Eficacia de la acción de protección ante discriminación laboral a
trabajadores sustitutos: análisis de ejecución de sentencias constitucional=
es
en Ecuador
Effectiveness of the protection action against lab=
or
discrimination towards substitute workers: analysis of execution of
constitutional judgments in Ecuador
|
1 |
Iris Andrea Mera Cevallos<= o:p> |
|
https://orcid.org/0009-0002-49=
32-4834 |
|
|
|
Universidad Bolivariana del Ecuador (UBE),
Guayaquil, Ecuador. Maestría en Derecho |
|||
|
2 |
Julio Vinicio Veintimilla Dávila |
|
https://orcid.org/0009-0006-85=
71-7917 |
|
|
|
Universidad Bolivariana del Ecuador (UBE),
Guayaquil, Ecuador. Maestría en Derecho |
|||
|
3 |
Odette Martínez Pérez |
|
https://orcid.org/0000-0001-62=
95-2216 |
|
|
|
Universidad Bolivariana del Ecuador (UBE),
Guayaquil, Ecuador. |
|
|
Artículo de Investigación Científica y Tecnológi=
ca Enviado: 14/04/2025 Revisado: 15/05/2025 Aceptado: 02/06/2025 Publicado:03/07/2025 |
||||||
|
|
|
||||||
|
Cítese: |
|
Mera Cevallos, I. A., Veintimilla Dávila, =
J.
V., & Martínez Pérez, O. (2025). Eficacia de la acción de protección =
ante
discriminación laboral a trabajadores sustitutos: análisis de ejecución de
sentencias constitucionales en Ecuador. Visionario Digital, 9(3),
21-42. h=
ttps://doi.org/10.33262/visionariodigital.v9i3.3425
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
Esta revista está
protegida bajo una licencia Creative Commons
Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 International. Copia de la
licencia: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.=
0/deed.es |
|
||||
|
Palabras clave: Acción de protección,
Discriminación laboral, Trabajadores sustitutos, Tutela judicial efectiva,
Ejecución de sentencias |
|
Resumen Introducción. La Acción de Protección es un mecanis=
mo
dentro de la legislación ecuatoriana que busca garantizar derechos
constitucionales en caso de infracciones debido a actos u omisiones de la=
s autoridades.
Este instrumento es particularmente importante en el ámbito laboral cuand=
o se
trata de trabajadores sustitutos que sufren discriminación, revelando así=
el
conflicto entre la norma constitucional y su aplicación efectiva en conte=
xtos
institucionales. Objetivo. Analizar la efectividad de la Acción de
Protección como garantía constitucional para defender los derechos labora=
les
de los trabajadores sustitutos a través del análisis de la ejecución de
sentencias y sus impactos en la aplicación de la protección de grupos
vulnerables. Metodología. Cualitativo documental-jurídico y
hermenéutico constitucional. Resultados. El análisis revela que la
Acción de Protección como garantía constitucional en Ecuador muestra
deficiencias significativas en su ejecución para trabajadores sustitutos.=
La
mayoría de sentencias constitucionales presentan incumplimiento, evidenci=
ando
una brecha entre la protección formal y la materialización efectiva de
derechos, situación agravada por el desconocimiento institucional y la fa=
lta
de mecanismos eficaces de seguimiento post-sentencia=
.
Conclusión. Ecuador neces=
ita
optimizar la eficacia de la Acción de Protección mediante la implementaci=
ón
de un sistema integral de seguimiento de sentencias, especialización de
magistraturas y formación interdisciplinaria de operadores jurídicos en
discriminación laboral, elementos indispensables para transformar las
garantías constitucionales de trabajadores sustitutos en mecanismos de
justicia material efectiva. Área de estudio general: Derecho
Constitucional. Área de estudio específica: Garantías
Jurisdiccionales. Tipo de estudio: Revisión bibliográfica y anális=
is
de casos jurídicos. |
|||||
|
Keywords:<=
/span> Protection
Action, Workplace Discrimination, Substitute Workers, Effective Judicial
Protection, Enforcement of Judgments |
|
Abstract Introduction. The Protective Action is a mechanism within Ecuadorian legislation =
that
seeks to guarantee constitutional rights in cases of violations due to ac=
ts
or omissions by public authorities. This instrument is particularly impor=
tant
in the labor field when dealing with substitute workers who suffer
discrimination, thus revealing the conflict between constitutional law and
its effective application in institutional contexts. Objective. To analyze the
effectiveness of the Protective Action as a constitutional guarantee for
defending the labor rights of substitute workers through the analysis of =
the
execution of judgments and their impacts on the application of protection=
for
vulnerable groups. Methodology.<=
/b>
Qualitative documentary-juridical and constitutional hermeneutic. Resu=
lts. The analysis reveals that the Protec=
tion
Action as a constitutional guarantee in Ecuador shows significant
deficiencies in its implementation for substitute workers. Most
constitutional judgments face non-compliance, highlighting a gap between
formal protection and the effective realization of rights, a situation
worsened by institutional lack of knowledge and the absence of effective
post-judgment monitoring mechanisms. Conclusion. Ecuador needs to
optimize the efficacy of the Protection Action through the implementation=
of
a comprehensive system for monitoring judgments, specialization of
magistracies, and interdisciplinary training of legal operators in workpl=
ace
discrimination, essential elements for transforming the constitutional
guarantees of substitute workers into mechanisms of effective substantive
justice. Area of general study: Constitutional Law. Area of
specific study: Jurisdictional Guarantees. Type of study: Bibl=
iographic
review and analysis of legal cases. |
|||||
1. Introducción
En las últimas dos décadas Ecuador experimento una
evolución significativa en sus garantías jurisdiccionales, particularmente
moldeadas por la implementación de la Constitución de 2008 y su posterior
desarrollo jurisprudencial. Estas garantías no solo buscan proteger derechos
fundamentales, sino que ejercen un impacto profundo que trasciende su
aplicación inmediata, influyendo decisivamente en la materialización de los
derechos laborales y la protección efectiva de grupos vulnerables en el
ordenamiento jurídico ecuatoriano.
