Vulneración
de derechos constitucionales tras la eliminación de la tabla de consumo de
drogas en Ecuador
Violation of constitutional
rights after the elimination of the drug use table in Ecuador
|
1 |
Miguel Ángel Macias Álvarez |
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https://orcid.org/0009-0001-87=
03-4232 |
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Universidad Bolivariana del Ecuador (UBE),=
Durán,
Ecuador Maestría en Constitucionalismo Contemporán=
eo y
Gobernanza Local |
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2 |
Lady Escarleth Silva Carrillo |
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https://orcid.org/0000-0002-93=
06-4286 |
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Universidad Bolivariana del Ecuador (UBE),=
Durán,
Ecuador Maestría en Constitucionalismo Contemporán=
eo y
Gobernanza Local |
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3 |
María José Alvear Calderón=
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|
https://orcid.org/0009-0008-50=
84-2990 |
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Universidad Bolivariana del Ecuador (UBE),=
Durán,
Ecuador Maestría en Constitucionalismo Contemporán=
eo y
Gobernanza Local |
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Artículo de Investigación Científica y Tecnológi=
ca Enviado: 14/03/2025 Revisado: 15/04/2025 Aceptado: 30/05/2025 Publicado:03/07/2025 |
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Cítese: |
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Macias Álvarez, M. Ángel, Silva Carrillo, =
L.
E., & Alvear Calderón, M. J. (2025). Vulneración de derechos
constitucionales tras la eliminación de la tabla de consumo de drogas en
Ecuador. Visionario Digital, 9(3), 6-20. https://doi=
.org/10.33262/visionariodigital.v9i3.3424
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Esta revista está
protegida bajo una licencia Creative Commons
Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 International. Copia de la
licencia: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.=
0/deed.es |
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Palabras clave: Tabla, consumo, traficantes, consumidores, drogas, derechos.=
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|
Resumen Intr=
oducción. Se realizó un análisis
comparativo con países que
también han aplicado implementar la tabla de consumos de drogas dentro de=
sus
legislaciones como en Portugal, Uruguay y España, ya que dichos países
demuestran que la despenalización del consumo y la clara distinción entre
consumo personal y tráfico ilícito son estrategias eficaces que no solo
protegen los derechos constitucionales de los individuos, sino que también
favorecen la promoción de la salud pública. Además, la supresión de la ta=
bla
ha generado un vacío legal que ha afectado en la aplicación de la justici=
a y
la garantía de los derechos constitucionales, al no existir cantidades
máximas específicas fijadas por las autoridades competentes, se ha recurr=
ido
a criterios subjetivos para determinar si una persona es consumidora o
traficante. Objetivo. La presente investigación plantea como objet=
ivo
indagar si es que la eliminación de la tabla de Consumo de Drogas en el
Ecuador vulnera derechos constituciones. Su erradicación ha generado un
quebrantamiento de derechos fundamentales, lo que ha dado lugar a
vulneraciones de principios esenciales como la seguridad jurídica, la
libertad para alcanzar un desarrollo integral, el acceso a la salud y la
igualdad ante la ley. Metodología. En el presente trabajo se realizará una investigación
interdisciplinar enfocada a determinar la vulneración de derechos tras la
derogación de la tabla de consumo de sustancias catalogadas sujetas a
fiscalización, desde el punto de vista constitucional y de derechos human=
os,
con un enfoque cualitativo, enriqueciéndolo interdisciplinariamente media=
nte
la modalidad de investigación aplicada. Resultados. Una vez que se ha realizado la
investigación sobre la eliminación de la Tabla de Consumo de Drogas en el
Ecuador vulnera derechos constitucionales, para sustentar la investigació=
n se
ha realizado un análisis comparativo con las legislaciones de otros paíse=
s en
los cuales manejan la tabla de consumo de drogas, además se ha indagado s=
obre
el vacío legal que la eliminación de la tabla de consumo de drogas ha
generado. Conclusión. Se
concluye que esta decisión ha afectado principios constitucionales claves,
como la seguridad jurídica, la igualdad ante la ley y el acceso a la salu=
d,
especialmente para los grupos más vulnerables, como los jóvenes y aquello=
s en
situaciones de pobreza. Área de estudio general: Derecho. Área de estudio específica: =
Derecho
constitucional. Tipo de estudio: Artículos originales. |
|||||
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Keywords:<=
/span> Table, consumption,
traffickers, consumers, drugs, rights. |
|
Abstract Introduction. A comparative analysis was carried out with countries that have also
implemented the table of drug consumption within their legislation, such =
as
Portugal, Uruguay and Spain, since these countries demonstrate that the
decriminalization of consumption and the clear distinction between person=
al
consumption and illicit trafficking are effective strategies that not only
protect the constitutional rights of individuals but also protect the
constitutional rights of individuals.
