El estado ecuatoriano y la vulneración del tratamiento integral de reinserción= a la sociedad para la prevención y no reincidencia delictiva

The Ecuadorian state and the violation of the inte= gral treatment of reinsertion into society for the prevention and non-recidivism= of crime

¹	Rafael Antonio Córdova Cárdenas=	https://orcid.org/0000-0002-3343-7140=
	Maestría en Derecho Procesal Penal y Litigación Oral, Universidad Católica de Cuenca, Cuenca, Ecuador. rafael.cordova@psg.ucacue.edu.= ec
²	Gina Lucía Gómez de la Torre Jarrín	https://orcid.org/0000-0002-1093-0418=
	Maestría en Derecho Procesal Penal y Litigación Oral, Universidad Católica de Cuenca, Cuenca, Ecuador. gina.gomez@ucacue.edu.ec

	Artículo de Investigación Científica y Tecnológica Enviado: 07/12/2023= Revisado: 19/01/2024 Aceptado: 05/02/2024 Publicado:06/03/2024 DOI: = https://doi.org/10.33262/visi= onariodigital.v8i1.2930 =

Cítese:	&= nbsp;	Córdova Cárdenas, R. A., & Gómez de la Torre Jarrín, G. L. (2024). El estado ecuatoriano y la vulneración del tratamie= nto integral de reinserción a la sociedad para la prevención y no reincidencia delictiva. Visionario Digital, 8(1), 52-73. https://doi.org/= 10.33262/visionariodigital.v8i1.2930
	&= nbsp;	VISIONARIO DIGITAL, es una revista científica, trimestral, que= se publicará en soporte electrónico tiene como misión contribuir a la formación de profesionales competentes con visión humaníst= ica y crítica que sean capaces de exponer sus resultados investigativos y científicos en la misma medida que se promueva mediante su intervención cambios positivos en la sociedad. https://visionariodigital.= org La revista es editada por la Editorial Ciencia Digital (Editorial de prestigio registrada en la Cámara Ecuatoria= na de Libro con No de Afiliación 663) www.celibro.org.ec<= /a>
	&= nbsp;	Esta revista está protegida bajo una licencia Creative Commons Atribución-No C= omercial-Compartir Igual 4.0 International. Copia de la licencia: https://creativecom= mons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es
Palabras clave: Preso; rehabilitación; reinserción; libertad; delincuencia; problema social	&= nbsp;	Resume= n Introducción= . La rehabilitación integral y la reinserción social de las Personas Privadas de Libertad (PPL) en Ecuador = son aspectos cruciales para la sociedad. El impacto de este proceso en este g= rupo vulnerable es innegable, dado que tiene repercusiones tanto a nivel individual como colectivo. En este contexto, es responsabilidad primordial del Estado garantizar un cumplimiento efectivo de la rehabilitación como medida preventiva, de reducción de reincidencia y de disminución de los índices delictivos. Sin embargo, la eficacia del sistema penitenciario ecuatoriano y el rol deficiente del Estado en el tratamiento de las PPL plantean desafíos significativos. Objetivo. El objetivo de esta investigación es definir el alcance del sistema penitenciario ecuatoriano= y examinar la falta de eficiencia estatal en el tratamiento de las PPL. Se busca proporcionar herramientas y mecanismos oportunos que puedan ser aplicados antes, durante y después del internamiento de las PPL. A través= de un enfoque metodológico analítico-sintético y utilizando la técnica bibliográfica o documental, se recopiló información sobre la situación ac= tual del sistema penitenciario y su impacto en las PPL, sus familias y la soci= edad en general. Metodología. = Se llevó a cabo una recopilación exhaustiva de información utilizando la téc= nica bibliográfica o documental. El enfoque metodológico adoptado fue analítico-sintético, permitiendo el análisis detallado de la situación del sistema penitenciario y su influencia en las PPL y la sociedad en su conjunto. Se examinaron fuentes diversas para comprender a fondo la crisis del sistema, especialmente su origen en la falta de acción estatal. Re= sultados. Los hallazgos de la investigación revelaron una grave crisis en el sistema penitenciario ecuatoriano, principalmente atribuible a la inacción del Estado. Esta crisis afecta significativamente la capacidad de rehabilitación y reinserción social de las PPL, generando consecuencias negativas para la sociedad en su conjunto. Conclusión. Es imperati= vo que el Estado adopte medidas oportunas y adecuadas para fortalecer el pro= ceso de rehabilitación social de las PPL. Esto implica la implementación efect= iva de políticas públicas, legislación pertinente, protocolos adecuados, herramientas técnicas y económicas, así como la ejecución de proyectos con seguimiento riguroso de los objetivos y resultados obtenidos. Área de estudio general: Derecho= . Área de estudio específica: Derecho procesal penal y litigación oral
Keywords: Prison; prisoner; rehabilitation; reintegratio= n; freedom; delinquency; social problem		Abstract Introduction. The comprehensive rehabilitation and social reintegration of persons deprived= of liberty (PPL) in Ecuador are crucial aspects for society. The impact of t= his process on this vulnerable group is undeniable, given that it has repercussions at both the individual and collective levels. In this conte= xt, it is the primary responsibility of the State to ensure effective complia= nce with rehabilitation as a preventive measure to reduce recidivism and lower crime rates. However, the effectiveness of the Ecuadorian penitentiary sy= stem and the deficient role of the State in the treatment of PPL pose signific= ant challenges. Objective. The objective of this research is to define the scope of the Ecuadorian penitentiary system and to examine the lack of state efficiency in the treatment of PWPs. It seeks to provide timely tools and mechanisms that c= an be applied before, during and after the internment of PPL. Through an analytical-synthetic methodological approach and using the bibliographic = or documentary technique, information was gathered on the current situation = of the penitentiary system and its impact on the PPL, their families and soc= iety in general. Methodology. = An exhaustive compilation of information was carried out using the bibliogra= phic or documentary technique. The methodological approach adopted was analytical-synthetic, allowing for a detailed analysis of the situation of the prison system and its influence on the PPL and society as a whole. Various sources were examined in order to gain an in-depth understanding = of the system's crisis, especially its origin in the lack of state action. Results. he research findings revealed a serious crisis in the Ecuadorian pris= on system, mainly attributable to state inaction. This crisis significantly affects the capacity for rehabilitation and social reintegration of the P= PL, generating negative consequences for society as a whole. Conclusion. <= /b>It is imperative that the State adopt timely and adequate measures to streng= then the process of social rehabilitation of PWPs. This implies the effective implementation of public policies, relevant legislation, adequate protoco= ls, technical and economic tools, as well as the execution of projects with rigorous monitoring of the objectives and results obtained.

