Transgresión de principios procesales penales y derechos constitucionales por exceso de tie= mpo de prisión preventiva sin sentencias ejecutoriadas

Transgression of criminal procedural principles and constitutional rights due to excessive preventive detention time without enforceable sentences <= /span>

= ¹=

David Alexander Ońa Cumbal=

https://orcid.org/0009-0007-7402-905= 9

<= /span>

Maestría en Derecho Procesal Penal y Litigación Oral, Universidad Católica de Cuen= ca, Cuenca, Ecuador.

daonac44@est.ucacue.edu.ec=

= ²=

Ana Fabiola Zamora Vázquez

https://orcid.org/0000-0002-1611-580= 1

<= /span>

Maestría en Derecho Procesal Penal y Litigación Oral, Universidad Católica de Cuenca, Cuenca, Ecuador.

afzamorav@ucacue.edu.= ec=

&n= bsp;

Artícu= lo de Investigación Científica y Tecnológica

Enviad= o: 07/01/2024

Revisa= do: 19/02/2024

Acepta= do: 05/03/2024

Public= ado:05/04/2024

DOI: https://doi= .org/10.33262/visionariodigital.v8i2.2971

=

Cítese:

=

Ońa Cumbal, D. A., & Zamora Vázquez, A. F. (2024). Transgresión de principios procesales penal= es y derechos constitucionales por exceso de tiempo de prisión preventiva sin sentencias ejecutoriadas . Visionario Digital, 8(2), 6-27. https://doi= .org/10.33262/visionariodigital.v8i2.2971

=

VISIONARIO DIGIT= AL, es una revista científica, trimestral, que se publicará en soporte electrónico ti= ene como misión contribuir a la   formación de profesionales competentes con visión humanística y crítica que sean capaces de exponer = sus resultados investigativos y científicos en la misma medida que se promueva mediante su intervención cambios positivos en la sociedad. https://visionariodigital.= org <= o:p>

La revista es editada por la Editorial Ciencia Digital (Editorial de prestigio registra= da en la Cámara Ecuatoriana de Libro con No de Afiliación 663) www.celibro.org.ec<= /a>

&= nbsp;

Esta revista está protegida bajo una licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 International. Copia de la licencia: https://creativecom= mons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es =

Palabras clave:

Sanción penal, derecho constitucional, sentencia judicial, norma jurídica, legislación.

Resumen

Introducción= : La investigación se centra en la problemática del plazo razonable en casos de sentencias no ejecutoriadas, específicamente = en el contexto de la caducidad. Se aborda el conflicto surgido entre dos criterios emitidos por las más altas cortes ecuatorianas: el Pleno de la Corte Nacional de Justicia y el Pleno de la Corte Constitucional del Ecua= dor. Este conflicto se ilustra en la sentencia No. 02-2023, emitida el 05 de e= nero de 2023 por la Corte Nacional de Justicia, y la resolución Nro. 112-14-JH, del 21 de julio de 2021, emitida por el Pleno de la Corte Constitucional. Aunque se presentan decisiones jurisdiccionales relacionadas con la caducidad, el foco no está en la legalidad, arbitrariedad o legitimidad de las circunstancias que llevaron al pronunciamiento sobre la medida cautel= ar de prisión preventiva, sino en el razonamiento constitucional más acorde a los derechos constitucionales y convencionales. Objetivo: El objet= ivo de la investigación es analizar las diferentes posturas adoptadas por la Corte Nacional de Justicia y la Corte Constitucional del Ecuador con resp= ecto al plazo razonable y la caducidad en casos de sentencias no ejecutoriadas= . Se busca determinar cuál de los dos enfoques se ajusta mejor a los principios constitucionales y convencionales de protección de derechos. Metodolog= ía: La metodología empleada en esta investigación consistió en un análisis exhaustivo de las sentencias y resoluciones emitidas por la Corte Naciona= l de Justicia y la Corte Constitucional del Ecuador relacionadas con la problemática del plazo razonable y la caducidad. Se realizó una revisión detallada de los fundamentos jurídicos utilizados en cada caso, así como = un análisis comparativo de las posturas adoptadas por ambas instituciones. <= b>Resultados: Los resultados de la investigación revelan que existe un conflicto de interpretación entre la Corte Nacional de Justicia y la Corte Constitucio= nal del Ecuador en lo que respecta al plazo razonable y la caducidad en casos= de sentencias no ejecutoriadas. Mientras que la Corte Nacional adopta un enf= oque más legalista y restrictivo en la aplicación de la normativa, la Corte Constitucional se inclina hacia una interpretación más constitucionalista, priorizando la protección de derechos fundamentales. Conclusión: En conclusión, la investigación pone de manifiesto la necesidad de armonizar= las interpretaciones de la Corte Nacional de Justicia y la Corte Constitucion= al del Ecuador en relación con el plazo razonable y la caducidad en casos de sentencias no ejecutoriadas. Es fundamental que se encuentre un equilibrio entre los aspectos legales y constitucionales para garantizar una adecuada protección de los derechos de las personas involucradas en procesos judiciales. Área de estudio general: Derecho Procesal Penal. Área de estudio específica: Derecho Procesal Penal y Litigación Oral

Keywords:

Criminal sanction, constitutional law, court judgment, legal standard, legislation.

Abstract

Introduction: The research focuses on the problem of the reasonable term in cases of non-executed judgments, specifically in the context of caducidad. It addresses the con= flict arising between two criteria issued by the highest Ecuadorian courts: the Plenary of the National Court of Justice and the Plenary of the Constitutional Court of Ecuador. This conflict is illustrated in Ruling N= o. 02-2023, issued on January 05, 2023 by the National Court of Justice, and Resolution No. 112-14-JH, dated July 21, 2021, issued by the Plenary of t= he Constitutional Court. Although jurisdictional decisions related to caduci= dad are presented, the focus is not on the legality, arbitrariness or legitim= acy of the circumstances that led to the pronouncement on the precautionary measure of preventive detention, but on the constitutional reasoning more= in line with constitutional and conventional rights. Objective: The objective of the research is to analyze the different positions adopted by the National Court of Justice and the Constitutional Court of Ecuador with respect to the reasonable term and expiration in cases of non-executed sentences. The aim is to determine which of the two approaches is better adjusted to the constitutional and conventional principles of protection = of rights. Methodology: The methodology used in this research consisted of an exhaustive analysis of = the rulings and resolutions issued by the National Court of Justice and the Constitutional Court of Ecuador related to the issue of reasonable time a= nd forfeiture. A detailed review of the legal grounds used in each case was carried out, as well as a comparative analysis of the positions adopted by both institutions. Results: <= /b>The results of the research reveal that there is a conflict of interpretation between the National Court of Justice and the Constitutional Court of Ecu= ador regarding reasonable time and caducidad in cases of non-executed sentence= s. While the National Court adopts a more legalistic and restrictive approac= h in the application of the law, the Constitutional Court leans towards a more constitutionalist interpretation, prioritizing the protection of fundamen= tal rights. Conclusion: In conclusion, the research shows the need to harmonize the interpretations of the National Court of Justice and the Constitutional Court of Ecuador in relation to the reasonable term and the expiration of time in cases of non-executed sentences. It is essential to find a balance between legal and constitutional aspects in order to guara= ntee adequate protection of the rights of persons involved in judicial proceed= ing.