but also favor the promotion of public health. In addition, the
suppression of the table has generated a legal vacuum that has affected t=
he
application of justice and the guarantee of constitutional rights, as the=
re
are no specific maximum amounts set by the competent authorities, subject=
ive
criteria have been used to determine whether a person is a consumer or a
trafficker. Objective. The objective of this research is to
investigate whether the elimination of the table of Drug Consumption in
Ecuador violates constitutional rights. Its eradication has led to a
violation of fundamental rights, which has led to violations of essential
principles such as legal certainty, freedom to achieve comprehensive
development, access to health and equality before the law. Methodology=
. In this work,
interdisciplinary research will be carried out focused on determining the
violation of rights after the repeal of the table of consumption of
substances classified as subject to control, from the constitutional and
human rights point of view, with a qualitative approach, enriching
interdisciplinarity through the modality of applied research. Results.=
Once the investigation has been carri=
ed out
on the elimination of the Drug Consumption Table in Ecuador violates
constitutional rights, to support the research a comparative analysis has
been carried out with the legislations of other countries in which the dr=
ug
consumption table is handled, in addition to the legal vacuum that the
elimination of the drug consumption table has generated. Conclusion. |
|||||
1. Intr=
oducción
=
La
derogada tabla de umbrales de drogas en Ecuador establecida en 2014 se
utilizaba para determinar las cantidades mínimas de sustancias estupefacien=
tes
que una persona podía portar sin que se considerara tráfico, este instrumen=
to
representó un avance significativo, al permitir diferenciar de manera clara=
el
consumo personal del tráfico ilícito. Estuvo diseñada en concordancia con l=
os
principios constitucionales de dignidad humana, proporcionalidad y no
criminalización del consumo de drogas. De esta manera la tabla se convirtió=
en
un elemento clave para evitar la penalización de quienes no estaban
involucrados en actividades de narcotráfico, alineándose con un enfoque más
justo y respetuoso de los derechos fundamentales (Parrale=
s &
Rodríguez, 2025).
=
Su
erradicación ha generado un quebrantamiento de derechos fundamentales, lo q=
ue
ha dado lugar a vulneraciones de principios esenciales como la seguridad
jurídica, la libertad para alcanzar un desarrollo integral, el acceso a la
salud y la igualdad ante la ley.
=
La
supresión de la tabla ha generado un vacío legal que ha afectado en la
aplicación de la justicia y la garantía de los derechos constitucionales, a=
l no
existir cantidades máximas específicas fijadas por las autoridades competen=
tes,
se ha recurrido a criterios subjetivos para determinar si una persona es
consumidora o traficante.
=
La
actual falta de claridad ha dado lugar a decisiones arbitrarias y
desproporcionadas, lo que ha aumentado la vulnerabilidad de los individuos =
ante
posibles abusos comprometiendo la seguridad jurídica, un principio fundamen=
tal
del Estado constitucional de derechos, este enfoque ha sido condenado por
organizaciones de derechos humanos, que señalan que la supresión de la tabl=
a ha
trasladado la perpetración injusta de encarcelamiento a individuos vulnerab=
les
(Villota & Trelles, 2023).
