Ineffec=
tiveness
of the criminal type of psychological violence in the ci=
ty
of Cuenca, province of Azuay, in the first quarter of 2021
|
|
Ana María Avilés Tenorio |
|
https://orcid.org/0000-0002-4198-1621 |
|
|
|
|
|||
|
|
Daniel Eduardo Rafecas |
|
|
|
|
|
|
|
|
Artículo de Investigación
Científica y Tecnológica Enviado: 05/10/2023 Revisado: 17/11/2023 Aceptado: 10/12/2023 Publicado:05/01/2024 DOI: <=
span
style=3D'mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri'> |
||||||
|
|
|
||||||
|
Cítese: |
|
Avilés Tenorio, A. M., & Eduardo Rafecas, D.
(2024). Ineficacia del tipo penal de la violencia psicológica en la ciuda=
d de
Cuenca, provincia del Azuay, en el primer trimestre del 2021. Visionario
Digital, 8(1), 6-29. https://doi=
.org/10.33262/visionariodigital.v8i1.2834 |
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
Esta
revista está protegida bajo una licencia Creative Commons Atribución-No C=
omercial-Compartir
Igual 4.0 International. Copia de la licencia: |
|
||||
|
Palabras clave: Violencia Doméstica, Delito, Mujer, Derecho,
Ecuador. |
|
Resume=
n Introducción: La
prevalencia de la violencia contra las mujeres a lo largo de los años ha
estimulado el establecimiento de programas destinados a lograr la no
violencia contra las mujeres, principalmente a nivel internacional, así c=
omo
numerosas reformas normativas nacionales e internacionales diseñadas para
proteger a las mujeres de la violencia que sufren. <=
span
style=3D'font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:"Times New Roman",=
serif'>Área
de estudio general: Derecho.
Área de estudio específica: Violencia de género=
. |
|||||
|
Keywords: Domestic violence, crime, women, law, Ecuador. |
|
Abstract Introduction: The prevalence of violence against women ov=
er the
years has stimulated the establishment of programmers aimed at achieving non-violence against wo=
men, at the
international level, as well as numerous national and international policy
reforms designed to protect women from the violence they suffer. <=
/span>Objectives: =
The objective is to demonstrate whether this criminalization=
can
be considered as a sufficient response to prevent all types of violence, =
and
even to eradicate it, becoming a true solution to society, by addressing =
not
only a series of preventive policies, but also of care, protection, and reparation of the female victim<=
/span>. Methodology:=
A quantitative analysis of the cases proce=
ssed
by the Specialized Units on Gender Violence of the Provincial Prosecutor's
Office of Azuay was conducted. Results: It was possible to define that the crime ty=
pified
in the Comprehensive Organic Criminal Code of Psychological Violence agai=
nst
Women and Members of the Family Nucleus, in its amended article 157, is n=
ot a
legal solution that can demonstrate its effectiveness. Conclusions: To encourage victims of psychological viole=
nce to
report or seek justice, alternative measures should be implemented to pro=
mote
comprehensive psychological reparation through public policies. General
Area of Study: Law. Specific area of study: Gender-based viole=
nce.
|
|||||
Introducción
Es
importante abordar esta temática partiendo del punto de vista teórico en cu=
anto
a la Selectividad penal, pues esta se basaría en un programa
criminalizador del Estado la cual emprendería a la búsqueda de todas las
prácticas delictivas a fin de llevarlas a considerar como tales en la
legislación penal vigente de cada Estado.
Es por
ello, que acertadamente Rafecas (2021) manifiesta: “Stratenwerth (2013)
“querer punir toda culpabilidad habida sobre la tierra no solo sería una
empresa imposible en la práctica, sino que resultaría absurdo ya como mero
programa” (p. 35).
En es=
te
contexto, Rafecas (2021) expone que “todo programa criminalizador del estado
constituye una empresa irrealizable en su conjunto, sea cual fuere la época=
y
el país al que nos refiramos. Ningún Estado, bajo ningún régimen, en ninguna
época, siquiera estuvo cerca de ello” (p. 115).
De he=
cho,
los Estados obligados a dar una respuesta a las demandas sociales se ven fr=
ente
a un programa criminalizador inmenso e inabarcable, sin que exista concienc=
ia
de la verdadera investigación criminológica que pueda arrogar resultados
reales, con los cuales podría establecer de manera consciente la problemáti=
ca
social a fin de optar por las mejo=
res
políticas estatales una vez estudiadas estás y dar una respuesta a la socie=
dad
y a las víctimas de las conductas delictivas, más no desencadenar en lo punitivo siempre.
