La
competencia jurisdiccional en el juzgamiento de adolescentes infractores:
derecho comparado Ecuador y El Salvador
Jurisdictio=
nal
competition in the judgment of adolescent offenders: comparative law between
Ecuador and El Salvador
|
1=
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Verónica Jesús Urgiles Peralta |
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Universidad Tecnológica Indoamérica (UTI),
Ambato-Ecuador. |
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2=
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Fernando Eduardo Paredes Fuertes |
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Universidad Tecnológica Indoamérica (UTI), Ambato
Ecuador |
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Artículo=
de
Investigación Científica y Tecnológica Enviado: 12/07/2025 Revisado: 05/08/2025 Aceptado:10/09/2025 Publicado: 10/10/2025 |
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Cítese: |
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Urgil=
es
Peralta, V. J., & Paredes Fuertes, F. E. (2025). La competencia
jurisdiccional en el juzgamiento de adolescentes infractores: derecho
comparado Ecuador y El Salvador. Visionario Digital, 9(4), 6-29. <=
span
lang=3DES-EC style=3D'mso-fareast-font-family:Calibri;mso-bidi-font-famil=
y:"Times New Roman"'>https=
://doi.org/10.33262/visionariodigital.v9i4.3552 |
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Esta revista está protegida bajo una licenc=
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Creative Commons Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 Internationa=
l.
Copia de la licencia: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.=
0/deed.es |
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Palabras clave: adolescentes infractores, competencia
jurisdiccional, derecho comparado, Ecuador, El Salvador, justicia juvenil=
. |
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Resumen =
Introducción: Este artículo de derecho comparado entre Ecuador=
y El
Salvador, analiza cómo es la competencia Jurisdiccional en el
juzgamiento de adolescentes infractores, países latinoamericanos que tienen
diferentes formas de juzgamiento, y se encuentran incorporado estándares
internacionales en materia de justicia penal juvenil, a través del método
comparativo, se identifican similitudes y diferencias en la estructura
jurisdiccional, la edad de responsabilidad penal, y las garantías procesa=
les,
este estudio destaca los desafíos comunes que enfrentan ambos sistemas,
incluyendo la especialización judicial, la protección del interés superior
del menor, y la necesidad de políticas públicas orientadas a la reinserci=
ón
social, haciendo énfasis en los princi=
pios
de especialización y diferenciación del sistema penal juvenil. =
Objetivos: analizar comparativamente la competencia
jurisdiccional en el juzgamiento de adolescentes infractores en Ecuador y=
El
Salvador, a fin de identificar similitudes, diferencias y desafíos comune=
s en
la aplicación de estándares internacionales de justicia penal juvenil. <= o:p> |
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Keywords: adolescent offenders, jurisdictional
jurisdiction, comparative law, Ecuador, El Salvador, juvenile justice. |
|
Abstr=
act Introduction: this article on comparative law between Ecuador =
and
El Salvador, analyzes how the jurisdictional competence is in the trial |
|||||
1.
Introducción
El
juzgamiento de adolescentes en conflicto con la ley penal en Ecuador repres=
enta
un área crítica en los sistemas jurídicos contemporáneos, bajo el principio=
de
interés superior del nińo y los estándares del derecho internacional de los
derechos humanos, los estados están obligados a establecer sistemas
diferenciados para adolescentes infractores, este articulo analiza la
competencia jurisdiccional en Ecuador y El Salvador, evaluando como se
estructura el sistema judicial para atender estos casos y la diferencia que
existe en su aplicación.
En
América Latina el tratamiento jurídico de los adolescentes en conflicto con=
la
ley evoluciono en las últimas déca=
das
bajo el influjo de los instrumentos internacionales de derechos humanos, los
cuales exigen una justicia penal juvenil diferenciada, especializada y
orientada a la reintegración social, sin embargo, a pesar de los compromisos
asumidos por los estados persisten marcadas diferencias en la forma en que =
se
estructura y ejerce la competencia jurisdiccional sobre esta población, en =
este
contexto, Ecuador y El Salvador representan dos modelos diferentes y muy
interesantes para el análisis comparado, dado que ambos adoptaron desiguales
reformas y normativas importantes, pero enfrentan desafíos en la práctica
judicial, como la escasa cobertura institucional, la capacitación limitada =
de
los operadores de justicia y las tensiones entre enfoques garantistas y
punitivos, cada país desarrollo su sistema jurisdiccional que permite
identificar avances, obstáculos y oportunidades de mejora en la protección =
integral
de los derechos de los adolescentes infractores.
D=
entro
del marco de los sistemas jurídicos modernos, la justicia penal juvenil se =
convirtió
en un pilar fundamental, especialmente en el caso de América Latina, ya que=
se
está buscando avanzar hacia un modelo que sea garantista y especializado pa=
ra
los adolescentes que se encuentran en conflicto con la ley. Esta perspectiv=
a fue
respaldada por instrumentos internacionales, como la Convención sobre los
derechos del nińo (Fondo de las Naciones Unid=
as
para la Infancia [UNICEF], 1989), y las Reglas de Beijing (Organización de las Naciones
Unidades [ONU], 1985), con el fin de evitar la criminalización temprana=
y
promover en su caso medidas socioeducativas que favorezcan la reinserción
social del menor en lugar de un castigo punitivo (Torres & Calzada, 201=
9; Alarcón
& Barreiro, 2021).
E=
n el
caso de Ecuador se optó por un enfoque de justicia diferenciada, dado que l=
os
adolescentes son juzgados en tribunales que son especializados, a cargo de
jueces que tienen formación en nińez y adolescencia, con especial énfasis en
principios pedagógicos, restaurativos y no punitivos. Esta perspectiva excl=
uye
de manera absoluta la posibilidad de que los adolescentes sean juzgados en =
base
a la justicia penal ordinaria, aun cuando estos delitos sean de alta graved=
ad (Mero
& Ureta, 2024).
A
diferencia de El Salvador el cual mantiene un sistema mixto, que combina una
jurisdicción juvenil especializada con disposiciones normativas, las cuales
permiten las transiciones de algunos casos específicos hacia un juzgamiento
como adultos, lo que provocó que su sistema sea objeto de crítica por algun=
os
organismos internacionales (Núńez et al., 2022), ya que se considera que es=
una
posición que está en contra del principio de no regresividad y a un debido
proceso especializado (Núńez et al., 2022; Gabino & Silva, 2023).