=
El
análisis comparativo de la tabla de consumo en Portugal, Uruguay y España
demuestra que la despenalización del consumo y la clara distinción entre
consumo personal y tráfico ilícito son estrategias eficaces que no solo
protegen los derechos constitucionales de los individuos, sino que también
favorecen la promoción de la salud pública.
=
En
estos países se ha evidenciado que un enfoque centrado en la salud en lugar=
de
la criminalización contribuye a una mejor atención de las personas con
problemas de adicción, reduce la carga en el sistema judicial y facilita el
acceso a tratamientos y programas de prevención, al mismo tiempo que se com=
bate
de manera más efectiva el narcotráfico.
=
El artículo
364 de la Constitución establece la prohibición de la criminalización de las
adicciones, lo que entra en conflicto con la legislación que ha sido aplica=
da
hasta el momento, siendo así la Corte Nacional, en una resolución emitida p=
or
su Pleno, ha establecido ciertos parámetros y señalado que: "la tenenc=
ia o
posesión de drogas no pueden por sí solas ser determinantes para la
comprobación del delito", esta resolución no ha logrado individualizar=
de manera
precisa la conducta delictiva asociada al consumo de drogas, lo que abre nu=
evos
interrogantes sobre la forma en que se deben abordar estos casos desde la
perspectiva legal (Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador).
=
La
presente investigación tiene como objetivo examinar las consecuencias
constitucionales de la derogación de la tabla de umbrales de consumo de dro=
gas
en Ecuador, y realizar una comparación con políticas similares implementada=
s en
países como Portugal, Uruguay y España. A través de este análisis, se busca
observar cómo las políticas públicas en estos países han impactado la
protección de los derechos humanos, así como la efectividad de dichas medid=
as
en la promoción de la salud pública. Esta comparación permitirá evaluar si =
la
derogación en Ecuador ha tenido efectos positivos o negativos en el marco de
los derechos fundamentales y en la gestión de la problemática del consumo de
drogas.
1.1.
=
La
derogación de la tabla de consumo en Ecuador representa un retroceso en la
protección de los derechos constitucionales, ya que da preferencia a un enf=
oque
represivo en lugar de uno basado en la evidencia y respetuoso de los derech=
os
fundamentales. Esta medida ha generado incertidumbre y ha dejado a las pers=
onas
vulnerables a decisiones arbitrarias.
=
Para
garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales, es fundament=
al
adoptar un enfoque que tenga la misma solvencia que la tabla de consumos,
priorizando la prevención, la reducción de daños y el acceso a tratamientos=
, en
lugar de enfocarse en el castigo. Un enfoque centrado en la salud pública y=
el
respeto de los derechos humanos sería más efectivo para abordar el consumo =
de
drogas de manera integral, asegurando un equilibrio entre la seguridad públ=
ica
y la protección de la dignidad humana.
=
La
historia del consumo de drogas en el Ecuador se ha caracterizado por una
compleja interacción entre realidades sociales, derechos fundamentales y
políticas públicas. Este fenómeno, que ha ido transformando por medio de los
años, se ha visto influenciado por factores económicos y culturales, así co=
mo
por la ubicación geográfica del país, que lo convierte en un lugar estratég=
ico
para el tráfico de sustancias ilegales (Alvarado, 2020<=
/a>).
=
Durante
la mayor parte del siglo XX el uso de drogas estuvo asociado principalmente=
a
prácticas culturales y médicas, como el consumo de hoja de coca en comunida=
des
indígenas, hace algunos años, Ecuador era considerado un país de paso, actu=
ando
únicamente como intermediario entre los países productores y los destinos d=
el
narcotráfico.
=
Actualmente
se le reconoce como un país consumidor, según los reportes de los medios
nacionales, que destacan que desde 2012 el tráfico de drogas a pequeña esca=
la
aumentó significativamente. Desde entonces, se ha realizado la incautación =
de
grandes cantidades de estupefacientes, y se han desmantelado organizaciones
criminales dedicadas al tráfico con el objetivo de combatir esta problemáti=
ca.
