciona la opción de un defensor público.

La asistencia legal pública se refiere a la capacidad del Estado paraproporcionar una defensa técnica especializada a todas las personas quese encuentren en situación de indefensión o que no dispongan de recursospara contratar servicios legales privados. Este derecho está consagradoen la Constitución (2008), en el artículo 76, numeral 7, el cualgarantiza el derecho a una defensa técnica en procedimientos judiciales,con un enfoque particular en los procesos penales. Este artículoestablece un marco constitucional que asegura que todas las personas,sin importar su situación económica, social o cultural, tengan acceso auna adecuada defensa jurídica.

La organización de la asistencia legal pública en Ecuador se lleva acabo a través de la Defensoría Pública, una institución autónoma dentrode la Función Judicial. La misión es garantizar el acceso pleno eigualitario a la justicia para aquellos individuos que no pueden costearservicios de defensa legal privados. Los defensores públicos no soloprestan servicios en casos penales, sino que también en otras materiasdonde la justicia y la equidad puedan verse comprometidas por la faltade recursos económicos de los implicados (Piñas et al., 2020).

La asistencia legal pública tiene el rol crucial en el sistema dejusticia quienes tienen que asegurar que todas las personas, tenganacceso a una representación legal adecuada. La existencia de unaasistencia legal pública sólida y eficaz es fundamental para laprotección de los derechos humanos y las libertades fundamentales,garantizando que nadie sea privado de su libertad o derechos sin unarepresentación legal competente (Rodríguez, 2018).

Aunque la Defensoría Pública ha mostrado un incremento en el númerode usuarios atendidos, este aumento no necesariamente refleja una mejoraen la calidad del patrocinio legal, la creciente demanda ha sobrecargadoa los defensores públicos, lo que compromete su capacidad paraproporcionar una representación adecuada y eficaz. Numerosos casos hansido criticados por una falta de diligencia y preparación, lo que poneen duda el cumplimiento efectivo de su rol de defensa.

Este escenario evidencia una brecha significativa entre el acceso ala justicia y la calidad de la defensa legal brindada, subrayando lanecesidad de fortalecer los recursos y la formación continua de losdefensores públicos para garantizar un verdadero acceso a lajusticia.

Razones para declarar la nulidad debido a una asistencia legaldeficiente, la doctrina ha detallado específicamente las deficienciasque pueden surgir en la interacción entre el defensor y el acusado,señalando varios errores que pueden manifestarse en esta relación y quese traducen en una inadecuada representación en el ámbito penal. Pérez (2017) destaca múltiples deficiencias en la representación legal,incluyendo la mala comunicación entre el defensor y su cliente,desacuerdos en los alegatos, errores en el control de la imputación,omisiones en la impugnación de la prisión preventiva, y la falta dediligencias de investigación.

También menciona la coacción del acusado a aceptar acuerdosdesventajosos, la falta de pruebas, la permisividad ante abusos de laautoridad, errores en la elección de la tesis de defensa, inobservanciade plazos procesales, y el manejo inadecuado de la actividad probatoriadurante el juicio (pp. 33-57).

Asimismo, la defensa técnica constituye un pilar esencial encualquier proceso judicial, ya sea de naturaleza penal o civil. Suimportancia radica en garantizar que los derechos del acusado seanprotegidos y asegurar que el juicio se realice de forma justa eimparcial. Sin embargo, existen circunstancias en las cuales dichadefensa puede ser considerada ineficaz o nula, lo que puede conllevar ala anulación de sentencias o actos procesales. La eficacia de la defensatécnica es crucial para asegurar que los principios de justicia y debidoproceso se respeten (Sentencia No. 2195-19-EP/21, 2021).

Una de las principales causas de nulidad de la defensa técnica es laineficacia en la presentación de pruebas. Una defensa adecuada debe sercapaz de presentar pruebas sólidas y relevantes que sustenten laposición del acusado. La incapacidad para presentar pruebas pertinenteso la presentación ineficaz de estas puede ser considerada una defensaineficaz. La ausencia de pruebas contundentes puede resultar en unacondena errónea o en la imposibilidad de que se ratifique la inocenciadel acusado, lo cual afecta gravemente la equidad del proceso judicial(Nakazaki, 2006).

Otra causa significativa es la diligencia insuficiente por parte dela defensa técnica. Es imperativo que los defensores actúen con ladebida diligencia en la investigación y recopilación de pruebas. Unadefensa que no demuestra un esfuerzo razonable en la búsqueda ypresentación de evidencias puede ser catalogada como ineficaz. Ladiligencia insuficiente puede manifestarse en la falta de investigaciónadecuada, el no seguimiento de evidencias cruciales o la omisión detestigos importantes.