=
La
discriminación contra los trabajadores sustitutos es un problema generaliza=
do
en América Latina, incluyendo Ecuador, que, al igual que otros países de la
región, enfrenta desafíos particulares en este sentido. La relación entre l=
as
garantías constitucionales y la aplicación de los derechos laborales es tan=
to
compleja como multidimensional. (Villota & Trelles, 2023)
Las lagunas en la ejecución de las sentencias constitucionales pueden socav=
ar
la efectividad de la protección judicial y crear áreas no protegidas
judicialmente que impactan directamente a los trabajadores sustitutos. Este
fenómeno crea una paradoja legal que obstaculiza la seguridad y el desarrol=
lo
socioeconómico, dificulta que los trabajadores sustitutos obtengan empleo y
complica el trabajo de las autoridades responsables de implementar las
decisiones judiciales.
=
El
objetivo general de esta investigación es analizar la efectividad de la Acc=
ión
de Protección como garantía constitucional para defender los derechos labor=
ales
de los trabajadores sustitutos a través del análisis de la ejecución de
sentencias y sus impactos en la aplicación de la protección de grupos
vulnerables.
=
La
ineficacia en la ejecución de las sentencias de Acción de Protección se ha
correlacionado con un alarmante incremento en la infracción de derechos.
Provincias como Guayas y Pichincha han reportado un aumento en los casos de
discriminación contra trabajadores sustitutos que frecuentemente están
asociados con relatos restrictivos de las regulaciones laborales. La tensión
entre el reconocimiento formal de los derechos y su cumplimiento real ha
provocado un aumento en el litigio constitucional de estos conflictos, lo q=
ue
ha sumado a la sensación general de inseguridad jurídica en esta área (Consejo Nacional de Igualdad y Discapacidades [CONADIS], 2022).
1.1. Marco
constitucional ecuatoriano y el Estado de derechos y justicia
=
Con
la mayor previsión, la Constitución de la República del Ecuador (CRE=
),
adoptada el 28 de septiembre del 2008, superó su propia convencionalidad al
afirmar que Ecuador es un “estado de derecho y justicia constitucional” (
=
El
principio protectivo del marco constitucional ecuatoriano se expresa en la
disposición de un sistema integrado de garantías jurisdiccionales, que perm=
ite
la protección directa y efectiva de los derechos constitucionales. El
constituyente introdujo un sistema de atención protectora mejorada a los
históricamente marginados y, particularmente, a aquellos que probablemente
están en riesgo (Asamblea Nacional Constituyente d=
el
Ecuador, 2008, art. 35), obligando al Estado a
cumplir acciones de discriminación positiva que hagan cumplir los principio=
s de
igualdad y no discriminación (Grijalva, 2017, p. 93).
Este modelo “transforma la relación Estado-ciudadanía al establecer como
finalidad primordial estatal la garantía de derechos, situando éstos por en=
cima
del propio Estado y sus leyes" (Storini & Navas, 2013, pp. 81-=
183).
=
Este
nuevo paradigma constitucional ha sido desarrollado por la jurisprudencia
vinculante de la Corte Constitucional, que en el caso No. 001-16-PJO-CC
determinó que “los jueces y juezas de instancias constitucionales deben
realizar un verdadero análisis de la realidad de la existencia de violación=
de
derechos” (Corte Constitucional del Ecuador,
2016, p. 24). Esta posición implica el movimiento del formalis=
mo
legal hacia la realización efectiva de los derechos, asegurando constitucio=
nalmente
la cobertura para todas las relaciones legales (<=
span
style=3D'color:black;mso-color-alt:windowtext;text-decoration:none;text-und=
erline:
none'>Montaña, 2012). La ley ecuatoriana tradicional menciona que exis=
te
un avance progresivo hacia la justicia constitucional en donde se da
preferencia al uso directo de los derechos fundamentales dentro de un conte=
xto
que, a su vez, requiere la intervención del organismo jurisdiccional para la
puesta en obra de la norma constitucional.
1.2. Las
garantías jurisdiccionales como mecanismos de protección de derechos=
=
Las
jurisdiccionales son recursos diseñados como legales, directos y eficaces p=
ara
atender la violación de los derechos primordiales de una persona, formando =
el
pilar procesal del estado constitucional de derechos y justicia. Estas
garantías surgieron con la Convención Americana sobre Derechos Humanos
que, como se expuso en su artículo 25, estipula “el derecho a un recurso
simple, rápido y efectivo ante un tribunal o juez competente” (<=
span
style=3D'color:black;mso-color-alt:windowtext;text-decoration:none;text-und=
erline:
none'>Organización de Estados Americanos [OEA], 1969), a partir del cual se
sentó el ritmo que posteriormente se trasladaría a nuestro ordenamiento
jurídico mediante la Constitución de Montecristi.
