Análisis de las medidas cautelares con enfoque a la prisión preventiva como principal problema del hacinamient= o en los centros privativos de libertad

Analysis of precautionary measures with a focus on pretrial detention as the main problem of overcrowding in prisons

¹	Marcelo Israel Tapia Villavicencio	https://orcid.org/0009-0009-7075-7379=
	Maestría en Derecho Procesal Penal y Litigación Oral, Universidad Católica de Cuenca, Cuenca, Ecuador. marcelo.tapia@est.ucacue.edu.ec
²	Fernando Esteban Ochoa Rodríguez	https://orcid.org/0000-0002-4768-3828=
	M= aestría en Derecho Procesal Penal y Litigación Oral, Universidad Católica de Cuen= ca, Cuenca, Ecuador. fernando.ochoa@ucacue.edu.ec

	Artículo de Investigación Científica y Tecnológica Enviado: 19/03/2024= Revisado: 20/04/2024 Aceptado: 07/05/2024 Publicado:06/06/2024 DOI: https://doi.org/10.33262/visionariodigi= tal.v8i2.3032 = = = =
	=
Cítese:	&= nbsp;	Tapia Villavicencio, M. I., & Ochoa Rodrígue= z, F. E. (2024). Análisis de las medidas cautelares con enfoque a la prisión preventiva como principal problema del hacinamiento en los centros privat= ivos de libertad. Visionario Digital, 8(2), 131-149. https://doi= .org/10.33262/visionariodigital.v8i2.3032 <= /o:p>
	&= nbsp;	*VISIONARIO DIGITAL,* es una revista científica, trimestral, que= se publicará en soporte electrónico tiene como misión contribuir a la formación de profesionales competentes con visión humaníst= ica y crítica que sean capaces de exponer sus resultados investigativos y científicos en la misma medida que se promueva mediante su intervención cambios positivos en la sociedad. https://vi= sionariodigital.org La revista es editada por la Editorial Ciencia Digital (Editorial de prestigio registrada en la Cámara Ecuatoria= na de Libro con No de Afiliación 663) www.celibro.org.ec
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Palabras clave: Centros privativos de libertad, hacinamiento carcelario, sistema de justicia penal, prisión preventiva, medidas cautel= ares	&= nbsp;	Resume= n Introducción. En los procesos penales, la existencia de medidas cautelares como parte de las fórmulas descritas en favor de la protección de los ciudadanos tiene como objetivo evitar posibles violacio= nes o irrespeto de los derechos constitucionales. La idea central radica en h= acer un uso racional de estas medidas sin causar efectos colaterales dańinos a= la institucionalidad y a la sociedad, como el hacinamiento carcelario. A men= udo, se toman decisiones que recurren a la prisión preventiva para garantizar = que el acusado estará presente y cumplirá con la pena seńalada. Sin embargo, = esta práctica ocasiona consecuencias en el aparato jurídico nacional, convirtiéndose en la causa principal del hacinamiento en los Centros Privativos de Libertad (CPL) del Ecuador. Objetivo. El objetivo del presente artículo es analizar las consecuencias de la prisión preventiva en el sis= tema carcelario ecuatoriano y proponer mejoras en el uso de medidas cautelares para evitar el hacinamiento y proteger los derechos constitucionales de l= os ciudadanos. Metodología. Este artículo se centró en aspectos cualitativos, descriptivos y bibliográficos. Se emplearon entrevistas con informantes clave que proporcionaron gran parte de su conocimiento en fav= or de las ciencias jurídicas penales. A través de estos métodos, se buscó producir aportes con fundamentos científicos orientados al mejoramiento d= el sistema de justicia penal ecuatoriano. Resultados. Los hallazgos d= el artículo indican que la recurrencia a la prisión preventiva como medida cautelar principal contribuye significativamente al hacinamiento en los C= PL del Ecuador. Se identificaron diversas actividades y acciones tomadas en = el marco del ordenamiento jurídico penal vigente que, aunque bien intenciona= das, a menudo no consideran los efectos colaterales en la infraestructura carc= elaria y los derechos de los detenidos. Conclusión. Es esencial revisar y mejorar el u= so de medidas cautelares en el sistema de justicia penal ecuatoriano para evita= r el hacinamiento carcelario y proteger los derechos constitucionales de los ciudadanos. Se recomienda un enfoque más racional y equilibrado en la aplicación de la prisión preventiva, con la consideración de alternativas menos restrictivas y más efectivas en la protección de la sociedad y los derechos individuales. Área de estudio general: Derecho. Área de estudio específica: Derecho Procesal Penal y Litigación Oral. Tipo = de estudio: Artículos origin= ales.
Keywords: Detention cent= ers, prison overcrowding, criminal justice system, preventive detention, precautionary measures		Abstract Introduction. In criminal proceedings, the existence of precautionary measures as part of the formu= las described in favor of protecting citizens aims to prevent possible violat= ions or disrespect for constitutional rights. The central idea is to make rati= onal use of these measures without causing harmful collateral effects to institutional integrity and society, such as prison overcrowding. Often, decisions resort to pretrial detention to ensure that the accused will be present and will comply with the imposed sentence. However, this practice leads to consequences within the national legal system, becoming the main cause of overcrowding in Ecuador's Centers for Deprivation of Liberty (CP= L). Objective. The objective of this article is to analyze the consequences of pretr= ial detention in the Ecuadorian prison system and to propose improvements in = the use of precautionary measures to prevent overcrowding and protect the constitutional rights of citizens. Methodology. This article focus= ed on qualitative, descriptive, and bibliographic aspects. Interviews with k= ey informants were conducted, providing much of their knowledge in favor of criminal legal sciences. Through these methods, the aim was to produce contributions with scientific foundations oriented towards improving the Ecuadorian criminal justice system. Results. The article's findings indicate that the recurrent use of pretrial detention as the main precautionary measure significantly contributes to overcrowding in Ecuado= r's CPL. Various activities and actions taken within the framework of the cur= rent criminal legal system were identified, which, although well-intentioned, often do not consider the collateral effects on prison infrastructure and= the rights of detainees. Conclusion. It is essential to review and imp= rove the use of precautionary measures in the Ecuadorian criminal justice syst= em to prevent prison overcrowding and protect the constitutional rights of citizens. A more rational and balanced approach is recommended in the application of pretrial detention, considering less restrictive and more effective alternatives in protecting society and individual rights.<= /o:p>