Esto puede resultar en la falta de una defensa robusta, debilitandola posición del acusado ante el tribunal (Moreno, 2010). En este mismocontexto, la presentación de argumentos sólidos y convincentes esfundamental para una defensa técnica eficaz. La falta de argumentosrobustos puede determinar la ineficacia de la defensa.

Una defensa técnica que no presenta argumentos bien fundamentados ypersuasivos corre el riesgo de no convencer al tribunal sobre lainocencia del acusado o la invalidez de las pruebas presentadas por lafiscalía. Esto es especialmente relevante en casos donde la evidencia esambigua o circunstancial, y donde una argumentación sólida puededestacar entre una sentencia condenatoria y una absolución (Montero & Salazar, 2013).

En ese sentido, las Naciones Unidas sobre el acceso a la asistenciajurídica (2013) es también crucial. Estas directrices exigen que eldefensor sea técnicamente independiente y posea la idoneidad profesionaly personal necesaria. La defensa adecuada debe tener en cuenta lasparticularidades de cada caso y adaptar su estrategia en consecuencia.No hacerlo puede llevar a una defensa considerada ineficaz. Cada caso esúnico, con sus propias complejidades y matices. Una defensa que no tieneen cuenta estos factores y que no ajusta su enfoque a lasparticularidades del caso corre el riesgo de un resultado desfavorablepara el acusado (Benavides, 2012).

Finalmente, en el COIP (2014) se señala que la nulidad es lainvalidación de actos procesales con vicios que afectan su validez.Puede ser absoluta, por violar normas imperativas no convalidables comola falta de competencia del juez, o relativa, dependiendo de la gravedaddel vicio y su impacto en los derechos de las partes. Las causales denulidad incluyen falta de competencia del juez, intervención obligatoriadel Ministerio Público, violación del derecho de defensa, falta decitación o notificación adecuada, y actos sin requisitos formalesesenciales.

La nulidad debe ser alegada cuando se conoce el acto viciado, y laabsoluta puede ser declarada de oficio por el juez. La ineficacia de ladefensa técnica puede dar lugar a nulidad absoluta, pero en la prácticajudicial hay resistencia a aplicarla, lo que afecta la garantía de losderechos fundamentales. (Código Orgánico Integral Penal, 2014).

En el caso de Ruano Torres y Otros vs. El Salvador, se hanestablecido varios parámetros para identificar la vulneración delderecho a la defensa, los cuales indican una defensa ineficaz. Estosparámetros incluyen la obligación de presentar pruebas a favor delacusado, la necesidad de presentar alegaciones en los momentosprocesales adecuados, la importancia de la preparación y estrategia dela defensa, el conocimiento adecuado del proceso penal, la impugnaciónde decisiones judiciales desfavorables y la comunicación constante entrela defensa y el acusado (Caso Ruano Torres. Vs. Salvador., 2015).

Los parámetros mencionados son fundamentales para determinar laeficacia de la defensa en un proceso judicial. La inexistencia dealegaciones puede indicar una defensa pasiva que no aboga adecuadamentepor los intereses del acusado. Además, la falta de presentación depruebas en favor del acusado debilita la posición de la defensa y limitasu capacidad para refutar las acusaciones.

La falta de comprensión del proceso penal puede resultar en unaestrategia deficiente y errores legales que perjudican la defensa.Asimismo, la ausencia de preparación y una estrategia pueden llevar aresultados desfavorables. La falta de presentación de recursos cuandosea necesario y la ausencia de comunicación efectiva entre la defensa yel acusado también son factores críticos.

El fallo No. 2195-19-EP/21 de la Corte Constitucional examina laresponsabilidad del Estado en situaciones donde la defensa técnica enprocesos penales es ineficaz. Se subraya que la falta de acciones de ladefensa, como no presentar pruebas o no contestar a los cargos, exige laintervención del tribunal o juez para tutelar los derechos del acusado.Además, la sentencia critica la actuación del juez y del defensorpúblico en un caso específico por no asegurar una defensa técnicaadecuada, destacando la importancia de que los jueces no sean simplesobservadores cuando la defensa no actúa de manera efectiva.

En estos casos, el tribunal debe intervenir para garantizar unproceso justo y equitativo. La Corte enfatiza que las fallas en laactuación de los operadores de justicia deben ser reportadas a lasautoridades pertinentes, promoviendo así una administración de justiciamás transparente y responsable. Este fallo refleja el esfuerzo porreforzar la integridad del sistema judicial y proteger los derechosconstitucionales dentro del debido proceso (Corte Constitucional de Ecuador, 2021).

La investigación que se presenta se centró en el enfoque cualitativo,el cual se puede definir como el tipo de investigación que genera datosdescriptivos, como las palabras propias de las personas, tanto habladascomo escritas, así como la conducta observable (Quecedo & Garrido, 2002). Se ha trabajado con una serie de conceptos para justificar yfundamentar la nulidad de un juicio penal debido a deficiencias en ladefensa técnica.