=
El
sistema garantista ecuatoriano materializó estas prerrogativas procesales
mediante un catálogo amplio que incluye: acción de protección, habeas corpu=
s,
habeas data, acceso a la información pública, acción por incumplimiento y
acción extraordinaria de protección (Vargas & Zamora, 2023). Entre estas, la acció=
n de
protección se erige como el instrumento por antonomasia para salvaguardar
derechos constitucionales vulnerados por actos u omisiones de autoridades
públicas no judiciales, con carácter amplio, directo y preferente,
configurándose como un auténtico amparo constitucional con efectos
reparatorios.
=
La
naturaleza legal hace que estas garantías vayan más allá de ser meras
declaraciones de derechos para convertirse en verdaderos mecanismos de
exigibilidad y justiciabilidad. De manera afirmativa, la Corte Constitucion=
al
en el fallo 098-SEP-CC establece que: “la acción de protección corresponde =
a la
garantía adecuada y efectiva que corresponde cuando el juez verifica la
violación real de los derechos constitucionales, por lo tanto, no hay otra
manera de proteger esos derechos que no sean las garantías jurisdiccionales=
” (
1.3. Protección reforzada a trabajadores
sustitutos en el ordenamiento jurídico
=
Los
trabajadores sustitutos gozan de una protección reforzada en el Ecuador. La
Corte Constitucional ha reconocido que este tipo de protección es especial
debido a la condición que tienen de cuidar a personas con discapacidad, y se
extiende "a las personas que se encuentren a cargo de su cuidado y
protección, a fin de asegurar el pleno disfrute de los derechos en el marco=
de
la atención prioritaria" (Corte
Constitucional del Ecuador, 2020, p. 6). El Estado debe garant=
izar
la permanencia laboral a estos trabajadores para proteger la base económica=
de
la familia que depende de su trabajo.
=
La Ley
Orgánica de Discapacidades (LOD) articula esta protección en el artícul=
o 51
al afirmar que los trabajadores sustitutos disfrutan de una seguridad labor=
al reforzada,
prohibiendo expresamente su despido injustificado
=
Reforzar
la protección va más allá de la naturaleza de la relación contractual, como=
se
evidencia en el Caso Judicial No. 21201-2022-00621 (
=
La
Corte Constitucional ha sido enfática en reforzar esta protección, para cas=
os
como 1067-17-EP/20 y 172-18-SEP-CC, donde se establecieron estándares
interpretativos obligatorios que amplían el nivel de protección de la norma=
(<=
span
style=3D'color:black;mso-color-alt:windowtext;text-decoration:none;text-und=
erline:
none'>Corte Constitucional del Ecuador, 2018, 2020). Tales precedentes
establecen que todo acto que atente contra la estabilidad laboral del susti=
tuto
se califica como discriminación indirecta, porque afecta no solo al ciudada=
no
trabajador, sino esencialmente a la persona con discapacidad, constituyéndo=
se
una vulneración múltiple de derechos fundamentales.
=
La
protección reforzada a trabajadores sustitutos, como otros derechos, repres=
enta
la interiorización del modelo social de discapacidad que ecuatorianos adopt=
an
luego de ratificar la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad. Esto indica que Ecuador ha trabajado más allá de los enfoques
asistencialistas hacia reconocer la relación de interdependencia entre el
ejercicio de los derechos del sustituto y el derecho de una persona con
discapacidad. Como señala Castillo
(2021) "en el caso de las personas que gozan de una tutela
reforzada y merecen protección ante cualquier vulneración que interfiera co=
n su
desarrollo por mandato constitucional, las disposiciones de la ley [...] no
deben ser vistas de forma aislada, sino interpretadas en un marco integral =
de
derechos" (p. 76).
1.4. Discrimin=
ación
laboral a trabajadores sustitutos en el Ecuador
=
El
desconocimiento institucional sobre la protección reforzada de los trabajad=
ores
sustitutos constituye un problema estructural en el ámbito laboral ecuatori=
ano.
Evidencia de esto se refleja en una investigación que indica que el 80% de =
los
directores de talento humano no han sido capacitados sobre el tema, mientras
que el 57.1% de los trabajadores sustitutos ni siquiera comprende el términ=
o de
seguridad laboral reforzada (Gamboa &=
amp;
Cabrera, 2024). Este desconocimiento crea un entorno sistémico p=
ara
violaciones de derechos porque "la falta de comprensión adecuada por p=
arte
de los empleadores sobre los derechos específicos de los trabajadores
sustitutos y la implementación deficiente de las normativas vigentes" =
(<=
span
style=3D'color:black;mso-color-alt:windowtext;text-decoration:none;text-und=
erline:
none'>Gamboa & Cabrera, 2024, p. 1554) conducen a la insufici=
ente
protección de estos trabajadores.