Introducción<= /b>

El derecho a la rehabili= tación social en el sistema jurídico ecuatoriano, desde una perspectiva histórica,= ha sido implementado con la finalidad primordial de otorgar mecanismos en beneficio de las Personas Privadas de la Libertad en adelante (PPL) con sentencia ejecutoriada, considerados como un grupo de atención prioritaria, para que reciban un adecuado tratamiento carcelario, con las implicaciones = que aquello genera, proceso que no solo incluirá al individuo que ha delinquido, sino en sus distintas etapas contemplará también a los miembros de su famil= ia e inclusive generará repercusiones en la sociedad.

Las circunstancias delictivas y sociales que atraviesa el país, son muestra de que no existe u= na óptima rehabilitación integral y reinserción social, peor aún, que haya exi= stido amplia inversión estatal, en infraestructura como en su tratamiento, lo que dista de otorgar soluciones, constituye el origen de mayores riesgos, debie= ndo las autoridades estatales y penitenciarias, procurar que PPL, luego del pro= ceso de rehabilitación, gocen de oportunidades de cambio y progreso, mediante una eficiente gestión, correcta aplicación y ejecución de la normativa carcelar= ia, traducido en la reducción de los niveles delictivos imperantes en el país.<= o:p>

En este sentido, las autoridades estatales y penitenciarias, se han limitado a emitir vertiginos= os comunicados de prensa o cadenas de radio y televisión, ofreciendo “mano dur= a” ante la delincuencia, sin exponer planes técnicos, estrategias u objetivos,= y los resultados obtenidos (Mella, 2023), lo que lamentablemente ha contribui= do para que nuestro Sistema Penitenciario deje de ser aquella institución encargada de procurar y facilitar que las personas sancionadas por la comis= ión de un delito, luego del cumplimiento de la pena, se reintegren a la socieda= d de una manera efectiva, dotados de herramientas y recursos que los permitan alejarse del accionar delictivo con repercusiones sociales.

Aunque, es pertinente no= tar que, en forma errada la dialéctica social creé que este sistema es un espac= io pedagógico, de adiestramiento y enseńanza para que PPL sean individuos transformados en mejores personas, por tanto, por el hecho de que el indivi= duo este internado en un centro de privación de libertad no es garantía de rehabilitación automática, ya que, será despojado de su entorno social y sus vivencias diarias.

Sistema que está concebi= do para desarrollar la eficiente planificación y ejecución de actividades de salud, estudio, trabajo, alimentación y especialmente para brindarles un tr= ato digno de las personas privadas de la libertad; sin embargo, actualmente ocu= rre lo contrario, ya que la carencia, hacinamiento, corrupción, infraestructura carcelaria deficiente, la falta de personal o guías penitenciarios capacita= dos, la violencia de la que son objeto, e inclusive el abuso de la prisión preventiva, latente en los centros de privación de libertad de nuestro país, exponen a las PPL a reiteradas violaciones de sus derechos humanos.

Considerando las circunstancias expuestas, el presente trabajo investigativo se sustenta en = la problemática delictiva que atraviesa el país, partiendo en una primera part= e, desde la delimitación del alcance del sistema penitenciario y el rol estata= l en el tratamiento de las personas privadas de la libertad, en el segundo momen= to, se identificará cuáles son las garantías, obligaciones, derechos y deberes otorgados por la legislación ecuatoriana en su tratamiento; y, en un tercer= y último apartado se examinará si el estado vulnera el derecho a la rehabilitación integral y reinserción social como parte de su rol garantist= a de prevención y no reincidencia delictiva.

En este contexto, se pla= ntea como problema de estudio, el siguiente: żLa actuación del estado ecuatorian= o en el tratamiento de las personas privadas de la libertad, vulnera su derecho = a la rehabilitación integral y reinserción social frente a la prevención y no reincidencia en el desarrollo del camino del delito? En consecuencia, el objetivo que persigue el presente trabajo investigativo será el determinar lineamientos y herramientas efectivas, que permitan una correcta rehabilita= ción integral y reinserción social de las PPL, e implementar mecanismos de contr= ol ciudadano durante esta etapa para la prevención y no reincidencia delictiva= .

Marco teórico

Antecedentes

El sistema carcelario del Ecuador, desde hace varios ańos, acarrea una situación compleja, no es necesario realizar un estudio de décadas anteriores para describir el desarrollo y realidad del sistema penitenciario (Casanova Casanova, 2022, p= ág. 360). País que, según el informe emitido por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, cuenta con una población aproximada de 16.9 millones= de personas (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC, 2022), con una población penitenciaria de alrededor de 39.000 personas, conformado por 56 recintos carcelarios, cuya capacidad conjunta es de 30.000 personas, con una sobre población de 10.000 personas. (Álvarez Velasco, 2022)

Los hechos violentos que incluso han terminado con la vida de muchos PPL, mediante varios motines carcelarios acontecidos durante los últimos ańos, han agravado el alarmante problema que incluso ha trascendido fronteras, convirtiéndose en noticia mundial, ahí es en donde han aparecido los reclamos de distintos actores sociales, especialmente se han escuchado la voz social, del ciudadano de a = pie, exigiendo y en ocasiones implorando, de parte del gobierno existan solucion= es palpables.