Introducción<= /b>

Los problemas en el área= de derecho penal son diversos, pero en este contexto en particular que se pres= enta en el sistema judicial del Ecuador en los actuales momentos se centra en ab= uso sistemático de una de las variantes como medida cautelar disponible para la implementación.

Es este orden de ideas, = se habla de la prisión preventiva como medida cautelar la cual se ha convertid= o en el factor que contribuye al alarmante aumento del hacinamiento en los Centr= os Privativos de Libertad (CPL) como problema social que enfrenta el Estado ecuatoriano. Entonces, esta problemática plantea un desafío crítico, ya que= no solo compromete a la dignidad y derechos de los reclusos, sino también que = se cuestiona la eficacia del sistema judicial como garantía de una justicia eq= uitativa y equilibrada.

Según la información publicada por el diario Primicias (2023), de = las 35 cárceles actualmente en funcionamiento en Ecuador, 21 experimentan sobrepoblación, además, se observa que el problema de hacinamiento es aún m= ás acentuado en las prisiones catalogadas como las más violentas, donde 7 de l= as 11 prisiones seńaladas reportan una saturación significativa.

En publicación realizada= por Velasco (2023), las cifras actuales revelan q= ue, de los 31,940 reclusos en todas las cárceles de Ecuador, aquellos sin sentencia representan el 40%, con datos actualizados hasta noviembre de 2022. Este análisis destaca que un porcentaje considerable de individuos a la espera de juicio se encuentra bajo prisión preventiva, lo que provoca una saturación evidente en las instalaciones penitenciarias del país.

El país se rige por el Código Integral Penal, en su artículo 522 específicamente, donde se estable= cen de manera prioritaria diversas modalidades de medidas cautelares, entre ell= as, se encuentran en primer lugar la prohibición de ausentarse del país, seguida por la obligación de presentarse periódicamente ante el juez encargado del = caso o ante la autoridad designada; arresto domiciliario, vigilancia electrónica, detención y como último recurso, la prisión preventiva. <= /p>
La situación se agrava al constatar que, a pesar de existir un marco legal que busca equilibrar la seguridad pública con el respeto a los derechos fundamentales de los individuos, las medidas cautelares tienden a aplicarse de una manera rutina= ria, sin una evaluación exhaustiva y consciente de la necesidad real en cada cas= o, lo que ha llevado a que la prisión preventiva sea utilizada de manera imprudente, afectando la presunción de inocencia y contribuyendo al mismo tiempo a la sobrepoblación penitenciaria.