=
La
falta de conocimiento deshabilita no solo las medidas preventivas de protec=
ción,
sino también las medidas restitutivas de derechos. Las decisiones judiciales
corroboran que dentro de las instituciones públicas existen patrones de
prácticas discriminatorias debido al incumplimiento de obligaciones legales,
como "la negativa a recibir documentación de acreditación como trabaja=
dor
sustituto porque la administración institucional considera que deben ofrecer
nombramiento y estabilidad laboral reforzada de forma indefinida" (<=
span
style=3D'color:black;mso-color-alt:windowtext;text-decoration:none;text-und=
erline:
none'>Gamboa & Cabrera, 2024, p. 1556). Este fenómeno evidenc=
ia
un escaso compromiso con la protección de derechos y restringe arbitrariame=
nte
el acceso a los mecanismos de estabilidad laboral establecidos en el marco
normativo vigente.
=
Día
tras día, las mamás, los papás, los hermanos y otros miembros de la familia=
que
cuidan de personas con discapacidad se enfrentan a una realidad extremadame=
nte
dolorosa: la discriminación en el mercado laboral ecuatoriano. Pues deberían
gozar de protección laboral reforzada bajo nuestra Constitución como
trabajadores sustitutos, pero la realidad es muy diferente, ya que soportan=
el
peso emocional y físico de atender a sus seres queridos, se encuentran con
puertas cerradas cuando buscan mantener un empleo digno.
=
Estas
familias enfrentan barreras estructurales fácticas: empleadores que llevan a
cabo despidos desafiando la estabilidad reforzada establecida en la ley,
instituciones que no aplican el principio constitucionalizado de protección
especial, y un sistema que no cumple con su obligación positiva de proporci=
onar
ajustes razonables que ayuden a equilibrar las responsabilidades laborales =
y de
cuidado que el propio estado reconoce como fundamentales.
=
Esta
forma de discriminación no solo infringe el artículo 11 de la Constitución,
sino que además perpetúa la vulnerabilidad de estas familias traicionando l=
os
principios de igualdad material y justicia social que sustentan nuestro
ordenamiento jurídico (Asamblea
Nacional Constituyente del Ecuador, 2008).
=
Las
estadísticas del Ministerio de Trabajo indican que en 2021 se registraron y
certificaron 1,405 trabajadores sustitutos y se atendieron 3,038 sesiones de
asesoramiento a grupos prioritarios sobre el cumplimiento de los derechos
laborales y el reporte de casos de discriminación. La diferencia en estas
certificaciones y consultas indica un déficit emergente entre el reconocimi=
ento
formal de los derechos y su ámbito real de protección, considerando que la
mayoría de estas asesorías están relacionadas con posibles incumplimientos =
de
las relaciones laborales que son perjudiciales para este grupo prioritario =
(<=
span
style=3D'color:black;mso-color-alt:windowtext;text-decoration:none;text-und=
erline:
none'>Ministerio del Trabajo, 2021, p. 13-14).
=
El
informe oficial acepta, sin reservas, las deficiencias institucionales al
recomendar “realizar más frecuentemente inspecciones por parte de la
inspectoría de trabajo, para verificar el cumplimiento del 4% de inclusión
laboral” (Ministerio del Trabajo, 2021, p. =
15). Esta recomendación bu=
sca
corregir deficiencias en los mecanismos de control y supervisión que, en
realidad, socavan los derechos socioeconómicos de los trabajadores sustitut=
os,
ilustra la inaplicación de marco constitucional de medidas de protección fo=
rtalecidas
para grupos vulnerables y el principio de interdependencia de derechos.
=
Esta
tendencia se ha mantenido en periodos posteriores, como lo demuestra el
panorama estadístico de 2022. Según el informe de gestión de la Unidad de
Atención a Grupos Prioritarios, durante ese año se registraron 1,782
atenciones a trabajadores sustitutos, distribuidas principalmente en Guayas=
con
1,425 casos, seguido por Los Ríos (266), Santa Elena (69), Bolívar (37) y
Galápagos (8), lo que demuestra la concentración del fenómeno en zonas con
mayor actividad económica formal (Quintana, 2022).
=
Las
inspecciones realizadas en 22 empresas para evaluar el cumplimiento de la c=
uota
de inclusión laboral del 4% arrojaron resultados preocupantes: solo 3 empre=
sas
estaban completamente en cumplimiento, mientras que 6 estaban en incumplimi=
ento
directo, y el resto tenía grados variados de incumplimiento o estaban en
proceso de medidas correctivas. Esta realidad socava el marco constituciona=
l de
protección y revela la ineficacia de los mecanismos legales de protección
laboral para este grupo vulnerable (Quintana, 2022).
=
1.5. Incumplimiento de sentencias
constitucionales
=
El
incumplimiento de las sentencias constitucionales es uno de los principales
problemas que socavan la eficacia del sistema de garantías ecuatoriano. En =
su
sentencia No. 1067-17-EP/20, la Corte Constitucional declaró que: "la
garantía de la estabilidad reforzada implica la permanencia en el lugar de
empleo como medida de protección y se extiende a las personas que se encuen=
tren
a cargo de su cuidado y protección, a fin de asegurar el pleno disfrute de =
los
derechos en el marco de la atención prioritaria" (<=
span
style=3D'color:black;mso-color-alt:windowtext;text-decoration:none;text-und=
erline:
none'>Corte Constitucional del Ecuador, 2020, p. 6). Sin embargo, como evide=
ncia
en el caso 856-23-EP, CNEL EP despidió a una madre con condición de trabaja=
dora
sustituta sin considerar su protección reforzada (<=
span
style=3D'color:black;mso-color-alt:windowtext;text-decoration:none;text-und=
erline:
none'>Corte Constitucional del Ecuador, 2023). Es evidente que las
entidades públicas a menudo recurren a tácticas dilatorias para evadir el
cumplimiento de las órdenes judiciales.