&n= bsp;

&n= bsp;

&n= bsp;

Introdu= cción

= Es importante abordar el tema de las medidas cautelares dentro de la Constituc= ión de la República del Ecuador, llamada de ahora en adelante CRE, debido a los efectos garantistas que poseen todas las personas en calidad de presuntos sospechosos y procesados, ya sea a través de un acto administrativo, fase investigativa como instrucción fiscal, hasta llegar a la etapa de juzgamien= to.

A través del art. 522 del Código Orgánico Integral Penal, de aquí en adelante COIP, establece las modalidades a las cuales se pueden acoger dependiendo su pertinencia, prevaleciendo así un balance adecuado entre la eficiencia con = la impunidad, velando así la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario. Prácticamente respetando un juicio justo.

= La prisión preventiva, constituida como una medida de ultima ratio, es de naturaleza excepcional y así lo ha establecido la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 7, numeral 3 sobre la libertad de las perso= nas, en lo cual indica, “Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios.” (Organización de Estados Americanos, 1978, pág. 4)=

= El extracto hace referencia a la prohibición que tienes las personas de ser sometidas a un encarcelamiento inmotivado, esto dentro de la esfera procesal penal y constitucional que como jurisdicción ecuatoriana debemos acatar fielmente, conforme con lo estipulado en el art. 11. 3 de la CRE, que especifica la forma en la cual se debe considerar su aplicación por parte d= el juzgador, esto bajo el aspecto material constitucional.
= De igual forma, existe conexidad con el mismo artículo 7, numeral 5 del cuerpo normativo infra constitucional Convención Americana de Derechos Humanos, de= bido a su interpretación sobre el derecho de cada individuo para poseer su liber= tad durante el proceso, siempre y cuando se encuentre cumpliendo las reglas de nuestro cuerpo normativo sancionador COIP a través del art. 520, en armonía= con la CRE, siendo así nuestro punto de partida.

= De esta forma, se tomaría como resolución al conflicto jurídico la interposici= ón de una acción de inconstitucionalidad ante la CCE, para que se deba resolver las afectaciones en la norma y se declare invalidada, esto debido al gran número de sentencias y artículos constitucionales que no se están analizando con la profundidad del caso, conforme establece el núm. 2 del art. 436, al = cual indica:

Conocer y resolver= las acciones públicas de inconstitucionalidad, por el fondo o por la forma, con= tra actos normativos de carácter general emitidos por órganos y autoridades del= Estado. La declaratoria de inconstitucionalidad tendrá como efecto la invalidez del acto normativo impugnado. (Constitución de la República del Ecuador, 2008)<= o:p>

= De esta forma, se deja la postura para dictar así una línea decisional, en cua= nto a la aplicación de esta norma de caducidad de la prisión preventiva, estableciendo un solo criterio vinculante obligatorio para resolver este se= sgo legal.

Marco teórico

= Es indispensable enfatizar sobre el carácter de las medidas cautelares dentro = de nuestra jurisdicción, en este caso encerrando exclusivamente a la prisión preventiva por el objeto de la problemática, el mismo determina que son preventivas, simple y llanamente por el hecho de precautelar el desarrollo = sin dilaciones de un proceso penal. Dentro del COIP, a través del artículo 519 y 520 han regulado tanto el aspecto de aplicabilidad, restricciones y las reg= las que se cumplirán.

= Su finalidad es garantizar la comparecencia tanto del sospechoso como del procesado en el juicio, para no recaer en posibles inasistencias caracteriz= ando la evasión de la justicia a la forma de resolver una sentencia condenatoria, siendo fundamental para asegurar un juicio justo y efectivo bajo equidad de armas.

= De igual forma, guarda relación el tema de medidas cautelares personales (pris= ión preventiva) con el tipo de peligrosidad que puede conllevar el procesado en= el delito que se le atribuye, respetando los derechos de protección social, la prevención delictiva, como las garantías inherentes que poseen las personas tanto sospechosas como procesadas, bajo los parámetros de la presunción de inocencia.

= El punto relevante de la aplicación de la prisión preventiva, es en algunas circunstancias la restricción en el cometimiento de nuevos delitos mientras está en curso una investigación previa o instrucción, dependiendo el caso y= el tipo de delito. Es importante resaltar este aspecto en cuanto a las medidas cautelares personales, debido al desarrollo en las resoluciones dictadas por los juzgadores de forma proporcionada, evaluando siempre el tema de la idoneidad y la necesidad en cuanto a la medida impuesta, garantizando así motivadamente las limitaciones de derechos y restricciones preventivas sin exceder la balanza en cuanto a su aplicabilidad. La CCE se ha pronunciado s= obre la proporcionalidad, en sentido de:

(…) el principio de proporcionalidad constituye una de las garantías del debido proceso que act= úa como un límite al poder punitivo, tanto al momento de configuración normati= va de las distintas infracciones y sanciones, como en el de su aplicación dura= nte el ejercicio concreto de la potestad sancionadora. En tal sentido, la proporcionalidad exige que exista una adecuada correspondencia entre la san= ción y la conducta o categoría de conductas que se reprochan, para que esta no s= ea excesiva atendiendo a la gravedad de la infracción o innecesaria para la consecución de la finalidad de interés general. (Derechos a la Defensa, 202= 1, pág. 36)

= La proporcionalidad desarrolla tanto el elemento de la idoneidad como la neces= idad para revisar si las medidas cautelares que son interpuestas por el juzgador= son realmente relevantes para precautelar la protección de los bienes jurídicos vulnerados, siempre y cuando no excedan una interposición arbitraria.<= /o:p>

= El primer elemento expresa el estándar de protección de derechos tanto de la víctima como de la sociedad en general, que garantice no ser un peligro inminente, recalcando que puede también ser una amenaza para el proceso que= se le atribuye. Mientras que el segundo elemento analiza la pertinencia del en= foque de la medida seleccionada con la del resto, es decir atribuir la menos restrictiva siempre que se asegure por parte del sospechoso o procesado med= idas alternativas que pueda cumplir, ya sea que tenga un hogar configurado, un trabajo estable, familiares dentro de una jurisdicción de su preferencia, e= ntre otras.

= Es relevante indicar que tanto la idoneidad como la necesidad, elementos constitutivos de la proporcionalidad, son esenciales al momento de determin= ar una medida cautelar penal, porque se pondrán en juego los derechos fundamentales del individuo, como el principio de legalidad y el principio = de proporcionalidad valga la redundancia.

= Además, estas evaluaciones deben realizarse considerando las circunstancias individuales del caso, sobre todo bajo el principio de presunción de inocen= cia hasta que se logre demostrar lo contrario, bajo la tutela de la CRE y de diferentes tratados internacionales de derechos humanos. Ante ello, también= se pueda determinar la responsabilidad a través de la conducta, que se probará= más allá de toda duda razonable.

= En caso de la víctima, se garantiza una protección necesaria en el juicio, adicional se constituirá de mejor forma la evacuación probatoria, es decir = que no se pueda perder o manipular, preservando su integridad, esto en casos supuestos donde la persona sospechosa o procesada pueda manipular escenas, inducir versiones de los testigos, cambiar detalles relevantes en un lugar = de los hechos, enajenar bienes muebles o inmuebles de manera dolosa, entre otr= os.