La tensión que existe entre la justicia especializada y la justicia
ordinaria dentro del juzgamiento de los adolescentes infractores plantea una
problemática jurídica y ética que es de gran importancia: żel estado en nom=
bre
de la seguridad o dependiendo de la gravedad del delito, puede trasladar a =
un
adolescente al sistema penal el cual fue diseńado para adultos?, ż qué impl=
ica
el realizar esta práctica en los derechos del menor, su rehabilitación y la
coherencia normativa de los actuales sistemas penales?
En este trabajo se propone analizar y comparar el régimen de compete=
ncia
jurisdiccional en los países de Ecuador y El Salvador, en relación con el
juzgamiento de los adolescentes infractores. la hipótesis planteada hace
referencia a la existencia de una jurisdicción especializada, que sea clara=
y
exclusiva, como el caso de Ecuador garantizando mayores estándares de
protección hacia los derechos y coherencia con el derecho internacional, a
diferencia del sistema implantado en El Salvador dónde existe la posibilida=
d de
remitir a un adolescente hacia la justicia ordinaria, representando un
debilitamiento institucional y jurídico (Campos, 2013; Reyes, =
2023).
Este artículo se estructura en secciones que se analiza la competencia
jurisdiccional desde una perspectiva crítica, normativa y comparativa entre
Ecuador y El Salvador.
2.&n=
bsp;
Metodología
La
presente investigación se enmarca en un diseńo cualitativo y de carácter
jurídico-comparativo, pues su propósito es analizar la competencia
jurisdiccional en el juzgamiento de adolescentes infractores en Ecuador y El
Salvador, contrastando similitudes y diferencias en la aplicación de la nor=
mativa
nacional y los estándares internacionales. Se trata de un estudio de tipo
descriptivo y analítico, ya que no busca probar hipótesis estadísticas, sino
examinar, describir y comparar las características fundamentales de los
sistemas de justicia penal juvenil en ambos países, para posteriormente
identificar desafíos comunes y áreas de mejora.
E=
l corpus
documental estuvo conformado por normas nacionales (constituciones, códigos=
de
nińez y adolescencia, códigos penales y procesales), jurisprudencia relevan=
te,
doctrina especializada y documentos internacionales en materia de Justic=
ia
Penal Juvenil, como la Convención sobre los Derechos del Nińo (<=
/span>UNICEF, 1989), las Reglas de Beijing (ONU, 1985) y las Regl=
as
de La Habana (ONU, 1990b). Se incluyeron textos académicos y jurídicos
publicados en espańol entre los ańos más recientes, con pertinencia directa=
al
tema. En cambio se excluyeron documentos de carácter no académico, fuentes
periodísticas, opiniones sin respaldo jurídico y normativa de países distin=
tos
a Ecuador y El Salvador, por no responder al enfoque comparativo delimitado=
.
E=
ste
diseńo metodológico resulta pertinente para la obtención de los objetivos
planteados, ya que permite un análisis ordenado y crítico de los sistemas
jurídicos de ambos países, garantizando la validez de la comparación. Al
centrarse en fuentes normativas, doctrinales y jurisprudenciales, se asegur=
a la
objetividad del estudio y la identificación de los elementos estructurales =
más
relevantes en torno a la edad de responsabilidad penal, las garantías
procesales y los principios de especialización y diferenciación. Con ello se
obtiene una visión integral que facilita no solo cumplir con los objetivos =
de
análisis comparativo, sino también proyectar propuestas orientadas a fortal=
ecer
la justicia penal juvenil bajo un enfoque de derechos.
3. Resultados
El análisis comparativo evidenció que en Ecuador e= xiste un sistema de justicia penal juvenil altamente especializado, con jueces, fiscales, defensores y demás operadores capacitados en la materia, lo que garantiza la aplicación de procedimientos diferenciados respecto de los adultos. Esta especialización se refleja en la competencia jurisdiccional, = que está atribuida exclusivamente a jueces de nińez y adolescencia, en cumplimi= ento de estándares internacionales como la Convención sobre los Derechos del = Nińo (UNICEF, 1989), y las Reglas de Beijing (ONU, 1985). Asimismo la edad mínima de responsabilidad penal se encuentra claramente delimitada, lo que contribuye a la protección del interés superior del adolescente.
En contraste el estudio mostró que en El Salvador = si bien existe un marco normativo que reconoce la justicia penal juvenil, se prevén excepciones que permiten juzgar a adolescentes como adultos en determinados casos. Esta situación debilita la especialización jurisdiccion= al y genera un sistema híbrido, en el que coexisten elementos de un modelo garantista con prácticas punitivas que contravienen estándares internaciona= les. Ello tiene un impacto directo en las garantías procesales, ya que los adolescentes pueden ser expuestos a sanciones desproporcionadas y a procesos judiciales que no reconocen plenamente su condición de personas en desarrol= lo.
De manera transversal se identificaron desafíos co= munes en ambos países: la necesidad de fortalecer la formación especializada de operadores de justicia, la importancia de garantizar la protección del inte= rés superior del menor en todas las etapas del proceso, y la urgencia de diseńar políticas públicas de reinserción social efectivas que trasciendan el ámbito sancionador. Si bien Ecuador presenta mayores avances en cuanto a la especialización jurisdiccional, tanto Ecuador como El Salvador enfrentan el= reto de consolidar un sistema penal juvenil que priorice la rehabilitación sobre= la represión, en línea con los compromisos internacionales asumidos en materia= de derechos humanos.
El sistema penal juvenil se sustenta en el reconocimiento de la condición particular de los adolescentes como sujetos = de derechos en formación, lo que exige una respuesta jurídica diferenciada respecto del sistema penal de adultos. Esta especialidad encuentra su fundamento en los estándares internacionales de derechos humanos, como la <= u>Convención sobre los Derechos del Nińo (UNICEF, 1989) y las Reglas de Beijing (= ONU, 1985) que establecen la obligación de los estados de garantizar un trato acorde con la edad, la madurez y las posibilidades de reintegración social = del menor infractor. De esta manera, la justicia penal juvenil no se concibe únicamente como un mecanismo sancionador, sino como un instrumento orientad= o a la protección integral, la prevención de la reincidencia y la construcción = de oportunidades para la inclusión social.