=
Entre
2008 y 2015 se llevaron a cabo reformas tanto legislativas como
institucionales. Uno de los cambios más relevantes fue la implementación de=
la tabla
de consumo de drogas. Por varias décadas, los países han intentado prevenir=
el
abuso de sustancias ilegales y establecer mecanismos para regularlas; sin
embargo, no han obtenido los resultados esperados. Desde los años 60, se han
implementado numerosas leyes a nivel tanto nacional como internacional para
hacer frente a este problema social, pero los resultados obtenidos no han s=
ido
satisfactorios (Alvarado, 2022).
1.2.
=
El
consumo de sustancias en Ecuador sigue siendo un problema relevante para el
sistema de salud, debido a los múltiples efectos negativos que genera, los
cuales varían según la sustancia utilizada. Estos efectos afectan
principalmente los órganos y el sistema inmunológico, y también impactan el
sistema nervioso, lo que puede dar lugar a problemas como la depresión y la
ansiedad (Meza, 2024).
=
La
dependencia de drogas contribuye a la falta de recursos y oportunidades,
perpetuando condiciones de pobreza, el consumo de sustancias aumenta
significativamente el índice la criminalidad y la violencia en el país, ya =
que,
en muchos casos, los consumidores recurren a actividades ilícitas para
financiar su adicción, el impacto del consumo de drogas se extiende más allá
del individuo, afectando la cohesión y seguridad de toda la sociedad (Chiriboga et al., 2023).
1.3.
=
La
decisión de eliminar la tabla de consumo de drogas carece de justificación
técnica y jurídica considerando que en países en Europeos y Latinoamericanos
han adoptado esta medida para diferenciar entre quienes consumen y quienes
trafican sustancias, en línea con los compromisos establecidos en los trata=
dos
internacionales Por esta razón, es necesario que en ningún caso se debe
permitir que se criminalice a los individuos afectados ni que se violen sus
derechos fundamentales (Cuatín<=
/span> et al.=
, 2024).
1.4.
=
En
los procesos judiciales actuales se están aplicando las normas establecidas=
por
la Corte Nacional de Justicia (2023) en su Res=
olución
No. 14-2023, pero estas carecen de criterios claros y objetivos que permitan
identificar de manera precisa si una persona está involucrada en el delito =
de
tráfico ilícito de sustancias. Esta ambigüedad genera una evidente vulnerac=
ión
a la Seguridad Jurídica establecida en la Constitución de la República del
Ecuador, ya que los fiscales y jueces no cuentan con directrices claras para
determinar si están ante un caso de consumo o tráfico de drogas (
1.5.
=
La
Constitución de la República del Ecuador reconoce las adicciones como un
problema de salud pública y destaca la importancia de brindar apoyo en la
rehabilitación de los consumidores, ya sean esporádicos, regulares o con
problemas graves. Además, prohíbe su persecución, garantizando así la prote=
cción
de sus derechos constitucionales (Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador, 2008, Art. 364).
=
El
derecho a la salud consagrado en la Constitución se ve gravemente afectado =
(Asamblea Nacional Constituyente d=
el
Ecuador, 2008, Art. 32), ya que la criminaliza=
ción
del consumo disuade a quienes padecen trastornos por abuso de sustancias de
buscar tratamiento y asistencia médica en lugar de abordar el problema desd=
e un
enfoque de salud pública, la política actual prioriza la sanción penal, lo =
que
agrava la exclusión social y limita el acceso a servicios médicos
especializados (Morales, 2019).
1.6.
=
La
Constitución de la República del Ecuador examinada por su dirección garanti=
sta
y progresista, asigna el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el
cual concibe entre otros la independencia individual para resolver sobre su
cuerpo y su salud (Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador).
=
De
acuerdo con Ávila (=
2012): “la criminalización del consumo de
sustancias psicoactivas constituye una vulneración del derecho al libre
desarrollo de la personalidad, ya que impide que una persona adulta, en ple=
no
uso de sus facultades, decida sobre su propio cuerpo y su estilo de vida. A
partir de este principio se prohibió la criminalización y el uso de drogas,=
incluyendo
a la tabla del Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes=
y
Psicotrópicas (CONSEP, 2014), como una de las estrate=
gias
del Código Orgánico Integral Penal (COIP) (Asamblea Nacional del Ecuador, 2014).