La rehabilitación integr= al y reinserción social, debe ser uno de los más grandes anhelos de cualquier sociedad del mundo, y especialmente del Estado, pues es el actor de varios temas de índole social, especialmente cuando se habla de privados de la libertad, se debe resaltar que es el ente encargado de afrontar la responsabilidad de custodia y cuidado, además, de expedir medidas adaptadas= a las deficiencias del sistema carcelario y de rehabilitación. (Humala Andrade & Vazquez Martínez, 2023, págs. 2862, 2863)

Sin considerar aquella obligación primigenia, el régimen estatal se ha visto inoperante ante tales circunstancias, llegando al punto que las cárceles del país, desde su mismo funcionamiento, se encuentren altamente influenciadas por las bandas delictivas, la principal herramienta a la que han recurrido los gobiernos de turno, ha sido la declaratoria de estados de excepción en el sistema carcelario; no obstante, no se ha considerado los motivos para que aquel sistema atraviese por las indicadas circunstancias, como elemental estrateg= ia para atacar el problema de raíz. <= o:p>

Nuestro régimen jurídico dispone un adecuado tratamiento para las personas privadas de la libertad, además, de tutelar los elementales derechos de todos los ciudadanos de nues= tro país, especialmente de aquellos que se encuentren en estado de vulnerabilid= ad como en el caso de este grupo de personas, debiendo acentuar la atención estatal en el fortalecimiento y cuidado de su integridad personal, y al cumplimiento de la pena en un ambiente adecuado, en donde ocupen su activid= ad diaria de forma favorable. (Montece Giler & Alcivar López, 2020, pág. 6= 91)

A lo largo de la histori= a, se ha podido notar que en el desarrollo de las sociedades ha primado la exclusión, discriminación y la falta de equidad, lo que, sumado a los probl= emas carcelarios de hacinamiento, incremento de penas, tipificación de nuevos delitos y las condiciones precarias que afronta el individuo dentro de los centros penitenciarios, frente a conflictos comunes, se ha marcado en los sectores o grupos poblacionales más vulnerables, evidentemente ha afectado = de gran manera sus derechos individuales y colectivos, de ahí, es de donde proviene la necesidad estatal de una especial atención, considerándolos como grupos vulnerables. (López Moya, 2021)

Es plenamente notorio, q= ue el ente estatal, ante las circunstancias delictivas que hoy por hoy atravie= sa el país, debe actuar de forma contundente para buscar el desarrollo armónico del individuo en sociedad, actuación que no solamente debe quedarse en meras intenciones plasmadas en líneas de texto constantes en la normativa o polít= icas públicas, si no aquellas disposiciones, deben ser plenamente aplicadas, lo = que a la postre se verá reflejado en la incidencia o reincidencia delictiva.

No obstante, el país enfrenta importantes desafíos jurídicos, sociales, políticos, provenientes = de la crisis carcelaria y delincuencial, que ameritan una profunda comprensión= y la concurrencia de soluciones oportunas, partiendo desde las razones que han originado aquellas circunstancias hasta llegar a comprender como el accionar delictivo genera repercusiones económicas negativas, traducidas en gastos q= ue el gobierno central debe erogar para procurar mantener un adecuado desarrol= lo económico y de seguridad, imprescindible para que la sociedad goce de biene= star y progreso.

La rehabilitación integral

El transcurso del tiempo= y la modernización de la sociedad generan circunstancias de cambio para el desarrollo de los pueblos, y en especial, para nuestro país, que no ha sido= la excepción, pues aquel desarrollo de la misma forma ha ocasionado la aparici= ón de necesidades que pueden ser visualizadas desde distintas perspectivas, ta= les como económicas, sociales, políticas y jurídicas.

Manuel Ossorio (2017), proporciona un concepto de rehabilitación integral, al manifestar:

Rehabilitación del penado en Derecho Penal, cuando el autor de un delito ha sido condenado a pena que lleve aparejada la inhabilitación, absoluta o especial, puede ser rehabilitado; es decir, restituido al uso y goce de los derechos y capacidades de que fue privado, = si cumplida una parte de la condena se ha comportado correctamente. Con caráct= er más amplio, es la reintegración de la confianza y estima públicas, tras cualquier pena cumplida y cierto plazo adicional, que permita cerciorarse d= el retorno del condenado a la convivencia social adecuada. (…) (pág. 831)=

La Rehabilitación Integr= al tendrá por objetivo primordial la “restauración funcional óptima” del indiv= iduo y su reintegración a la familia, comunidad y sociedad, mediante la máxima independencia en su quehacer diario y alcanzar una posición social “estimab= le” por el retorno a su actividad laboral productiva (Machado Maliza, Hernández Gaibor, Inga Jaramillo, & Tixi Torres, 2020)

En el Ecuador, como en la mayoría de países en desarrollo, desde la doctrina social, por sentido comú= n y por mandato legal, debe primar la labor encaminada a la correcta protección= de los derechos individuales y colectivos de los ciudadanos, constituyendo su bandera de lucha diaria la constante labor protectora y evolutiva de aquell= os, ahí, es en donde aparece el rol estatal, mediante el denominado sistema de rehabilitación social.

En materia de Garantías Penales, el Código Orgánico Integral Penal (COIP), emitido por la Asamblea Nacional del Ecuador (2014), respecto del sistema de rehabilitación social, establece: “Art. 672.- Es el conjunto de principios, normas, políticas de l= as instituciones, programas y procesos que se interrelacionan e interactúan de manera integral, para dar cumplimiento a la finalidad del sistema y para la ejecución penal.” En este contexto, se ha de entender que aquel sistema valorará y contemplará las etapas tendientes a procurar una óptima rehabilitación social del privado de la libertad y así poder ser reinsertad= o de manera óptima a la sociedad.