=
Este
fenómeno se agrava cuando las sentencias involucran derechos de grupos
prioritarios, los trabajadores sustitutos, que sufren una doble vulnerabili=
dad:
primero por la discriminación laboral original y luego por la resistencia
institucional para ejecutar integralmente las medidas de reparación. Como
indica la Corte Constitucional ecuatoriana en su sentencia 30-13-SCN-CC, ci=
tada
por Storini<=
/span> et al. (2022) "ante las eventuales contradicciones de una
disposición legal con la Constitución, el juez no está facultado para resol=
ver
tal asunto; sino corresponde a la Corte Constitucional como máximo órgano de
control, interpretación constitucional y de administración de justicia en
materia constitucional" (p. 18). El contexto que explica por qué tanta=
s sentencias
constitucionales favorables a los derechos de los grupos prioritarios se
ejecutan parcialmente, lentamente o no se ejecutan en absoluto, es que
eventualmente se ven forzados a litigiar por el incumplimiento para cesar su
estado de vulnerabilidad persistente.
=
La
ineficacia en la ejecución de las sentencias constitucionales distorsiona el
carácter vinculante y la fuerza normativa de la Constitución. Como se evide=
ncia
en el caso 856-23-EP, la Unidad Judicial y la Corte Provincial de Sucumbíos
ordenaron medidas de reparación integral que incluían indemnizaciones por 18
meses y atención médica para una persona con discapacidad. Sin embargo, los
organismos estatales tienden a impugnar decisiones favorables a trabajadores
sustitutos alegando consideraciones administrativas por encima de derechos
constitucionales, generando "resistencias institucionales" que
obstruyen la materialización efectiva de la protección reforzada
constitucionalmente garantizada (Corte
Constitucional del Ecuador, 2023).
=
Un
examen más detallado de los casos judiciales revela patrones específicos de
incumplimiento que requieren un análisis más profundo. Primero, hay una fue=
rte
tendencia hacia el cumplimiento parcial, en el que las instituciones públic=
as
implementan aquellos componentes del fallo que son menos gravosos
administrativa o financieramente, mientras procrastinan o evitan aquellos q=
ue
están acompañados de cambios estructurales significativos o provisiones
presupuestarias. Por ejemplo, en el caso No. 0526-13-EP de la
=
Aproximadamente
el 81% de las sentencias constitucionales relacionadas con derechos laboral=
es
de grupos de atención prioritaria presentan algún grado de incumplimiento,
siendo total en el 35% de los casos y parcial en el 46% restante. Estas cif=
ras
resultan alarmantes, ya que afectan directamente a las personas con
discapacidad dependientes de trabajadores sustitutos, comprometiendo su
estabilidad económica y su acceso a servicios básicos debido a la falta de
ejecución efectiva de los fallos judiciales (<=
span
style=3D'color:black;mso-color-alt:windowtext;text-decoration:none;text-und=
erline:
none'>Defensoría del Pueblo del Ecuador, 2023).
Las razones
específicas que las entidades estatales suelen alegar para justificar el
incumplimiento incluyen: a) limitaciones presupuestarias no previstas en el
ejercicio fiscal, b) conflictos de competencia administrativa entre
dependencias, c) cambios en la estructura organizacional que dificultan la
identificación del responsable directo del cumplimiento, y d) interpretacio=
nes
restrictivas del alcance de la sentencia que minimizan las obligaciones
institucionales. Estas justificaciones revelan un problema más profundo de
cultura institucional reacia a priorizar los derechos constitucionales sobre
consideraciones administrativas.
Hay diferencias
significativas a nivel regional en el seguimiento de cumplimiento de
sentencias, tanto las provincias de Guayas como de Pichincha muestran
porcentajes notables. Pichincha tiene un 18.16% de casos ingresados con un
4.33% de casos finalizados, mientras que Guayas tiene un 9.00% de casos
ingresados con un 1.10% de casos completando el proceso. Las provincias
amazónicas, como Sucumbíos, registran un 22.16% de casos ingresados con ape=
nas
un 1.94% de casos cerrados, lo que sugiere desafíos en la implementación
efectiva de decisiones judiciales en regiones periféricas (Defensoría del Pueblo del Ecuador, 2023, pp. 138-209).
Una de las más se=
rias
carencias de la normativa es el no contar con un sistema eficiente de
supervisión posterior a la sentencia. A pesar de que existe normativa que m=
anda
a los jueces hacer uso de los mecanismos que posibilitan las medidas de
ejecución de las sentencias, en realidad esto no ocurre porque al dictar la
sentencia no hay seguimiento ordenado. Se ha comprobado que la gran mayoría=
de
las sentencias favorables no se revisan automáticamente, a excepción de cas=
os
en que hay demandantes que denuncian la inactividad.