La falta de una aplicaci= ón efectiva y equitativa de las medidas cautelares, con especial énfasis en la prisión preventiva, se presenta como un problema crítico en el sistema judi= cial ecuatoriano, dando lugar a una significativa sobrepoblación en los Centros Privativos de Libertad (CPL). żCómo puede mejorar el uso y/o del sistema de medidas cautelares existentes en el ordenamiento jurídico penal ecuatoriano para abordar de manera más eficiente y justa el hacinamiento en las cárceles del país, garantizando al mismo tiempo el equilibrio entre la seguridad púb= lica y el respeto de los derechos fundamentales de los individuos bajo proceso judicial?

Metodología

El estudio se llevó a cabo mediante un enfoque cualitativo. Según Jácome (2023), los beneficios de este enfoque in= cluyen la profundidad y amplitud del análisis, la riqueza interpretativa y la contextualización del fenómeno. Asimismo, Arias (= 2020) destacó que el objetivo central es entender el entorno del fenómeno estudiado a tra= vés del análisis de discursos seńalados por expertos según su experiencia, experticia y disciplina.

La investigación tuvo un nivel descriptivo, utilizando métodos analíticos y sintéticos. Rodríguez (2007) seńaló que el an= álisis implica examinar un objeto de estudio descomponiéndolo en partes individual= es para estudiarlas de forma separada. La síntesis, por otro lado, ayuda a integrar y combinar estas partes para analizar el objeto de estudio de mane= ra completa y holística. Este enfoque fue útil para comprender la complejidad = de los sistemas y fenómenos, permitiendo un análisis más profundo y descubrien= do datos y características importantes de la problemática.
Además, se utilizó el método inductivo. Según Abreu (2014= ), la inducción es una forma de razonamiento que fluye de lo individual a lo gene= ral, observando, estudiando y conociendo características comunes que reflejan un conjunto de realidades para establecer una conclusión general que fundament= e la teoría.

El diseńo de la investigación adoptó una perspectiva bibliográfica. Esto ayudó= a ampliar el conocimiento sobre el tema mediante la lectura de documentos, artículos y libros que reflejan conceptualizaciones, enfoques y criterios, permitiendo una reflexión integral del fenómeno en estudio (Reyes & Carmona, 2020). La revisión documen= tal y jurídica, con ayuda de la Constitución de la República del Ecuador y el Cód= igo Orgánico Integral Penal, permitió una exploración profunda y sistemática de= la normativa vigente, la doctrina especializada y los casos judiciales relacionados con la prisión preventiva y su influencia en el hacinamiento de los Centros Privativos de Libertad.

Este diseńo no solo respaldó la construcción de un marco teórico sólido, sino que también sentó las bases para identificar tendencias, desafíos y posibles soluciones en el ámbito de las medidas cautelares y el hacinamiento en el sistema penitenciario. Los métodos empleados incluyeron el estudio de casos, permitiendo un análisis detallado de la aplicación de medidas cautelares, decisiones judiciales, el proceso legal y su impacto en el hacinamiento de = los Centros Privativos de Libertad.

Asimismo, se diseńó y aplicó una entrevista según Díaz et a= l. (2013), como técnica clave en la investigación cualitativa para recabar datos. Esta técnica fue fundamental para recopilar datos sobre percepciones= y prácticas en relación con las medidas cautelares y su impacto en el hacinamiento.

Para mantener la investigación alineada con los elementos esenciales de un estud= io cualitativo, se utilizó una muestra de tres informantes clave: abogados, fiscales o jueces con conocimientos integrales y profundos sobre la problemática planteada. Estos profesionales aportaron aspectos detallados, relevantes y precisos sobre los temas, categorías, subcategorías y unidades= de análisis necesarias para desarrollar la matriz de inferencias y construir la metodología en torno al derecho penal, medidas cautelares y perspectivas particulares que enriquecieron el estudio.

