Constitucionalismo ecológico y gobernanza local: análisis de
competencias municipales y garantías constitucionales ante el cambio climát=
ico
en Ecuador
Ecological constitutionalism and local governance:
analysis of municipal competencies and constitutional guarantees addressing
climate change in Ecuador
|
1 |
Manuel Alberto Serrano Sandoval |
|
https://orcid.org/0009-0007-88=
38-6946 |
|
|
|
Universidad Bolivariana del Ecuador (UBE),
Guayaquil, Ecuador. Maestría en Derecho |
|||
|
2 |
Duniesky<=
span
style=3D'mso-bookmark:_Hlk92206057'>
Alfonso Caveda |
|
https://orcid.org/0000-0001-78=
89-8066
|
|
|
|
Universidad Bolivariana del Ecuador (UBE),
Guayaquil, Ecuador. dalfonsoc@ube.edu.ec |
|
|
Artículo de Investigación Científica y Tecnológi=
ca Enviado: 17/05/2025 Revisado: 18/06/2025 Aceptado: 14/07/2025 Publicado:15/09/2025 |
||||||
|
|
|
||||||
|
Cítese: |
|
Serrano Sandoval, M., & Alfonso Caveda, D. (2025). Constitucionalismo ecológico y
gobernanza local: análisis de competencias municipales y garantías
constitucionales ante el cambio climático en Ecuador. Visionario Digit=
al,
9(3), 110-135. https://doi=
.org/10.33262/visionariodigital.v9i3.3506
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
Esta revista está
protegida bajo una licencia Creative Commons
Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 International. Copia de la
licencia: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.=
0/deed.es |
|
||||
|
Palabras clave: Constitucionalismo ecológ=
ico,
Competencias municipales, Garantías constitucionales, Cambio climático,
Gobernanza ambiental |
|
Resumen Intr=
oducción. En las últimas
dos décadas, Ecuador ha experimentado una evolución trascendental en su
ordenamiento jurídico-ambiental, estableciendo un constitucionalismo
ecológico pionero que reconceptualiza la relación Estado-naturaleza. Esta
transformación paradigmática ha redefinido las competencias municipales y=
las
garantías constitucionales frente al cambio climático, generando tensiones
competenciales multinivel de significativa relevancia jurisprudencial. |
|||||
|
Keywords:<=
/span> Constitutional ecology, Municipal competencie=
s,
Constitutional guarantee=
s,
Climate change, <=
span
class=3DSpellE>Environmental governance |
|
Abstract Introduction. Over the past two decades, Ecuador has experienced a transcendental
evolution in its environmental legal framework, establishing pioneering
ecological constitutionalism that reconceptualizes the State-nature
relationship. This paradigmatic transformation has redefined municipal
competencies and constitutional guarantees regarding climate change,
generating multi-level jurisdictional tensions of significant jurispruden=
tial
relevance. Objective. To analyze the constitutional scope of
Ecuadorian municipal competencies and the effectiveness of jurisdictional
guarantees in protecting environmental rights against the phenomenon of
climate change. Methodology.
Descriptive, qualitative, and analytical. =
Discussion. The Ecuadorian constitutional paradigm demonstrates a dissociation
between biocentric normative innovation and its jurisdictional
implementation. The dichotomy between extractive regime and environmental
protection generates interinstitutional antinomies. Development of
polycentric ecosystem governance is required to harmonize constitutional
jurisprudence with multilevel regulatory instruments to address climate
emergencies through adaptive mechanisms. Conclusion. Ecuador's
juridical innovation establishes, through adaptive governance and municip=
al
capacity-building, a biocentric framework that redefines the relationship
between society and nature, fostering shared responsibility and profound
cultural transformation. Area of general study: Environmental
Constitutional Law. Area of specific study: Municipal Environmental
Competencies and Ecological Constitutional Guarantees. Type of study: =
Narrative
review. |
|||||
1. Introducción=
El paradigma constitucional ecuatoriano ha
experimentado una transformación sustancial a partir de la Constitución de
2008, estableciendo un modelo ecocéntrico que
reconoce expresamente a la naturaleza como sujeto de derechos y modifica la
concepción tradicional de las relaciones jurídicas. Esta innovación normati=
va,
que se aparta de la posición antropocéntrica predominante a nivel mundial, =
ha
consagrado derechos específicos a favor de la naturaleza, incluyendo el der=
echo
a la conservación integral, a la restauración, la precaución ante la extinc=
ión
de especies y la no apropiación de servicios ambientales.
La materialización efectiva de tales derec=
hos
se ha canalizado procedimentalmente a través de mecanismos de tutela
constitucional, particularmente mediante acciones de protección y medidas
cautelares, cuya aplicación jurisprudencial ha permitido: la suspensión de
proyectos que carecen de una licencia preambiental
obligatoria, la aplicación del principio de precaución ante los posibles
impactos ecosistémicos, y la realización de ejercicios de balance normativo=
que
otorgan prioridad a la conservación y rehabilitación de los sistemas natura=
les
sobre otros derechos en competencia (Bedón Garzón, 2017, pp. 15-30). En este
ámbito los gobiernos autónomos descentralizados municipales juegan un papel
crucial en la implementación territorial del paradigma desarrollado en la
constitución. Esto es importante porque les permite ser la unidad gubername=
ntal
más cercana a los entornos ecológicos y a las poblaciones humanas que
experimentan e interactúan con estos ecosistemas, lo que los posiciona como
agentes fundamentales en la materialización de los preceptos constitucional=
es.
La incorporación del =
Sumak
Kawsay o Buen Vivir en la constitución de Ecuad=
or ha
cambiado de manera radical el concepto de responsabilidad socio-ambiental e=
n el
contexto municipal. Esto supone un cambio de paradigma que va más allá de la
simple relación de dependencia de servicios públicos, configurándose hacia =
un
nuevo modelo de gobernanza ecológica de tipo comunal que postula la necesid=
ad
de desarrollar una policentricidad instituciona=
l, más
funcional y menor jerarquía. Estos cambios requieren una reconceptualizació=
n de
la posición del estado y la sociedad que desafía la idea de "colonialidad del poder" y fomenta una perspectiv=
a en
la que las estructuras estatales y comunitarias trabajan juntas en la provi=
sión
y gestión de bienes comunes (Acosta, 2013, p. 267). De acuerdo con el marco
legal actual, es deber de las entidades municipales desarrollar habilidades
técnicas, legales y participativas específicas que vayan más allá del mero
cumplimiento de la ley.
Este modelo se fundamenta en principios
constitucionales vertebradores como la precaución, la responsabilidad
intergeneracional y la participación ciudadana en materia ambiental,
consagrados expresamente en los artículos 395 al 415 de la Constitución de la República del Ecuador (C=
RE), dispositivos
normativos que configuran un estatuto jurídico-ambiental de rango superior =
con
fuerza vinculante para todas las instancias de gobierno (Asamblea Nacional del Ecuador, 2008).
No obstante la
implementación del constitucionalismo ecológico a nivel municipal enfrenta
dificultades estructurales relacionadas con la competencia jurisdiccional, =
la
capacidad de gestión institucional y la coordinación intersectorial. Estos
problemas han resultado en un notable nivel de litigiosidad constitucional,
como lo evidencian las recientes decisiones de la Corte Constitucional
ecuatoriana (Prieto, 2013). La dualidad existente entre el desarrollo econó=
mico
territorial y la preservación de la integridad ecosistémica configura un
escenario jurídico complejo que requiere una evaluación exhaustiva de las
disposiciones constitucionales ofrecidas en el caso de la protección efecti=
va
de los recursos naturales en relación con los impactos del cambio climático
global. Esto constituye un desafío jurídico-institucional para las entidades
municipales, dadas sus limitaciones técnicas y presupuestarias, armonizar l=
as
presiones extractivas económicas con el cumplimiento de obligaciones en mat=
eria
de adaptación climática, circunstancia que exige evaluar críticamente la
idoneidad de los mecanismos constitucionales para dirimir estas tensiones
competenciales.