Colombia nos mues=
tra
un camino alternativo con su sistema judicial. Su Corte Constitucional
implementó un modelo de Sala Especial de Seguimiento que incluye verificaci=
ones
periódicas y equipos técnicos dedicados al monitoreo del cumplimiento de fa=
llos
que protegen a poblaciones vulnerables. Un ejemplo claro es la formación de=
un
grupo específico para supervisar la protección de la niñez wayuu (
El incumplimiento
reiterado de una orden constitucional conlleva consecuencias que van más al=
lá
de dañar la persona en cuestión, erosionando la integridad del sistema jurí=
dico
creado para proteger las garantías de una persona. En caso de que las entid=
ades
competentes, por algún motivo, omitan de manera sistemática las determinaci=
ones
que emanan del control de la justicia constitucional, no solo se comete una
infracción a la dignidad y derechos del demandante de tutela judicial efect=
iva,
sino que tal actitud comunica al público en general una credibilidad normat=
iva
tan baja que permite violaciones posteriores y deslegitima la eficacia del
ordenamiento jurídico en su función de resguardar de manera efectiva a los
justiciables. Esta problemática resulta particularmente gravosa para los
trabajadores sustitutos —madres, padres y cuidadores de personas con
discapacidad— quienes, afrontando ya circunstancias personales adversas,
carecen generalmente de recursos económicos y conocimientos técnico-jurídic=
os
para promover nuevas acciones por incumplimiento, quedando inmersos en un c=
iclo
pernicioso de indefensión que compromete su bienestar integral y el de su
núcleo familiar.
Estos patrones
específicos de incumplimiento evidencian que, más allá de deficiencias
procedimentales o normativas, existe un problema sistémico de falta de cult=
ura
constitucional en las instituciones públicas, donde las garantías
constitucionales son percibidas como obstáculos burocráticos y no como pila=
res
fundamentales del ordenamiento jurídico-social ecuatoriano. Esta realidad
compromete gravemente la eficacia de la Acción de Protección como mecanismo=
de
tutela para los trabajadores sustitutos quienes, no obstante, la existencia=
de
sentencias favorables, continúan sujetos a una protección efectiva meramente
parcial e inconsistente en su implementación material.
1.6. Efectividad de la Acción de Protecci=
ón
como mecanismo de tutela
=
La
Acción de Protección representa el instrumento neurálgico del ordenamiento
constitucional ecuatoriano para la tutela directa de derechos fundamentales=
. Se
puede inferir que su naturaleza expedita, caracterizada por la inmediatez y=
la
ausencia de formalidades rígidas, la posiciona como instrumento idóneo que
puede ser utilizado para los derechos constitucionales de trabajadores
sustitutos cuyos derechos en sus relaciones laborales son vulnerados. Sin
embargo, la praxis judicial demuestra que la efectividad en la aplicación de
los casos no se limita únicamente al marco legal, sino a la interrelación de
factores institucionales, culturales y procedimentales que condicionan su
implementación efectiva. El análisis de casos muestra que, a pesar de la
intención protectora de este mecanismo, existen barreras sistémicas que
obstaculizan la efectividad de la protección laboral reforzada diseñada para
los trabajadores sustitutos, especialmente en la fase posterior al
pronunciamiento judicial.
=
El
sistema de justicia constitucional de Ecuador tiene estructuras débiles que
revelan una falta de protocolos definidos para el seguimiento, creando una
afectación potencial de las poblaciones más vulnerables. A diferencia de ot=
ras
jurisdicciones que han desarrollado mecanismos de seguimiento post-sentenci=
a,
el sistema ecuatoriano carece de instrumentos procesales que aseguren garan=
tías
para la ejecución efectiva. Esto se vuelve crítico cuando los resultados de=
las
decisiones judiciales afectan al trabajador sustituto, que además de las
barreras socioeconómicas y técnicas para promover acciones de incumplimient=
o,
asume responsabilidades de cuidado, restringiendo así enormemente su capaci=
dad
para sostener litigios prolongados.
=
El
análisis de los fenómenos jurídicos evidencia una contradicción: la
jurisprudencia constitucional ha elaborado criterios interpretativos avanza=
dos
en lo que respecta a la defensa de los derechos y garantías constitucionale=
s;
sin embargo, el verdadero impacto de tales declaraciones se anula por la
respuesta institucional que prevalece enfundada en motivos de orden
administrativo más que en razón constitucional. Este análisis se explica en=
los
términos de la Acción de Protección, cuya efectividad no puede evaluarse
exclusivamente a partir de parámetros normativos ideales, sino desde enfoqu=
es
que incorporen los factores sociológicos e institucionales que influyen en =
su
implementación. En este contexto, el estudio constitucional ecuatoriano
contemporáneo evidencia que la contradicción entre la proclamación de derec=
hos
y su materialización efectiva constituye uno de los desafíos estructurales =
más
graves del constitucionalismo ecuatoriano. Esta problemática se agudiza cua=
ndo
los titulares de derechos son parte de grupos en situación de vulnerabilidad
estructural dentro de un sistema complejo y estratificado.
=
La
optimización de la Acción de Protección como mecanismo tutelar efectivo para
trabajadores sustitutos demanda transformaciones que trascienden reformas
normativas superficiales. Es necesario crear sistemas de verificación conti=
nua
de cumplimiento, formular indicadores objetivos de seguimiento, especializar
unidades jurisdiccionales en grupos de atención prioritaria y consolidar
jurisprudencia vinculante específica sobre ejecución de sentencias. Además,=
la
formación interdisciplinaria de profesionales del derecho en discriminación
laboral y protección mejorada constituye factor indispensable para superar
interpretaciones restrictivas de garantías constitucionales que despojan a =
las
garantías constitucionales de su potencial transformador. Solo mediante un
enfoque integral que aborde simultáneamente dimensiones normativas,
institucionales y culturales, la Acción de Protección podrá trascender su
actual configuración formalista para convertirse en un verdadero instrument=
o de
justicia material para los trabajadores sustitutos en Ecuador.