1.7.
=
Las
personas en situación de pobreza son las más afectadas por la aplicación
diferenciada de la ley (Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador), mientras quienes cuentan con mayores recursos
pueden acceder a asesoría legal y evitar sanciones, las personas en condici=
ón
de vulnerabilidad quedan expuestas a un sistema judicial que perpetúa
inequidades estructurales (Rodríguez, 2021).
1.8.
=
Ecuador
enfrenta la ausencia de una política de drogas sólida y coherente que regul=
e de
manera efectiva el consumo de sustancias psicoactivas y estupefacientes, al
mismo tiempo que combata el narcotráfico. Desde que se eliminó la regulació=
n de
los umbrales de consumo, el país ha intentado hacer ajustes a través de
decretos y reformas, pero hasta ahora no se han implementado políticas públ=
icas
claras y efectivas que aborden las necesidades de las personas con adicción=
o
que consumen drogas. Esta falta de un enfoque integral ha dejado un vacío e=
n la
forma en que el Estado maneja este problema social y de salud pública (Velastegui-Guerra & Rodríguez=
-Ruiz, 2024).
1.9.
=
El
estudio comparativo en la tabla de consumos en diferentes países se comprende có=
mo
las políticas de drogas pueden diferenciarse según los marcos constituciona=
les
y los enfoques de derechos humanos. Países como Portugal, Uruguay, y España=
han
segmentado enfoques diferenciados dentro de un modelo que se vincula a la
despenalización del consumo y la distinción entre el uso personal y el tráf=
ico
ilícito con el que se avanza hacia políticas más humanes y eficaces. A
continuación, se analizan estos casos, y de este modo se deducen conclusion=
es
relevantes a la vez constitucionales como se muestra en la <=
span
style=3D'font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:"Times New Roman",se=
rif;
color:windowtext;mso-bidi-language:SI-LK;text-decoration:none;text-underlin=
e:
none'>Tabla 1 comparativa:
Cuadro comparativo
|
País |
Modelo de política de drogas |
Cantidad permitida para uso personal |
Fundamento constitucional |
Impacto y resultados |
|
Por=
tugal |
Des=
penalización
del consumo, enfoque de salud pública |
10g=
de
cannabis, 2g de cocaína, 1g de heroína, 30cc de crack |
Art=
ículos
64 y 26: Derecho a la salud y dignidad humana - Constitución de Portugal =
(Asamblea Constituyente de
Portugal,
1976) |
Red=
ucción
de adicciones, VIH y muertes por sobredosis. |
|
Uru=
guay |
Leg=
alización
y regulación del cannabis para consumo recreativo |
40g=
de
cannabis mensuales para registrados |
Art=
ículo
72: Autonomía personal y desarrollo de la personalidad - Constitución de =
la República
de Uruguay (Parlamento de U=
ruguay, 1967=
) |
Red=
ucción
del mercado ilegal, generación de ingresos para prevención. |
|
Esp=
aña |
Des=
penalización
del consumo, enfoque en reducción de daños |
No =
hay
tabla nacional, regulación autonómica |
Art=
ículos
43 y 14: Derecho a la salud y no discriminación – Constitución Española (=
Ministerio de la presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes,
1978) |
Baja criminalización, mejora en acceso a salud, pero retos de estigmatización<= o:p> |
2. Metodología
En el presente trabajo se realizará una investigac=
ión
interdisciplinar enfocada a determinar la vulneración de derechos tras la
derogación de la tabla de consumo de sustancias catalogadas sujetas a
fiscalización, desde el punto de vista constitucional y de derechos humanos,
con un enfoque cualitativo, enriqueciéndolo interdisciplinariamente mediant=
e la
modalidad de investigación aplicada.