Bajo =
este
orden de ideas, Rafecas (2021) argumenta:
“fren=
te a
esta realidad monolítica, según la cual, los órganos encargados de la
persecución penal se ven frente a un programa criminalizador inmenso e
inabarcable sin importar los recursos humanos y materiales que se pongan a
disposición, sus responsable se encuentran inevitablemente frente a un dile=
ma
de hierro: o entrar en una suerte de crisis paralizante (como reacción de
impotencia ante una tarea que , de conjunto, resultada de imposible realiza=
ción
) o decantase por seleccionar qué delitos, que bienes jurídicos y por ende,=
qué
clase de autores irán a parar al sistema penal formal.”
<=
/span>Es
por ello, que la presente investigación va encaminada a comprender porque el
legislador optó por reformar la violencia psicológica considerada como una
contravención para calificarla dentro de un tipo penal, y a verificar si al
transformarse en delito de acción penal pública es eficaz o no frente a la
problemática social.
Para
poder responder esta pregunta, es necesario partir desde el punto de interés
que no es preguntarnos sobre si un sistema penal dado es selectivo, porque
sabemos que su respuesta siempre vava a hacer afirmativa, sino
formularnos la pregunta de ¿Cómo un Estado selecciona? y ¿ Y quiénes del ejecuti=
vo son
los encargados de la selectividad penal? (Rafecas, 2021).
Para =
dar
una respuesta a estas preguntas partamos que los estados sobre todo el
latinoamericano a lo largo de su accionar han demostrado muy poca inversión=
o
casi nula en invertir en políticas públicas encaminadas a estudiar
criminológicamente aquellas formas=
de
conducta que infringen continuamente y que a la larga se convierte en un
problema social y que efectivamente infringen la ley penal, está es la razón
por lo que todos los sistemas penales ocurre el mismo fenómeno, que es solo
perseguir de modo masivo y permane=
nte
unas pocas modalidades establecidas respecto de un cien números de bienes
jurídicos o en respuesta a exigencias sociales que causan conmoción social =
al
no ver una respuesta del estado, mientras que permanentemente sigue latente=
el
problema social sin ninguna solución legal y también aquello bienes jurídic=
os
reconocidos que son marginados.
Según=
, Rafecas (2021) en nuestro país=
, si
computamos todos los delitos ingresados al sistema penal formal (para lo cu=
al
hemos de abarcar todos los fueros penales, nacionales y provinciales, de
mayores y menores, criminales y correccionales, etcétera), advertiremos que,
como mínimo, dos de cada tres de ellos lo son robos, fraudes, estafas, daño=
s,
entre otros), mientras que en el espacio remanente, se comprimen todos los
restantes procesos vinculados a los demás bienes jurídicos.
Como
vemos los sistemas penales están dedicados a una persecución sobre delitos
contra la propiedad, por lo que apreciamos que esta selectividad viene de l=
os
sectores menos favorable económicamente, por lo que la característica de los
sistemas penales provendría de las personas por lo general excluidas del Es=
tado
de bienestar y su provisión de derechos sociales, tales como educación,
vivienda, salud y trabajo digno.
Bajo =
este
contexto Ballester
& Villanueva Binder (201=
43) manifiesta:
“en el
contexto de un sistema penal que no logra funcionar bajo criterios de igual=
dad
y se ensaca con los más débiles de la sociedad”, y agrega que “…la selectiv=
idad
entendida como el funcionamiento del sistema penal orientado de un modo casi
exclusivo al castigo (formal o a través del encarcelamiento preventivo) de =
los
sectores más pobres y vulnerables de la sociedad, es la característica más
determinante, que se debe revertir. Todas las instituciones quedan teñidas y
atrapadas por este fenómeno y no debe ser puesto en ningún momento en un
segundo plano” (p. 37).
Es por
ello quepor lo
que podemos concluir esta primera parte de la introducción que=
la
mayoría de las causas penales son ingresadas al sistema penal de cada estado
por la vía netamente sumaria o por los resultados de las estadísticas
policiales, quienes no poseen estudios criminológicos verdaderos y efectivos
para identificar las causas de origen que provocan estas conductas delictiv=
as,
sino más bien responden a la actuación policial que está controlando la
selectividad penal.