Resultados

Definición de la prisión preventiva

Al respecto los Estados democráticos en el mundo respetan las convenciones, tratados y demás normas tipificadas en el ordenamiento jurídico establecido= en estos tejidos jurídicos. El compendio de argumentaciones legales vigentes presenta las bases jurídicas penales que en materia de prisión preventiva se disponen a nivel global, las cuales haciendo al debido respecto de las libertades individuales propone el uso de reglas tipificadas implementadas = como medidas de coerción que limitan esas libertades individuales en pro del aseguramiento en la comparecencia de los presuntos imputados ante los juici= os en desarrollo en los diferente tribunales penales nacionales e internaciona= les según se disponga, asegurando la prevención de más delitos o la impunidad de los mismos (Proańo Tamayo, Coka Flores, & Chu= gá Quemac, 2022), cosa que alentaría las actividades dańinas e ilícitas, c= osa que nadie desea.

En materia de prisión preventiva existen diversas acepciones, en este orden de ideas, “se conceptualiza como una medida cautelar, para garantizar la inmediación de la persona imputada a las diferentes etapas del proceso pena= l; constituye un mecanismo de cautela y no de control social, como erróneament= e se ha aplicado en los últimos ańos en el Ecuador” (C= lavijo Vergara & López Moya, 2023).

Por otra parte, siguiendo la normativa legal vigente, según el Código Orgánico Integral Penal COIP (LEXIS, 2014) Capítulo Se= gundo Medidas Cautelares, Sección Primera Medidas cautelares para asegurar la pre= sencia de la persona procesada, Parágrafo Tercero, se tipifica la conceptualizació= n de prisión preventiva, con el enfoque jurídico en el artículo 534 la define co= mo un tipo de medida cautelar excepcional, pero que ”debe ser solicitada y ordenada de conformidad con las circunstancias de cada caso concreto, bajo criterio de última ratio, y podrá ser impuesta solo cuando se desprenda procesalmente que ninguna otra medida cautelar personal es útil y eficaz”. =

Es este particular presenta su finalidad que no es otra que la comparecencia segura de la persona al cual se esté procesando para cumplir una pena según= se determine su penalidad, proceso que amerita el fiscal o el juez la determin= e, claro está que sea expuesta con la argumentación precisa suficientemente ar= gumentada con los requisitos exigidos. Estos preceptos están en perfecta concordancia con la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 77 y el Código Orgánico Integral Penal COIP en l= os artículos 12 y 522.

Antecedentes históricos sobre el hacinamiento en los Centros de privación de la libertad (CPL)

Al hablar de hacinamiento en los CPL, se ha de conocer primero al sistema penitenciario ecuatoriano, para el cual la Constitución de la República del Ecuador del ańo 2008 en vigencia, en el artículo 201 establece lo pertinent= e a las rehabilitaciones integral de los reos para su respectiva inserción en la sociedad, la garantía de los derechos de estos y la protección de ellos mientras está en los diferentes procesos que los reos transitan (LEXIS, 2008). Como resultado de lo anteriormente expuesto, en los sistemas penitenciarios no debe existir el hacinamiento, p= ero la historia muestra lo contrario.

Por otra parte, se tiene que el día 10 de agosto del ańo 2014 el COIP estimulo = el abuso en el uso de la prisión preventiva, aumentando el rango punitivo entre otros, penas no en algunos casos no fueron en proporción al tipo de delito = (Krauth, 2018). Esto ocasionó y ocasiona efectos= como: violación en algunas normas internacionales en segmentación de reclusos, riesgos colaterales a la salud física, personal o psicológica de los reclus= os, problemas de salud pública, peligro dentro de las instalaciones por mezcla = de intereses, y finalmente la posible violación de derechos humanos (Intriago Muńoz & Arrias Ańez, 2020).

A este respecto, el estado del arte sobre la prisión preventiva y su calidad = es amplio, pero peca de no estar armonizado (Ormaza,= 2024), se detenta entonces que la calidad en clara contraposición al hacinamiento = se entiende de dos maneras, una en la que la prisión preventiva es correspondi= ente a una ejecución simultanea de la pena, pero en la segunda la decisión dicta= da no relaciona a las demás medidas cautelares como opciones a considerar, eso colabora con el hacinamiento (Ormaza, 2024).

Así mismo, en los últimos ańos se conocen datos precisos en la evolución del hacinamiento suministrados por el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) presenta la existencia en las cárceles del Ecuador para el 2018 de 36,1% de sobrepoblación, para el 2021 fue de 29,39% y a inicios del 2023 llego a 4%, pero está en franco repunte por cuestiones en la infraestructura desde ese = mes (Primicias, 2023), además del aumento en los últimos meses del 2024 en plena guerra contra los terroristas y bandas delincuenciales. <= /p>
Figura 1

Datos del SNAI (2023)

Nota: Datos al 1 de septiembre de 2023 del SNAI (Primicias, 2023).