= Para precautelar la integridad de la víctima, se realizarán bajo el numeral 1 del art. 77 de la CRE, esto es lo que mencionamos anteriormente como la garantí= a de comparecencia al proceso y asegurar el cumplimiento de la pena, esto puede = ser provisional hasta que esté una sentencia debidamente ejecutoriada, respetan= do así los plazos razonables y la motivación que conlleva.
= De conformidad con el art. 522 numeral 6 del COIP, acorde con el precepto constitucional antes indicado, nos conduce a la finalidad que habla sobre la constitución de elementos de convicción suficientes para determinar un deli= to, ante ello el Jurista Roxin, aduce:

(…) toda conducta punible supone una acción típica, antijurídica, culpable y que cumple otros eventuales presupuestos de punibilidad. Por tanto, toda conducta punible presenta cuatro elementos comunes (acción, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad), a los cuales puede ańadirse aún en algunos casos un ulterior presupuesto de la punibilidad.” (Roxin, 2003, págs. 193-194)

= Como se referenció a los elementos esenciales o conocido doctrinariamente como categorías básicas, tienen como regla establecer la responsabilidad penal de una persona y por ende atribuir una medida cautelar acorde a la gravedad del delito impuesto en su contra. Para un mejor análisis, es menester desarroll= ar explícitamente esta fórmula para determinar la existencia de una conducta penalmente relevante o si es de un caso que se exima de responsabilidad pen= al, descrito bajo el tipo de mínima intervención penal. Ante ello, se describen= los elementos de la siguiente forma:

Ta= bla 1

Elementos constitutivos de la infracción penal

   Culpabilidad

El comportamiento humano ante el mundo, a través de= una actividad ya sea directa o de omisión. (conducta).

El resultado entre la conducta producida con el tipo penal ajustado.

Lo previsto en la ley.

Establece la vulneración del bien jurídico protegid= o, lo contrario a derecho. Fuera de una justificación.

La comprensión volitiva y cognitiva de los actos ilícitos que se realiza.

Fuente: Derecho Penal Parte Gen= eral Tomo I

Elaborado por el autor

= Con estos preceptos, conexo con el tema de la prisión preventiva bajo el concep= to de la presunción de inocencia siempre que se ajuste al caso, para lo cual, = la CCE se ha pronunciado en la sentencia No. 2533-16-EP, misma que desarrolla = la restricción de libertad ambulatoria, como:

Toda medida que li= mite su libertad ambulatoria constituye una detención y, como tal, exige el cumplimiento y respeto de las garantías mínimas41 que se derivan del derech= o a la libertad personal reconocidas tanto en la Constitución de la República c= omo en los instrumentos internacionales. (Sentencia 2533-16-EP /21, 2021)<= /o:p>

= De esta forma se obliga a cumplir los estándares del principio de legalidad, presunción de inocencia, necesidad y proporcionalidad, para desarrollar una correcta aplicación de la prisión preventiva. El grado de pertinencia como = de aplicabilidad dependerá tanto de los tipos penales, como la sanción a la qu= e se sujeta durante el proceso, de aquí evolucionará el problema, el encasillami= ento en el tema de la prisión preventiva, tipificado en el numeral 6 del art. 522 del COIP.

= Dentro de la caducidad, encontramos varias sentencias condenatorias no ejecutoriad= as, bajo enfoques meramente legalistas siendo de inmediata aplicación, como garantistas bajo el techo constitucional. Es ahí en donde encontramos incongruencias que deben ser absueltas con una acción de inconstitucionalid= ad que aplique como resultado una reforma en el COIP, adecuando un plazo razon= able con la finalidad de respetar los derechos de las personas en un juicio pena= l en curso.

= Es pertinente abordar el tema de garantías jurisdiccionales de Acciones de Hab= eas Corpus, debido a que es la garantía más idónea y efectiva que se interpone = por parte de las personas privadas de libertad ante este tipo de arbitrariedade= s.

= Desde los parámetros de la Convención Americana de Derechos Humanos, llamado ahor= a en adelante CADH, a través art. 4. núm. 1, donde establece que, “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.” (Organización de Estados Americanos, 1= 978, pág. 2)

= Su efecto es la protección a la vida de todas las personas desde su concepción hasta su muerte, sin afectar sus intereses por una errónea interpretación, = pero es menester indicar que no se debe otorgar sin fundamentos una libertad baj= o el precepto de la caducidad, sino que dentro de un proceso legal y justo se respeten sus garantías básicas y procesales.

= Ahora, la CADH dentro del art. 7. núm. 2 manifiesta que, “Nadie puede ser privado = de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados partes o por las l= eyes dictadas conforme a ellas” (Organización de Estados Americanos, 1978). Para= lo cual, es totalmente acertado en cuanto a la retención física de una persona bajo condiciones establecidas en la CRE, debido al estado garantista que nos sujetamos y los principios a los que nos amparamos, esto es de legalidad y proporcionalidad.

= Ahora, como antecedente para un mejor entendimiento expreso el siguiente caso relevante de vulneración de un plazo razonable. A través del auto de fecha = 17 de junio del 2020, mismo que es emitido por parte del seńor Juez de la Unid= ad Judicial Penal con sede en el Cantón Pastaza, dentro de la causa Nro. 16281-2020-00293, se dispone inicialmente la medida cautelar de prisión preventiva en un delito flagrante. Textualmente el juzgador de esta actuaci= ón judicial manifestó:

“…BAJO UN PRINCIPI= O DE NECESIDAD CONSIDERO ES NECESARIO LA PRISIÓN PREVENTIVA, BAJO EL TEMA DE PROPORCIONALIDAD LA PENA EN ESTE DELITO ES MÁS DE 1 AŃO, ART. 520.4 DEL COI= P NO EXISTEN GARANTÍAS DE INMEDIACIÓN DEL PROCESADO, LA PENA PREVISTA EN EL DELI= TO DE ASESINATO ES DE 22 A 26 AŃOS, SE ACOGE LA PETICIÓN DE FISCALÍA Y SE DICTA PRISIÓN PREVENTIV A EN CONTRA DE CHIMBO ALVARADO JOFFRE NIXON GÍRESE LA BOL= ETA DE ENCARCELAMIENTO…” (Auto de prisión preventiva, 2020)
= Luego de esto, con fecha 11 de junio del 2021, por parte del Tribunal de Garantías Penales de Pastaza, en sentencia condenatoria, resuelve que el procesado Ni= xon Chimbo, llamado ahora en adelante NCH, jamás tuvo la intención de matar a su progenitor, sino que existió preterintencionalidad, que a través del jurista Cabanellas, expresa a lo preterintencional como: “La muerte causada a una persona por quien no se proponía inferirle mal de tanta gravedad.” (Cabanel= las de Torres, 1979)

= Independientemente de la teoría del caso, los hechos de que el seńor NCH se encontraba siendo asfixiado por parte de su padre biológico quien estaba en total estado etíl= ico, y como legítima defensa lesiona a su padre en la pierna con la intención de= que lo suelte, ante lo cual, consideraron en la sentencia lo dispuesto específi= camente en el numeral cinco, letra i), lo siguiente:

…es decir Jofre Ch= imbo Alvarado actuó con conciencia y voluntad de los actos que ejecutaba al herir con el cuchillo en la ingle y muslo derecho de su papá Wilson Chimbo Alvara= do, sin esperar que por estas heridas fallezca, es decir que se provocó un resultado más grave de aquel que quiso ocasionar, lo que hace aplicable lo prescrito en el Art. 26.- Dolo. - Actúa con dolo la persona que, conociendo= los elementos objetivos del tipo penal, ejecuta voluntariamente la conducta. Responde por delito preterintencional la persona que realiza una acción u omisión de la cual se produce un resultado más grave que aquel que quiso causar, y será sancionado con dos tercios de la pena… (Sentencia Condenator= ia, 2021)