La presente investigación aborda el proble=
ma
mediante un análisis jurídico-político de las competencias ambientales
municipales y su articulación con las garantías constitucionales de la
naturaleza, revisando la jurisprudencia constitucional reciente, así como l=
as
experiencias municipales innovadoras que han podido implementar el mandato =
biocéntrico de la constitución ecuatoriana frente al =
cambio
climático.
1.1. Marco teórico-conceptual del
constitucionalismo ecológico
El constitucionalismo ecológico ecuatorian=
o va
más allá de un simple reconocimiento de derechos al establecer un nuevo
paradigma práctico de gobernanza. Al contrario de lo que se ha planteado, e=
ste
apartado se ocupa de sus bases teóricas y sus componentes empíricos en los
sistemas de gestión administrativas territoriales.
A diferencia de la protección clásica que
resguarda el ambiente como un objeto de derecho en función a la utilidad que
este provea a las personas, en el enfoque biocéntrico<=
/span>
se le otorga valor intrínseco y se la considera sujeto de derechos (Gudynas,
2014). Esta transformación altera al mismo tiempo las herramientas técnicas=
de
planificación, los parámetros de evaluación y los modelos de toma de decisi=
ones
municipales. Incorpora unidades funcionales de ecosistemas que colapsan las
zonificaciones económicas, exalta la integridad natural sobre el beneficio
económico y legitima nuevos actores en procesos participativos que otorgan
representación a entidades naturales.
En América Latina, Ecuador y Bolivia desta=
can
como ejemplos paradigmáticos de esta evolución biocént=
rica,
al reconocer constitucionalmente a la naturaleza como sujeto de derechos
(Colón-Ríos, 2019, p. 208). La innovación metodológica que se plantea confr=
onta
el "constitutionalismo verde” de origen eu=
ropeo
en virtud de la realización de guías biocéntricas que
incluyen modulaciones espaciales particulares en función de las condiciones
ecológicas de cada región.
La materialización efectiva se actualiza
mediante instrumentos normativos específicos: disposiciones regulatorias que
imponen limitaciones basadas en los ciclos de los ecosistemas, procesos
participativos que otorgan legitimidad procesal a las comunidades y
asignaciones de recursos fiscales que tienen un mandato de preservación
ecosistémica adjunto. Estos dispositivos legales distribuyen los poderes de
toma de decisiones entre unidades gubernamentales y actores comunitarios,
creando así sistemas de gobernanza policéntricos flexibles a la variedad de
contextos territoriales existentes.
La jurisprudencia internacional complementa
este desarrollo normativo con referentes metodológicos adaptables. A partir=
de
la jurisprudencia derivada del caso del Río Atrato (Corte Constitucional de
Colombia, 2016) se procede a la implementación de órganos colegiados de
guardianes, protocolos normativos de consulta previa e instrumentos de
coordinación intermunicipal. De la legislación correspondiente al caso Whanganui (Parliamentary Counsel Office New Zealand, 2017) se incorporan mediante adaptación al contexto local, sistemas de
monitoreo bajo gestión compartida, mecanismos jurídicos de compensación por
daño ambiental y parámetros regulatorios para la representación legal de
entidades naturales en los procedimientos de carácter administrativo de
jurisdicción local.
Las experiencias emergentes a nivel munici=
pal
han evidenciado que estos principios son factibles de ser aplicados en el
contexto de una respuesta local al cambio climático. Se observa que en los
Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial empiezan a utilizarse
metodologías biocéntricas, y las mancomunidades
regionales funcionan como jurisdicciones de implementación ejecutiva que
articulan la conservación ecosistémica y la adaptación al cambio climático.
Esta integración constituye un avance concreto en el cumplimiento del biocentrismo debido a la diversidad de impactos ambie=
ntales
contemporáneos.
1.2. Marco constitucional ecuatoriano y el
paradigma biocéntrico
La Constitución
ecuatoriana describe a Ecuador como un estado de derecho y justicia
constitucional (Asamblea Nacional del Ecuador, 2008, art.
1), estableciendo un modelo de constitucionalismo transformador en el cual =
los
derechos de la naturaleza cumplen un doble propósito. Por un lado, sirven c=
omo límites
a la acción del estado y, por otro, imponen mandatos que requieren que las
instituciones estatales creen políticas y tomen acciones concretas para su
efectiva protección. Esta naturaleza dual de los derechos tanto como límites
como mandatos transforma de manera decisiva la relación entre la ciudadanía=
y
el poder público en el paradigma constitucional contemporáneo (Ávila, 2011,=
p.
111).
Avanzando del
reconocimiento formal a la aplicación práctica, el modelo biocéntrico
ecuatoriano ha creado Instrumentos jurídicos con un impacto directo en la
gestión municipal. Estas disposiciones han consolidado aún más evaluaciones=
que
consideran los ciclos ecológicos en su totalidad y han respaldado criterios=
que
van más allá de la compensación económica hacia una rehabilitación efectiva=
de
los ecosistemas afectados. Con estos sistemas de responsabilidad, las medid=
as
de protección se adelantan precisamente porque no se tiene que probar
legalmente el daño, esto protege a los ecosistemas que son especialmente
vulnerables.
Para incorporar de
manera efectiva los aspectos ecológicos en la gobernanza local, resulta
imperativo formular nuevos diseños administrativos que materialicen los
principios del Buen Vivir a nivel territorial. En este sentido, las
instituciones de gestión integrada de recursos hídricos que operan mediante
mecanismos de la representación deliberativa colectiva marcan un avance hac=
ia
la superación de las limitaciones inherentes a las demarcaciones
administrativas convencionales. Al mismo tiempo, también se han creado espa=
cios
de diálogo multilateral que facilitan la coordinación no jerárquica entre
sectores gubernamentales, comunitarios y privados, promoviendo una coherenc=
ia
normativa entre las intervenciones ambientales en competencia. Esto también=
se
ve realzado por los mecanismos de vigilancia ecosistémica que utilizan
metodologías contemporáneas rigurosas en conjunción con perspectivas y
conocimientos tradicionales para evaluaciones integrales del estado ambient=
al
en diversos contextos territoriales.
Complementando lo
anterior, resulta fundamental contar con estructuras normativas totalmente
funcionales, así como asignaciones presupuestarias que estén alineadas con =
las
directrices constitucionales. Bajo esta perspectiva, los fondos de conserva=
ción
con destino específico aseguran la disponibilidad de recursos para la
salvaguarda y recuperación estratégica de los ecosistemas, mientras que los
mecanismos de redistribución ecológica permiten desviar ingresos de activid=
ades
extractivas hacia la conservación de los servicios ecosistémicos. Es
particularmente importante señalar la aplicación de los presupuestos
participativos con enfoque biocéntrico, que per=
mite a
la ciudadanía decidir cómo gastar los recursos municipales en función de la
integridad ecológica.
En este contexto,=
la
evolución hacia un modelo biocéntrico municipal=
ha
sido profundamente influenciada por desarrollos jurisprudenciales que
establecen precedentes fundamentales. Desde una perspectiva crítica de los
derechos ambientales, estos representan una nueva dimensión que supera la
visión exclusivamente individualista, enunciando los derechos de grupos y
colectividades, así como los derechos de otros seres no humanos (Mesa, 2019=
).
Igualmente han sido establecidos criterios para la fijación del área intang=
ible,
limitando la acción humana en áreas con gran valor ecológico. A la vez, la
implementación de estándares de prueba distintos ha servido para reforzar el
principio de precaución en situaciones donde puede existir un daño irrevers=
ible
que afectaría permanentemente el medio ambiente.
Como resultado de
esta evolución, el desarrollo jurídico y administrativo ha redefinido las
competencias de la toma de decisiones y la gestión territorial a nivel
municipal. Ecuador, con el apoyo de principios constitucionales como la
responsabilidad intergeneracional, la participación ciudadana y la conserva=
ción
integral de la naturaleza, está avanzando hacia la consolidación de un mode=
lo
que da prioridad al equilibrio entre el desarrollo y la sostenibilidad.