1.7. Justifica=
ción
del estudio
=
Este
estudio se justifica por la necesidad de comprender la disparidad existente
entre los preceptos constitucionales que garantizan una protección reforzad=
a a
la figura del trabajador sustituto y la materialización efectiva de esas
garantías a través del cumplimiento de los mandatos constitucionales. El
estudio cobra particular relevancia al mostrar que, aún ante el sólido marco
normativo ecuatoriano, persisten algunas resistencias institucionales que
debilitan el amparo judicial efectivo a este grupo social vulnerable. La
evaluación de esta problemática en particular permite evidenciar las omisio=
nes
que se presentan en el sistema de mecanismos de seguimiento post-sentencia,
cuyos perfeccionamientos son indispensables para atender a la necesidad de
fortalecer la observancia de la jurisprudencia vinculante de la Corte
Constitucional por parte de los órganos jurisdiccionales. La discusión de e=
sta
problemática es de gran importancia para la política judicial nacional, tal
como propone elucidarse un fenómeno que, en vez de valerse de simples
modificaciones legislativas, adopte un enfoque integral que transforme el
sistema jurídico normativo, estructurante e ideológico capaz de convertir la
Acción de Protección en un verdadero mecanismo de justicia sustantiva para =
los
trabajadores sustitutos, que más allá de la figura del ciudadano común, se
encargan del cuidado de personas con discapacidad.
1.8. Objetivo de la investigación
=
El
objetivo principal de esta investigación es analizar críticamente la
efectividad de la Acción de Protección como garantía jurisdiccional en el
ordenamiento constitucional ecuatoriano para la tutela efectiva de los dere=
chos
laborales de los trabajadores sustitutos, mediante un examen exhaustivo de =
los
mecanismos de ejecución de sentencias constitucionales, identificando las
brechas existentes entre el reconocimiento formal de la protección reforzad=
a y
su materialización práctica, así como las resistencias institucionales que
obstaculizan la plena vigencia de los derechos constitucionales de este gru=
po
vulnerable, con miras a proponer transformaciones estructurales en los sist=
emas
de verificación, seguimiento y cumplimiento de los fallos jurisdiccionales =
que
garanticen la eficacia real de este instrumento constitucional y la consecu=
ente
protección integral tanto de los trabajadores sustitutos como de las person=
as
con discapacidad a su cargo.
2.
Metodología
Este estudio adop=
ta un
enfoque cualitativo con diseño documental-jurídico y método
hermenéutico-analítico. Bajo este enfoque, el análisis cualitativo permite
examinar el contexto y alcance de la Acción de Protección como garantía
3.
Resultados
=
El análisis hermenéutico-constitucional de
las garantías jurisdiccionales en Ecuador, particularmente de la Acción de
Protección en la tutela de los derechos laborales de los trabajadores
sustitutos, muestra un desfase evidente entre el reconocimiento formal de l=
os
derechos y su materialización efectiva.
=
La
revisión sistemática de los expedientes judiciales muestra que la
jurisprudencia constitucional ha desarrollado fuertes criterios interpretat=
ivos
para la protección reforzada de los trabajadores sustitutos. Sin embargo, c=
omo
se evidencia en la Tabla 1, la Defensoría del Pueblo del Ecuador (2023) informó que el 81=
% de
las sentencias constitucionales referentes a derechos laborales de grupos
prioritarios presenta algún grado de incumplimiento.
Tabla 1
Cumplimiento
de sentencias constitucionales relacionadas con derechos laborales de grupos
prioritarios
|
Estado
de cumplimiento |
Porcentaje |
|
Cumplimiento
total |
19% |
|
Cumplimiento
parcial |
46% |
|
Incumplimiento
total |
35% |
Nota. Datos obtenidos de l=
a Defensoría del Pueblo del Ecuador (2023)
La distribución geográfica de la discriminación co=
ntra
los trabajadores sustitutos muestra patrones variables en diferentes region=
es
geográficas. Como se muestra en la Tabla 2,
hay una notable concentración de casos en provincias con mayor actividad
económica formal. Esto se caracteriza especialmente en la provincia de Guay=
as,
que también concentra la mayor parte de la atención hacia los trabajadores
sustitutos.
Distribución
geográfica de casos de trabajadores sustitutos (2022)
|
Provincia |
Casos
registrados |
|
Guayas |
1,425 |
|
Los
Ríos |
266 |
|
Santa
Elena |
69 |
|
Bolívar |
37 |
|
Galápagos |
8 |
Nota. Datos obtenidos de Quintana (2022)
Con respecto al cumplimiento de las obligaciones
legales por parte de los empleadores, las inspecciones realizadas por el
Ministerio de Trabajo mostraron una preocupante falta de cumplimiento de las
normativas en su totalidad. Como se observa en la
Inspecciones
sobre cumplimiento de cuota de inclusión laboral del 4%
|
Resultado
de inspección |
Número
de empresas |
Porcentaje |
|
Cumplimiento
total |
3 |
13.6% |
|
Incumplimiento
directo |
6 |
27.3% |
|
Cumplimiento
parcial/en proceso |
13 |
59.1% |
|
Total
de empresas inspeccionadas |
22 |
100% |
Nota. Datos obtenidos de Quintana (2022)
Una de las razones por las que las prácticas
discriminatorias se perpetúan en el tiempo es la falta de atención por part=
e de
la institución a la protección reforzada de los trabajadores sustitutos. En=
la Tabla 4, el 80% de los directores de talento humano
indican no haber sido capacitados sobre el tema, además el 57.1% de los
trabajadores sustitutos es incapaz de entender el concepto “seguridad labor=
al
reforzada”.