= Es así que al determinar que existió preterintencionalidad, se resuelve por pa= rte del Tribunal Penal de Pastaza:

(…) ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, se declara la responsabilidad y d= icta sentencia condenatoria en contra del ciudadano Jofre Nixon Chimbo Alvarado,= por haber cometido el delito de asesinato tipificado y sancionado en el artículo 140 numeral 1 del Código Orgánico Integral Penal como autor directo conform= e lo establece el artículo 42, numeral 1, literal a), en relación con el Art. 26 inciso segundo del ibidem delito preterintencional, imponiéndole la pena privativa de libertad de CATORCE AŃOS CUATRO MESES, debiendo imputarse el tiempo que haya permanecido detenido por esta causa (…) (Sentencia Condenatoria, 2021)

= Ante ello, en la resolución de recurso de Apelación dentro de la misma causa 16281-2020-00283, planteado por parte de NCH, emitida por parte de la Sala = de la Corte Provincial de Justicia de Pastaza, existiendo un voto salvado y do= s de mayoría, en síntesis, por mayoría se resuelve ratificar la sentencia emitida por el Tribunal de Garantías Penales de Pastaza de fecha 11 de junio del 20= 21, a las 17h51.

A pesar del voto salvado que acepta parcialmente el recurso apelación, se interpuso la declaratoria de la responsabilidad y dictándose la sentencia condenatoria en contra de NCH, por haber cometido el delito de homicidio preterintencional tipificado y sancionado en el artículo 144 del COIP.=

= Ahora, se interpone el recurso de Casación ante la Sala Especializada De Lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción Y Crimen Organizado De = La Corte Nacional De Justicia, siendo desde el ańo 2021 la referida sala, pese= a que, por parte del seńor NCH ha insistido a través de escritos que convoque= n a la respectiva audiencia en la que se resolverá su situación jurídica, refiriéndose en autos de fecha 31 de mayo del 2022 a las 11h26 y, 21 de septiembre del 2022 a las 15h59 que, “se hace conocer al mentado procesado = que, oportunamente se notificará a los sujetos procesales para la fundamentación= del medio impugnación interpuesto en la presente causa” (Sentencia Condenatoria, 2021)

= Cumpliéndose así hasta el 20 de septiembre del 2023, sin que se haya convocado a la correspondiente audiencia por parte de la Sala de Corte Nacional de Justici= a, es decir, en total incertidumbre jurídica, pues ya se superaron los treinta= y siete meses con una prisión preventiva que por mandato constitucional y convencional no puede superar los doce meses, equivalente a un ańo.

A través del Art. 424 de la CRE, garantiza la prevalencia de la Constitución y Tratados Internacionales sobre sentencias sesgadas u oscuras que contraveng= an derechos vulnerados, en este caso la caducidad de la prisión preventiva sin= una sentencia ejecutoriada, enfatiza el carecimiento de eficacia con el simple hecho de estar incumpliendo sus estándares de control, mismos que regirán b= ajo un sistema garantista.

= Dentro de la premisa que hago referencia, hago hincapié al criterio que acogen los juzgadores en casos análogos vinculados a esta problemática, en la Resoluci= ón No. 02-2023, de 05 de enero del 2023, el Pleno la Corte Nacional de Justici= a, llamado ahora en adelante PCNJ, resuelve, reconociendo que ante la oscurida= d de la ley sobre si una sentencia debe o no estar ejecutoriada, referenciando al COIP en su art. 541.3, y estableciendo un pronunciamiento, “…Dictada la sentencia, se interrumpirán estos plazos.”

= En la misma, referenciaron la forma en la cual se debe aplicar la interrupción= de la caducidad de la prisión preventiva de forma general, desde esa percepció= n el PCNJ, indicó, “no cabe duda de que la caducidad de la prisión preventiva se interrumpe cuando se dicta la decisión jurisdiccional oral en audiencia de juicio, que además la propia ley asimila a sentencia…”. Prácticamente rompe el requisito constitucional dispuesto en la CRE en su artículo 77.9, faltando al aspecto= de formalidad en notificar tanto una sentencia como la ejecutoría de la misma,= y con esa trasgresión dar paso a la interrupción del plazo de caducidad de la prisión preventiva. Una serie de derechos y principios vulnerados y reconocidos, estos son tanto el debido proceso, la tutela judicial efectiva= y la seguridad jurídica que, al no respetarse están dando paso a sentencias inconstitucionales.

= Existe un análisis sobre la garantía jurisdiccional de habeas corpus, en sentido de las condiciones actuales sobre las que se mantiene una medida cautelar de prisión preventiva, al respecto se manifiesta:

En este punto, res= ulta necesario aclarar que la Corte Constitucional ha definido a la "privac= ión de libertad" como un concepto amplio. En este sentido, la Corte ha dic= ho la privación de libertad "no se agota únicamente en la orden de aprehe= nsión de una persona", sino que "comprende todos los hechos y condicion= es en las que esta se encuentra desde que existe una orden encaminada a impedir que transite libremente (…)” (Pozo, 2020, págs. 145-146)<= /p>
= Siendo el cargo alegado dentro de la presente garantía constitucional la no convencionalidad del tiempo sin analizar el control que obliga a conllevar, ante ello varios juristas se han referido al control de convencionalidad pa= ra:

(…) interpretar cualquier norma jurídica nacional en casos sujetos a su jurisdicción (constitución, ley, decreto, reglamento, jurisprudencia, etc.) (iv) de conformidad con el corpus iuris interamericano (principalmente la Convención Americana y la jurisprudencia de la Corte IDH), (v) y en caso de incompatibilidad manifiesta abstenerse de aplicar la norma nacional. (Gonzá= lez, Reyes, & Zúńiga, 2016)

= Prácticamente es un manual de estricto cumplimiento ante los juzgadores para que puedan t= omar sus decisiones a través de una correcta valoración entre los hechos, medios probatorios y norma. Prima los derechos humanos como ideal, aseverando la dignidad inherente de cada persona.

= Son treinta y siete meses que se ha mantenido una medida cautelar de prisión preventiva sin una sentencia debidamente ejecutoriada. El artículo 11, nume= ral 3, artículo de la CRE determina que los derechos consagrados en nuestra Car= ta Magna y en los tratados internacionales tendrán una aplicación directa e inmediata. Por lo tanto, no puede concebirse esta medida sin una justificac= ión legal, constitucional y convencional adecuada.

= Es decir, no puede mantenerse en estado de indeterminación una medida que por = su naturaleza misma debe ser temporal, con plazo máximo de un ańo. Por ende, el legislador en nuestra constitución lo que se conoce como el plazo razonable= que no puede superar una medida cautelar de prisión preventiva, pues el Art. 77 numeral 9 de la CRE:

Bajo la responsabilidad de la jueza o juez que conoce el proceso, la prisión preven= tiva no podrá exceder de seis meses en las causas por delitos sancionados con prisión, ni de un ańo en los casos de delitos sancionados con reclusión. Si= se exceden estos plazos, la orden de prisión preventiva quedará sin efecto.

= La orden de prisión preventiva se mantendrá vigente y se suspenderá ipso jure = el decurso del plazo de la prisión preventiva si por cualquier medio, la perso= na procesada ha evadido, retardado, evitado o impedido su juzgamiento mediante actos orientados a provocar su caducidad. Si la dilación ocurriera durante = el proceso o produjera la caducidad, sea esta por acciones u omisiones de juez= as, jueces, fiscales, defensor público, peritos o servidores de órganos auxilia= res, se considerará que estos han incurrido en falta gravísima y deberán ser sancionados de conformidad con la ley.