1.3. Sistema nacional de competencias ambiental=
es y
cambio climático
Ecuador ha establecido un marco
jurídico-institucional que delinea claramente las competencias de gobernanz=
a de
los ecosistemas de los diferentes niveles gubernamentales en relación con l=
a protección
de los ecosistemas y la mitigación y adaptación al cambio climático. Este
sistema normativo se basa en las disposiciones constitucionales de los articulos 260 a 269 y define el mecanismo de asignaci=
ón de
competencias hacia el logro de la protección integral de la naturaleza en el
marco de un paradigma de gobernanza multinivel (Asamblea Nacional del Ecuador, 2008).
El Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) desarrollo este sis=
tema
jurídico-institucional por medio de la asignación de potestades exclusivas y
concurrentes en el contexto de un proceso de descentralización funcional. El
artículo 136 establece específicamente que "la tutela estatal sobre el
ambiente y la corresponsabilidad de la ciudadanía en su preservación se
articulará a través de un sistema nacional descentralizado de gestión
ambiental" (Asamblea Nacional del Ecuador, 2010, p. 55), reconociendo =
en
consecuencia la necesidad de establecer un esquema organizativo participati=
vo
que integre todos los niveles de la administración pública.
El Estado ecuatoriano ha adoptado instrume=
ntos
normativos fundamentales en materia ambiental-climática, específicamente la
Estrategia Nacional de Cambio Climático y las disposiciones del Código
Orgánico del Ambiente (Presidencia de la República del Ecuador, 2017). Estos instrumentos establecen un sistema integral de atribución y
distribución de competencias entre los diferentes niveles de organización
territorial y entidades del Ejecutivo.
La regulación se alinea directamente con l=
as
obligaciones internacionales derivadas del Acuerdo de París, adoptado en 20=
15
durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Su
principal objetivo es articular acciones concretas en los niveles local,
provincial y nacional, formando un marco de corresponsabilidad para la
supervisión y control estratégico de las políticas climáticas (Presidencia de la República del Ecuador, 2017).
La organización de las competencias sigue =
una
estructura piramidal donde el gobierno central coordina y planifica a nivel
nacional, mientras que las regiones autónomas autoadministradas ejercen con=
trol
y funciones de gestión dentro de su jurisdicción ambiental. A pesar de que =
este
marco intenta equilibrar la unidad de la acción estatal con la diversidad
territorial, de hecho, ha creado controversia respecto a las divisiones
precisas de autoridad en cada nivel de gobierno (Prieto, 2013).
Estas fricciones jurisdiccionales represen=
tan
una barrera operativa para la eficacia del régimen de gobernanza ambiental =
en
Ecuador. La realización del paradigma biocéntrico
busca superar la fragmentación jurisdiccional partiendo de mecanismos de
coordinación que empoderan a los gobiernos municipales para ejercer sus pod=
eres
de manera coherente con las disposiciones constitucionales y para integrar =
la
acción local con las políticas nacionales sobre el cambio climático.
1.4. Competencias municipales específicas en
materia ambiental
Los poderes ambientales de los gobiernos
autónomos descentralizados municipales ecuatorianos están dispersos en vari=
os
documentos regulatorios que derivan del mandato biocén=
trico
constitucional. El artículo 264 de la Constitución establece como competenc=
ias
exclusivas municipales el control sobre el uso y ocupación del suelo, así c=
omo
la preservación del patrimonio natural del cantón (Asamblea Nacional del Ecuador, 2008).
En esta misma línea el COOTAD amplía estas
facultades para incluir la regulación y el control de actividades que causan
impactos ambientales dentro de su jurisdicción territorial. Los municipios
aprueban ordenanzas que establezcan normas de prevención, regulación y cont=
rol
de acuerdo con las políticas nacionales y dentro de su ámbito de competencia
(Asamblea Nacional del Ecuador, 2010).
El Código Orgánico del Ambiente pre=
cisa
aún más estas atribuciones al facultar a los gobiernos municipales para:
delimitar, regular y autorizar el uso de playas de mar, riberas de ríos, la=
gos
y lagunas; regular la explotación de materiales áridos y pétreos; establecer
tasas vinculadas a la obtención de recursos destinados a la conservación de
cuencas hidrográficas; y desarrollar programas de difusión ambiental (Presidencia de la República del Ecuador, 2017).
En materia de cambio climático, los munici=
pios
tienen competencia para incorporar criterios de mitigación y adaptación en =
los
planes de ordenamiento territorial, emitir normativa relacionada con
construcción sostenible, desarrollar modelos urbanísticos ecoeficientes,
establecer áreas de conservación y uso sostenible de ecosistemas frágiles, e
implementar medidas para la prevención de riesgos asociados a eventos
climáticos extremos (Ministerio del Ambiente, 2012).
Adicionalmente, en lo referente a la gesti=
ón
de servicios públicos, los municipios tienen competencia exclusiva para
gestionar de manera integral los residuos sólidos, manejar sistemas de agua
potable y alcantarillado, así como regular la contaminación acústica y visu=
al
en el entorno urbano (Asamblea Nacional del Ecuador, 2=
008,
art. 264). Esta atribución adquiere particular relevancia dentro del paradi=
gma biocéntrico, pues un manejo adecuado de residuos y
efluentes resulta clave para garantizar los derechos de la naturaleza a la
conservación integral reconocidos constitucionalmente.
En este sentido, las competencias ambienta=
les
municipales van más allá de lo puramente operativo, convirtiéndose en
instrumentos fundamentales para el efectivo mandato ecológico constituciona=
l en
la Constitución. De esta manera, los gobiernos locales no solo cumplen
funciones técnicas o administrativas, sino que asumen una posición estratég=
ica
como integradores territoriales del constitucionalismo ecológico en respues=
ta a
los desafíos del cambio climático y la sostenibilidad.
1.5. Sistema de garantías constitucionales para=
la
protección de derechos de la naturaleza
La Constitución ecuatoriana de 2008 establ=
eció
un sistema integral de garantías jurisdiccionales para la protección efecti=
va
de los derechos de la naturaleza. El mecanismo incluye principalmente la ac=
ción
de protección, medidas cautelares, acción de incumplimiento y varios otros
procesos procedimentales que permiten la acción de ejecución inmediata en c=
aso
de denegación de los derechos conferidos a la naturaleza. Este régimen se
presenta como un enfoque innovador del derecho en la defensa del paradigma =
biocéntrico consagrado legalmente en la Constitución,=
que
requiere medidas específicas para la protección de los ecosistemas.
El caso emblemático del Río Vilcabamba
(Sentencia N° 012-18-SIS-CC) marca un precedente
fundamental en la aplicación efectiva de estas garantías, al reconocer
expresamente la vulneración de los derechos de la naturaleza por la
construcción de una carretera sin licencia ambiental. La Corte Provincial d=
e Loja
utilizó la inversión de la carga de la prueba y el principio precautorio,
dictando medidas reparadoras profundas que abarcaban la creación de un Plan=
de
Remediación Ambiental (Corte Constitucional del Ecuador, 2018). Esta senten=
cia
sentó un precedente para un paradigma reparador al establecer no solo la
cesación de operaciones dañinas, sino también la restauración del medio
ambiente mediante la implementación de proyectos de restauración con viabil=
idad
técnica y supervisión de las autoridades ambientales correspondientes.
El desarrollo jurisprudencial se enriqueció
significativamente con la sentencia No. 1149-19-JP/21 del caso "Bosque
Protector Los Cedros", donde la Corte Constitucional analizó la aplica=
ción
del principio precautorio estableciendo tres elementos fundamentales para su
aplicación: riesgo de daño grave e irreversible, incertidumbre científica y
existencia de medidas eficaces de protección. Esta sentencia amplió el alca=
nce
de protección más allá de las áreas formalmente protegidas, determinando que
las obligaciones ambientales se extienden a todo el territorio nacional (Co=
rte
Constitucional del Ecuador, 2021).