La Constitución de la República del Ecuador (2008), en su artículo 51 reconoce los derechos de las personas privadas de la libertad, de los cuales especialmente hemos de considerar los siguientes:

(…) 4. Contar con los recursos humanos y materiales necesarios para garantizar su salud integral en los centros de privación de libertad. 5. La atención de sus necesidades educativas, labora= les, productivas, culturales, alimenticias y recreativas. 6. Recibir un tratamie= nto preferente y especializado en el caso de las mujeres embarazadas y en perio= do de lactancia, adolescentes, y las personas adultas mayores, enfermas o con discapacidad.

Al referirnos a la rehabilitación integral, por mandato legal, el objetivo primordial de aquel= la es buscar que el PPL readecúe su actuar a las buenas normas morales y legal= es que rigen la sociedad, cualidad completamente voluntaria que deberá nacer d= esde la necesidad intrínseca del individuo, a partir de las enseńanzas y tratami= ento a él otorgados durante el proceso de rehabilitación, mediante la procedimie= ntos psicológicos, educativos e incluso laborales.

En nuestro país, es imposible encontrar resultados o ejemplos exitosos de rehabilitación, ya qu= e, en la práctica, el ente estatal busca una rehabilitación integral, en condiciones deplorables, inhumanas, inseguras, centradas fundamentalmente e= n la privación de toda realidad social, además, del hacinamiento existente en los centros de privación de la libertad.

Programas de rehabilitación

El estado Ecuatoriano, e= s un estado constitucional de derechos y justicia, con el objetivo primordial de proteger y asegurar los derechos y libertades fundamentales de las personas, mediante la emisión, articulación y aplicación de normativa proveniente de = la misma carta magna, tratados internacionales de derechos humanos y armónicam= ente reflejadas en la normativa infra constitucional, en donde, las personas privadas de la libertad, estarán especialmente amparados a través de proces= os técnico-especializados, que garanticen su efectivo tratamiento de rehabilitación integral y reinserción social.

Es pertinente considerar= lo que manifiesta Alban Torres (2004), en su teoría que él ha denominado como prevención especial positiva o rehabilitación, el sostiene que “hay que aprovechar el tiempo de permanencia de los condenados en las cárceles para reducir una transformación de su personalidad, tanto en el orden moral y psicológico, como en el educativo y laboral.” (Albán Gómez, 2004, pág. 8)

El Gobierno del Ex presidente Guillermo Lasso Mendoza, el 21 de febrero de 2022, mediante acto protocolar, presentó la política pública del sistema de rehabilitación soci= al, con enfoque en Derechos Humanos 2022-2025, la que según su texto cuenta con= un presupuesto asignado de 27 millones de dólares y 12 ejes de acción, asociad= os a salud, trabajo, educación, cultura social y arraigo, institucional, alianzas con organizaciones internacionales y de derechos humanos, y el fortalecimie= nto del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI). (PRIMICIAS, 2022)

Sistema en mención que e= n su tratamiento depende mucho de la etapa en la que se encuentre la PPL, aquell= o se lo ha denominado como sistema de progresividad, contemplado en el Código Orgánico Integral Penal (2014), que establece: “Art. 695.- Sistema de progresividad. - La ejecución de la pena se regirá por el Sistema de progresividad que contempla los distintos regímenes de rehabilitación social hasta el completo reintegro de la persona privada de la libertad a la sociedad.”

En este contexto, este mentado sistema está conformado por tres etapas claves en el desarrollo de = los derechos de los ciudadanos, la primera, considera un periodo de observación, comportamiento o actuar en el centro penitenciario; la segunda etapa se ref= iere a los procesos educativos, recreacionales y afines a los que tenga acceso el individuo; y, finalmente la tercera etapa considera la preparación desde distintas perspectivas que pueda tener el ciudadano para su reinserción a la sociedad.

Sistema que va de la mano con el tipo de régimen que atraviesa el PPL, conforme los Arts. 697, 698 y = 699 del COIP, son tres: cerrado, período de cumplimiento de la pena, inicia a partir de su ingreso al centro, se realizará su ubicación poblacional y el = plan individualizado de cumplimiento de pena y su ejecución; el régimen semi abierto, cumple los requisitos y normas del sistema progresivo para desarro= llar su actividad fuera del centro, con actividades de inserción familiar, labor= al, social y comunitaria, se accederá cumplido mínimo el 60 % de la pena; y, el régimen abierto, es el período de rehabilitación tendiente a su inclusión y reinserción social, convive en su entorno social, se accederá cumplido míni= mo el 80 % de la pena.

En este contexto, debemos considerar que el régimen cerrado, es en donde se cimienta la labor rehabilitadora del individuo, al respecto, el Reglamento del Sistema Nacion= al de Rehabilitación Social (2020), en su artículo 178, contempla los ejes de tratamiento de las PPL en este régimen:

Los centros de rehabilitación social ejecutarán los planes, programas y/o actividades de tratamiento de las pers= onas privadas de libertad en régimen cerrado, en coordinación con las entidades = que conforman el Directorio del Organismo Técnico del Sistema Nacional de Rehab= ilitación Social, a través de los ejes: 1. Laboral; 2. Educación; 3. Cultura; 4. Depo= rte; 5. Salud; y, 6. Vinculación social y familiar. (pág. 51)<= /p>
Debemos considerar que c= ada una de las mencionadas etapas con las circunstancias que aquello conlleva s= on beneficios otorgados a la persona privada de la libertad a partir del princ= ipio de progresividad, se deberán aplicar medios, métodos, equipo interdisciplinario, para la consecución de la óptima rehabilitación, ser reincorporado a la familia y sociedad, e incluso brindarle acompańamiento p= ost carcelario.