= Ante ello, es necesario hacer hincapié que dentro de la sustanciación de la caus= a y al no tener una convocatoria, se plantea una acción jurisdiccional de habeas corpus, esto bajo lo expreso en el Art. 35 de la CRE, que sostiene que las personas privadas de su libertad deben recibir una atención prioritaria.

= Ante lo cual, a través del artículo 43 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, llamada desde ahora LOGJCC, la m= isma que expresa a la garantía jurisdiccional de habeas corpus como un objeto de protección de la libertad, la vida, la integridad física y otros derechos conexos tanto de la persona privada de libertad o restringida de la misma, = ya sea por una autoridad pública o por cualquier persona.

= El tipo de habeas corpus es el traslativo, esto conforme con la necesidad del procesado y la carga probatoria que lo motiva, ya que se busca la protecció= n a través de la libertad del procesado, que está siendo afectado exclusivamente por una falta de entendimiento en la norma judicial.

= En este caso, aplicando derecho comparado, el Tribunal Constitucional de Perú,= se pronunció en el mismo sentido de la arbitrariedad de la prisión preventiva = por exceso del plazo razonable, indicando que:

El Hábeas Corpus traslativo es empleado para denunciar mora en el proceso judicial u otras graves violaciones al debido proceso o a la tutela judicial efectiva; es de= cir, cuando se mantenga indebidamente la privación de la libertad de una persona= o se demore la determinación jurisdiccional que resuelva la situación persona= l de un detenido.

= De igual forma, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, respecto del plazo razonable y sobre la medida cautelar de prisión preventiva en la sentencia Suárez Rosero Vs. Ecuador (1997), en la cual ha determinado en el presente = caso análogo, lo siguiente: =

73. Con fundamento= en las consideraciones precedentes, al realizar un estudio global del procedimiento en la jurisdicción interna contra el seńor Suárez Rosero, la Corte advierte que dicho procedimiento duró más de 50 meses. En opinión de la Corte, este período ex= cede en mucho el principio de plazo razonable consagrado en la Convención Americ= ana.

= 74. Asimismo, la Corte estima que el hecho de que un tribunal ecuatoriano haya declarado culpable al seńor Suárez Rosero del delito de encubrimiento no justifica que hubiese sido privado de libertad por más de tres ańos y diez meses, cuando la ley ecuatoriana establecía un máximo de dos ańos como pena para ese delito.” (Caso Suárez Rosero Vs. Ecuador, 1997)<= /p>
= La fuerza que conlleva la acción de habeas corpus es para proteger el derecho = a la integridad personal, ya sea como la prohibición de la tortura y de todo tip= o de trato cruel inhumano y degradante, y bajo esa ideología la CCE a través de = su sentencia No. 365-18-JH/21, se refiere sobre la prevención de este tipo de violencia, bajo este análisis:

(…) esta Corte est= ima necesario aclarar que, al referirse a “cualquier forma de tortura”, debe entenderse formas graves de vulneraciones a la integridad personal sea físi= ca, psíquica, sexual o moral, independientemente de que puedan considerarse como tortura o como tratos crueles, inhumanos o degradantes. Las juezas y jueces= que conocen la acción de hábeas corpus deben examinar con detenimiento el impac= to que las vejaciones provocan en la persona privada de libertad, dependiendo = de la condición de la persona sobre la que se infringe y las circunstancias particulares del caso concreto.” (Sentencia No. 365-18-JH/21 y acumulados, 2021, pág. 67)

= Ahora volviendo al caso en concreto, la acción de Habeas Corpus se la propuso en contra del juzgador de la unidad penal de Pastaza, signada con el No. 15111-2023-00013, en la cual los jueces de la Sala Multicompetente de la Co= rte Provincia de Napo, llamada ahora en adelante SCPN, niegan la acción bajo el siguiente análisis:

(…) caduca la medi= da cautelar de prisión preventiva; NO por el tiempo transcurrido entre el auto= que se dicta la misma, en este caso el 17 de junio del 2020, hasta la fecha de la presentación de la acción de habeas corpus, (20 de septiembre del 2023) sino hasta la fecha en= que se dictó la sentencia en primera instancia, hecho que ha ocurrido el 11 de junio del 2021, cuando el Tribuna= l de Garantías Penales de Pastaza, ha dictado sentencia, condenatoria, imponiend= o una pena privativa de libertad de catorce ańos con cuatro meses; por ende la situación jurídica de la pe= rsona para quien se pide el habeas corpus, es de una persona sentenciada, quien = en base de la referida se encuentra cumpliendo sentencia    en el Centro de Rehabilitación Social= del Cantón Archidona, mas no se encuen= tra privado de la misma por una orden de prisión preventiva como ha alegado la accionante” (Acción de Habeas Corpus, 2023).

= Ante el criterio de la SCPN, no valoran todos los medios probatorios de fondo (en este caso la interculturalidad, que fue debidamente demostrado con un infor= me del perito social y demás documentación), e incluso la CCE en sentencia vinculante no. 112-14-JH, indica la importancia de resolver una acción de habeas corpus aplicando el principio de interculturalidad sobre una medida = de prisión preventiva en el caso concreto, en donde intervenga una persona de nacionalidad indígena, expresando tácitamente:

= 3.2.2 Sobre la arbitrariedad de la orden de prisión preventiva:=

135. Respecto a si= la orden de prisión preventiva es arbitraria, esta Corte siguiendo lo seńalado= por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (“Corte IDH”), ha sostenido que= una privación de la libertad es arbitraria “cuando se ha realizado utilizando causas y métodos que puedan reputarse como incompatibles con el respeto a l= os derechos humanos del individuo, aunque se haya realizado en cumplimiento de= las normas legales…” (Revisión de Garantías, 2021, pág. 30)
= La SCPN lo analiza de forma superficial, aduciendo:

Se pretende de man= era malintencionada, hacer creer, que esta no es una resolución, sino un criterio que se contrapone a lo disp= uesto por la Corte Constitucional, en la= sentencia que se pide aplicar ( Nro. 112-14-JH, del 21 de julio del 2021), la misma q= ue es anterior a la Resolución de la Corte Nacional Nro. 02-2023 del 20 de ene= ro del 2023, la misma que estamos obligados los jueces a aplicar por mandato del Art.2 de dicha resolución, que literalmente expresa: “Para que opere la interrupción de la caducidad de la prisión preventiva no es necesario que exista sentencia ejecutoriada”.” (Ac= ción de Habeas Corpus, 2023)

= Con los antecedentes jurídicos, constitucionales y convencionales que se lograr= on evidenciar la necesidad de una garantía jurisdiccional que tutele de forma adecuada los derechos del seńor NCH, el artículo 77 numeral 1 de la CRE dis= pone que la privación de la libertad no será la regla general y con estos precep= tos totalmente cumplidos, ya sea la garantía de la comparecencia de la persona procesada, misma que evidentemente ya está más que garantizada porque ya pa= só las dos instancias.