3.1. Fundamentos del sistema penal juvenil
El sistema penal juvenil representa una construcción jurídico social
porque está destinada a ofrecer una respuesta que sea diferenciada, garanti=
sta
y restaurativa frente a los actos que se hayan cometido por adolescentes qu=
e se
encuentran en conflicto con la ley penal. En el caso de la justicia juvenil=
se
reconoce que los adolescentes al encontrarse aún en desarrollo físico,
cognitivo, emocional y moral justifican un tratamiento legal especial en cu=
al
se priorice la rehabilitación y reintegración por encima del castigo (Campo=
s,
2022; Reyes, 2023).
Este sistema se fundamenta en principios jurídicos y doctrinales los
cuales buscan un equilibrio entre la responsabilidad penal del adolescente =
y su
condición de persona en formación. Para este particular los fundamentos
normativos de este modelo reposan principalmente en la Convención sobre =
los
Derechos del Nińo en los artículos 37 y 40 (U=
NICEF,
1989), y en las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la
justicia de menores (Reglas de Beijing) (ONU, 1985), estas reglas establ=
ecen
una clara relación con los sistemas penales juveniles especializados,
independientes, accesibles y centrados en la educación y la no reincidencia.
Estas normas internacionales fueron adoptadas de manera progresiva en los
ordenamientos jurídicos nacionales de Ecuador. En el Código de la Nińez y
Adolescencia se establecen la inimputabilidad penal absoluta para los
menores de 12 ańos utilizando un régimen socioeducativo progresivo para con=
los
adolescentes de entre 12 y 18 ańos (Asamblea Naci=
onal
del Ecuador, 2003).
Algunos autores como es el caso de Reyes (=
2023)
y Alarcón & Barreiro (2021) mencionan que el reconocimiento de la
especialización juvenil da respuesta a una lógica protectora y a una
fundamentación científica basada en la psicología evolutiva. Es importante
destacar en este punto que estudios neurológicos contemporáneos demuestran =
que
el lóbulo prefrontal, el cual está relacionado con la toma de decisiones, la
autorregulación emocional y el juicio moral, no alcanzan su madurez completa
hasta los 21-25 ańos, justificando así un tratamiento jurídico que sea
diferenciado (Gabino & Silva, 2023).
Desde esta perspectiva, la justicia penal juvenil cree que se debe
entender como un régimen integral, educativo y transformador que incluye el
aparato judicial, componentes interdisciplinarios de pedagogía, trabajo soc=
ial
y salud mental desde los 12 ańos. Como menciona Mendoza & Posligua (202=
4)
un sistema judicial verdaderamente constituido debe garantizar el
acompańamiento psicosocial permanente y una lógica de seguimiento posterior=
a
la sentencia, los cuales están ausentes en sistemas más punitivos como en el
caso de El Salvador.
Asimismo, el principio del interés superior del nińo es reconocido en
casi todas las legislaciones del mundo, la decisión judicial debe ser orien=
tada
con respecto al adolescente infractor según el delito cometido desde los 12=
y
14 ańos de ańos, quedando traducido en una obligación del estado, el evitar
decisiones judiciales que generen estigmatización o vulneren el derecho del
menor a desarrollarse dentro de su entorno familiar y comunitario (Zega, 2023; Reyes, 2023).
Algunos autores como en el caso de Reyes (2023) hoy sostienen que la
especialización del sistema penal juvenil no sólo responde a los principios=
de
derecho internacional, sino también las evidencias empíricas que demuestran=
que
hay una menor reincidencia y mayor efectividad de las medidas socioeducativ=
as
frente a las penas privativas de libertad tradicionales.
En definitiva los fundamentos del sistema penal juvenil exigen ademá=
s de
una normativa adecuada, una arquitectura institucional que garantice el
cumplimiento de los objetivos pedagógicos y protectores. Todo esto es posib=
le
si existe una clara separación de competencias respecto al sistema penal
ordinario, y cuando la política pública es la que se encarga de asumir la
reinserción juvenil como una prioridad social, jurídica y ética.
3.2. <=
/span>Competencia jurisdiccional en
adolescentes infractores
La competencia jurisdiccional hace referencia a la autoridad legal q=
ue fue
atribuida a un órgano judicial para así conocer y resolver causas en las que
intervienen adolescentes que se encuentran en conflicto con la ley penal. E=
sta
definición implica más allá de una cuestión técnica de distribución de
funciones dentro del sistema judicial, una dimensión sustantiva que incide
directamente en los derechos del menor, la orientación pedagógica de todo el
proceso y el tipo de sanción aplicable (Campos, 2022; Reyes, =
2023).
De hecho la autoridad competente además de juzgar los hechos debe definir el
marco ético y legal dentro del cual se valora la responsabilidad penal de l=
os
adolescentes.
En sistemas que son garantistas como en el caso de Ecuador esta
competencia es exclusiva de los jueces especializados en el tema de nińez y
adolescencia, conforme fue establecido en el Código de la Nińez y
Adolescencia en sus articulo 300 al 328 (Asam=
blea
Nacional del Ecuador, 2003), bajo principios restaurativos, con énfasis en la
prevención, la resocialización y el desarrollo integral del adolescente, tal
como recomiendan los instrumentos internacionales antes mencionados (Torres & =
Calzada,
2019; Mero & Ureta, 2024).
El Salvador persiste un modelo que es más ambiguo, si bien ya se fue
instituido una jurisdicción especializada para adolescentes, existen algunas
excepciones legales, a la justicia penal ordinaria a poder intervenir en ca=
sos
de adolescentes que estén involucrados en delitos graves (Gabino & Silv=
a,
2023), como por ejemplo: casos de
homicidio, delitos relacionados con pandillas o con el crimen
organizado, habilitando así al sistema ordinario a asumir competencia, para
juzgar a los adolescentes y sancionar conforme a los estándares de justicia
para adultos (Mendoza & Posligua, 2024).