Los derechos contemplado= s en el sistema de progresividad, deben ser cumplidos de manera efectiva, no pue= den ser menoscabados de ninguna manera por alguna autoridad pública o administrativa, ya que, de hacerlo, estará contraviniendo disposiciones leg= ales emitidas en garantía de su cumplimiento, al respecto, la Corte Constitucion= al del Ecuador (2013), expresa:

(...) se debe considerar que la progresivi= dad de los derechos supone, en concreto, que el Estado no puede implementar med= idas que tengan como finalidad o como efecto, la disminución del nivel de reconocimiento y cumplimiento de los derechos contenidos en la Constitución= y en los Instrumentos de Derechos Humanos. (Sentencia No. 008-13-SIN-CC, pág.= 12)

La reinserción social

El ser humano es un ser social por naturaleza, por lo tanto, está constantemente expuesto a la comi= sión de delitos y la consecuente existencia de individuos que violenten o altere= n el orden y armonía social, mediante sus actos u omisiones infringen la normati= va penal, circunstancias que requieren la emisión de mecanismos tendientes a resolver aquellas situaciones, pues, esta actividad tiene efectos sociales nocivos, que, si no son oportunamente atendidos por el Estado, generan afectaciones como el complejo problema que implica la inseguridad, hasta ll= egar a las pérdidas económicas que afrontar la población económica activa.<= /o:p>

Un sistema carcelario sumergido en el abandono, además de los actos violatorios de los derechos humanos de los que han sido objeto las PPL, ocasionan que en la actualidad = este sistema de reinserción social genere únicamente expectativas, pero no resultados alentadores, la Política Pública del Sistema de Rehabilitación Social 2022-2025, de manera complementaria con el Plan Nacional de Desarrol= lo o Plan de Creación de Oportunidades 2021-2025, enmarca el actuar estatal en l= os enfoques de derechos humanos, igualdad y no discriminación, buscando la creación de oportunidades, a partir de los ejes económico, social, segurida= d integral e institucional, con sustento en valores humanos, ya que, sobre aquellos qu= e se ha de orientar su aplicación. (Secretaria Nacional de Planificación SENPLAD= ES, 2021)

Una vez que las personas= han ingresado a este sistema, el Estado por mandato del Art. 51 de la Constituc= ión de la República del Ecuador (2008), en favor de los Privados de la Libertad, está en la obligación de garantizar el acceso y satisfacción de los derecho= s de no aislamiento, comunicación y visitas, salud, así como la atención de sus = necesidades educativas, laborales, productivas, culturales, alimenticias y recreativas.=

En este sentido, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1978), en su Art. 5, reconoce = el derecho a la integridad personal e indica:

1. Toda persona tiene derecho a que se res= pete su integridad física, psíquica y moral.

2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. (…) 6. Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados.<= /span>

De lo anotado, considera= mos que la reinserción social, desde la perspectiva teórica, ha sido implementa= da con el objetivo primordial de conseguir mejores condiciones de vida para la PPL, es decir, que aquellas circunstancias que lo llevaron a ser insertado = en este sistema se queden en el pasado y dejen de influenciar en su vida y la = de su entorno, estableciendo nuevas bases sociales, positivas y fortificadas, = que se plasman en un mejor porvenir, enmarcado en las normas justas y legales q= ue rigen nuestra sociedad.

Circunstancias que por p= arte del Estado ecuatoriano no han sido tomadas en cuenta para su efectiva aplicación, como ya se indicó a pesar de la emisión de normativa actual respecto del tema, observándose que el nivel de reincidencia delictiva no ha disminuido, más bien, ha aumentado exponencialmente (PRIMICIAS, 2023), pues= , se observa que la normativa no soluciona los problemas principales, existen circunstancias recurrentes que han deteriorado el estatus de la PPL, ocasionando el desmedro total del sistema de reinserción social.=

La inversión estatal, el desarrollo de planes de acompańamiento institucional y familiar, además de = la dotación de infraestructura carcelaria adecuada y un trato igualitario en relación a sus pares, son imprescindibles para el éxito del proceso de reinserción de la PPL, así se estará más cerca de conseguir un efectivo cam= bio en el individuo privado de la libertad, siendo importante entender que la prioridad siempre será el ser humano, más allá de los crímenes que haya cometido, sin distinción alguna.

Inclusión social

El principal reto del sistema de rehabilitación integral y reinserción social en el país, es el de procurar una correcta inclusión social de las PPL cuando hayan cumplido su pena, transformando los recintos carcelarios en centros de formación, educa= ción y potenciamiento humano, con espacios físicos y de interacción social desti= nados a la construcción de un futuro prominente, alejándose de la idea de que su objetivo es el de cumplir con una pena o castigo, y habiendo cumplido con e= se objetivo, él ejercerá sus derechos de manera efectiva, además de cumplir con sus obligaciones de manera responsable; sin embargo, lo indicado es una uto= pía que está lejos de suceder en el Ecuador.

En este orden de ideas, = la PPL, una vez que ha cumplido con su pena, en libertad encuentra dificultades estructurales incrustadas en nuestra sociedad, pues, su vida post cárcel es= tá marcada por el desempleo, discriminación y una ferviente estigmatización, lo que a la postre concluirá en que la gran mayoría de personas “rehabilitadas” vuelvan a incurrir en actividades delictivas.

La principal solución a = la problemática social y económica ocasionada por la delincuencia e inseguridad que en la actualidad atraviesa el país, está en la inclusión social de este grupo de nuestra sociedad, esto requerirá de la intervención activa principalmente del Estado, desde la formación en los centros carcelarios, p= ero también se requerirá de la colaboración de la empresa privada y de la socie= dad, mediante la participación en la implementación de planes o programas que ofrezcan alternativas de empleo. (EXPOK, 2023)

En este sentido, la Comi= sión Interamericana de Derechos Humanos (2022), mediante una visita previa al pa= ís, en su análisis al estado carcelario, recomienda:

Crear una red de cooperación entre el SNAI, servicios de asistencia social, grupos comunitarios locales, organizaciones= de la sociedad civil y familiares con el propósito de contar con programas de reintegración que se dirijan a dar seguimiento a la reinserción social y a asegurar apoyo continuo a las personas que han salido de la cárcel; en particular, en materia de vivienda, trabajo, salud integral, educación, capacitación y asistencia jurídica.