Como antecedente histórico del hacinamiento en el ecuador a nivel carcelario, en= el transcurrir de los últimos lustros los privados de libertad han aumentado de manera exponencial (Krauth, 2018) y si se agregan que en los últimos = dos meses el nuevo gobierno de Ecuador ya tiene en detención en alrededor de 10= .000 personas algunos por terrorismo, auto inculpados y delitos menores, a los cuales se les está haciendo las liberaciones o imputaciones correspondiente= s, este problema persiste acrecentando la sobrepoblación carcelaria y/o el hacinamiento histórico en los CPL que ha experimentado la república.

Figura 2

Centros carcelarios con hacinamiento en Ecuador

Nota: (SNAI, 2022). Samantha Tacuri, Carmen Arevalo.=

Deber del juzgador de analizar sobre la prisión preventiva si es factible aplicarla <= o:p>

El juez e= s el facultado de dictar la privativa de libertad, según análisis previos, con la respectiva revisión de los atenuantes y agravantes en cada caso en particul= ar se somete a las consideraciones respectivas y cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley

La prisión preventiva en otras legislaciones

Haciendo = uso del derecho comparado, pueden tomarse algunas legislaciones de otros países para analizar y hacer conclusiones al respecto, en tal sentido, aunque los principios del derecho son los mismos a nivel universal, la punibilidad, los procesos, el ordenamiento jurídico cambia de un país a otro

En la legislación peruana, se tiene como una medida excepcional sin haber sido condenado pero que protege al detenido durante el periodo que dure el proce= so judicial penal, para ello se hace uso del Código Procesal Penal del Perú, q= ue en el artículo 272 establece la prisión preventiva que la estipula en no ma= yor a los 9 meses, aunque en algunos casos con agravantes validos pueden llegar hasta los 18 meses. Por otra parte, al igual que en las legislaciones venezolana, argentina o ecuatoriana el juez es el que dicta la prisión prev= entiva y el Perú al vencerse la prisión preventiva sin sentencia alguna, entonces = el ciudadano juez pasa a dictar la libertad del imputado.

En el Per= ú, no se puede ordenar la prisión preventiva cuando este proporcionalmente desacertada o fuera de lo tipificado en las leyes penales, puesto que esto viola el principio d proporcionalidad vigente en una extensa cantidad de pa= íses del mundo. Además, que este principio existe encontrándose establecido en el artículo 9 con numeral 3 del Pacto internacional de Derechos Civiles Políti= cos. Así mismo, en el Perú la prisión preventiva no se impone solo por presunció= n de la fuga que el estado no tiene los recursos para hacer comparecer al imputa= do (Moscoso Becerra, 2020).

Con respe= cto al ordenamiento jurídico vigente en la Republica de Colombia, la constituci= ón colombiana establece en el artículo 250 los fines precisos de lo que se pre= cisa con la habilitación de una posible prisión preventiva, en el que destaca la protección de la prueba, la protección de la comunidad y/o víctimas, y el impedimento a la comisión de más acciones de tipo delictivo. En Colombia, la mera imposición de la detención preventiva culturalmente hablando proyecta = la impresión de que la justicia esta avanzado y está impartiendo justicia, aun= que este tipo de acciones y pensamientos es contrario a lo dictado por el Siste= ma Interamericano para la detención preventiva (Truj= illo Vallejo, Arroyave, y Orlando, 2021).

En la Republica de Colombia, la Comisión Interamericana promueve la idea que la prisión preventiva solo se impondrá solo si es la única manera que permite = el aseguramiento del cumplimento cabal del proceso, por ende, ha de demostrarse que las otras medidas no tendrán el efecto esperado, en tal forma que la prisión preventiva seguirá si no se demuestra lo contrario a su uso (Trujil= lo Vallejo, Arroyave, & Orlando, 2021).

En otro o= rden de ideas, la constitución nacional Argentina, coincide con en parte o inici= almente con la constitución del Ecuador, en cuanto a los arrestos por parte de las autoridades competentes, los principios de libertad, las limitaciones, e importante es el principio de presunción de inocencia consagrado en el artí= culo 76.2 de la constitución ecuatoriana.