En cuanto al alcance de este trabajo, es de carácter descriptivo yexplicativo, ya que se basó en las teorías de varios autores que abordantemas relacionados con la calidad de la defensa técnica. Se utilizó unnivel explicativo para identificar de manera significativa el problemade investigación planteado.

El enfoque de investigación utilizado en este estudio combina métodosinductivos y deductivos. Inicia con datos específicos y premisasparticulares para identificar patrones y tendencias relacionados con lacalidad de la defensa técnica, tanto a nivel internacional comonacional. A partir de estos hallazgos, se generalizan premisas másamplias.

Además, se empleó un método analítico-sintético para analizar tantola defensa técnica deficiente como los criterios para la declaración dela nulidad en procesos penales. Por último, se recurrió al métododogmático-jurídico para abordar la parte formal y positiva de lalegislación ecuatoriana relacionada con el tema en cuestión, lo cual esesencial para el estudio.

Los hallazgos de esta investigación indican que las deficiencias enla defensa técnica, como la comunicación ineficiente entre el abogadodefensor y el acusado, y los errores en la formulación de estrategiasdefensivas, son factores cruciales que pueden llevar a la anulación delproceso. La jurisprudencia relevante y el análisis de casos específicos,como el de Ruano Torres y Otros vs. El Salvador, evidencian que laineficacia de la defensa técnica puede infringir derechos fundamentalesy justificar la nulidad del juicio.

Para mejorar la eficacia de la defensa técnica y asegurar un juiciojusto, es esencial implementar programas de capacitación para losdefensores públicos, proporcionarles los recursos necesarios y reducirla carga laboral a niveles manejables. Además, es crucial establecermecanismos sólidos de supervisión y evaluación para asegurar que secumplan los estándares de calidad y que los derechos del acusado seanefectivamente protegidos. Estas reformas son fundamentales no solo paraproteger los derechos individuales, sino también para fortalecer elsistema judicial y garantizar la integridad del debido proceso.

La defensa técnica es un derecho fundamental respaldado por laConstitución del Ecuador y por tratados internacionales de derechoshumanos, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el PactoInternacional de Derechos Civiles y Políticos. Este derecho asegura quetodo acusado tenga el derecho a ser asistido por un abogado de suelección o, en su defecto, por un defensor público proporcionado por elEstado.

Aunque este derecho está bien establecido en la teoría, en lapráctica, la defensa técnica a menudo enfrenta ineficiencias quecomprometen el debido proceso. Estas ineficiencias pueden incluir faltade comunicación efectiva entre el defensor y el acusado, errores en laformulación de la estrategia de defensa y representación deficiente enjuicio, lo que puede llevar a la invalidación del proceso penal.

Análisis de la jurisprudencia y casos relevantes, como la sentencia2195-19-EP/21 de la Corte Constitucional del Ecuador, han abordado lasimplicaciones de una defensa técnica ineficaz. En este caso, el procesopenal fue anulado porque la defensa no cumplió con los estándaresmínimos requeridos para una representación efectiva. Es responsabilidaddel Estado y del sistema de justicia asegurar que los derechos dedefensa se practiquen de manera efectiva, no solo teóricamente.

Entre los desafíos observados se encuentran la falta de capacitación,ya que muchos defensores públicos carecen de la formación necesaria paramanejar casos complejos, resultando en una defensa inadecuada; la faltade recursos, debido a que el acceso limitado a recursos investigativos ya asistencia legal especializada puede impedir que un abogado defiendaadecuadamente; y la sobrecarga de trabajo, ya que los defensorespúblicos manejan un volumen de casos que excede su capacidad, reduciendola calidad de la defensa que pueden ofrecer.

Para mejorar la defensa técnica, se propone implementar programas deformación continua obligatoria para los defensores públicos, junto conevaluaciones periódicas de su desempeño; asegurar que los defensorestengan acceso a bases de datos legales, peritos y otros recursosnecesarios para la preparación y presentación de una defensa adecuada;revisar las cargas de trabajo de los defensores para asegurar que cadacaso reciba la atención y el tiempo necesarios; establecer mecanismosmás robustos para supervisar la calidad de la defensa proporcionada ypara responsabilizar a aquellos que no cumplen con los estándaresrequeridos.

Además, proponer una reforma de la ley para establecer de maneraclara en el artículo 155 literal c del COIP que la ineficacia de ladefensa técnica es una causa de nulidad del proceso penal, detallandolos estándares mínimos de calidad que deben ser observados paragarantizar una defensa efectiva. Estas propuestas buscan fortalecer elsistema de defensa pública y asegurar que todos los acusados tengan unarepresentación legal competente, protegiendo así sus derechosfundamentales y el debido proceso.