Sin embargo, la sociedad ecuatoriana, ante la población ex PPL, muestra un cierto rechazo, subestima= ndo al individuo, pensando que aquellos siguen siendo criminales y poco confiab= les, lo cual se evidencia en las escasas oportunidades laborales de estas person= as, en las etiquetas, estereotipos o discriminación de la que son objeto, lo cu= al se considera ha sido propiciado por la misma falta de interés en su proceso= de rehabilitación que emerge de parte del órgano estatal.

Para la solución a estos problemas, podemos decir, que el Estado deberá actuar activamente en el fortalecimiento de los programas de reinserción social, asignación presupuestaria adecuada, dotación de personal y actividades suficientes para estos programas y adoptar medidas que garanticen que la PPL tenga oportunid= ades laborales y educativas suficientes. (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2022)

Marco legal que rige el sistema de rehabilitación social
El Estado ecuatoriano, es considerado un estado constitucional de derechos y de justicia, así, la Constitución de la Republica del Ecuador (2008), indica “El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico.” (Art. 1,), circunstancia especialmente relevante, ya que no solo los reconoce, sino ad= emás instituye procedimientos, obligaciones y limitaciones en aras de propiciar = su efectiva aplicación y goce, ya que toda la legislación interna del país debe estar en armonía con la norma suprema.

Este cuerpo legal consid= era el Derecho a la Rehabilitación Social Integral, mediante el cual, en teoría, garantiza su protección y una correcta rehabilitación integral y reinserción social, mediante la obligación estatal y prioritaria de procurar el desarro= llo de sus capacidades para un óptimo ejercicio de sus derechos y cumplimiento = de responsabilidades en libertad, lo que deberá ser garantizado, mediante el organismo técnico que se encargará de evaluar la eficacia de las políticas públicas emitidas al respecto, fijar los estándares de cumplimiento y de la administración de los recintos carcelarios.

El Art. 203 de la Constitución de la República del Ecuador (2008), establece:

2. En los centros de rehabilitación social= y en los de detención provisional se promoverán y ejecutarán planes educativo= s, de capacitación laboral, de producción agrícola, artesanal, industrial o cualquier otra forma ocupacional, de salud mental y física, y de cultura y recreación. (…) 5. El Estado establecerá condiciones de inserción social y económica real de las personas después de haber estado privadas de la liber= tad.

La Asamblea Nacional del Ecuador, es la encargada de adecuar la normativa constitucional, para ser plasmada en la normativa de carácter inferior, en aras de garantizar de garantizar el efectivo derecho a la rehabilitación social.

En este sentido, el inci= so segundo del Art. 4 del Código Orgánico Integral Penal (2014), determina:

Las personas privadas de la libertad conse= rvan la titularidad de los derechos y serán tratados con respeto a su dignidad c= omo seres humanos (…). El trato humanitario de las personas privadas de liberta= d es compatible con la seguridad y el orden en los centros de privación de liber= tad como condición necesaria para garantía de sus derechos. Se prohíbe el hacinamiento.

De la misma forma, el Ar= t. 672 del COIP, establece que el Sistema Nacional de Rehabilitación Social, s= e ha de considerar como el conjunto de principios, normas, políticas públicas, programas y procesos interrelacionados de manera integral, con el objetivo = de dar cumplimiento al sistema y la ejecución de la pena.

En el mismo cuerpo legal= , a reglón seguido, el Art. 673, determina la finalidad del Sistema Nacional de Rehabilitación Social:

1. La protección de los derechos y garantí= as de las personas privadas de Libertad reconocidos en la Constitución de la República, los instrumentos internacionales de derechos humanos y la presen= te Ley, con atención a sus necesidades especiales. 2. El desarrollo de las capacidades de las personas privadas de libertad para ejercer sus derechos y cumplir sus responsabilidades al recuperar completamente su libertad. 3. La rehabilitación integral de las personas privadas de libertad, en el cumplimiento de su condena. 4. La reinserción social y económica de las personas privadas de libertad.

Al respecto, la Ley Orgá= nica de Seguridad Pública y del Estado (2009), establece principios, resaltando = el de integralidad, el cual indica:

La seguridad pública será integral para to= dos los habitantes del Ecuador, comunidades, pueblos, nacionalidades, colectivo= s, para la sociedad en su conjunto, las instituciones públicas y privadas, y comprende acciones conjugadas de prevención, protección, defensa y sanción. Así, se prevendrán los riesgos y amenazas que atenten contra la convivencia= , la seguridad de los habitantes y del Estado y el desarrollo del país; se prote= gerá la convivencia y seguridad ciudadanas, se defenderá la soberanía y la integ= ridad territorial; se sancionarán las acciones y omisiones que atenten a la segur= idad pública y del Estado”.

En síntesis, la rehabilitación integral y reinserción social, desde la perspectiva legal, ha sido concebida con el principal objetivo de ser una herramienta que permita= a las personas privadas de la libertad ser vinculados con la sociedad a parti= r de la óptima administración pública.

Derechos de las personas privadas de la libertad.

Las penas privativas de libertad

Las penas privativas de = la libertad, tanto en la teoría como en la práctica, son consideradas como la principal herramienta para alcanzar la efectiva rehabilitación integral y reinserción social de las personas que han sido sancionadas por la comisión= de un delito, circunstancia que se encuentra constante en la normativa interna= del Ecuador, así como en la normativa internacional.