En es=
te
segmento subsiguiente, comenzaremos con uno de los avances regulatorios
notables para los legisladores, quienes, en el momento de su concepción,
consideraban la «violencia psicológica» como un delito penal y no como un
simple delito menor. Antes de esto, esa conducta humana se tipificaba como =
una
infracción según el ya desaparecido Código Penal, por lo que era necesario
tramitar sus procedimientos penales en virtud de la Ley sobre la violencia
contra la mujer y la familia (derogada), y la Policía de la Mujer y la Fami=
lia
era responsable de abordar esas quejas. =
Sin embargo, los legisladores del Ecuador, luego de un análisis vier=
on
la necesidad de incluir la violencia psicológica bajo la tipología penal,
justificando dicha acción en la realidad nacional y en la presión social
existente que pide el fin de esta conducta o al menos, su disminución ya qu=
e se
trata de una problemática social muy frecuente.
Sin lugar a dudasSin
lugar a duda, la categorización del comportamiento humano y la
interpretación que el poder legislativo otorga a la sociedad constituyen un=
a respuesta
precisa a la realidad imperante que enfrentan las mujeres ecuatorianas. Así=
lo
demuestran los datos estadísticos que indican que el 75,9% de las mujeres d=
e la
región del Azuay que han sufrido violencia de género han sido objeto de
violación por parte de sus parejas actuales o anteriores (INEC,
2011). Es importante des=
tacar
que la ciudad de Cuenca, ubicada en la provincia del Azuay, se encuentra en=
tre
las ciudades con la mayor incidencia denunciada de violencia contra las
mujeres, un hecho que aparece con frecuencia en las noticias nacionales.
Frente a estas cifras oficiales que se conocen y que son noticias
nacionales, esta investigación se debería llevar a cabo para poder determin=
ar
la eficacia de la norma penal como y se preventiva o no; y así, demostrar la
eficacia del tipo penal de violencia psicológica tipificado establecido en =
el aArt.
157 del COIP, por lo que es importante analizar, en primer lugar, si su
tipificación como delito está protegiendo a la víctima y en segundo lugar, =
si
al momento de llegarse a conocer fiscalía General del Estado se obtiene una
respuesta eficaz en judicializarse el caso a través de una
sentencia o los casos quedan en una investigación sin respuesta alguna.
Por lo tanto, es importante dar a conocer las causas por las cuales =
es
eficaz o no la norma penal del artículo 157 del Código Orgánico Integral Pe=
nal
y encontrar una respuesta a estas conductas humanas que se encuentran gener=
ando
una demanda de denuncias sin tener ningún resultado y generando un incremen=
to
de recursos estatales sin obtener una respuesta por parte de la administrac=
ión
de justicia peor aún por el estado (Asamblea Nacional del Ecuador, 2014).
Con esta investigación y frente a estas nuevas
reformas, el presente trabajo analizará y pretenderá demostrar si esta
tipificación penal, puede ser considerar como una respuesta suficiente para
prevenir todo tipo de violencia, e incluso llegar a erradicarla, convirtién=
dose
en una verdadera solución a la sociedad, al abordar no sólo una serie de
políticas preventivas, sino también, de atención, protección y reparación d=
e la
víctima femenina.
Fundamentación
teórica
La
violencia de género se constituye de varios tipos de violencia, como es la
física, psicológica y sexual, que se efectúan en contra de la mujer o miemb=
ros
del núcleo familiar, que han generado preocupación a nivel nacional y
provincial y que son de conocimiento público, siendo nuestro tema de anális=
is
de investigación la “violencia psicológica”, sin dejar a un lado abordar en
breves rasgos los conceptos de cada uno de estos tipos de violencia.
Es
así quecomo
el Código Orgánico Integral Penal, más adelante COIP, los define de la
siguiente manera, Asamblea
Nacional del Ecuador (2014):
· =
Art. 156.-
“Violencia física contra la mujer o miembros del núcleo familiar. – La pers=
ona
que, como manifestación de violencia contra la mujer o miembros del núcleo
familiar, cause lesiones, será sancionada con las mismas penas previstas pa=
ra
el delito de lesiones aumentadas en un tercio” (p. 60).