= A su vez, en el mismo artículo invocado en el acápite anterior, garantiza el der= echo de las víctimas a, “…una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones…” (Asam= blea Nacional Constituyente, 2008). En este sentido la esposa del occiso siendo víctima indirecta, no interpuso acusación particular porque sabe que su hijo actuó en legítima defensa. Para concluir el análisis al articulado 77.1 de = la CRE, se velará el cumplimiento de la pena que en realidad no existe como tal una pena impuesta, ya que el estado actual de NCH es inocencia, por mandato constitucional. =

= Así, la finalidad constitucionalmente prevista para la prisión preventiva es cla= ra y no está relacionada con un cumplimiento anticipado de la pena, pues la presunción de inocencia lo impide, referido en el artículo referido en líne= as anteriores, debido que la prisión preventiva, se dispondrá bajo orden judic= ial escrita y con apego explícito a los casos, ya sea del tiempo y las formalid= ades establecidas legalmente.

= Dentro del aspecto constitucional, la CRE refiere en su artículo 84 a la potestad = que tienen los órganos del Estado, en este caso los juzgadores para ajustar las normas, garantizando los derechos de las personas dentro del caso explícito= mencionado y no atentar bajo ningún precepto.

= Ahora, es importante tomar en cuenta como premisa la jerarquía formal y material referida en el tipo enunciado, por ende, el Jurista Alfonso Ruiz lo ha refe= rido como:

(…) constitución material toda la normativa que regula las condiciones de producción de norm= as generales, como es ley material toda norma general, mientras que es constitución formal o ley formal toda norma aprobada con unas u otras características y a la que se atribuye una determinada fuerza.” (Ruiz, 1988, pág. 144)

= De este modo, se logra identificar una falta de silogismo enorme entre estos d= os conceptos, debido a que se contraponen entre una ley general (lo resuelto p= or la CRE y CC), con la acción que es menor a los principios garantistas que n= os regimos, (CNJ) representando aparentemente conforme con la ley, ante lo cua= l se deberá inferir por una consecuencia que vela por los intereses de las perso= nas en todo momento.

= Dentro de un marco jurídico, su enfoque se debe regir a un criterio de validez que explaye el contenido de las normas, llegando a lo explícito, siendo alegaci= ones debidamente formuladas y promulgadas por una autoridad normativa competente (CC). En este caso con las discrepancias de dos altas Cortes Ecuatorianas, = una representada por una interpretación legal y la otra con un enfoque adecuadamente constitucional, dejan una respuesta inconforme ante los casos meritorios de aplicar una idónea caducidad.

= Con esto, no solamente se busca adecuar a una problemática un procedimiento, más bien sembrar una axiología con perspectiva garantista de derechos y princip= ios. Referenciando un aspecto filosófico que aborden temas sociales, culturales e incluso de políticas públicas y que, dentro de nuestra jurisdicción con la pugna de posturas de la CNJ con la CC, se apliquen criterios de valoración.=

= Ante ello, el filósofo Nietzsche se ha expresado sobre estas disciplinas armónicamente, aduciendo, “Cuando hablamos de valores, hablamos bajo la inspiración, bajo la óptica de la vida: la vida misma nos fuerza a poner valores, la vida misma valora a través de nosotros cuando ponemos valores” (Nietzsche, s.f.).

= Esto nos lleva a un punto central, tanto en la filosofía como en la rama del der= echo se encuentran inmersos en los valores, siendo la esencia de cada individuo, independientemente de subjetividades o ambigüedades que de seguro se referi= rán a través de contraposiciones, actualmente está en una disputa indeterminada= por tener una razonabilidad objetiva. Ya que comprender la conducta de la perso= na con la esencia del ser, requiere una estructuración profunda.

= Con lo expresado anteriormente, es menester indicar que la CRE ha referido en su art. 66.4, que reconoce y garantiza a las personas, “Derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación.” (Constitución de la Repúbli= ca del Ecuador, 2008)

= Con los aspectos tanto, formal como material que se abordaron, están reconocido= s en nuestra Carta Magna, más no analizados con detenimiento en la sentencia de = la CNJ referida anteriormente (Resolución No. 02-2023). Y peor aún se ha considerado a la axiología jurídica como solución por jerarquía, refiriendo= a dos normas que se contraponen, siendo una que posee el valor de principio, mientras que la otra conlleva una norma, dando como respuesta la priorizaci= ón del poder normativo más alto.

= Por enfatizar de mejor forma estas posturas, el jurista Dworkin (1989) a través= de su investigación, manifestó:

Cuando algunos principios sean obligatorios, en el sentido de que el juez debe tenerlos en cuenta, no pueden determinar un resultado en particular. Es un argumento más difícil de evaluar, porque no está claro qué quiere decir que una norma «determina» un resultado. (pág. 89)

= Se debe romper a lo coercitivo, debido que dentro de un aspecto formal solo se indaga el cumplimiento de una resolución, independientemente si es justo o = no. Ahora con la metáfora de que lo justo no es siempre legal, nuestra CRE habla sobre la legalidad en sentido de estricto cumplimiento, desarrollando al derecho con la justicia bajo el precepto de la materialidad, velando las garantías que poseen las personas.

= Ante un concepto meramente legalista, que establece que solo por ser ley debe ser aparentemente justo, solo se aplicaría si se observa la validez de la misma. Pero ante ese criterio se vuelve a retroceder el avance jurisprudencial en Ecuador, porque no protege ninguna pretensión social y rompería prácticamen= te todos los estándares tanto nacionales como internacionales.

= Sin un enfoque material lo legal se vuelve arbitrario, pero con lo indicado en líneas anteriores, el aspecto formal no se debe desconsiderar, solo que se = debe tomar en cuenta para operar una norma equilibrada sin dilataciones, prácticamente lo único no funciona sin lo otro. Ya que un aspecto formal absoluto que tenga como prioridad opacar el ámbito material que busca encam= inar los derechos de las personas no debería proceder.

= Por ende, dentro de la axiología se ha demostrado la relevancia de un buen dere= cho, debido a la prevalencia de la CRE por el contexto de los principios que rig= en al Estado, al igual que las normas internacionales, siendo una de las más relevantes como la Convención Americana de Derechos Humanos.

= De igual forma, la aplicación directa de la CRE en este contexto implica que el juez debe priorizar los principios y valores constitucionales, dejando de l= ado cualquier norma o acto que pueda resultar contradictorio o limitativo de los derechos fundamentales. La actuación del juez, más aún dentro de un proceso= de garantía jurisdiccional debe contribuir a preservar la supremacía de la CRE= y los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, llamado ahora en adelante CIDH, asegurando de esta forma la protección del derecho = a la libertad.

Metodología

El desarrollo de la presente investigación aplicó = el enfoque cualitativo, puesto que se realizó la revisión bibliográfica de literatura jurídica, jurisprudencia que abarcan una serie de sentencias, doctrina en sentido de conceptualizar teóricamente los diferentes aspectos que se fueron desarrollando, y análisis de autoría propia con respecto a la solución del problema procesal penal aducido, esto sobre la trasgresión de derechos que tienen las personas procesadas por la falta del plazo razonable de una medi= da cautelar, recayendo en una prisión preventiva indeterminada.