Nivel
de conocimiento sobre protección reforzada a trabajadores sustitutos
|
Grupo
evaluado |
Indicador |
Porcentaje |
|
Directores
de talento humano |
Sin
capacitación sobre el tema |
80% |
|
Trabajadores
sustitutos |
No
comprenden el término "seguridad laboral reforzada" |
57.1% |
Nota. Datos obtenidos de Gamboa & Cabrera (2024)
La
diferencia cuantitativa entre trabajadores sustitutos certificados y las
sesiones de asesoramiento proporcionadas, como se detalla en la Tabla 5, evidencia un déficit
emergente entre el reconocimiento formal de derechos y su ámbito real de
protección. Este desequilibrio sugiere que la mayoría de las asesorías están
relacionadas con posibles incumplimientos de las relaciones laborales que
afectan directamente a este grupo prioritario.
Atención
a trabajadores sustitutos (2021)
|
Indicador |
Porcentaje |
|
Trabajadores sustitutos registr=
ados
y certificados |
1,405 |
|
Sesiones de asesoramiento a gru=
pos
prioritarios |
3,038 |
Nota. Datos obtenidos del =
Ministerio del Trabajo (2021)
El estudio de la praxis jurisdiccional ha revelado=
una
taxonomía de argumentos defensivos esgrimidos por las instituciones a fin de
eludir el cumplimiento a fallos judiciales favorables del trabajador sustit=
uto.
Dentro de las más comunes se citan: falta de créditos presupuestarios,
conflictos competenciales interinstitucionales, modificaciones estructurale=
s en
organigramas administrativos y hermenéutica restrictiva de los fallos. Este
patrón de conducta resulta de la existencia de una racionalidad burocrática=
que
desplaza la axiología constitucional.
El análisis comparativo muestra claras diferencias=
en
los sistemas interregionales sobre una metodología particular: mientras que=
el
marco institucional colombiano ha desarrollado mecanismos específicos para =
el
monitoreo post-sentencia de la ejecución judicial relacionada con grupos
vulnerables, el sistema ecuatoriano carece de dichas regulaciones de
seguimiento ejecutorio, perpetuando la ineficacia tutelar y obstaculizando =
la
materialización efectiva de la protección jurisdiccional constitucionalment=
e garantizada
para sujetos que requieren especial amparo normativo.
El análisis casuístico evidencia que las conductas
discriminatorias hacia trabajadores sustitutos exceden el plano de la lesión
individual, configurándose como violaciones multidimensionales que afectan
directamente al entorno familiar dependiente, con especial incidencia en
personas con discapacidad. Esto forma un tipo de discriminación que viola l=
os
principios básicos de un estado constitucional basado en derechos y justici=
a.
Los hallazgos
corroboran que, a pesar del fuerte fundamento doctrinal del marco normativo=
y
el desarrollo gradual de su jurisprudencia, sigue existiendo una brecha
práctica entre el aspecto deontológico y la aplicación real de las garantías
constitucionales para los trabajadores sustitutos. Esta discrepancia se
atribuye principalmente a deficiencias estructurales en los sistemas de
ejecución y supervisión del cumplimiento de los fallos judiciales.
4.
Conclusiones
· =
Este
estudio demuestra que el desafío cardinal del constitucionalismo ecuatoriano
contemporáneo reside en su capacidad para trascender la retórica garantista=
y
materializar efectivamente la tutela judicial para sujetos en condición de
vulnerabilidad. La transformación de la Acción de Protección en un mecanismo
genuinamente eficaz para trabajadores sustitutos constituye, en este sentid=
o,
un imperativo no solo jurídico sino ético para la consolidación de un Estado
que aspira a fundamentarse en la primacía de los derechos y la justicia
sustantiva.
5. Conflicto de intereses=
Los autores decla=
ran
que no existe conflicto de intereses en relación con el artículo presentado=
.
6. Declaración de contribución de
los autores
Todos autores
contribuyeron significativamente en la elaboración del artículo.
7.&n=
bsp;
Costos de financiamiento
La presente
investigación fue financiada en su totalidad con fondos propios de los auto=
res.
8. Referencias bibliográficas
El
artículo que se publica es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
necesariamente reflejan el pensamiento de la Revista Visionario Digital.
El
artículo queda en propiedad de la revista y, por tanto, su publicación parc=
ial
y/o total en otro medio tiene que ser autorizado por el director de la Revista Visionario Digital.
www.visionariodigital.org=
Esta revista está protegida b=
ajo
una licencia Creative Commons en la 4.0
International. Copia de la licencia: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/=
www.visionariodigital.org=
Esta revista está protegida b=
ajo
una licencia Creative Commons en la 4.0
International. Copia de la licencia: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/=