Esta decisión representa un hito al establ=
ecer
estándares rigurosos para la consulta ambiental como requisito sustancial p=
ara
actividades que puedan afectar ecosistemas. Muy relevante fue el análisis
meticuloso del valor ecológico del Bosque Protector Los Cedros como
"remanente de los bosques noroccidentales ecuatorianos en el que confl=
uyen
dos regiones de alta biodiversidad", que llevó a la Corte a prohibir la
ejecución de actividades mineras y extractivas en este ecosistema y ordenó
reforestación de las zonas que se alteraron, encaminándose así a la aplicac=
ión
del principio de intangibilidad ecosistémica en zonas de alta biodiversidad=
.
La evolución jurisprudencial continúa con =
el
caso del Río Monjas (Sentencia No. 2167-21-EP/22), donde la Corte
Constitucional abordó la inacción municipal en el ámbito de la contaminación
del ecosistema fluvial. Esta sentencia demostró que la simple planificación=
de
medidas ambientales sin una implementación efectiva constituye un
incumplimiento de las obligaciones estatales, estableciendo estándares más
estrictos que obligan a los gobiernos municipales a asumir una efectiva
responsabilidad ambiental (Corte Constitucional del Ecuador, 2022).
El caso amplió el alcance de la tutela
judicial efectiva al vincular los derechos de la naturaleza con los derechos
humanos a un ambiente sano. La Corte reafirmó en este fallo la importancia =
de
la motivación judicial, estableciendo que se debían tomar hechos relevantes,
acciones tangibles o cambios, no solo estudios técnicos y planes no cumplid=
os.
Este precedente resulta crucial para la evaluación de las políticas pública=
s de
un municipio, ya que, a partir de este fallo, se deberán implementar accion=
es
concretas de prevención y remediación, trascendiendo el nivel meramente
declarativo.
Uno de los impactos más importantes de la
jurisprudencia ambiental en el Ecuador es la progresiva creación de criteri=
os
de prueba diferenciados para cumplir con las exigencias del ámbito ambienta=
l.
El caso Los Cedros resultó fundamental al determinar qu=
e
frente a la incertidumbre científica sobre los efectos negativos en los
ecosistemas de altísima sensibilidad, el estado debe adoptar medidas de
protección efectivas, alterando la carga probatoria y aplicando el principi=
o in dubio pro natura que significa
"en caso de duda, a favor de la naturaleza".
Este principio fue fortalecido con el caso=
del
Río Monjas donde la Corte hizo una valoración del daño producido en el cauce
del río a nivel contaminante y dio preferencia a esta evidencia por sobre l=
os
informes técnicos que minimizaban el impacto, reafirmando que en la duda ac=
erca
de los efectos que causen las acciones humanas y la operación de las
instituciones, las autoridades deben guiarse por la interpretación que brin=
de
mayor defensa a la naturaleza.
La efectividad de estas garantías ha permi=
tido
consolidar principios como la intangibilidad de zonas ecológicamente sensib=
les,
la restauración integral de ecosistemas y la aplicación del principio
precautorio. Esos desarrollos crean efectos jurídicos obligatorios para los
gobiernos municipales que deben adaptar sus competencias ambientales de acu=
erdo
con las exigencias de la Corte Constitucional, sobre todo en lo que refiere=
a
los procesos de autorización de actividades con potencial impacto ambiental=
, así
como en la elaboración de planes de la ordenación territorial con visión
1.6. Aplicación municipal de competencias ambie=
ntales
frente al cambio climático
En Ecuador la municipalización del
constitucionalismo ecológico contiene experiencias valiosas que dan
cumplimiento al imperativo biocéntrico
constitucional, progresando de abordajes iniciales a sistemas más complejos=
de
controles de gestión ambiental en orden cronológico.
El Gobierno Autónomo Descentralizado Munic=
ipal
de Cotacachi estableció un precedente fundamental al convertirse en el prim=
er
cantón de América Latina en el año 2000 en declararse un “Cantón Ecológico”=
a
través de una ordenanza municipal. Esto se logró al crear un marco normativo
que incorpora criterios ecológicos en la toma de decisiones del desarrollo
local. La región subtropical de Intag ubicada en este cantón ha sido
especialmente protegida por encontrarse en la confluencia de dos puntos
calientes de biodiversidad globalmente reconocidos, Tumbes-Chocó-Magdalena y
los Andes Tropicales, y por su destacado valor ecológico. Esto ha sido
progresivamente potenciado por la creación en 2019 del Área de Conservac=
ión
y Uso Sostenible Municipal Intag Toisan (ACUS-M=
IT)
y la posterior declaración de la región de Intag como “Santuario de Vida” en
2024. La gestión ambiental de este municipio es elogiada por lograr un
equilibrio entre el conocimiento ecológico tradicional y la ciencia contemp=
oránea,
lo que permite una efectiva participación ciudadana, ganando reconocimiento=
por
parte de la Defensoría del Pueblo con el premio “Ciudades de Derechos Human=
os y
de la Naturaleza” (Co=
municación, 2024).
El Distrito Metropolitano de Quito formali=
zó
su modelo biocéntrico de gestión ambiental medi=
ante
la Ordenanza Metropolitana N° 0213 de 2007,
implementando mecanismos innovadores de financiamiento para la protección de
cuencas hidrográficas. Esta normativa ha creado el fideicomiso FONAG (Fo=
ndo
para la Protección del Agua) e impone un cargo progresivo que comienza =
en
el 1% y hasta el 2% de los ingresos netos por la prestación de servicios de
agua potable y alcantarillado; los fondos se utilizarán exclusivamente para=
la
conservación de ecosistemas. La ordenanza desarrolla un sistema de gestión
integrada de recursos hídricos que fomenta alianzas con comunidades y actor=
es
sociales diversos, desarrollando un modelo de gobernanza policéntrica con
incentivos económicos para los propietarios de tierras que participan
voluntariamente en la protección de las áreas de captación de agua a través=
de
acuerdos a medio plazo (5-10 años) y a largo plazo (10-20 años) que garanti=
zan
intervenciones sostenibles (Concejo Metropolitano de Quito, 2007).
El Gobierno Autónomo Descentralizado Munic=
ipal
de Santa Cruz implantó en su Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial
2012–2027 un modelo de planificación con enfoque biocé=
ntrico
adaptado al Régimen Especial de Galápagos. Este plan prevé un sistema integ=
ral
de gestión territorial que limita el uso de suelo, protege ecosistemas
vulnerables y trata los residuos de manera sostenible. Las iniciativas más
destacadas son el desarrollo del Plan Cantonal de Control de Especies Invas=
oras
y programas de agroecología exenta de especies exóticas en los corredores
ecológicos rurales y otras áreas de elevada biodiversidad. A partir del año
2012, el municipio ha puesto en marcha esquemas de valorización del suelo
agropecuario basados en agro-ecoeficiencia y planificación participativa do=
nde
las comunidades locales, los sectores productivos y las instituciones públi=
cas
se inserten en un sistema de gobernanza ambiental descentralizada orientada=
a
la sostenibilidad territorial ante el cambio climático (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal=
de
Santa Cruz, 2012).
Los tres ejemplos ilustran el avance gradu=
al
en la implementación de competencias de gestión ambiental municipal, basánd=
ose
en esfuerzos anteriores de zonificación del uso del suelo y avanzando hacia
sistemas de gestión holísticos que integran mecanismos financieros innovado=
res,
planificación adaptativa, participación comunitaria y otras estrategias
avanzadas, materializando efectivamente el imperativo constitucional biocéntrico en las respuestas locales al cambio climá=
tico.