De igual forma se aplicó el método deductivo parti= endo de ideas generales sobre el tema de estudio, resaltando contrastes desde diferentes posturas la investigación que se realiza. Para complementar con = el método analítico, proporcionando las ideas de los resultados como de las conclusiones, conforme el planteamiento inicial. El método dogmático jurídi= co fue fundamental para la revisión de la parte formal del derecho. La técnica= fue la revisión bibliográfica y el fichaje fue su instrumento.   =

Resultados

A lo largo de la investigación se logró identificar diferentes derechos, principios y normas jurisprudenciales de estricto cumplimiento que recayeron como resultado la vulneración de lo inherente, la privación arbitraria de libertad en todas las personas, más aún con etnia intercultural procesadas sin respetar un plazo razonable, que se encasilló = en diferentes etapas del proceso penal que se desarrollan. <= /p>
Y a su vez, se complementó con un análisis de la bibliografía dogmática recopilada, deduciendo diferentes desconstrucciones = de los conceptos convencionales, esto con la finalidad de romper las decisiones ambiguas que se toman en cuenta para resolver negativamente acciones jurisdiccionales de habeas corpus, en referencia al caso práctico invocado (caducidad por un plazo razonable).

Conclusiones

·         Ante la problemática que se planteó a = lo largo de la investigación, se evidenció una indolencia social debido al irrespeto de nuestra CRE en el aspecto de derechos, para lo cual, se tiene = que prevalecer antes de promulgar una resolución o una absolución de consulta, = el tema de un Estado aliado a tratados internacionales. Los mismos que no se efectuaron de la noche a la mańana, se trabajó a lo largo de los ańos ya sea dentro de la línea de países sudamericanos como americanos para respetar los derechos humanos a través de sus convenios.

·         Del mismo modo, para entender de mejor forma el conducto de la relevancia en la aplicabilidad de tratados y conven= ios internacionales, se debe conducir el control de convencionalidad con la nor= ma tanto de la CRE, como del LOGJCC, para dejar de recaer en decisiones ordina= rias que constitucionalmente están careciendo de ley, solo por deshacerse de un vacío legal que, a través de la investigación se demostró un dańo directo y colateral de una persona dentro de un proceso “justo” penal.

·         Para finalizar, se debe dar cumplimien= to estricto a los precedentes obligatorios que la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos ha expresado, siendo de directa e inmediata aplicación, identificadas como herramientas explícitas de los jueces constitucionales garantistas del mandato constitucional. Siendo de esta forma posible, identificar la transgresión de los derechos vulnerados (presunción de inoce= ncia y libertad ambulatoria).

·      =    Los mismos que son derechos atentatori= os a la privación de la libertad, que nació de una forma legal, pero se ha torna= do ilegal, arbitraria e ilegítima en su vigencia. Por lo tanto, no se debe seg= uir concibiendo esta medida sin una respectiva justificación legal, constitucio= nal y convencional adecuada; es decir, no puede seguirse manteniendo en estado = de “perpetua” una medida que por lógica es temporal, con plazo máximo de un ań= o, referente al caso que fue planteado, particularmente.

Conflicto de intereses

No existe conflicto de intereses en relación con el artículo presentado.

Referencias Bibliográficas

Acción de Habeas Corpus, 15111-2023-00013 (Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Napo 6 de octubre de 2023).<= /o:p>

Asamblea Nacional Constituyente. (2008). Constitución de = la República del Ecuador. Registro Oficial 449.

Asamblea Nacional del Ecuador. (2014). Código Orgánico Integral Penal. Suplemento del Registro Oficial No. 180.<= /p>
Auto de prisión preventiva, 16281-2020-00293 (Unidad Judi= cial Penal 16 de junio de 2020).

Caso Suárez Rosero Vs. Ecuador (Corte Interamericana de Derechos Humanos 12 de noviembre de 1997). Obtenido de chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.corteidh.or= .cr/docs/casos/articulos/seriec_35_esp.pdf

Derecho al Debido Proceso, 2533-16-EP (El Pleno de la Cor= te Constitucional del Ecuador 28 de julio de 2021). Obtenido de https://www.corteconstitucional.gob.ec/sentencia-2533-16-ep-21/<= /span>

Derechos a la Defensa, 2137-21-EP (El Pleno de la Corte Constitucional del Ecuador 29 de septiembre de 2021). Obtenido de https://w= ww.corteconstitucional.gob.ec/sentencia-2137-21-ep-21-2/<= /p>
Dworkin, R. (1989). LOS DERECHOS EN SERIO. Barcelona: EDITORIAL ARIEL S.A. Obtenido de https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2021/09/Descargue-en-PDF-Los-de= rechos-en-serio-de-Ronald-Dworkin-LP.pdf

Eleobina Aponte Chuquihuanca, 2663-2003-HC/TC (Tribunal Constitucional de Perú 23 de marzo de 2004).

Integridad personal de personas privadas de libertad, CASO No. 365-18-JH Y ACUMULADOS (EL PLENO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR= 24 de marzo de 2021). Obtenido de https://www.defensoria.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/Corte-Constitucion= al-Sentencia-No-365-18-JH21.pdf

Interrupcion de plazos paracaducidad de prisión preventiv= a, Resolución No. 02-2023 (El Pleno de la Corte Nacional de Justicia 05 de ene= ro de 2023). Obtenido de https://www.cortenacional.gob.ec/cnj/images/pdf/resoluciones/2021/2023-02-I= nterrupcion-de-plazos-para-caducidad-de-prision-preventiva.pdf

Miguel, A. R. (1988). El Principio de Jerarquía Normativa. Pamplona: Revista Espańola de Derecho Constitucional. Obtenido de https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/79380.pdf
Nietzsche, F. (s.f.). Ministerio de Educación de la Repúb= lica Dominicana. Obtenido de BIBLIOTECA DIGITAL MINERD DOMINICANA LEE: https://ministeriodeeducacion.gob.do/docs/biblioteca-virtual/VupP-nietzsche= -friedrich-el-crepusculo-de-los-idolospdf.pdf

Organización de Estados Americanos. (1978). Convención Americana de Derechos Humanos. Costa Rica: Registro ONU 27/08/1979 Nş 17955. Obtenido de https://www.oas.org/dil/esp/1969_Convenci%C3%B3n_Americana_sobr= e_Derechos_Humanos.pdf

Pablo González, N. R. (2016). La Doctrina del Control de Convencionalidad y su Aplicación en algunas experiencias nacionales. Santia= go de Chile, Chile: Centro de Estudios de Justicia de las Américas. Obtenido de https://biblioteca.cejamericas.org/handle/2015/5497

Pozo, J. F. (2020). Las Garantías Jurisdiccionales Constitucionales en el Ecuador. Quito: Corporación de Estudios y Publicacio= nes.

Revisión de Garantías, 112-14-JH/21 (El Pleno de la Corte Constitucional del Ecuador 21 de julio de 2021). Obtenido de http://esacc.corteconstitucional.gob.ec/storage/api/v1/10_DWL_FL/e2NhcnBldG= E6J3RyYW1pdGUnLCB1dWlkOic3NWNiMTUyOC1hNDEyLTRkNTctYTRlZi1kMjMzYmE5MTBlZDEuc= GRmJ30=3D

Roxin, C. (2003). Derecho Penal Parte General Tomo I. Mad= rid: CIVITAS. Obtenido de https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2020/03/derecho_penal_-_parte_g= eneral_-_claus_roxin-LP.pdf

Sampieri, H. (2014). Metodología de la Investigación. En = H. Sampieri, C. F. Collado, & P. B. Lucio. Interamericana Editores S.A.

Sentencia Condenatoria, 16281-2020-00293 (Tribunal de Garantías Penales 11 de junio de 2021).

Torres, G. C. (1979). Diccionario Jurídico Elemental. De Toro: HELIASTA S.R.L. Obtenido de https://www.pensamientopenal.com.ar/syste= m/files/2015/01/doctrina34261.pdf.