Además, q= ue ambas constituciones la de Argentina y la del Ecuador, también se correspon= den a los tratados internacionales (ONU, OEA, entre otros) que en materia de derechos humanos se han firmado, con ello, queda expuesto profundizando en = su articulado, que en la constitución Argentina al igual que la ecuatoriana en= los procesos penales la prisión preventiva no es garantía suficiente para que s= ean efectiva los hechos punibles, hay otros mecanismos que en las constituciones nacionales como medidas cautelares que también ofrecen oportunidades para el logro de los objetivos propuestos por los órganos jurisdiccionales pertinen= tes, las cuales incluye también la presunción de culpabilidad y ser juzgado en libertad (Haro Sarabia, 2021).

Analizand= o la constitución espańola, se conoce que el Derecho Penal del Estado ecuatorian= o es inspirado en el Derecho Penal de Espańa, que de una u otra forma ha guiado a otras naciones del hemisferio precisamente ubicadas en Latinoamérica, de tal forma que se pormenoriza mucha similitud por su posición es aspectos territoriales como aspectos dogmáticos.

Se detalla como en las leyes penales de ambos países en ninguna se fija posición en cu= anto a la conceptualización de presunción de inocencia, según se fundamenta en investigaciones del ordenamiento jurídico de ambas naciones, aunque siguien= do la analogía presente y aceptada se toman decisiones respectando la pirámide= de Hans Kelsen que regula el ordenamiento jurídico nacional e internacional vigente (Zapatier Córdova, 2020).<= /span>

La prisión preventiva en la legislación interna

En princi= pio, hablando en términos académicos, se ratifica al igual que en el orden legal, que la prisión de tipo preventiva es una medida en el orden cautelar que garantiza la inmediación del imputado en las subsiguientes etapas del proce= so penal en desarrollo, al propio tiempo que forma parte del mecanismo en curso como medida cautelar prevista en la ley, que no significa que sea una medid= a de control social, como en ocasiones se mal entiende (Clavijo Vergara & Ló= pez Moya, 2023).

Por otra parte, profundizando en los aspectos formales y legales, en ese sentido la constitución actual publicada en el Registro Oficial del 20 de octubre del 2008, aunque no hace una conceptualización directa en términos de prisión preventiva, si muestra, precisa y establece una claridad para la toma de decisiones y la discusión en este sentido a nivel interno. A nivel interno,= en los artículos 33 y 77 se establecen elementos referentes a la prisión preventiva, la cual según el ordenamiento jurídico vigente puede presentar caducidad, según lo establece la carta magna en el artículo 77 en el numera= l 9, el cual establece:

“En todo proceso en que se haya privado de libertad a una persona, se observarán las siguientes garantías básicas:

9. Bajo la responsabilidad de la jueza o juez= que conoce el proceso, la prisión preventiva no podrá exceder de seis meses en = las causas por delitos sancionados con prisión, ni de un ańo en los casos de delitos sancionados con reclusión. Si se exceden estos plazos, la orden de prisión preventiva quedará sin efecto” (Clavijo Vergara & López Moya, 2023).

Por otra parte, existe de la misma manera una resolución que ordena el mantenimiento= o suspensión de la prisión preventiva, para ello se hace uso del ipso jure, concepto derivado originariamente de la expresión latina "por el derec= ho mismo", o “de hecho pleno “, o “por virtud del derecho”. Expresión que usualmente se usa solo en ámbitos jurídicos que coloquiales o del pueblo, c= on ello, se indica que el efecto jurídico depende de la Ley, mas no de la autoridad inferior (García Martín, 2019).

Así mismo= , en caso de existir una dilación en el tiempo de duración del proceso del cual = se produjera la caducidad, se sancionaría al órgano, juez, fiscales, peritos u otros por haber provocado la omisión o alguna acción que la genere (Corte Nacional de Justicia, 2021). Igualmente, = en cuanto a la caducidad en materia de la prisión preventiva vale como medio coadyuvante para la defensa de los derechos en el caso del procesado (Mosco= so Becerra, 2020).