1.7. Tensiones competenciales y coordinación
multinivel en la gestión ambiental
La implementación práctica del principio
constitucional biocéntrico ecuatoriano pone de
manifiesto las contradicciones estructurales subyacentes de los diferentes
niveles gubernamentales, lo que impide una protección ambiental efectiva en=
el
contexto del cambio climático. Las competencias exclusivas conferidas a la =
administración
central sobre la gestión y regulación de la explotación de recursos natural=
es
no renovables chocan frecuentemente con la jurisdicción territorial y de
conservación de la naturaleza de las autoridades municipales.
Esta tensión se evidencia particularmente =
en
las operaciones extractivas, dado que las superposiciones de funciones y
poderes de la administración central y las unidades autónomas descentraliza=
das
han producido una controversia jurisdiccional respecto al dominio territori=
al
que obstaculiza la efectiva implementación del paradigma constitucional de
derechos de la naturaleza. Cabe señalar que el estado ecuatoriano “todavía =
no
ha mostrado capacidad ni competencias interculturales para actuar acorde a =
los
dispositivos constitucionales y legales” que protegen tanto los derechos de=
las
comunidades locales como los del entorno natural (Gutiérrez, 2022, p.57).
La división horizontal del trabajo en la
administración pública ecuatoriana crea silos que fragmentan la gestión de
ecosistemas íntegros. Las cuencas hidrográficas son una ilustración de esto,
puesto que muchas de ellas cruzan territorialmente varios límites municipal=
es
que no coinciden con las delimitaciones político-administrativas lo que
facilita la ausencia de coherencia en la gobernanza ambiental. Este tipo de
superposición administrativa merma en gran medida la eficacia que poseen las
políticas locales de adaptación al cambio climático en virtud de la ausenci=
a de
integración sistémica.
La implementación deficiente de los
ordenamientos municipales otorga de manera desigual recursos técnicos y
materiales a los distintos niveles de gobierno. A nivel municipal, la mayor
parte de los recursos son distribuidos a un solo municipio el cual cuenta c=
on
sistemas de monitoreo y participación, dejando de lado aquellos con
limitaciones presupuestarias para cumplir con estándares jurisprudenciales
claramente en avance. Esta disparidad de capacidades puede definirse como un
impedimento estructural para la implementación homogénea del enfoque biocéntrico a nivel nacional.
Frente a estas dinámicas se urgen nuevas
formas de innovación intergubernamental. Los consorcios y mancomunidades se
superponen con los límites administrativos para promover la gestión de
ecosistemas en su conjunto. Asimismo, los consejos de cuenca reúnen a los
representantes de diferentes instancias y niveles de gobierno, de la comuni=
dad
y del mundo privado, permitiendo la integración de decisiones consensuadas
sobre la gestión de los recursos hídricos que son de uso común.
La efectividad de la coordinación multiniv=
el
requiere tres elementos fundamentales: sistemas de información ambiental
integrados, mecanismos formales de resolución de conflictos competenciales y
asignaciones presupuestarias específicas para iniciativas interterritoriale=
s de
conservación ecosistémica. Como señala Iacovino=
(2020)
"el reconocimiento constitucional de la personalidad jurídica de la
naturaleza desplaza el interés de las preocupaciones ambientales al tema de=
los
mismos derechos, y contribuye a la construcción de un renovado orden jurídi=
co
que puede —y debe— preveer la posibilidad de de=
volver
el alma quitada a lo no humano" (p. 266). Esta perspectiva policéntrica
resulta esencial para materializar el mandato constitucional biocéntrico frente a los desafíos complejos que impon=
e el
cambio climático.
En el marco del derecho ambiental
contemporáneo, la superación de las tensiones competenciales requiere una
profunda reformulación de las relaciones intergubernamentales en materia
ambiental. El desafío radica en construir una arquitectura institucional qu=
e,
sin detrimento de las necesarias jerarquías normativas, reconozca la natura=
leza
compleja y adaptativa de los sistemas socio ecológicos. El constitucionalis=
mo
ecológico ecuatoriano ofrece el fundamento jurídico para esta transformació=
n,
pero su materialización efectiva dependerá del desarrollo de capacidades
institucionales multinivel que permitan superar la fragmentación competenci=
al
actualmente existente y avanzar hacia modelos territorializados de gestión
ambiental que respondan tanto a las urgencias planetarias del cambio climát=
ico
como a las particularidades ecosistémicas locales.
1.8. Eficacia material de las garantías
jurisdiccionales en conflictos socioambientales locales
Un análisis práctico de la efectividad de =
las
garantías judiciales en disputas socioambientales debe realizarse en el
contexto de territorios particulares. Un examen de la jurisprudencia revela=
el
desarrollo de un activismo judicial avanzado que está ampliando los límites=
de
la adjudicación en lo que respecta a los derechos de la naturaleza; sin
embargo, su logro real aún enfrenta obstáculos estructurales significativos
(Suárez, 2013). Este desequilibrio entre el progreso teórico-doctrinal y los
desafíos de implementación práctica constituye uno de los fenómenos más
complejos del constitucionalismo ecológico en los intentos de alcanzar sus
aspiraciones transformadoras.
La brecha entre el reconocimiento formal de
derechos y su efectiva operativización de subsidiariedad territorial sigue
siendo una zona de impacto mitigado que define el impacto real de las
innovaciones constitucionales en el medio ambiente, necesitándose no solo
desarrollo conceptual sino marcos institucionales adecuados para situaciones
locales concretas.
La materialización de pronunciamientos
jurisdiccionales favorables tiene límites prácticos que restringen su alcan=
ce
transformador. La capacidad institucional municipal se destaca como un
determinante crítico del control de las decisiones judiciales en la goberna=
nza
ambiental, porque las asimetrías en los recursos técnicos y financieros ent=
re
las regiones autogobernadas descentralizadas resultan en una ejecución desi=
gual
de la resolución de protección de ecosistemas. Esto ilustra el problema del
fortalecimiento selectivo y equilibrado de la capacidad institucional local
para asegurar el área protegida territorial equitativa delineada.
Frente a las limitaciones de los sistemas
formales de supervisión judicial, las comunidades afectadas han ideado form=
as
distintas de vigilancia. Las redes de monitoreo comunitario, por su parte,
contribuyen en gran medida al control sobre la ejecución de las sentencias =
en
las regiones más frágiles ecológicamente, generando procesos de apropiación
social que mejoran la efectividad de la acción de garantía a través de la
participación de los interesados (Martínez & Acosta, 2017). Tales
mecanismos son importantes ejemplos de innovación socio-jurídica que dan vi=
da
al derecho constitucional de la ciudadanía en el ámbito de protección del
medioambiente.
Estas metodologías abordan el carácter
En este escenario, los mecanismos de
gobernanza intra municipal ejecutan la integración de decisiones judiciales
interjurisdiccionales en regiones y sistemas socioambientales complejos. Más
que simplemente atravesar fronteras jurisdiccionales, estos marcos permiten=
el
desarrollo de sinergias cruzadas, la integración normativa local y la agenda
común de restauración ecológica para ecosistemas como cuencas hidrográficas
transfronterizas y corredores biogeográficos. Su evolución demuestra un cam=
bio
de la cooperación administrativa hacia la planificación ecológica integrada,
destinada a profundizar el impacto transformador del derecho ecológico a ni=
vel
local. Esta forma de arreglo institucional es un sistema de cooperación
horizontal que consolida el mandato jurisdiccional de conservar la naturale=
za y
resolver conflictos jurisdiccionales intergubernamentales en diferentes niv=
eles
de gobierno.
Así, la naturaleza declarativa de los marc=
os
ecológicos constitucionales está amenazada de estancamiento, fusionándose c=
on
mera retórica sin intersecarse con otros marcos de regulación multinivel co=
mo
las estructuras socio-políticas enfocadas en fomentar la sinergia entre
constelaciones de actores, escalas, disciplinas y sistemas de conocimiento =
para
el funcionamiento holístico de las garantías materiales de los derechos
jurisdiccionales.