Al respecto, la Constitu= ción de la República del Ecuador, en su artículo 201, dispone: “El sistema de rehabilitación social tendrá como finalidad la rehabilitación integral de l= as personas sentenciadas penalmente para reinsertarlas en la sociedad, así com= o la protección de las personas privadas de libertad y la garantía de sus derech= os.” En este mismo orden de ideas, profundizando sobre lo que se ha de considerar como pena, el Código Orgánico Integral Penal, establece:<= /p>
Finalidad de la pena. - Los fines de la pe= na son la prevención general para la comisión de delitos y el desarrollo progresivo de los derechos y capacidades de la persona con condena, así com= o la reparación del derecho de la víctima. En ningún caso la pena tiene como fin= el aislamiento y la neutralización de las personas como seres sociales. (art. = 52)

Entonces, de lo expuesto= , se debe entender que este sistema está encaminado a lograr la reincorporación = funcional a la vida en sociedad de las personas privadas de la libertad, mediante la rehabilitación social, y consecuentemente la prevención de la reincidencia delictiva. (Brito Febles & Alcocer Castillo, 2021)

El Estado debe realizar = una labor técnica-progresiva, encaminada a la atención al individuo desde la perspectiva humanitaria, procurando que en su vida en sociedad se desempeńe= n de manera correcta, procurando la consecución de los objetivos de la pena privativa de la libertad, pues, aquellos privados de la libertad son person= as que gozan de derechos y responsabilidades, que deben ser cumplidas, sin ser tratados desde la perspectiva del desecho, es decir, siguen siendo padres o madres de familia, pertenecientes a un entorno familiar y social, que merec= en se posibilite el desarrollo de sus capacidades en prisión.

No obstante, se ha obser= vado el uso o abuso de la cárcel como herramienta para la contención de la delincuencia, considerando de forma desacertada que las circunstancias narr= adas en el presente estudio, se deben a la falta de rigurosidad en las penas.

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Sistema penitenciario ecuatoriano

El sistema penitenciario= o carcelario del país, a primera vista, se puede considerar que es un sistema deficiente, caduco y altamente corruptible, en su concepción ideológica no provee ningún tipo de solución, más bien se podría decir que es una “universidad del delito” en donde los privados de la libertad, más allá de rehabilitarse en forma positiva, terminan por perfeccionar sus métodos delictivos, alejándose de su concepto básico, ya que esencialmente ha sido considerado como el lugar en el que aquellas personas que han cometido un delito cumplen con la pena privativa de la libertad. (Dafonce Carvallo, Monteiro Santana, & Charry Davalos, 2022, pág. 161)
En este punto, no es necesario realizar un análisis histórico para describir la realidad del sis= tema penitenciario del Ecuador, ya que, es de conocimiento público y notorio tan= to a nivel nacional como internacional, la actualidad por la que atraviesa dicho sistema, encontrándose en crisis desde hace algunos ańos atrás, la que a me= dida del paso del tiempo genera repercusiones cada vez más graves para la socied= ad.

La imperante necesidad protectora que el estado le debe a aquellos grupos sociales, se presenta an= te circunstancias de desigualdad estructural, poblacional o por atención apega= da a elementos de prioridad, condiciones o características, en las que resalta principalmente aquellos grupos considerados vulnerables, pues, es responsabilidad del estado, atendiendo el reconocimiento de sus derechos, efectivizarlos en forma armónica con la normativa legal. (Villamarín Rodríg= uez & López Moya, 2023, pág. 6679)

Desde la perspectiva penitenciaria, el Estado es el órgano rector encargado del cumplimiento de = la condena, control y vigilancia de las Personas Privadas de la Libertad.=

Para que los sistemas penitenciarios, y, e= n definitiva, la privación de libertad como respuesta al delito, cumplan con su finalidad esencial, es imprescindible que los Estados adopten medidas concretas orientadas a hacer frente a estas deficiencias estructurales (Sánchez Gutié= rrez, 2021, pág. 45).

Una de las principales medidas de carácter prioritario a ser adoptada por parte del órgano de gobi= erno central, es la asignación de recursos económicos, pues, mediante aquellos se podrá dotar a la población carcelaria de herramientas plenas para su rehabilitación mediante la asignación a programas educativos, de salud físi= ca o mental, e inclusive laborales, además, de pernoctar durante aquel proceso en instalaciones adecuadas, que les haga saber que son personas que pueden progresar conjuntamente con su familia, mediante el trabajo digno.

Al respecto, el gobierno nacional del ex Presidente Guillermo Lasso, mediante la expedición de la “P= olítica Publica del Sistema Nacional de Rehabilitación Social con enfoque en DDHH 2022-2025”, aseguró que, durante la aplicación de aquella, la inversión est= atal en su primer ańo, es decir, para el ańo 2022, sería de 27 millones de dólar= es, distribuidos en 11 ejes, en los que se incluía el denominado como rehabilitación con un presupuesto de 8’543.165 dólares, el segundo rubro más alto, solo por detrás del denominado salud, con un presupuesto de 12’181.591 dólares. (Gonzalez, 2022)

Lo cual no ha sido cumpl= ido, quedando todo en meros ofrecimientos, repercutiendo tal situación en la deficiencia del sistema y posteriormente en la desatención de las personas privadas de la libertad, que a la postre, se han convertido en víctimas del sistema político imperante en el país.

Metodología

El enfoque de este traba= jo de investigación fue cualitativo, basándose en fundamentación teórica y adoptando un nivel de profundidad descriptivo a través de criterios doctrinarios relacionados con el tema. En cuanto a los métodos empleados en este estudio, se utilizó el enfoque analítico-sintético, que implicó un análisis lógico basado en la aplicación de métodos expuestos en la doctrina nacional e internacional.

Este análisis se centró = en la forma en que el Estado ecuatoriano vulneró el derecho a la rehabilitación social, así como en el tratamiento integral de reinserción a la sociedad pa= ra la prevención de la reincidencia delictiva, considerando todas sus cualidad= es, propiedades y componentes, así como la relación entre estos componentes den= tro del sistema carcelario.