=

=

=

=

=

El artículo que se publica es de exclu= siva responsabilidad de los autores y no necesariamente reflejan el pensamiento = de la Revista Visionario Digital.

&nbs= p;

El artícu= lo queda en propiedad de la revista y, por tanto, su publicación parcial y/o t= otal en otro medio tiene que ser autorizado por el director de la Revista Visionario Digital.<= /o:p>

&nbs= p;

= ¹=	David Alexander Ońa Cumbal=	https://orcid.org/0009-0007-7402-905= 9
<= /span>	Maestría en Derecho Procesal Penal y Litigación Oral, Universidad Católica de Cuen= ca, Cuenca, Ecuador. daonac44@est.ucacue.edu.ec=
= ²=	Ana Fabiola Zamora Vázquez	https://orcid.org/0000-0002-1611-580= 1
<= /span>	Maestría en Derecho Procesal Penal y Litigación Oral, Universidad Católica de Cuenca, Cuenca, Ecuador. afzamorav@ucacue.edu.= ec=

&n= bsp;	Artícu= lo de Investigación Científica y Tecnológica Enviad= o: 07/01/2024 Revisa= do: 19/02/2024 Acepta= do: 05/03/2024 Public= ado:05/04/2024 DOI: https://doi= .org/10.33262/visionariodigital.v8i2.2971
	=
Cítese:		= Ońa Cumbal, D. A., & Zamora Vázquez, A. F. (2024). Transgresión de principios procesales penal= es y derechos constitucionales por exceso de tiempo de prisión preventiva sin sentencias ejecutoriadas . Visionario Digital, 8(2), 6-27. https://doi= .org/10.33262/visionariodigital.v8i2.2971 =
		*VISIONARIO DIGIT= AL,* es una revista científica, trimestral, que se publicará en soporte electrónico ti= ene como misión contribuir a la formación de profesionales competentes con visión humanística y crítica que sean capaces de exponer = sus resultados investigativos y científicos en la misma medida que se promueva mediante su intervención cambios positivos en la sociedad. https://visionariodigital.= org <= o:p> La revista es editada por la Editorial Ciencia Digital (Editorial de prestigio registra= da en la Cámara Ecuatoriana de Libro con No de Afiliación 663) www.celibro.org.ec<= /a> &= nbsp;
		Esta revista está protegida bajo una licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 International. Copia de la licencia: https://creativecom= mons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es =
Palabras clave: Sanción penal, derecho constitucional, sentencia judicial, norma jurídica, legislación.	Resumen Introducción= : La investigación se centra en la problemática del plazo razonable en casos de sentencias no ejecutoriadas, específicamente = en el contexto de la caducidad. Se aborda el conflicto surgido entre dos criterios emitidos por las más altas cortes ecuatorianas: el Pleno de la Corte Nacional de Justicia y el Pleno de la Corte Constitucional del Ecua= dor. Este conflicto se ilustra en la sentencia No. 02-2023, emitida el 05 de e= nero de 2023 por la Corte Nacional de Justicia, y la resolución Nro. 112-14-JH, del 21 de julio de 2021, emitida por el Pleno de la Corte Constitucional. Aunque se presentan decisiones jurisdiccionales relacionadas con la caducidad, el foco no está en la legalidad, arbitrariedad o legitimidad de las circunstancias que llevaron al pronunciamiento sobre la medida cautel= ar de prisión preventiva, sino en el razonamiento constitucional más acorde a los derechos constitucionales y convencionales. Objetivo: El objet= ivo de la investigación es analizar las diferentes posturas adoptadas por la Corte Nacional de Justicia y la Corte Constitucional del Ecuador con resp= ecto al plazo razonable y la caducidad en casos de sentencias no ejecutoriadas= . Se busca determinar cuál de los dos enfoques se ajusta mejor a los principios constitucionales y convencionales de protección de derechos. Metodolog= ía: La metodología empleada en esta investigación consistió en un análisis exhaustivo de las sentencias y resoluciones emitidas por la Corte Naciona= l de Justicia y la Corte Constitucional del Ecuador relacionadas con la problemática del plazo razonable y la caducidad. Se realizó una revisión detallada de los fundamentos jurídicos utilizados en cada caso, así como = un análisis comparativo de las posturas adoptadas por ambas instituciones. <= b>Resultados: Los resultados de la investigación revelan que existe un conflicto de interpretación entre la Corte Nacional de Justicia y la Corte Constitucio= nal del Ecuador en lo que respecta al plazo razonable y la caducidad en casos= de sentencias no ejecutoriadas. Mientras que la Corte Nacional adopta un enf= oque más legalista y restrictivo en la aplicación de la normativa, la Corte Constitucional se inclina hacia una interpretación más constitucionalista, priorizando la protección de derechos fundamentales. Conclusión: En conclusión, la investigación pone de manifiesto la necesidad de armonizar= las interpretaciones de la Corte Nacional de Justicia y la Corte Constitucion= al del Ecuador en relación con el plazo razonable y la caducidad en casos de sentencias no ejecutoriadas. Es fundamental que se encuentre un equilibrio entre los aspectos legales y constitucionales para garantizar una adecuada protección de los derechos de las personas involucradas en procesos judiciales. Área de estudio general: Derecho Procesal Penal. Área de estudio específica: Derecho Procesal Penal y Litigación Oral
Keywords: Criminal sanction, constitutional law, court judgment, legal standard, legislation.		Abstract Introduction: The research focuses on the problem of the reasonable term in cases of non-executed judgments, specifically in the context of caducidad. It addresses the con= flict arising between two criteria issued by the highest Ecuadorian courts: the Plenary of the National Court of Justice and the Plenary of the Constitutional Court of Ecuador. This conflict is illustrated in Ruling N= o. 02-2023, issued on January 05, 2023 by the National Court of Justice, and Resolution No. 112-14-JH, dated July 21, 2021, issued by the Plenary of t= he Constitutional Court. Although jurisdictional decisions related to caduci= dad are presented, the focus is not on the legality, arbitrariness or legitim= acy of the circumstances that led to the pronouncement on the precautionary measure of preventive detention, but on the constitutional reasoning more= in line with constitutional and conventional rights. Objective: The objective of the research is to analyze the different positions adopted by the National Court of Justice and the Constitutional Court of Ecuador with respect to the reasonable term and expiration in cases of non-executed sentences. The aim is to determine which of the two approaches is better adjusted to the constitutional and conventional principles of protection = of rights. Methodology: The methodology used in this research consisted of an exhaustive analysis of = the rulings and resolutions issued by the National Court of Justice and the Constitutional Court of Ecuador related to the issue of reasonable time a= nd forfeiture. A detailed review of the legal grounds used in each case was carried out, as well as a comparative analysis of the positions adopted by both institutions. Results: <= /b>The results of the research reveal that there is a conflict of interpretation between the National Court of Justice and the Constitutional Court of Ecu= ador regarding reasonable time and caducidad in cases of non-executed sentence= s. While the National Court adopts a more legalistic and restrictive approac= h in the application of the law, the Constitutional Court leans towards a more constitutionalist interpretation, prioritizing the protection of fundamen= tal rights. Conclusion: In conclusion, the research shows the need to harmonize the interpretations of the National Court of Justice and the Constitutional Court of Ecuador in relation to the reasonable term and the expiration of time in cases of non-executed sentences. It is essential to find a balance between legal and constitutional aspects in order to guara= ntee adequate protection of the rights of persons involved in judicial proceed= ing.