1.9. Desafíos de implementación y propuestas de
fortalecimiento
La implementación efectiva del
constitucionalismo ecológico en Ecuador enfrenta desafíos estructurales que
deben ser superados para materializar sus principios en el territorio. Un
primer obstáculo se encuentra en la limitada capacidad técnica de numerosos
municipios, que dificulta la aplicación de los estándares avanzados
establecidos por la Corte Constitucional. Para abordar esta carencia, se
propone crear un Sistema Nacional de Certificación en Competencias Biocéntricas Municipales, diseñado bajo criterios de
progresividad y asociado a incentivos fiscales, reforzando así la operativi=
dad
local pues como se indica en constitución ecuatoriana, "el Estado
incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para =
que
protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que fo=
rman
un ecosistema" (Asamblea Nacional del Ecuador, 2=
008,
art. 71).
En segundo lugar, la fragmentación normati=
va
derivada de disposiciones sectoriales inconexas representa una barrera
significativa para la coherencia ambiental. Resulta fundamental desarrollar=
un
Código Único de Procedimientos Administrativos Ambientales que armonice los
procesos de evaluación, licenciamiento y fiscalización, integrando de manera
explícita principios como el ya mencionado "indub=
io
pro natura", establecido en el Art. 9, numeral 5, de los Principios
Ambientales del Código Orgánico del Ambiente, el cual determina que
"cuando exista falta de información, vacío legal o contradicción de
normas, o se presente duda sobre el alcance de las disposiciones legales en
materia ambiental, se aplicará lo que más favorezca al ambiente y a la
naturaleza. De igual manera se procederá en caso de conflicto entre esas
disposiciones" (Presidencia de la República del Ecuador, 2017).
Un tercer desafío surge de la débil
territorialización de las políticas climáticas. Si bien el Ecuador ha suscr=
ito
compromisos internacionales como el Acuerdo de París, su articulación a niv=
el
local permanece limitada. En consecuencia, se propone la implementación de =
un
Programa de Planificación Climática Municipal Descentralizada, que vincule =
los
compromisos nacionales con las capacidades específicas de cada gobierno loc=
al,
respaldado por asignaciones presupuestarias adecuadas, considerando que la
protección ambiental constituye un imperativo jurídico de alcance global
reconocido en el derecho internacional contemporáneo. La urgencia de estas
acciones se comprende mejor al considerar que "en solo 200 años, las
actividades humanas han provocado cambios en el clima que, de forma natural,
habrían tomado millones de años" (Álvarez, 2024, p. 43), esto debido
principalmente al incremento exponencial de los daños ambientales que ha
sufrido el planeta en estos últimos años.
La fragmentación de la información ecológi=
ca
también constituye una limitación sustantiva. Se plantea desarrollar un Sis=
tema
Integrado de Información Socio ecológica, que combine datos científicos
contemporáneos con saberes tradicionales bioculturales, accesible para
funcionarios, jueces y comunidades, fortaleciendo así la toma de decisiones
basadas en evidencia. Esta propuesta se fundamenta en la comprensión de que
"la crisis ambiental llego a plantear la deconstrucción de la racional=
idad
que ha normalizado las condiciones desiguales de la existencia de la vida en
los organismos de la naturaleza" (Coloma et al., 2022, p. 889).
En el ámbito del seguimiento jurisdicciona=
l,
persiste la necesidad de innovar en mecanismos de supervisión post sentenci=
a.
Se propone crear Unidades Técnicas Especializadas de Seguimiento Judicial
Ambiental, con equipos multidisciplinarios encargados de verificar el
cumplimiento de las medidas ordenadas, complementados por procesos de veedu=
ría
ciudadana que legitimen la implementación de las garantías constitucionales.
Esta iniciativa responde al principio de que "en los casos de impacto
ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados por la explotación =
de
los recursos naturales no renovables, el Estado establecerá los mecanismos =
más
eficaces para alcanzar la restauración, y adoptará las medidas adecuadas pa=
ra
eliminar o mitigar las consecuencias ambientales nocivas" (Asamblea Nacional del Ecuador, 2008, art. 72)
Finalmente, la consolidación del
constitucionalismo ecológico requiere intervenciones institucionales
específicas que integren capacidades técnicas, armonización normativa,
planificación climática descentralizada, acceso abierto a la información so=
cio ecológica
y mecanismos efectivos de cumplimiento judicial. Estas acciones son coheren=
tes
con la constatación de que "luego de la incorporación de los derechos =
de
la naturaleza en el texto constitucional, el reto era efectivizarlos, es de=
cir
buscar la manera de como realmente ponerlos en práctica" (Coloma et al=
.,
2022, p. 895).
1.10.
=
Justificación de la investigación
La presente investigación se justifica en =
la
necesidad de analizar la operativización del paradigma biocéntrico
consagrado en la Constitución ecuatoriana de 2008 mediante la gobernanza
municipal. Considerando que los gobiernos autónomos descentralizados son los
entes públicos más próximos a los ecosistemas, resulta esencial examinar sus
competencias territoriales y su articulación con las garantías constitucion=
ales
de protección de la naturaleza. Debido a la falta de doctrina que aborde la
efectiva aplicación de estos derechos en el contexto del cambio climático, =
el
estudio analiza la evolución jurisprudencial, los conflictos jurisdiccional=
es y
los mecanismos de cooperación multinivel, proponiendo cambios legislativos =
para
fortalecer el mandato constitucional biocéntrico
dentro de las obligaciones internacionales sobre el cambio climático.
1.11.
=
Objetivo de la investigación
El objetivo principal de esta investigació=
n es
analizar el ámbito constitucional de las competencias municipales en Ecuado=
r y
la efectividad de los mecanismos de protección en cuanto a los derechos de =
la
naturaleza derivados del cambio climático. Se busca examinar una profunda
crítica sobre la articulación del constitucionalismo ecológico y las
atribuciones ambientales conferidas a los gobiernos autónomos descentraliza=
dos,
identificando las tensiones intergubernamentales existentes y las brechas de
implementación territorial. Estos estudios contribuirán a la elaboración de
legislaciones que mejore la efectividad del mandato constitucional ecológic=
o y
los sistemas de gobernanza multinivel ante la crisis climática global.
2. Meto=
dología
Esta investigación
utiliza un enfoque descriptivo, cualitativo y analítico en el campo del Der=
echo
Constitucional Ambiental, con énfasis específico en las Competencias
Ambientales Municipales y las Garantías Constitucionales Ecológicas. El est=
udio
se basa en la revisión normativa y jurisprudencial constitucional-ambiental
junto con el estudio de casos prácticos municipales y constitucionales. Este
alineamiento metodológico sirve para promover la determinación de la
articulación entre el biocentrismo constitucion=
al
ecuatoriano y su implementación efectiva a nivel municipal, mediante la
respuesta institucional a los problemas del cambio climático en la esfera
competencial y de derechos de la naturaleza.
3.&n=
bsp;
Discusión
En este acápite se procede al examen crítico de los elementos
jurídicos, institucionales y jurisprudenciales que dan forma al funcionamie=
nto
del constitucionalismo ecológico en el Ecuador, país reconocido como pioner=
o en
esta materia, sugiriendo un enfoque que no se limite al plano normativo, si=
no
que contemple la implementación efectiva en el ámbito local. La información=
se
organiza en forma de una exposición argumentativa que sintetiza las
perspectivas doctrinarias más relevantes, confrontándolas con los factores =
de
implementación observados en la realidad territorial. Se busca de este modo
dilucidar la medida en que el ordenamiento constitucional vigente, con su
enfoque biocéntrico y carácter innovador, permi=
te
propiciar el diseño de una gobernanza medioambiental efectiva, integrada y
resiliente, en un contexto de tensiones competitivas, asimetrías
institucionales e interdependencias socioecológicas
de complejidad creciente.