Además, se aplicó el mét= odo inductivo-deductivo, utilizando la observación y el razonamiento general, es decir, partiendo de lo particular hasta lo general, como en el caso de la comunidad de personas privadas de la libertad, concluyendo que el Estado ecuatoriano ha desarrollado poco en beneficio de este grupo poblacional. Los resultados obtenidos a través de la técnica bibliográfica o documental consistieron en datos e información recopilados de libros, manuales, revist= as e incluso publicaciones en línea, que constituyeron las bases y elementos de estudio. Se utilizó la técnica de fichaje como medio para recopilar indicio= s y datos relevantes de estas fuentes.

Resultados

El Código Orgánico Integ= ral Penal (2014) contempla las penas privativas de la libertad y su finalidad, frente a ello, la persona que incurre en actividades delictivas. deberá ser sancionada con la aplicación de una pena, con la finalidad de que, por su intermedio, prevenir la comisión de delitos y la rehabilitación del condena= do.

El Estado Ecuatoriano vulnera el derecho individual a la rehabilitación integral y reinserción so= cial de las Personas Privadas de la Libertad, lo que en el desarrollo del delito genera consecuencias nocivas en la prevención y no reincidencia delictiva, pues, el estado desde toda perspectiva, es el máximo órgano responsable del tratamiento que se debe realizar en favor de las PPL, mediante la creación = de órganos administrativos como el SNAI, se evidencia que no existe rehabilita= ción integral, ya que de las etapas de proceso de rehabilitación, ninguna se cum= ple satisfactoriamente.

La Política Publica del Sistema Nacional de Rehabilitación Social 2022-2025, así como la legislación emitida al respecto, plasma “teóricamente” una serie de prerrogativas y beneficios en favor de las PPL, sin embargo, si no se cuenta con elementos técnicos, económicos y metodológicos para su implementación constituirá una “obra de arte” que solo servirá para decorar un sistema plagado de deficien= cias.

La implementación y dise= ńo de una política pública para la rehabilitación integral y reinserción social deberá partir de un diagnóstico efectivo de las situaciones que aquejan aqu= el sistema, y así poder establecer cuáles son las deficiencias que se requieren atacar, lo que posteriormente otorgará una línea de acción con objetivos cl= aros y específicos a trabajar, además, determinando las condiciones técnicas para la evaluación de la misma en lo posterior a su implementación y así inclusive realizar las correcciones necesarias.

Circunstancias como el hacinamiento carcelario, violencia en los centros, corrupción, malas condiciones estructurales, falta de servicios o espacios adecuados, afectan= de gran manera el desarrollo de las PPL.

La calidad de vida y seg= uridad de las PPL en los centros de privación de la libertad, es de vital importan= cia, ya que aportará además a su tratamiento psicológico, sentirá que es parte d= e un grupo social y que puede mejorar, lo cual, mediante actos complementarios de tratamiento, salud, educación, infraestructura, constituirán elementos esenciales en su vida en libertad.

Las medidas adoptadas buscando el fortalecimiento de la seguridad en las cárceles deben ser integrales y no mediáticas, inclusive articulando comisiones o comités de expertos que evalúen el desempeńo de los servicios carcelarios, guías penitenciarios, actuación policial y militar, que inclusive lleguen a promo= ver reformas estructurales y de operación de los recintos carcelarios, para que= el estado pueda responder de manera efectiva ante la actividad delictiva.=

En el proceso de rehabilitación integral y reinserción social, es imprescindible la participación activa de diversos sectores de la sociedad, en el ámbito públ= ico y privado, su contribución es esencial para el proceso delictivo antes, dur= ante y después, mediante la participación activa de la familia se conseguirá que= el individuo se sienta en la necesidad de mejorar, y mediante el actuar de entidades privadas tendrá la posibilidad de realizar una actividad laboral = para su sustento.

Conclusiones

·         El potencial del individuo es significativo y puede ser maximizado en condiciones sociales y económicas óptimas. A pesar de cometer errores o enfrentar circunstancias adversas, es posible que se encuentre envuelto en situaciones de relevancia penal, requiriendo un tratamiento rehabilitador. Sin embargo, es crucial entender = que incluso en estos momentos, el individuo no pierde su humanidad. En estas circunstancias, se necesita una atención especial para garantizar que, desp= ués del proceso de rehabilitación, se convierta en un miembro activo y positivo= de la sociedad, contribuyendo a la reducción de los índices delictivos del paí= s.

·         En la actualidad, una vez que un individuo privado de la libertad cumple su pena,= es reintegrado a la sociedad en condiciones desfavorables en la mayoría de los casos. A menudo, no recibe un tratamiento educativo, psicológico o físico adecuado, = ni se le brinda apoyo para su reintegración laboral. Esto lleva a que sea abandonado por el Estado a su suerte. Una vez en la sociedad, enfrenta discriminación, segregación, aislamiento e incluso desempleo, lo que no solo afecta su bienestar personal, sino también el de su familia y la sociedad en general. Estas condiciones aumentan el riesgo de reincidencia delictiva, ya= que el individuo se ve obligado a buscar medios para proveer alimentos a su familia.

·      =    Este estudio se realizó considerando las circunstancias mencionadas, ya que las Personas Privadas de Libertad (PPL) en los centros de reclusión, por mandato legal y constitucional, deben recibir una atención óptima y humana que les proporcione herramientas adecuadas para progresar en libertad y convertirse= en miembros económicamente activos de la sociedad. Es fundamental reconocer que las PPL son un grupo humano de gran importancia en nuestra sociedad y que merecen un tratamiento especial. Por lo tanto, el gobierno debe actuar con voluntad política, proporcionando los recursos económicos y técnicos necesa= rios para su tratamiento, lo cual no debe quedarse solo en promesas legales, sino que debe ser cumplido rigurosamente y supervisado por las entidades de cont= rol.

Conflicto de intereses<= /o:p>

Los autores declaran no tener conflicto de interes= es.

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