· =
Art. 157.- “Violencia
psicológica contra la mujer o miembros del núcleo familiar: Comete delito de
violencia psicológica la persona que realice contra la mujer o miembros del
núcleo familiar amenazas, manipulación, chantaje, humillación, aislamiento,
hostigamiento, persecución, control de las creencias, decisiones o acciones,
insultos o cualquier otra conducta que cause afectación psicológica y será
sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a un año. Si con
ocasión de la violencia psicológica se produce en la víctima, enfermedad o
trastorno mental, la sanción será pena privativa de libertad de uno a tres
años. Si la infracción recae en persona de uno de los grupos de atención
prioritaria, en situación de doble vulnerabilidad o con enfermedades
catastróficas o de alta complejidad, la sanción será la máxima pena, aument=
ada
en un tercio” (p. 60).
· =
Art. 158.- “Violencia sexual contra la
mujer o miembros del núcleo familiar. - La persona que, como manifestación =
de
violencia contra la mujer o un miembro del núcleo familiar, se imponga a ot=
ra y
la obligue a tener relaciones sexuales u otras prácticas análogas, será
sancionada con el máximo de las penas previstas en los delitos contra la in=
tegridad
sexual y reproductiva, cuando se trate de niños, niñas y adolescentes, pers=
onas
adultas mayores y personas con discapacidad” (p. 60).
En
el Registro Oficial Suplemento No. 175 con fecha del 05 de febrero de 2018 =
se
aprobó la “Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia con=
tra
las Mujeres”; teniendo como objetivo el prevenir y erradicar la violencia de
género en contra de las mujeres, a través de la creación de políticas públi=
cas
nuevas a aparte de las que en el COIP establece para la prevención, atención
integral, protección y reparación a la víctima de violencia (Asamblea
Nacional del Ecuador, 2018).
Uno
de los principales justificativos para la creación de esta nueva ley, fue
justamente el buscar la erradicación de la violencia de género contra la mu=
jer,
puesto que al considerar el camino punitivo que se convirtió este tipo pena=
l,
no estaba dando resultados de erradicación, puesto que cada día eran alarma=
ntes
las noticias por femicidio, que era el resultado final del círculo de viole=
ncia
contra la mujer y siendo la antesala del
mismode este
la violencia psicológica.
En
tal sentido, por un lado, indudablemente se dio un avance cuando el COIP en=
al
año 2014, incluyó el femicidio bajo la tipificación de delito, pero el cami=
no
para erradicar la violencia no estaba dando resultados, puesto que, esta
política generaba altos costos, tanto económicos como sociales, familiares y
personales, no sólo para la víctima sino también para el Estado (COIP, 2014).
Como
un problema apremiante de salud pública, la insuficiencia de las leyes que
abordan la violencia de género,género ya sea física, psicológic=
a o
sexual, como acto delictivo, deja en claro que las medidas existentes son
inadecuadas para garantizar la prevención, la protección y el cuidado de las
mujeres que han sido víctimas. Para abordar este tema, es esencial adoptar
medidas novedosas capaces de establecer un Sistema Nacional para la Prevenc=
ión
y Erradicación de la Violencia de Género contra las Mujeres, que debe estar
interconectado con las autoridades
públicasautoridades
y la participación de la sociedad, ya que se requiere la corresponsabilidad
para garantizar la seguridad e integridad de las víctimas, así como su even=
tual
reintegración en sus proyectos de vida.
Dentro
de esta nueva ley en mención, en cuanto al tipo de violencia psicológica,
dentro de la sexta disposición reformatoria se sustituyó el artículo 157 del
COIP (2014), quedando:
“Art. 157.- Violencia psicológica contra la m=
ujer o
miembros del núcleo familiar: Comete delito de violencia psicológica la per=
sona
que realice contra la mujer o miembros del núcleo familiar amenazas,
manipulación, chantaje, humillación, aislamiento, hostigamiento, persecució=
n,
control de las creencias, decisiones o acciones, insultos o cualquier otra
conducta que cause afectación psicológica y será sancionada con pena privat=
iva
de libertad de seis meses a un año. Si con ocasión de la violencia psicológ=
ica
se produce en la víctima, enfermedad o trastorno mental, la sanción será pe=
na
privativa de libertad de uno a tres años. Si la infracción recae en persona=
de
uno de los grupos de atención prioritaria, en situación de doble vulnerabil=
idad
o con enfermedades catastróficas o de alta complejidad, la sanción será la
máxima pena, aumentada en un tercio”
Dicho aArtículo, bajo la Disposición
Reformatoria Sexta de la Ley 0, publicada en el Registro Oficial, Suplemento
175 del 5 de febrero del 2018 permitió reformar lo referente a los requisit=
os
para la clasificación del daño ocasionado a la víctima, el cual se exponía
anteriormente como
(Asamblea Nacional del
Ecuador, 2018):
(Derogado) “La persona que, como manifestación de violencia contra la mujer o
miembros del núcleo familiar, cause perjuicio en la salud mental por actos =
de
perturbación, amenaza, manipulación, chantaje, humillación, aislamiento,
vigilancia, hostigamiento o control de creencias, decisiones o acciones, se=
rá
sancionada de la siguiente manera: 1) Si se provoca daño leve que afecte cualquiera de las dimensiones del
funcionamiento integral de la persona, en los ámbitos cognoscitivos, afecti=
vo,
somáticos, de comportamiento y de relaciones, sin que causen impedimento en=
el
desempeño de sus actividades cotidianas, será sancionada con pena privativa=
de
libertad de treinta a sesenta días. 2) Si se afecta de manera moderada en
cualquiera de las áreas de funcionamiento persona, laboral, escolar, famili=
ar o
social que cause perjuicio en el cumplimiento de sus actividades cotidianas=
y
que por tanto requiere de tratamiento especializado en salud mental, será
sancionado con pena de seis meses a un año. 3) Si causa un daño psicológico
severo que aún con la intervención especializada no se ha logrado revertir,
será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años”.