3.1. Implicaciones del constitucionalismo ecológico ecuatoriano y sus
desafíos prácticos
El reconocimiento
jurídico de la naturaleza como sujeto de derechos, junto con la consagració=
n de
principios, entre ellos el de precaución, la restauración integral y la
intangibilidad de los ecosistemas en Ecuador, introduce una reformulación
sustancial de las categorías jurídicas clásicas y de la relación entre el p=
oder
público y los bienes comunes naturales. No obstante, llevar estos principio=
s a
la praxis sigue siendo un gran reto. Persisten obstáculos como: normativa
fragmentada, escasa coordinación interinstitucional y disparidad de capacid=
ades
técnicas entre los gobiernos municipales. De ese modo, este paradigma plant=
ea
implicaciones relevantes en la praxis administrativa y jurisdiccional, lo q=
ue
evidencia la necesidad de diseñar instrumentos normativos, presupuestarios y
organizativos que garanticen la efectiva tutela de los derechos de la
naturaleza. Para lograrlo, es fundamental fortalecer una gobernanza territo=
rial
diferenciada, alineada con los principios de justicia ecológica y equidad
intergeneracional que establece la Constitución de la República del Ecuador=
.
3.1.1.
=
Tensión entre reconoci=
miento
formal y materialización efectiva
El ordenamiento
constitucional ecuatoriano emerge como referente jurídico internacional en =
lo
que respecta al reconocimiento legal de los derechos de la naturaleza. No
obstante, esta investigación revela una paradoja estructural: el desarrollo
conceptual y el andamiaje jurisprudencial experimentan un notable avance
progresivo, mientras que la materialización de estos principios dentro del
territorio enfrenta aún limitaciones sistemáticas que dificultan su eficaz
implementación.
La brecha entre el
reconocimiento formal de los derechos y la práctica real sugiere que el
emergente constitucionalismo transformacional tiene éxito solo en un sistema
puramente normativo que depende, por otro lado, de la existencia de capacid=
ades
institucionales locales. El contraste entre municipios como Quito y Cotacac=
hi
frente a otras jurisdicciones con restricciones multidisciplinarias y
presupuestarias plantea la cuestión de la equidad territorial en el
cumplimiento del mandato biocéntrico, y evidenc=
ia la
necesidad de implementar mecanismos compensatorios para garantizar una
protección ecosistémica uniforme.
3.1.2.
=
Reconfiguración de la
gobernanza ambiental multinivel
El conflicto entre
los niveles de gobierno central y municipal ilustra un conflicto normativo
persistente que emana de la continuación de un modelo económico extractivo,
junto con la intrusión de un marco constitucional de protección biocéntrica.
Frente a estas
fricciones, emergen innovaciones institucionales como los consejos de cuenc=
a y
las mancomunidades, que señalan una evolución hacia modelos de gobernanza
policéntrica. Estos arreglos adaptativos reconocen la complejidad
transfronteriza de los ecosistemas y apuntan a la necesidad de consolidar un
constitucionalismo ecológico situado territorialmente, capaz de integrar la
diversidad ecológica y social en la acción pública.
3.1.3.
=
Juridificación de la c=
risis
climática y sus limitaciones
Los conflictos
socio-ambientales de Ecuador experimentan una creciente judicialización. Es=
te
es el resultado del activismo progresista de la Corte Constitucional del pa=
ís,
que ha establecido principios interpretativos como in dubio pro natura,
ecosistemas intangibles y restauración integral del daño ambiental.
No obstante, la
realización de estos principios enfrenta restricciones sustanciales,
particularmente en contextos locales con débiles capacidades institucionale=
s.
Esto plantea una notable brecha: ¿puede el derecho constitucional—en su for=
ma
convencional—intentar abordar adecuadamente la complejidad ecosistémica de =
la
crisis climática? La experiencia de Ecuador parece indicar que el
fortalecimiento de las garantías jurisdiccionales necesita complementarse c=
on
gobernanza adaptativa que opere en diferentes niveles y dimensiones socio e=
cológicas.
3.1.4.
=
Juridificación de la c=
risis
climática y sus limitaciones
Los hallazgos de =
esta
investigación muestran la necesidad de avanzar hacia un modelo de
constitucionalismo ecológico territorializado, que supere tanto el formalis=
mo
declarativo como el centralismo homogéneo.
La efectividad del
paradigma biocéntrico requiere diversos mecanis=
mos
para reconocer la heterogeneidad ecosistémica y la asimetría de la capacidad
local. La implementación efectiva requiere:
- La integración de saberes científicos y
tradicionales.
- La articulación de instrumentos regulat=
orios,
económicos y participativos.
- La
conexión entre respuestas locales y compromisos internacionales frente al
cambio climático.
3.1.5. Proyecciones futuras:
retos de un constitucionalismo climático
La arquitectura
ecológica constitucional de Ecuador requiere una reingeniería legal efectiva
para abordar los rápidos efectos del cambio climático, lo que exige una
renovación completa de sus marcos legales.
Se vislumbra la
necesidad de un “constitucionalismo climático” dinámico que se aparte de los
marcos estáticos de protección ambiental y fomente una gobernanza resilient=
e a
graves disrupciones en los ecosistemas. Este cambio de paradigma redefinirá=
las
relaciones entre el Estado, las comunidades y la naturaleza, avanzando hacia
modelos de cogobernanza que demuestren la extre=
ma
dependencia de los sistemas humanos y naturales entre sí en medio de esta
crisis global.
4.&n=
bsp;
Conclusiones
· =
El
constitucionalismo ecológico de Ecuador encarna un paradigma legal innovador
que va más allá del simple reconocimiento formal de los derechos de la
naturaleza. Este estudio ilustra cómo, en Ecuador, el potencial transformad=
or
se encuentra en los gobiernos municipales y sus racionalidades de gobernanza
ecosistémica respecto a las territorialidades locales.
· =
La
implementación efectiva del mandato biocéntrico
requiere un rediseño institucional que supere las barreras existentes. Se
propone un marco de gobernanza adaptativa que integre el conocimiento
científico y tradicional, cree marcos de participación ciudadana y establez=
ca
sistemas de coordinación intergubernamentales flexibles.
· =
La
investigación demuestra la necesidad de desarrollar diferentes capacidades
técnicas e institucionales que permitan a los municipios ejercer de manera
equitativa sus competencias sobre el medio ambiente. El Sistema Nacional de
Certificación en Competencias Biocéntricas
Municipales surge como una estrategia fundamental para reducir las asimetrí=
as
territoriales.
· =
El
estudio contribuye a elucidar el problema del desafío del constitucionalismo
climático al proponer un modelo de intervención que captura las complejidad=
es
de los sistemas socio ecológicos y fomenta un paradigma de responsabilidad
compartida entre el estado, la comunidad y la naturaleza.
· =
El
constitucionalismo ecológico ecuatoriano se erige como un modelo paradigmát=
ico
para América Latina al encarnar la necesidad urgente de reconsiderar las
relaciones jurídicas entre las sociedades humanas y los sistemas naturales.=
La
adopción de un enfoque ecológico sobre la base de los derechos de la natura=
leza
implica no solo cambios legales, sino también un profundo cambio cultural q=
ue
transforma el paradigma más allá de los marcos legales convencionales.
5.&n=
bsp;
Conflicto de intereses
El autor declara que no existe conflicto de interé=
s en
relación con el artículo presentado.
6.&n=
bsp;
Declaración de contribución del autor
El autor es el responsable de=
la
elaboración del artículo.
7. Costos de financiamiento
La presente investigación fue financiada en su
totalidad con fondos propios del autor.
8.&n=
bsp;
Referencias bibliográficas
Acosta, A. (2013).&n=
bsp;El Buen Vivir. Sumak Kawsay: Una oportunidad para imaginar otros mundos.