Es import= ante destacar que en la legislación interna penal se presenta la prisión prevent= iva como uno de los tipos de medidas cautelares disponibles para la aplicación = de la ley. Profundizando un poco en la conceptualización de medida cautelar, es importante seńalar que tiene su origen en el latín, “metiri” y de la cautel= a, como asistencia a la prudencia y del cuidado, garantizando el cumplimiento = de las obligaciones y en materia penal el juzgar la infracción realizada con el uso del ius puniendi estatal (Clavijo Vergara & López Moya, 2023).=

La falta = de control y la violencia interna en los CPL por el hacinamiento

Uno de los problemas que ha fomentado el hacinamiento es la violencia carcelaria y la falta de control en los centros de privación de libertad, en este sentido aparece la violencia intracarcelaria, constituyéndose fuertemente en uno de= los principales problemas en la rehabilitación de los reos, imposibilitando la rehabilitación social, además que con ello se generan lesiones entre los reclusos, desmedro de la integridad personal, muertes, lesiones y vulnerabilidad de los derechos de las personas que están bajo el régimen de privación de libertad (Mora Vaca, 2022), es p= or ello, que la violencia generada en las cárceles se ha catalogado como un problema de carácter social (Martínez, Guerrero, = Mullo, & Hernández, 2022).

Es interesante tener presente la existencia en los actuales momentos de una infraestructura adecuada, originando complicaciones en detrimento del acces= o a los servicios y necesidades de la población reclusa, donde las zonas de recreación son afectadas por la misma inadecuada infraestructura que al pro= pio tiempo retraen el área de visitas como muestra de los espacios que se encuentran en estado deplorable (Mora Vaca, 2022).

A partir = de allí, la violencia ha traspasado el derecho de respeto a la vida, tan simple que la muerte hace presencia en este escenario como manifestación extrema e= n la violencia penitenciaria, algo que siempre convive con los reclusos, como pa= rte de una dinámica supuestamente normal con que hay que lidiar tanto los reos = como los organismos de seguridad interna en las cárceles ecuatorianas (Martínez, Guerrero, Mullo, & Hernández, 2022).

También, = la falta de control guarda relación con las faltas disciplinarias y el cumplimiento de la normativa institucional, por lo que se deduce la casi inexistencia en el debido proceso, así los reportes recurrentes a la autori= dad judicial, en las medidas aplicadas internamente o los reportes a generar en= la conducción de los espacios especiales para los privados de libertad (Mora V= aca, 2022).

La falta = de control y la violencia van de la mano con el resquebrajamiento de los derec= hos de las personas privadas de libertad en los centros penitenciarios, aupando= la corrección y el uso desproporcionado punitivo de la prisión preventiva en algunos casos. Así mismo la ausencia de políticas públicas efectivas envían= una clara imagen de incapacidad a la sociedad que esta ávida de cambiar la real= idad (Hurtado Gallegos, 2023).
En lo referente a las personas privadas de libertad, se experimentan en ellas incertidumbre que finalmente contribuyen a generar miedo por la misma situa= ción presentada, por no poder transitar dentro de las limitaciones normales por = los espacios definidos para tal fin, que de no llevarse a cabo medidas paliativ= as en este orden, se generan una cadena de eventos llenos de ira, descontrol y= /o violencia física entre los internos que lo expresan entre ellos mismos o a = los empleados de poder judicial que hacen vida en esos recintos (Mora Vaca, 202= 2).

Es de hac= er notar que estos centros han sido parte o han recibido parte de un sin númer= o de decisiones poco o nada acertadas que poco a poco se han agravado a través de los ańos, esto descansa sobre los hombros de las políticas gubernamentales = que son las que orientan el manejo de pugilato a la problemática de índole penal del Ecuador, que en los últimos tiempos ha estado marcada por el punitivism= o (Arévalo Rueda & Maldonado Ruiz, 2022).=

Es import= ante considerar que existe variedad en las formas en que se presenta la violenci= a en los centros penitenciarios, en tal sentido se tienen: En primer término, se conoce la violencia estructural, que la genera el mismo sistema carcelario = por los aspectos antes seńalados, agregando problemas de pérdida de control sob= re el sistema con la ineludible violación de los derechos humanos a nivel inte= rno para la población penitenciaria.

En segundo término, se menciona la violencia física, que se presenta con la utilizació= n de la fuerza humana provocando empujes, peleas, golpes, lesiones y en algunas ocasiones la muerte de los reclusos o detenidos privados de libertad. Por último, se constata la violencia psicológica, que se practica a través de la presión, intimidación, miedo, chantaje o la misma extorción entre los mismos reclusos (Mora Vaca, 2022).