El Estado ecuatoriano, como constituyente de las
Naciones Unidas y del Sistema Interamericano de Estados y Regímenes
Internacionales, reconoce la violencia contra las mujeres como un problema
tangible y define una serie de mecanismos para combatirla. En consecuencia,=
en
1986, el Consejo de las Naciones Unidas resolvió que cualquier forma de
violencia contra la mujer debe considerarse una transgresión de sus derecho=
s.
En 1979, se estableció la Convención con el objetivo de erradicar todo tipo=
de
discriminación contra la mujer (se aprobó la CEDAW). Posteriormente, en 199=
3,
la Declaración y el Programa de Acción de Viena reconocieron los derechos de
las mujeres como un componente inherente de los derechos humanos y, por lo
tanto, la violencia de género como un verdadero ataque contra ellas.=
=
La Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar=
la
Violencia contra la Mujer, «Belém do Pará 1994", establece que la
violencia dirigida contra las mujeres abarca cualquier acción o comportamie=
nto
que tenga como resultado la muerte, el daño o el sufrimiento físico, sexual=
o
psicológico de las mujeres, en función de su género, tanto en el ámbito púb=
lico
como en el privado
(Organización de Estados Americanos [OEA], 2013).
Por lo que se puede comprender que, toda forma de
violencia a la mujer,mujer
se convierte en una manifestación en contra de los derechos humanos, considerados como fundamentales par=
a una
persona dentro de su entorno familiar, ejecutada por un agresor externo o
interno y generando en la víctima una afección psicológica que puede ir des=
de
lo leve hasta lo moderado o severo.
Importancia
de la violencia de género
Se ha recopilado los mejores autores, quienes han realizado
investigaciones al tema de la violencia psicológica en el campo penal, vien=
do
que algunos países del mundo han tenido la misma intención de haber tipific=
ado
como delito la violencia como es en Europa y algunos países latinoamericano=
s,
fenómeno humano que está ocasionando una problemática social a nivel mundia=
l y
que necesita ser atendido de manera urgente.
En el Ecuador se ha tratado de llevar jurídicamente este tema, siendo
necesario replantear si el Ecuador esta visión del legislador pues es neces=
ario
y obligatorio que exista una investigación criminológica encaminada a una
política criminal que sirva para tipificar este tipo de delito como es el t=
ema
de la violencia psicológica.
Por otra parte, es necesario conocer qué es lo que se ha dicho y se =
ha
estudiado sobre la violencia psicológica, sus causas, manifestaciones y
aspectos clínicos para determinar si existe daño o no psicológico, siendo la
base por el cual se constituirá el delito en sí.
Según Castillejo<=
del
cite=3D"mailto:Editorial%20Ciencia%20Digital" datetime=3D"2024-01-18T02:55"=
>Camacho
G, (20124) afirma:
En América Latina y el Caribe, hasta los años noventa, la violencia
contra las mujeres, principalmente, la acaecida en el ámbito familiar, era
considerada un asunto privado en el cual el Estado no debía intervenir. Por
otro lado, poco se conocía sobre la magnitud del problema, de manera que se
tendía a asumir que la violencia hacia la población femenina ocurría de for=
ma
aislada, y no se la concebía como un problema social y de política pública.=
Y
en el Ecuador no era una excepción, de manera que ninguna mujer que sufría
violencia por parte de su pareja tenía la posibilidad de denunciar o de exi=
gir
sanción para el agresor, puesto que una disposición del Código de Procedimi=
ento
Penal prohibía la denuncia entre cónyuges o entre ascendientes o descendien=
tes,
quienes suelen ser testigos de los episodios violentos en el ámbito familia=
r.