Al existir esta coexistencia se debilita los principios de
especialización, progresividad y proporcionalidad, y por ende fue objeto de
fuertes críticas por parte de organismos internacionales y la doctrina jurí=
dica
(Reyes, 2023; Núńez et al., 2022), al
hacer una comparación advierte que esta diferencia normativa existente inci=
de
directamente en la protección de los derechos fundamentales, en particular =
el
principio de interés superior del nińo y el derecho al desarrollo integral.=
Campoverde (2025) manifiestan que mientras Ecuador apuesta por una
lógica protectora y no regresiva en el sistema jurisdiccional juvenil. El
Salvador adopto un enfoque de mayor flexibilidad punitiva que responde a las
preocupaciones de seguridad ciudadana pero también conlleva riesgos graves =
de
vulneración a los derechos fundamentales de los adolescentes.
En lo referente al tratamiento procesal también hay una variación
sustancial, en el caso de Ecuador los adolescentes tienen derecho a audienc=
ias
cerradas, defensores especializados, peritajes psicosociales y medidas
socioeducativas que no sean privativas de libertad como una norma general. =
Por
otro lado en El Salvador aunque manera formal existen mecanismos similares,=
al
llevarlo a la práctica se documentó procesos abiertos, prisión preventiva
desproporcionada y poca formación especializada en jueces y fiscales (Gabino
& Silva, 2023; Reyes, =
2023),
implicando una diferencia normativa y una profunda asimetría institucional.=
En el caso de la jurisprudencia internacional también se fijó criter=
ios
determinantes, ya que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH,
2005) afirmo de manera reiterada que los estados tienen la obligación
de garantizar que los adolescentes=
sean
juzgados únicamente por autoridades especializadas, con procesos que sean
adaptados a su edad y con finalidad educativa, como sucedió en la Opinión
Consultiva OC-17/2002, y sí se ignora este principio o se permite su
flexibilización por la gravedad del delito, se constituye en una violación =
al
derecho internacional de los derechos humanos.
Zega (2023) y Reyes (2023) seńalaron=
que
permitir la remisión de adolescentes al sistema penal ordinario implica una
forma velada de aplicar criterios propios del juzgamiento adulto, lo que
conlleva efectos irreversibles como su estigmatización social, la limitació=
n de
oportunidades para su reinserción y un mayor riesgo de reincidencia. El uso=
de
la competencia penal ordinaria en estos casos refuerza un paradigma
retributivo.
En definitiva una competenc=
ia
jurisdiccional clara, especializada y garantista cumple una función legal y
representa una condición indispensable para la realización efectiva de los
derechos de los adolescentes. Es clave mencionar lo que concluyen
3.3. <=
/span>El
principio de especialización
La especialización judicial implica que cada uno de los jueces, fisc=
ales
defensores y personal técnico con formación específica en materia de derech=
os
de la infancia, desarrollo psicológico y en medidas socioeducativas (Torres & =
Calzada,
2019). En el caso de Ecuador este principio está normado y protegido por=
la Constitución
de la Republica del Ecuador (Asamblea Nacional
Constituyente del Ecuador, 2008) y el Código de la Nińez y
Adolescencia (Asamblea Nacional del Ecuador, =
2003) re=
spondiendo
a la necesidad de adaptar el sistema de justicia a particularidades tanto
cognitivas, como emocionales y sociales de los adolescentes, excluyendo la
intervención de jueces penales ordinarios (Reyes, 2023).
En el caso de Ecuador la especialización está firmemente establecida=
en
la Constitución de la República del Ecuador (Asamblea
Nacional Constituyente del Ecuador, 2008), como en el Código de la Nińe=
z y
Adolescencia en sus articulo 301 al 322, los cuales establecen que cuan=
do
los adolescentes cometen alguna infracción, deben ser juzgados por órganos
especializados, iniciando en la fase procesal hasta la etapa de cumplimient=
o de
la medida (Asamblea Nacional del Ecuador, 2003), =
se
debe considerar que todo esto implica que la intervención de la Policía
Nacional, el Ministerio Público, La Defensa Pública y el órgano judicial de=
be
estar a cargo de unidades y además de funcionarios con un perfil de formaci=
ón
en nińez y adolescencia
Considerando lo anterior, este procedimiento contempla actuaciones q=
ue
son diferenciadas desde la aprehensión que se realiza al adolescente por pa=
rte
de la policía especializada, incluyendo la formulación de cargos por parte =
de
los fiscales especializados, y el juzgamiento ante jueces con competencia q=
ue
se exclusiva en materia penal juvenil. De igual forma, las medidas cautelar=
es y
las socioeducativas deben ser fieles al principio de proporcionalidad, dando
prioridad a las no privativas de libertad, con el fin de asegurar el enfoque
restaurativo (Alarcón
& Barreiro, 2021).
En cambio El Salvador fue objeto de múltiples cuestionamientos debid=
o a
la tendencia a aplicar un enfoque punitivo a adolescentes, especialmente en=
los
contextos de violencia estructural, por parte de organizaciones defensoras =
de
derechos humanos. A pesar de que e=
xiste
una jurisdicción juvenil formal, al llevarlo a la práctica se permite que
algunos adolescentes sean procesados por los tribunales ordinarios, en el c=
aso
de los delitos graves, debilitando la especialización del sistema y disolvi=
endo
el principio de exclusividad de la jurisdicción juvenil (Gabino & Silva,
2023).
Según Mendoza & Posligua (2024) esta flexibilidad normativa
existente facilita la criminalización en edad temprana en los adolescentes,=
en
especial en zonas donde hay cont3extos de pobreza o vulnerabilidad, sin
considerar los criterios restaurativos ni los factores sociales subyacentes.
Toda esta situación llevo a que exista una contradicción entre el diseńo fo=
rmal
del sistema y su implementación, quedando comprometida la coherencia que de=
be
existir con los estándares internacionales de los derechos humanos.
3.4. <=
/span>Si=
militudes
y diferencias jurídicas entre Ecuador y Salvador
El derecho comparado entre Ecuador y El Salvador muestra algunas
diferencias en el diseńo y en la implementación de la jurisdicción penal
juvenil. En el caso de Ecuador se adopta un modelo coherente con las
directrices internacionales, pues está prohibiendo expresamente el juzgamie=
nto
de los adolescentes como adultos, al sr especializada con competencia exclu=
siva
en todas las fases del procedimiento, como lo es aprehensión, investigación,
imputación, juzgamiento, imposición y ejecución de medidas socioeducativas =
(Torres &=
Calzada,
2019).