Revista de Economía mundial, 33, 265-269. =
https://isfcolombia.=
uniandes.edu.co/images/2020-intersemestral/16_de_junio/ReseaElbuenVivir.pdf=
Asamblea Nacional del
Ecuador. (2010). Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización (COOTAD). Registro Oficial
Suplemento 303 (13 octubre 2010), Normativa Vigente, Última reforma: Suplem=
ento
del Registro Oficial 486 (2 julio 2021). https://www.defensa.=
gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2021/08/COOTAD_act_jul-2021.pdf<=
/a>
Presidencia de la
República del Ecuador. (2017). Código Orgánico del Ambiente. =
Ley
0, Registro Oficial Suplemento 983 (12 abril 2017), Estado Vigente. =
https://www.ambiente=
.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/01/CODIGO_ORGANICO_AMBIENTE.pdf
Ávila Santamaría, R.
(2011). El neoconstitucionalismo transformador: El Estado y el der=
echo
en la Constitución de 2008. Universidad Andina Simón Bolívar. <=
span
lang=3DES-EC>https://repositorio.=
uasb.edu.ec/bitstream/10644/2984/1/%c3%81vila%2c%20R-CON-007-El%20neoconsti=
tucionalismo.pdf
Álvarez Galeano, M. F. (2020).
Bedón Garzón, R. P.
(2017). Aplicación de los Derech=
os de
la Naturaleza en Ecuador. Veredas do Direito, 14(28),
13-32. https://backdspace.u=
hemisferios.edu.ec/server/api/core/bitstreams/c6717a3e-b291-4268-aa47-9ca65=
419c1de/content
Coloma, J. A., Cherrez=
, W.
S., Pérez, N. I., & Pérez-Mayorga, B. (2022). Los derechos de la naturaleza en el Ecuador=
. Iustitia <=
span
class=3DSpellE>Socialis. Revista Arbitrada de Ciencias Jurídicas, 7(=
2,
Edición Especial), 887-897. https://fundacionkoinonia.com.ve/ojs/index.php/Ius=
titia_Socialis/article/view/2184/4031
Colón-Ríos, J. I.
(2019). Guardianes de la naturaleza. En L. Estupiñán Achury, C. Storini, R. Martínez Dalmau, y F. A. Carvalho Dantas
(Eds.), La naturaleza como sujet=
o de
derechos en el constitucionalismo democrático (p. 208).
Universidad Libre. http://files.harmony=
withnatureun.org/uploads/upload866.pdf
Concejo Metropolitano de Quito. (2007). Ordenanza Metropolitana N° 0213. https://www7.quito.gob.ec/mdmq_ordenanzas/Ordenanz=
as/ORDENANZAS%20A%C3%91OS%20ANTERIORES/ORDM-213%20-%20MEDIO%20AMBIENTE.pdf<=
/span>
Asamblea Nacional del
Ecuador. (2008). Constitución de la República del Ecuador (CRE).
Corte Constitucional=
de
Colombia. (2016). Sentencia T-622/16 [Caso del Río Atrato].
Expediente T-5.016.242. https://justiciaambi=
entalcolombia.org/wp-content/uploads/2017/05/sentencia-t-622-de-2016-rio-at=
rato-1.pdf
Corte Constitucional del Ecuador. (2018). Sentencia N° 012-18-SIS-CC, Caso No. 0032-12-IS. https://www= .derechosdelanaturaleza.org.ec/wp-content/uploads/2018/04/CUMPLIMIENTO-R%C3= %8DO-VILCABAMBA.pdf
Corte Constitucional del Ecuador. (2021). Sentencia N° 1149-19-JP/21, Caso No. 1149-19-JP/20]. https://esa= cc.corteconstitucional.gob.ec/storage/api/v1/10_DWL_FL/e2NhcnBldGE6J3RyYW1p= dGUnLCB1dWlkOic2MmE3MmIxNy1hMzE4LTQyZmMtYjJkOS1mYzYzNWE5ZTAwNGYucGRmJ30=3D<= /span>
Corte Constitucional del Ecuador. (2022). Sentencia N° 2167-21-EP/22, Caso No. 2167-21-EP. https://esa= cc.corteconstitucional.gob.ec/storage/api/v1/10_DWL_FL/e2NhcnBldGE6J3RyYW1p= dGUnLCB1dWlkOic5OWVmN2EyZC1kM2I5LTQwOWQtOWY4ZS1jMDc3YzYxYWQ2ZGMucGRmJ30=3D<= /span>
Comunicación. (2024). Reconocimiento y foro para resaltar el trabajo de Cotacachi. Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de
Cotacachi. https://cotacachi.gob.ec/reconocimiento-y-foro-par=
a-resaltar-el-trabajo-de-cotacachi/
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San= ta Cruz. (2012). Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Santa Cruz 2012–2027. https://www= .gobiernogalapagos.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/08/PDOT-Santa-C= ruz-2012_2_primero.pdf
Gudynas, E.
(2014). Derechos de la naturaleza: Ética bioc=
éntrica
y políticas ambientales. Programa Democracia y Transformación Global, =
RedGE, CooperAcción y CLA=
ES. https://gudynas.com/=
wp-content/uploads/GudynasDerechosNaturalezaLima14r.pdf
Gutiérrez Vallejos, E. (2022).
Iacovino, A. (2020). Constitucionalismo ecológico en América Latina: De los
derechos ambientales a los derechos de la naturaleza. Cultura Latinoamericana, 31(1), 266-320. =
https://doi.org/10.14718/CulturaLatinoam.2020.31.1=
.12
Martínez, E., & Acosta, A. (2017). Los derechos de la naturaleza como puerta de entra=
da a
otro mundo posible.=
Revista Direito e =
Práxis, 8(4), 2927-2961. https://www.scielo.br/j/rdp/a/DQvjXNFmCnhVxv4HxmhZ=
svB/?format=3Dpdf&lang=3Des
Mesa Cuadros, G. (2019). Derechos ambientales en perspectiva de integralidad: Concepto y
fundamentación de nuevas demandas y resistencias actuales hacia el Estado
ambiental de derecho (cuarto edición).
Universidad Nacional de Colombia. https://www.academia.edu/40603821/Derechos_Ambient=
ales_en_perspectiva_de_integralidad_Concepto_y_fundamentaci%C3%B3n_de_nueva=
s_demandas_y_resistencias_actuales_hacia_el_Estado_Ambiental_de_Derecho
Ministerio del Ambiente. (2012). <=
/span>Estrategia Nacional de Cambio Climático del
Ecuador 2012–2025
Prieto Méndez, J. M.
(2013). Derechos de la naturaleza: fundamento, contenido y
exigibilidad jurisdiccional. Corte Constitucional del Ecuador. =
https://www.garn.org=
/wp-content/uploads/2021/09/Prieto_DDN_2013.pdf
Suárez, S. (2013). Defendiendo
la naturaleza: Retos y obstáculos en la implementación de los derechos de la
naturaleza. Caso río Vilcabamba.
Friedrich-Ebert-Stiftung - Centro Ecuatoriano de
Derecho Ambiental. https://library.fes.de/pdf-files/bueros/quito/1023=
0.pdf
Parliamentary Counsel Office New Zealand. (2017). Te Awa Tupua (Whanga=
nui
River Claims Settlement) Act 2017. Ley Pública 2017 N° 7. Parlamento de Nue=
va
Zelanda. https://ecojurisprudence.org/wp-content/uploads/20=
22/02/New-Zealand_Te-Awa-Tupua-Act-2017_127.pdf
El artículo que se
publica es de exclusiva responsabilidad de los autores y no necesariamente
reflejan el pensamiento de la Revi=
sta
Visionario Digital.
El artículo queda en propiedad de la revista y, por
tanto, su publicación parcial y/o total en otro medio tiene que ser autoriz=
ado
por el director de la Revista Visi=
onario
Digital.
www.visionariodigital.org
Esta revista está protegida b=
ajo
una licencia Creative Commons en la 4.0
International. Copia de la licencia: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/=
www.visionariodigital.org
Esta revista está protegida b=
ajo
una licencia Creative Commons en la 4.0
International. Copia de la licencia: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/=