Además, este tipo de violencia hacia las mujeres, no se encontraba tipifica=
da
en las leyes del país. Es apenas a finales de los ochenta cuando en el país=
se
empieza a hablar de la violencia contra las mujeres en el escenario público,
como resultado de las acciones del movimiento de mujeres para llamar la
atención sobre este hecho, y de la divulgación de los resultados de las
primeras investigaciones y estudios realizados por organizaciones de la
sociedad civil, que mostraban la magnitud y la gravedad del problema. (p. 1=
6)
El Es=
tado
de Ecuador ha respaldado oficialmente varias convenciones internacionales,
incluida la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discrimi=
nación
contra la mujer (CEDAW) de 198 y la Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer de Belém do Pará (1995)<=
span
class=3DmsoIns> (OEA, 2013).,
Además, el Estado de Ecuador se ha comprometido con los términos vinculante=
s de
la Plataforma de Acción de Beijing (1995), al colocar su firma. Estas convencione=
s y
acuerdos se aplican a todos los estados
partesestados
parte.
En el año de 1994 se crearon las primeras Comisarías de la Mujer y la
Familia, como las primeras instancias de administración de justicia conside=
rada
como especializada y orientado a prevenir, atender, juzgar y sancionar la
violencia intrafamiliar que ha sido cometida en contra de las mujeres tanto=
a
nivel personal como afectiva. En 1995 se promulgó la Ley 103 contra la violencia a la mujer=
y la
familia, permitiendo que las mujeres que han sido víctimas de sus parejas,parejas
puedan tener acceso a la protección y a la justicia; convirtiéndose en un
importante esfuerzo por enfrentar, de manera más acertada, la problemática
social presente (Asamblea Nacional del Ecuador, 2018)<=
/span>.
Hasta 2006, el Estado Ecuatoriano busca dar una respuesta a la
problemática social de violencia de género enmarcándola únicamente como
infracción penal, y no es sino hasta el año 2007, en gobierno del expreside=
nte
Eco. Rafael Correa, donde, mediante el Decreto Ejecutivo N° 620, con fecha =
10
de septiembre del 2007, que se declara como una de las prioridades nacional=
es
la erradicación de la violencia de género, abordándola desde distintos ámbi=
tos
que permitan implementar un Plan Nacional enfocado a la defensa de los dere=
chos
humanos para luchar contra esta realidad nacional
(Presidencia de la Republica del Ecuador, 2014).
Metodología
La
investigación mantuvo un enfoque mixto, descriptivo y trasversal. Se payó de
una revisión de la literatura y documental para establecer fundamentos teór=
icos
bajo el contexto de la legislación ecuatoriana. Para el presente
análisis fue necesario solicitar a la fiscalía provincial del Azuay de mane=
ra
oficial datos oficiales de las denuncias por violencia psicológicas y con e=
llo
también sobre las denuncias de incumplimiento de decisiones legítimas de
autoridad competente a fin de plasmar cuantas de ellas una vez denunciados =
han
incumplido las medidas de protección otorgadas a las víctimas, datos que
ayudarán a reflejar la ineficacia de la norma, puesto que verificaremos si =
las
denuncias presentadas solo en el primer trimestre del año 2021 han tenido
respuesta o han logrado judicializarse o siguen en investigación y el motiv=
o o
el impedimento legal de su avance.
En el marco de la metodología aplicada para el análisis de los casos=
, se
realizó una selección intencional de los expedientes de cada fiscalía
especializada en género durante los tres primeros trimestres del año 2021. =
Los
expedientes antes mencionados se examinaron de acuerdo con un formulario de
análisis de casos validado, que suelen utilizar instituciones de educación
superior acreditadas de la región, como la Universidad Javeriana de Colombi=
a y
la Universidad de los Andes (Colombia). El formulario de análisis comprende
varios elementos, incluidos, entre otros, los datos, las circunstancias y l=
os
hechos comunes relacionados con las víctimas en cada expediente. Se buscó
identificar un hilo conductor entre estos elementos, además de identificar =
los
posibles obstáculos legales que podrían surgir a lo largo de la investigaci=
ón.