2.1. Diseño de la investigación<= o:p>
La presente investigación se enmarca en el enfoque
cualitativo aplicado, ya que se orienta al análisis profundo y contextual de
una problemática social específica: la posible vulneración de derechos
constitucionales tras la eliminación de la tabla de consumo de drogas en
Ecuador. Este tipo de investigación no solo busca comprender la realidad so=
cial
desde la perspectiva de los sujetos implicados, sino que también persigue
incidir en ella, proponiendo soluciones o recomendaciones prácticas para
mejorar la protección de los derechos humanos y constitucionales de las
personas afectadas.
La investigación cualitativa aplicada se caracteri=
za
por su compromiso con la transformación social y por abordar problemas
concretos que requieren atención desde una perspectiva crítica y reflexiva.=
En
este caso se busca estudiar cómo la eliminación de la tabla de consumo ha
modificado la forma en que el sistema judicial, policial y de salud aborda a
las personas que consumen drogas. Esta tabla funcionaba como un instrumento
técnico-normativo que permitía distinguir entre consumidores y micro
traficantes, ofreciendo cierta garantía de no criminalización para quienes
poseían drogas en cantidades destinadas al consumo personal. Su eliminación,
sin una política pública alternativa que priorice la salud y los derechos
humanos, ha generado preocupación en sectores sociales y jurídicos, ya que
podría haber abierto la puerta a detenciones arbitrarias, criminalización
desproporcionada y estigmatización.
Desde el enfoque cualitativo, la investigación se
centrará en comprender las experiencias y percepciones de actores clave como
consumidores judicializados, defensores públicos, jueces, fiscales, persona=
l de
salud mental, y organizaciones de derechos humanos. El uso de entrevistas en
profundidad, grupos focales y análisis documental permitirá obtener una vis=
ión
comprensiva de los impactos reales que esta medida ha tenido sobre las
garantías constitucionales establecidas en la Constitución del Ecuador, com=
o el
derecho a la salud, al debido proceso, a la igualdad ante la ley y a la no
discriminación.
Al tratarse de una investigación aplicada, el obje= tivo no es solamente describir o interpretar una situación, sino también generar conocimiento útil para la toma de decisiones políticas y legales. A partir = del análisis de testimonios y documentos, se buscará elaborar recomendaciones fundamentadas que contribuyan al diseño de políticas públicas respetuosas de los derechos humanos, con énfasis en enfoques de salud pública, descriminalización y atención integral a personas que consumen sustancias.<= o:p>
En definitiva, esta investigación cualitativa apli=
cada
pretende ser un aporte sustantivo al debate sobre políticas de drogas en
Ecuador, enfocándose en los efectos concretos que las decisiones estatales
tienen sobre poblaciones vulnerables. Al poner en el centro la voz de los d=
irectamente
afectados, se aspira a visibilizar las consecuencias de una política repres=
iva
y promover un enfoque más humano, justo y constitucionalmente coherente.
3.
Conclusiones
· El análisis de la eliminació= n de la tabla de consumos en Ecuador, en comparación con políticas de otros país= es, revela que un enfoque basado en la despenalización del consumo y en la diferenciación entre el consumo personal y el tráfico ilegal contribuye de manera más efectiva a la protección de los derechos constitucionales y a la promoción de la salud pública. En lugar de continuar con un enfoque punitiv= o, se hace necesario un modelo que se base en la evidencia y en los derechos humanos. La desaparición de la tabla ha sido un retroceso en la protección = de los derechos fundamentales, dado que ha dado prioridad a medidas represivas= en lugar de acciones fundamentadas en la prevención, tratamiento y respeto por= la dignidad humana.
· Esta decisión ha afectado principios constitucionales claves, como la seguridad jurídica, la igualdad ante la ley y el acceso a la salud, especialmente para los grupos más vulnerables, como los jóvenes y aquellos en situaciones de pobreza. Estos colectivos son los más perjudicados por una política que no toma en cuenta = sus realidades ni necesidades, favoreciendo la criminalización antes que la rehabilitación o el apoyo.