Ecuador se extiende la especialización al Ministerio Público, la Pol=
icía
Nacional, la defensa técnica y los operadores de medidas socioeducativas, p=
ues
todos ellos deben contar con formación que sea específica en materia sobre =
los
derechos de la nińez. Se debe agregar que se promueven medidas alternativas=
a
la privación de libertad, estableciendo un privilegio hacia soluciones
restaurativas, acuerdos reparatorios y programas de reintegración
El Salvador presenta una estructura jurídica que es ambigua, con un
esquema híbrido, debido a la existencia de una jurisdicción juvenil que est=
á en
coexistencia con facultades del sistema penal ordinario para poder aplicar
sanciones a menores en los casos excepcionales que se susciten como homicid=
io o
extorsión, especialmente si tiene vínculos con estructuras pandilleras (Núń=
ez
et al., 2022).
Esta coexistencia mencionada previamente fue ampliamente criticada
porque debilita el principio de especialización y el de no regresividad, ya=
que
se aplican criterios retributivos en lugar de socioeducativos. Al igual de =
que
compromete la garantía de defensa técnica especializada generando incoheren=
cias
normativas en la aplicación de penas lo que limita las posibilidades de una
respuesta restaurativa y proporcional (Reyes, =
2023; Campoverde,
2025).
En algunas investigaciones como la de Reyes (=
2023)
y Campoverde (2025) se concluyen que esta coexistencia debilita el principi=
o de
no regresividad en lo que corresponde a materia de derechos humanos, y fome=
nta
un enfoque retributivo que ignora las particularidades del desarrollo
adolescente. Reflejando las diferencias normativas y los contextos sociales=
y
políticos divergentes que se dieron en torno al tratamiento del adolescente
infractor.
Mientras Colombia, Uruguay y Ecuador apostaron a modelos que tienen
enfoques restaurativos, El Salvador, Honduras y Nicaragua, mantienen esquem=
as
que son muy cercanos a la penalización tradicional, y los cuales están
asociados a discursos de seguridad ciudadana y políticas más intransigentes=
(Campos,
2013).
Es importante reflexionar sobre este contraste, del diseńo instituci=
onal
de la competencia penal juvenil, ya que incide directamente en la protecció=
n de
los derechos de los adolescentes, en la orientación que deben tomar las pen=
as y
en la coherencia que debe tener en el sistema judicial para con los estánda=
res
del derecho internacional.
3.5. <=
/span>Ju=
risprudencia
internacional y estándares aplicables
La jurisprudencia internacional tuvo un papel fundamental en la
consolidación del principio de especialización de la materia penal juvenil.
Organismos como el del Comité de los Derechos del Nińo (2007) y la <=
u>Corte
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, 2005) instauraron que los
adolescentes deben ser juzgados exclusivamente por parte de jueces
especializados, en base a procedimientos diferenciados que respeten su etapa
evolutiva, la capacidad de discernimiento y el potencial de reintegración. =
Uno de los hechos más importantes en el ámbito interamericano, es el
caso sucedido en el Instituto Penal de Ciudad de Dios vs. Brasil=
,
en donde la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, 2005) determinó que el est=
ado
vulneró el principio de interés superior del nińo, cuando permitieron
condiciones carcelarias y procedimientos judiciales propios de un sistema
ordinario para adolescentes. Con esta decisión se reforzó la idea de que el
todo adolescente debe ser procesado por un sistema especializado, con la
aplicación de normas, jueces y medidas adaptadas a su condición particular.=
De
igual forma en el Caso de los Nińos de la Calle (Villagrán Morales y otros) Vs.
Guatemala, aquí la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, 1999) condenó al estado por tratar a los adolescentes como
adultos, convirtiéndose en detenciones arbitrarias, remarcando la obligació=
n de
los estados de adoptar políticas que sean diferenciadas al promover la
educación y no el castigo como un objetivo central.
El Comité de los Derechos del Nińo (2007) en la observación
General No. 10 del 2007, seńala que someter a un adolescente a la justi=
cia
ordinaria está en contravención con el principio de proporcionalidad y no
discriminación, y puede equivaler a un trato cruel, inhumano o degradante. =
Es
por este motivo que se insistió que los estados que son parte deben crear
jurisdicciones separadas, tener personal capacitado, implementar medidas so=
cioeducativas
y mecanismos alternos al enjuiciamiento, para garantizar un enfoque que sea
restaurativo y de reintegración.
Con este contexto Ecuador fue seńalado como un país que avanzo en el
cumplimiento de los estándares, ya que se prohíbe el juzgamiento del
adolescente por tribunales ordinarios y haber establecido un sistema proces=
al
con órganos técnicos especializados desde la aprehensión hasta el punto de =
la
ejecución de la medida (
El Salvador aún permite excepciones legales en las que los adolescen=
tes
podrían ser juzgados como adultos, siendo cuestionado por organismos como l=
a Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, 2024) al considerarlo una
regresión en el tema de garantías procesales juveniles. Contradiciendo la
orientación del principio del principio de adecuación evolutiva, el cual ex=
ige
que la respuesta del estado considere las características particulares del
desarrollo psicológico y social del adolescente.
La aplicación de la jurisprudencia internacional exige normas especi=
ales
y una implementación real en las fases policial, fiscal, judicial y de
ejecución de las medidas, siendo verificable esto solo con la existencia de
tribunales juveniles autónomos, personal capacitado y mecanismos de rendici=
ón
de cuentas. En concordancia con esto, autores como Alarcón & Barreiro
(2021) sostienen que en el caso del modelo de Ecuador se acerca más a lo que
son los estándares interamericanos, mientras que en el caso de El Salvador =
aún
se conservan prácticas de judicialización punitiva que son contrarias a la
doctrina internacional vigente.
3.6. La
prohibición del juzgamiento de adolescentes como adultos en el sistema pena=
l Ecuatoriano
En Ecuador existe principios de interés superior del nińo y adolesce=
nte,
el derecho internacional especialmente la Convención sobre los Derechos =
del
Nińo (UNICEF, 1989), y varias legislaciones nacionales
que establecen que, los menores de 18 ańos deben ser sujetos a una protecci=
ón
especial, esto implica que cualquier procedimiento penal debe priorizar su
desarrollo, reintegración social y bienestar.