Por último, también se examinó la situación de los casos en cuestión y se
examinó si las víctimas seguían presentando denuncias por tipos de conducta
similares.
Resultados
Los
datos oficiales arrojan que en el primer trimestre, es decir Enero, Febrero=
y
Marzo del año 2021, en las Unidades Especializadas de violencia de género d=
e la
fiscalía Provincial del Azuay del cantón Cuenca, campo de estudio han ingre=
sado
711 denuncias entre el delito de violencia psicológica e incumplimiento de
encuentran en la etapa de Investigación previa, así mismo más del 90% cuenta
con medidas de protección, y el 100% de estos datos no arrojan el motivo po=
r el
cual no se han judicializado
Como
podemos observar en las siguientes tablas realizando un análisis cuantitati=
vo
tenemos respecto a los resultados de la información otorgada por la Fiscalía
Provincial del Azuay:
FiguraGráfico 1
Denuncias: violencia psicológica e incumplimiento
(Cantón Cuenca, Primer Trimestre, año 2021)
Fuente:
Elaboración propia a partir de los datos
obtenidos de la Fiscalía Provincial del Azuay (1er.Trim.2021)
FiguraGráfico 2
Denuncias: violencia psicológica e incumplimient=
o (Cantón
Cuenca, Primer Trimestre, año 2021)
Fuente:
Elaboración propia a partir de <=
/span>Fiscalía
Provincial del Azuay (1er.Trim.2021)
FiguraGráfico 3
Denuncias: violencia psicológica=
e
incumplimiento (Cantón Cuenca, Primer Trimestre, año 2021)
Fuente:
Elaboración propia a partir de <=
/span>Fiscalía
Provincial del Azuay (1er.Trim.2021)
FiguraGráfico 4
Denuncias: violencia psicológica e incumplimient=
o (Cantón
Cuenca, Primer Trimestre, año 2021)
=
Fuente:
Elaboración
propia a partir de Fiscalía Provincial del Azuay (1er.Trim.202=
1)
Discusión
Hoy en día, nos encontramos en una sociedad que cuenta con un marco
regulatorio penal orgánico que lo abarca todo. Dentro de este marco, el
fenómeno de la violencia psicológica se ha elevado a la categoría de delito
penal, y ya no se considera una mera infracción, sino que se reconoce como =
tal
bajo los auspicios de un procedimiento legal claramente definido.
Anteriormente se establecía el COIP
(2014), en su artículo 157 numeral 1,2 y 3 demostrar que exista
daño psicológico grave, leve o moderado, lo que ocasionó un serio problema =
que
la mayoría de denuncias no se judicialicen, por cuanto concurría una serie =
de
obstáculos, comenzando desde la falta de recursos humanos y técnicos de las
entidades estatales y el no acompañamiento durante el proceso de la denunci=
a,
esto provoco que varias denuncias no tengan fin.
Por otro lado, el Ecuador no tiene un estudio científico para determ=
inar
qué aspectos clínicos deberán considerar las víctimas de violencia psicológ=
ica
para establecer en el campo pericial si existe o no el daño, es por eso que
En la provincia de España en el año 2014 la
Doctora Alicia Ballester y Lian Villanueva, realizan un estudio
a 127 mujeres víctimas de agresiones psicológicas y a 55 hombres
denunciados para determinar el estado psicológico de las mismas a través del
método MCMI_III (método de Estado Unidos, inventario multiaxial clínico de
millón III) con el fin de determinar la influencia de las variables
sociodemográficas y del maltrato sobre las puntuaciones de dicho método,
llegando a la conclusión de que al valorar la violencia psicológica resulta
muchas veces más difícil identificarla y evaluarla, por lo que se sugiere
sancionar de forma severa según la frecuencia con la que se presenta y el
impacto subjetivo que representa para la víctima.
En el año 2013, Murcia, se publica en la Revista Anuario de Psicolog=
ía
un estudio de las características psicológicas y de personalidad presente en
los hombres que maltrataban a su pareja, con el objetivo de realizar =
una
revisión técnica de las características psicológicas y de personalida=
d de
los agresores condenados por violencia hacia la mujer durante la relación de
pareja, enfocándose en tres tipos de estudios para su posterior análisis:
instrumentos de evaluación, tipo de muestras y tipologías encontradas.