· Para garantizar que los dere= chos constitucionales sean respetados y protegidos, es urgente que Ecuador adopt= e un enfoque más integral y humano, similar al de otros países que han priorizad= o la prevención y la rehabilitación sobre el castigo. De no ser así, no se logra= rá avanzar hacia una sociedad más justa, inclusiva y capaz de ofrecer a todos = sus ciudadanos un trato igualitario, sin exclusión ni discriminación. La clave = está en crear políticas públicas que aborden el consumo de sustancias de manera = más equitativa, priorizando la salud y el bienestar colectivo.
· Frente a esta situación, se = hace urgente considerar alternativas basadas en modelos exitosos de otros países= . Un ejemplo notable es Uruguay, que ha sido reconocido internacionalmente por su enfoque innovador y pragmático sobre la regulación de drogas. Este país ha logrado implementar una política que no solo busca controlar el consumo, si= no también garantizar la salud y el bienestar de sus ciudadanos, promoviendo el acceso a tratamientos de rehabilitación y evitando la criminalización de los usuarios.
· Es fundamental que Ecuador e= xplore opciones similares que prioricen la salud pública y los derechos humanos, buscando soluciones que no se limiten a medidas punitivas, sino que incluya= n un enfoque de prevención, tratamiento y reintegración social. A través de una política más inclusiva y orientada al bienestar, el país podría enfrentar de manera más efectiva el problema del consumo de drogas y sus consecuencias sociales.
4. Conflicto de intereses
Los autores declaran que no existe conflicto de
intereses en relación con el artículo presentado.
5. Declaración de contribución de los autores
Todos autores contribuyeron significativamente en =
la
elaboración del artículo.
6. Costos de financiamiento
La presente investigación fue financiada en su
totalidad con fondos propios de los autores.
7. Referencias bibliográficas
<=
span
lang=3DES-EC style=3D'font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:"Times =
New Roman",serif;
mso-bidi-font-weight:bold'>Alvarado Bastidas, S. C. (2020). La tabla de
tenencia y consumo de drogas, una puerta abierta para la impunidad en Ecuad=
or
[Tesis de pregrado, Universidad Regional Autónoma de los Andes, Santo Domin=
go,
Ecuador]. https://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/11310
<=
span
lang=3DES-EC style=3D'font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:"Times =
New Roman",serif;
mso-bidi-font-weight:bold'>Alvarado Hidalgo, L. H. (2022). La tabla de
tenencia y consumo de drogas y la aplicación del art. 220 del Código Orgáni=
co
Integral Penal [Tesis de pregrado, Universidad Regional Autónoma de los
Andes, Ambato, Ecuador]. https://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/14511
<=
span
lang=3DES-EC style=3D'font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:"Times =
New Roman",serif;
mso-bidi-font-weight:bold'>Asamblea Constituyente de Portugal. (1976). C=
onstitución
de Portugal. https://www.constituteproject.org/constitution/Portugal_2005?lang=3De=
s
<=
span
lang=3DES-EC style=3D'font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:"Times =
New Roman",serif;
mso-bidi-font-weight:bold'>Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador. (20=
08).
Constitución de la República del Ecuador. Registro Oficial No, 449. =
https://atenea.epn.edu.ec/bitstream/25000/945/4/CONSTITUCI%C3%93N%20D=
E%20LA%20REP%C3%9ABLICA%20DEL%20ECUADOR.pdf
<=
span
lang=3DES-EC style=3D'font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:"Times =
New Roman",serif;
mso-bidi-font-weight:bold'>Asamblea Nacional del Ecuador. (2014). Código
Orgánico Integral Penal (COIP), Registro Oficial No. 180. http://biblioteca.defensoria.gob.ec/handle/37000/3817
<=
span
lang=3DES-EC style=3D'font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:"Times =
New Roman",serif;
mso-bidi-font-weight:bold'>Ávila Santamaría, R. F. (2012). El derecho a la
salud en el contexto del buen vivir. La Constitución ecuatoriana del 2008 y=
el
derecho a la salud. Universidad Andina Simón Bolívar. https://repositorio.uasb.edu.ec/handle/10644/2985
<=
span
lang=3DES-EC style=3D'font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:"Times =
New Roman",serif;
mso-bidi-font-weight:bold'>Cevallos Saraguayo Y. C., & Noriega Villacré=
s,
L. D. (2024). Impacto normativo de la derogación de la tabla de consumo de
drogas, con enfoque en la afectación de la seguridad jurídica. Sinergia
Académica, 7(4), 595–620. https://sinergiaacademica.com/index.php/sa/article/view/382
<=
span
lang=3DES-EC style=3D'font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:"Times =
New Roman",serif;
mso-bidi-font-weight:bold'>Consejo Nacional de Control de Sustancias
Estupefacientes y Psicotrópicas [CONSEP]. (2014). Tabla de consumo de
sustancias sujetas a fiscalización. Resolución 001. http://biblioteca.defensoria.gob.ec/handle/37000/843
=
Corte Nacional de Justicia. (2023). Código
Orgánico Integral Penal [COIP], artículos 220 y 228. Resolución No.