Según el derecho de los menores, existe un nivel de madurez y
responsabilidad muy diferente a los adultos, los adolescentes pasan por una
etapa de desarrollo biológico, psicológico y emocional no tien=
en
la misma capacidad de comprensión, autocontrol y juicio que un adulto, es=
por
eso sus actos no pueden juzgar con el mismo nivel de responsabilidad penal,=
el
sistema de justicia juvenil está diseńado para reeducar, reinsertar y
orientar, no solo para castigar.
La idea es que el adolescen=
te
pueda comprender el dańo causado y asumir responsabilidad y cambiar su cond=
ucta,
pero las reglas internacionales como las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la
administración de la justicia de menores (Reglas de Beijing) (ON=
U,
1985) y las Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativa=
s de
la libertad (Reglas de Tokio) (ONU, 1990a) recomiendan expresamente que los adolescentes no sean
juzgados ni sancionados como adultos, para evitar efectos negativos e
irreversibles.
según la jurisdicción Ecuatoriana la mayor vulnerabilidad para un
adolescente que sea sometido al sistema penal
de adultos ya que correría un riesgo de violencia, abuso,
estigmatización y reincidencia, el entorno carcelario adulto es altamente
nocivo para su desarrollo, la jurisdicción ecuatoriana cree que los
3.7. I=
nfluencia
de la edad mínima de responsabilidad penal en la determinación de la
competencia jurisdiccional en materia penal juvenil
En Ecuador la edad mínima de responsabilidad penal es después de los=
18
ańos de edad, la jurisdicción ecuatoriana considera que ahí es cuando una
persona puede ser considerada penalmente responsable de sus actos y estar a=
nte
la ley, esta jurisdicción está muy alejada de otros países latinoamericanos=
que
suelen fijarse desde los 12 y 14 ańos de edad, esta determinación de edad t=
iene
efectos directos sobre que órganos jurisdiccionales tienen su competencia p=
ara
conocer la causa, en nuestra sociedad ecuatoriana, está en debate sobre la
inimputabilidad o imputabilidad de menores de 18 ańos intensificando y
generando discusiones complejas y diversas, según el análisis legal debe
considerar la complejidad de determinar la imputabilidad basada en
características individuales. Alberto Bueno (2021)=
resalta
que según la ley hay adolescentes inimputables debido a condiciones
específicas, que refleja la importancia de factores biológicos y psicológic=
os
en la decisión jurídica, sin embargo, si la persona tiene menos de la edad
mínima no existe responsabilidad penal, el hecho cometido se ab=
orda
solo desde el sistema de protección de menores (por ejemplo, medidas de
protección administrativas o asistencia social), no pueden ser intervenidos=
por
jueces penales si no por autoridades de protección especializados, por ejem=
plo,
un juez de adolescentes infractores o tribunales de justicia juvenil o
administrativas.
E=
ste
contenido legal y según la jurisdicción ecuatoriana considera factores
biopsicosociales que indican la necesidad de un enfoque holístico al aborda=
r la
imputabilidad de los adolescentes (Coronel, 2020), la intersección entre la
legislación y los aspectos biológicos y psicológicos, la toma de decisiones
políticas que configuran la condición jurídica de imputabilidad, resaltando=
la
complejidad del debate y la importancia de abordar, la cuestión es que con =
una
perspectiva multidisciplinaria pueda lograr una comprensión completa y prec=
isa
de la imputabilidad de los menores en la sociedad ecuatoriana, este
proceso tiene reglas especiales que seguir como son; medidas socioeducativa=
s,
protección de derechos, prohibición de penas privativas de libertad ordinar=
ias,
etc.
La competencia que tienen los jueces penales ordinarios para juzgar a
los menores infractores es cuando hayan superado los 18 ańos, porque la eda=
d en
Ecuador es la que determina si existe o no responsabilidad penal y que tipo=
de
procedimiento se aplica, ya que cuando son menores a dieciocho ańos la
competencia de un juez de adolescentes infractores, no es como en el caso
cuando ya son mayores de los 18 ańos la competencia de los jueces es por ju=
eces
penales comunes aplicando la pena según el delito cometido.
3.8. <=
/span>Ef=
icacia
en modelos de justicia juvenil restaurativa, un estudio comparado
Los modelos de justicia en el Salvador están regulados principalmente
por la Ley Penal Juvenil (LPJ) para mejor la calidad de vida y la
seguridad en el país, con un modelo periódicamente retributivo y centrado e=
n la
responsabilidad penal para su respectiva sanción (Asamblea
Legislativa de la República de El Salvador, 1995).
Según la Ley Penal Juvenil (LPJ) en sus artículos 81 y 90, c<= /u>on= ciliación es aquel que permite los acuerdos entre víctima y adolescente infractor en ciertos delitos menos graves. Medidas socioeducativas; estas medidas están orientadas y la reintegración, como en la prestación de servicios a la comunidad amonestación o libertad asistida (Asamb= lea Legislativa de la República de El Salvador, 1995)<= /span>.<= o:p>
La Ley Penal Juvenil (LPJ) en el Salvador tiene un marco legal
que establece la forma para juzgar a menores de 12 a 18 ańos que hayan come=
tido
delitos graves como, homicidios, violación o narcotráfico, establece
imputabilidad a los adolescentes y puedan ser procesados penalmente por los
medios más graves,
el articulo 54 permite la privación de libertad con un mínimo de dos ańos de
prisión (Asamblea Legislativa de la República de =
El
Salvador, 1995).
L=
a Ley
Penal Juvenil (LPJ) de El Salvador tras la detención del men=
or, la
fiscalía tiene 72 horas para realizar un diagnóstico y presentar ante el ju=
ez,
si es delito grave que cometido el menor infractor no se admiten ningún tip=
o de
conciliación es obligado un juicio formal, según la pericia serán enviados a
cárceles de adultos, en pabellones separados hasta cumplir los 18 ańos,
posteriormente serán integrados al régimen general (Asamblea
Legislativa de la República de El Salvador, 1995).