Aunque los derechos y garantías del sistema penitenciario ecuatoriano están garantizad= os en el Código Orgánico Integral Penal (2014), precisamente el artículo 12 establece que las personas privadas de libertad gozarán de estos derechos y garantías puesto que así primeramente lo establece la constitución nacional= y demás instrumentos legales a nivel nacional e internacional que en materia penal rigen la materia, esos elementos son los siguientes:

1.Integri= dad, 2. Libertad de expresión, 3. Libertad de conciencia y religión, 4. Trabajo, educación, cultura y recreación, 5. Privacidad personal y familiar, 6. Protección de datos de carácter personal, 7. Asociación, 8. Sufragio, 9. Qu= ejas y peticiones, 10. Información, 11. Salud, 12. Alimentación, 13. Relaciones familiares y sociales, 14. Comunicación y visita, 15. Libertad inmediata, 1= 6. Proporcionalidad en la determinación de las sanciones disciplinarias (Aréva= lo Rueda & Maldonado Ruiz, 2022). Aunque la ley es clara al respecto, por = la realidad descrita en los actuales momentos entonces no se cumplen a cabalid= ad como política carcelaria.

Se entien= de entonces que la realidad del país atraviesa momentos difíciles en materia de política carcelaria y penitenciaria que rápidamente se ven reflejados en el hacinamiento, fallas de seguridad, violencia, ausencia de oportunidades de reincorporación a la vida en sociedad, tráfico de estupefacientes, muerte de reos, entre otros (Tacuri Loayza & Arévalo Vá= squez, 2023), cuando realmente según el orden legal imperante todas las person= as cualquiera que sea su condición tiene derecho a su integridad personal, a la vida libre de violencia y a ser tratado dignamente (Mora Vaca, 2022). =

Criterios jurídicos que fundamenten la no aplicación de la prisión preventiva en determinados delitos

Es interesante destacar cual la Republica del Ecuador es firmante de instrumen= tos legales que en materia penal se han firmado en el contexto internacional, entonces a ese respecto hay que honrar y cumplir con esos compromisos y obligaciones, en tal sentido se requiere hacer uso de la defensa del derecho penal concebido como un fin último (ultima ratio), en una resolución de conflictos (Tacuri Loayza & Arévalo Vásquez, 2023). Para ello existen l= as medidas alternativas u otras medidas cautelares que inciden sobre esto hech= os

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Discusión

En lo concerniente a la prisión preventiva, se dan escenarios circunstanciales en= los cuales los encargados de tomar tan importante decisión se encuentran en un = modo defensivo que impulsa el uso de esta medida cautelar en virtud del aseguramiento en el cumplimento de la misma, cosa que genera incertidumbre y zozobra ante la existencia legal y vigente por el ordenamiento jurídico pen= al de otras herramientas para el cumplimento de los objetivos del sistema pena= l en plena vigencia. Por otra parte, la coexistencia de presión social ante la t= oma de medidas de este tipo aúpa la celeridad en la misma, rompiendo la idoneid= ad del debido proceso al momento de deliberar o poner en ejecución las mismas.=

Conclusiones

·         Segú= n los hallazgos encontrados en el desarrollo del estudio jurídico de carácter científico, se detectaron brechas, resquicios o inconsistencias que son atribuibles al uso excesivo de la prisión preventiva como medida dictada por los encargados de producir este tipo de medidas haciendo un uso indiscrimin= ado de las mismas sin tomar en consideración otras fórmulas que logran un efecto similar o exacto sobre lo dictado, además, también corroboran este elemento conclusivo la revisión profunda realizada en las disposiciones legales llev= ada a cabo relacionadas con las medidas cautelares.

·         Con respecto al impacto de la aplicación de medidas cautelares, especialmente la prisión preventiva, en las condiciones sociales y penitenciarias con relaci= ón al hacinamiento en los Centros Privativos de Libertad (CPL), se constata por las mismas cifras oficiales emitidas por el estado ecuatoriano, que son contrarias a la idea de darle celeridad, certeza y trato urgente en la solu= ción de la problemática nacional en materia carcelaria.

·      =    Por último, en el estudio científico ya discutidos y puntualizados los hallazgo= s, se propone algunas sugerencias y/o alternativas como lo es la promoción en = el uso de otras medidas de propósito cautelar y consideradas efectivas según lo establece así el ordenamiento jurídico nacional, actuando en la búsqueda en la reducción= o minimización del hacinamiento en los centros de detención, así mismo, se requiere dirigir una mayor inversión económica y multidisciplinaria desde l= os poderes del Estado en favor de minimizar el impacto de esta problemática en= la sociedad ecuatoriana.

Conflicto de intereses

Los autores declaran que no existe conflicto de intereses en relación con el artículo presentado.

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