14-2023. https://www.cortenacional.gob.ec/cnj/images/pdf/resoluciones/2023/202=
3-14-Aclara-dudas-respecto-Arts-220-y-228-COIP.pdf
=
Cuatín Villarreal, A. P., Ménd=
ez
Cabrita, C. M., Dávila Castillo, M. R., & Santander Moreno, J. J. (2024=
).
Consumo de drogas en Ecuador y su análisis en la formación de los profesion=
ales
de Derecho. Conrado, 20(101), 534–541. http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=3DS1990-86442024000600534&scr=
ipt=3Dsci_abstract
=
Meza Salvatierra J. K. (2024). El contenido de la
prohibición de criminalización de las personas consumidoras de sustancias
estupefacientes y psicotrópicas. Especial referencia a la Sentencia CC
7-17-CN/19. Sinergia Académica, 7(4), 634–654. https://sinergiaacademica.com/index.php/sa/article/view/410
=
Ministerio de la presidencia, Justicia y Relacio=
nes
con las Cortes. (1978). Constitución Española. Boletín Oficial del
Estado. Cortes Generales Constituyentes de España. https://boe.es/buscar/act.php?id=3DBOE-A-1978-31229=
=
Morales Crespo, K. L. (2019). El incumplimien=
to
del artículo 364 de la Constitución de la República del Ecuador:
criminalización al consumo de drogas [Tesis de pregrado, Universidad del
Azuay, Cuenca, Ecuador]. http://=
dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/9272
=
Parlamento de Uruguay. (1967). Constitución d=
e la
República de Uruguay. https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/constitucion=
=
Parrales Bailón, J. E., & Rodríguez Chilan, =
M.
F. (2025). La sana crítica en el juzgamiento del delito de tráfico ilícito =
de
sustancias y el Decreto Ejecutivo N° 28-2023: derogación de la tabla de
cantidades umbrales [Tesis de pregrado, Universidad Estatal Península de Sa=
nta
Elena, Ecuador]. https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/13107<=
span
style=3D'mso-bookmark:ref16'>
=
Rodríguez Morán, L. T. (2021). La
corresponsabilidad del estado ecuatoriano en el microtráfico y consumo de
sustancias sujetas a fiscalización en niños, niñas, y adolescentes [Tes=
is
de pregrado, Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil, Guayaquil,
Ecuador]. http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/4785
=
Velastegui-Guerra, M., & Rodríguez-Ruiz, M. (2024).
Eliminación de la tabla de consumo de drogas en la legislación ecuatoriana y
sus consecuencias jurídicas. 593 Dig=
ital
Publisher CEIT<=
span
style=3D'font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:"Times New Roman",se=
rif;
mso-ansi-language:ES-MX;mso-bidi-font-weight:bold'>, 9
Villota Palma, L. G., & Trelles Vicuña, D. F. (2023). La acción de protección frente a la vulneración del trabajo de servidores públicos con nombramiento provisional. Visionario Digital, 7(3), 166-196. https://doi.o= rg/10.33262/visionariodigital.v7i3.2671=
=
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