E=
stán
reformas fueron criticadas y denunciadas que van en contra de estándares
internacionales sobre la justicia juvenil
3.9. <=
/span>El
objetivo de la jurisdicción especializada para adolescentes infractores en
Ecuador, su función es la garantía de derechos y la reinserción social
El objetivo de la jurisdicción especializada para adolescentes infra=
ctores
en Ecuador es garantizar la seguridad de nuestro país, ya que se vio como l=
os
adolescentes entre 14 y 18 ańos comenten infracciones penales graves, siendo
gatilleros, violadores, asesinos, narcotraficantes, secuestradores, delitos=
que
son atentados contra la vida y la seguridad en Ecuador, sean juzgados bajo =
un
sistema de justicia juvenil, conforme a los principios de protección integr=
al
según la gravedad del caso, reformando:
ˇ =
Constitución de la República del Ecuador e=
n su
artículo 35 (Asamblea Nacional Constituyente del
Ecuador, 2008),
ˇ =
Código de la Nińez y Adolescencia e=
n su artículo
302 (Asamblea Nacional del Ecuador, 2003)<=
span
style=3D'mso-bidi-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:ES-MX'>, =
ˇ =
Convención sobre los Derechos del Nińo<=
span
style=3D'mso-bidi-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:ES-MX'> e=
n su artículo
40 (UNICEF, 1989);
y,
ˇ =
Código Orgánico Integral Penal (=
COIP)
en sus artículos 38 y 663 (Asamblea Nacional del
Ecuador. 2014).
Toda reforma es muy importante siempre que este asociada a un proble=
ma
social, ya que el aumento de delitos graves cometidos por adolescentes
infractores tiene un aumento considerable muy alto, que llevo a pensar que =
la
solución sería endurecer las medidas socioeducativas para su aplicación, y =
el
adolescente que no se haya convertido sea sancionado con su pena privativas
según el delito cometido, y la Constitución de la Repú=
blica
del Ecuador en su artículo 81 (Asamblea Nacio=
nal
Constituyente del Ecuador, 2008), en conjunto con el Código Orgánico Integral P=
enal
(COIP) (Asamblea Nacional del Ecuador. 2014),=
la justicia penal
adolescente tiene que convertirse en una escena para que el joven pueda vis=
lumbrar
que las consecuencias de su conducta tienen una consecuencia y una
responsabilidad.
3.10. &n=
bsp;
Análisis comparativo
E=
cuador
muestra que está organizado por las recomendaciones del comité de derechos =
del
nińo, dando prioridad y prohibiéndose de juzgar a un adolescente como adult=
o,
con personal especializado en todas las fases, con medidas socioeducativas
centradas en una reinserción.
P=
or el
contrario en El Salvador mantiene excepciones que permiten juzgar como adul=
tos,
con el uso más extendido de la privación de la libertad, con influencia de
discursos de seguridad ciudadana que priorizan la represión sobre la
reeducación.
-
Modelo en Ecuador; especializado coherente con estándares
internacionales.
-
Modelo en El Salvador; hibrido, coexistencia entre
jurisdicción juvenil y penal ordinaria.
-
Prohibición de juzgar como adultos en Ecuador; implícita=
y
absoluta.
-
Prohibición de juzgar como adultos en El Salvador; exist=
e excepciones
en delitos graves como homicidio, extorción y cuando son parte de las
pandillas.
-
Ámbito de aplicación en Ecuador; exclusivo, aprehensión,
investigación, juzgamiento y ejecución.
-
Ámbito de aplicación en El Salvador; limitado, en ciertos
casos graves, el sistema penal ordinario asume su competencia.
-
Especialización de operadores en Ecuador; policía, Fisca=
les,
Jueces, defensores especializados en nińez.
-&nb=
sp;
Especialización de operadores en El Salvador; no siempre
tiene que ser especializado, defensas técnicas a veces no cuentan con forma=
ción
específica.
3.1=
1. =
Medidas aplicativas en el derecho penal
-
Prioridades en El Salvador; predomina el enfoque
retributivo, aunque hay mecanismos como la conciliación.
-
Prioridades en Ecuador; medidas socioeducativas,
restauración y reinserción social.
-
Privación de libertad en Ecuador; ultima ratio, Excepcio=
nal.
-
Privación de Libertad en El Salvador; frecuente ante del=
itos
graves, posibilidad de enviarlos a cárceles de adultos (separados hasta los=
18
ańos).
-
Enfoque de justicia en Ecuador; restaurativo.
-&nb=
sp;
Enfoque de justicia en El Salvador; mixto, pero más
retributivo en casos graves.
3.1=
2. =
Fundamentos y coherencia con estándares internacionales =
-
Observaciones Generales del Comité Derechos de los nińos=
en
Ecuador; cumple con tribunales especializados y con medidas socioeducativas=
, con
personal capacitado.
-
Observaciones Generales del Comité Derechos de los nińos=
en El
Salvador; incumple parcialmente el juzgamiento como adultos, prisión en rég=
imen
ordinario.
-
Principio de especialización en Ecuador; consolidado en =
todo
proceso.
-
Principio de especialización en El Salvador; debilitado =
por
coexistencia con justicia penal ordinaria.
E=
cuador
muestra que está organizado por las recomendaciones del comité de derechos =
del
nińo, dando prioridad y prohibiéndose de juzgar a un adolescente como adult=
o,
con personal especializado en todas las fases, con medidas socioeducativas
centradas en una reinserción.
E=
cuador
muestra que está organizado por las recomendaciones del comité de derechos =
del
nińo, dando prioridad y prohibiéndose de juzgar a un adolescente como adult=
o,
con personal especializado en todas las fases, con medidas socioeducativas
centradas en una reinserción.
4.&n=
bsp;
Discusión
- =
;
Pude identificar que la competencia jurisdiccional=
en
el juzgamiento de adolescentes infractores no puede ser comprendida sólo co=
mo un
punto técnico del derecho procesal, sino que también se debe considerar que=
es
una categoría jurídica con profundas implicaciones éticas, sociales y de
derechos humanos, según el análisis comparado entre Ecuador y El Salvador se
pudo visibilizar como las diferencias estructurales en la aplicación de la
justicia juvenil son las que determinan el tipo de sanciones impuestas y la
posibilidad efectiva de reintegración de los adolescentes que se encuentran=
en
conflicto con la ley.
- =
;
La existe=
ncia
de una jurisdicción que sea especializada, como es el caso de Ecuador, con =
el cumplimiento
de estándares internacionales sobre justicia juvenil, Ecuador el modelo
jurisdiccional está definido por normas constitucionales y legales que perm=
iten
garantizar la exclusividad de los tribunales especializados en nińez y
adolescencia para todos procesos esto limita la posibilidad de intervención=
del
sistema penal ordinario, con una visión restaurativa y pedagógica sobre el
castigo, dónde la privación de libertad se considera como una de las medidas
excepcionales, esta perspectiva normativa se articula con la formación
obligatoria del personal judicial, fiscal, policial y de la defensa técnica=
, asegurando
así un enfoque integral y que esté adaptado a cada una de las particularida=
des
evolutivas que se presentan en los adolescentes (Cabrera
& Maldonado, 2023). En cambio El Salvador mantiene un sistema híbrido, que
existe una jurisdicción especializada en materia de adolescentes, pero tamb=
ién
se habilita legalmente ciertos delitos considerados graves, sean conocidos =
por
los jueces ordinarios, ya que contradice el principio de especialización y =
el
enfoque restaurativo que es recomendado por el Comité de los Derechos del
Nińo (2007) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH,=
2005). En la práctica este hecho género que no exist=
an
situaciones de criminalización anticipada, al aplicar medidas privativas de
libertad desproporcionadas y el debilitamiento progresivo del sistema
especializado.
- =
La competencia jurisdiccional no solo define que el juez
conozca la causa, sino que además condiciona el tratamiento procesal, garan=
tizado
hacia los adolescentes, en el caso de Ecuador este proceso consideran perit=
ajes
psicosociales, audiencias cerradas y medidas no privativas de libertad, a
diferencia con El Salvador donde se mantienen prácticas que equiparan el
tratamiento judicial de adolescentes infractores al sistema penal aplicado a
adultos, contradiciendo la orientación pedagógica que el proceso penal juve=
nil
debería tener (Gabino & Silva, 2023; Reyes, 20=
23).
5.&n=
bsp;
Conclusiones
-
Se pudo evidenciar que en Ecuador la existencia de una
justicia penal juvenil es especializada, y con una respuesta a estándares
internacionales, los cuales han sido establecidos por el Comité de los
Derechos del nińo y por la Corte Interamericana de los Derechos Huma=
nos,
pues prohíben de forma explícita el juzgamiento de los adolescentes bajo la
justicia ordinaria.
-
Es importante m=
encionar
que la competencia jurisdiccional define el juez que conoce la causa, y
condiciona toda la estructura del proceso penal juvenil, desde la detención
inicial hasta la ejecución de las sanciones, en Ecuador dicha especializaci=
ón
se refleja de manera transversal en el sistema de justicia, los fiscales, l=
os
jueces, los defensores y los demás operadores actúan con una capacitación
específica aplicando procedimientos diferenciados que privilegian la función
educativa, el principio de proporcionalidad y la reparación del dańo que se=
causó.
-&nb=
sp;
El Salvador al permitir las excepciones, las cuales
habilitan el juzgamiento de adolescentes como adultos, debilitan el carácter
especializado del y perpetúa las dinámicas sancionadoras que contravienen l=
os
fundamentos del enfoque basado en derechos humanos, exponiendo a los
adolescentes a sanciones que son desproporcionadas, a prácticas de
criminalización anticipada y vulneraciones al debido proceso.
5.1=
. =
&nb=
sp;
Recomendaciones=
-
Promover reformas que consoliden la especialización de l=
os
jueces, fiscales y defensores en materia penal juvenil, deberían tener una
formación continua, permitiendo que los operadores de justicia actúen, bajo=
un
enfoque diferenciado y se aplique los estándares internacionales en el
juzgamiento de adolescentes infractores, desde los 12 y 14 ańos de edad, se=
gún
el delito cometido, si el delito es grave, y el adolescente tiene entre 14 =
ańos
sea sancionado con penas privativas de libertad, con la finalidad de ayudar=
a
construir una justicia penal juvenil más exclusiva y restaurativa, con una
combinación en la edad de orientación, valores y límites claros desde el ho=
gar,
la escuela y la comunidad, ya que es fundamental fomentar el respeto por las
normas, y la empatía hacia los demás y el sentido de responsabilidad.
-
Es necesario centrarse en medidas socioeducativas desde =
los 12
ańos de edad con estrategias de mayor compromiso, endureciendo la reinserci=
ón
social, que sean adaptadas a las necesidades de los nińos, y los adolescent=
es,
con un sistema restaurativo que garantice la reincorporación de los nińos y=
los
jóvenes en la sociedad, la comunicación constante con los padres o cuidador=
es, la
comunicación el acompańamiento emo=
cional
y el ejemplo positivo de los adultos son claves, el acceso a una educación
integral, actividades recreativas y espacios seguros que ayuden a fortalece=
r su
desarrollo personal y social, alejándolo de conductas delictivas.
-
Se propone revisar la edad mínima de responsabilidad pen=
al,
dando seguimiento al entorno que vive el adolescente, realizando evaluacion=
es
continuas con medidas socioeducativas, es importante reconocer y gestionar =
sus
emociones desarrollar empatías, autoestimas y habilidades para resolver
conflictos sin violencia.
=
6. Conflicto de intereses
Los autores declaran que no existe conflicto de intereses en relación=
con
el artículo presentado.
=
7. Declaración de contribución de los autores
Todos autores contribuyeron significativamente en la elaboración del
artículo.
=
8. Costos de financiamiento
La presente investigación fue financiada en su totalidad con fondos
propios de los autores.
=
9. Referencias Bibliográficas
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<=
![endif]>
El artículo que se publica=
es
de exclusiva responsabilidad de los autores y no necesariamente reflejan el
pensamiento de la Revista Visionar=
io
Digital.
=
El artículo queda en propied=
ad
de la revista y, por tanto, su publicación parcial y/o total en otro medio
tiene que ser autorizado por el director de la Revista Visionario Digital.
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