En el año 2011, se llevó a cabo una investigación teórica para compa=
rar
y contrastar la evaluación psicológica forense con la evaluación clínica. E=
sta
investigación logró incorporar el término «psicológico» en el lenguaje legal
como resultado de las disparidades descubiertas entre la evaluación clínica=
y
la evaluación pericial.
Desarrollos
tTeóricos
sobre bienes jurídicos afectados
Partamos sobre la necesidad que tiene del bien jurídico afecta=
do a
fin de el poder punitivo del estado intervenga, para ello partamos de que la
condición para la tipificación penal sería que la conducta sea prohibida y =
que
se proyecte como ofensiva, atentatoria o que al menos ponga en peligro los
intereses individuales o colectivos.
Según el COIP (2014),
en su aArt. 18 establece sobre la infra=
cción
penal como: la conducta típica, antijurídica y culpable cuya sanción se
encuentra prevista en este código.
En su aArt 25 establece: “Tipicidad: los
tipos penales describen los elementos de las conductas penalmente relevante=
s.”,
en su Art. 29 establece sobre la antijuridicidad al estableces como: “para =
que
la conducta penalmente relevante sea antijurídica deberá amenazar o lesiona=
r,
sin justa causa, un bien jurídico protegido por este código. Y finalmente, =
en
su Art. 27 establece: “Culpa. - actúa con culpa la persona que infringe el
deber objetivo de cuidado, que personalmente le corresponde, produciendo un=
resultado
dañoso. Esta conducta es punible cuando se encuentra tipificada como infrac=
ción
en este código.
Con lo manifestado, resultaría que cualquier conducta prohibid=
a no
transciende en modo alguno a terceros, entonces la potestad punitiva estata=
l,
en el contexto de un Estado de derecho, queda sin justificación alguna, ya =
que
esta conducta no trasuntaría en ningún resultado que pudiera considerar dig=
no
de ser castigado penalmente.
Rafecas (. 2021,( p. 67).
Afirma Rodríguez & CodelónMir
Puing (20151995):
El hecho antijurídico ha de verse ante todo como un hecho que
compromete la existencia de bienes jurídicos: el principio de dañosidad o
lesividad (nullum crimen sine injuria), vinculado al de exclusiva protecció=
n de
bienes jurídicos, ha de ser el punto de partida de la antijuridicidad penal”
(p.122-123). Aunque aclara el autor, con razón, que dicha antijuridicidad
presupone no solo la voluntad del Derecho de evitar el ilícito, sino tambié=
n la
posibilidad de conseguirlo mediante la motivación (ídem, p. 123).
De este pun=
to
parte el principio constitucional de lesividad como un fundamento de las
pretensiones punitivas del Estado, por lo que resultaría el concepto del bi=
en
jurídico que el Derecho Penal refiere a los valores o intereses sociales pa=
ra
la realización personal de cada cual.
Rafecas,
(2021), concluye acertadamente que el acuerdo con Roxin, un delincuente pen=
al
muy influyente de la segunda mitad del siglo XX,XX está justificado en el contex=
to de
las restricciones legislativas. Roxin afirma que los principios de la
Constitución representan la única limitación para la legislatura desde su
creación. En consecuencia, el bien político jurídicamente vinculante, en el
contexto del derecho penal, solo puede derivarse de los principios consagra=
dos
en la Ley Fundamental de nuestro Estado de Derecho basada en la libertad
individual, que delimita el poder punitivo del Estado (TorresRoxin, 20131997, p. 55-56).
El mismo autor manifiesta por otra parte que un modelo democrá=
tico
de Estado, los bienes jurídicos susceptibles en el ámbito penal no pueden t=
ener
cabida alguna la consagración de valores morales o religiosos, por la razón=
de
que dentro de un estado democrático, el Estado de derecho tiene la obligaci=
ón
de dar protección también a las minorías, que comúnmente son objeto de
discriminación, justamente debido a sus creencias o valores diferentes.
Por eso concluye Rafecas (, 2021)
que:
“la exigencia de una lesión o puesta en peligro (según el caso)
para legitimar el castigo penal no se limita a la dimensión cualitativa, si=
no
que también contiene una exigencia cuantitativa, que dadas las prácticas re=
ales
de nuestros modelos penales (caracterizados por la selectividad penal y la
proliferación de casos de escasa relevancia penal), constituye un aspecto
crucial a tener en cuenta aquí, en el sentido de que, para poder habilitar
poder punitivo, la lesión o bien la puesta en peligro, deben tener una cier=
ta
entidad, una cierta seriedad, para colmar la exigencia de lesividad. (p. 71)
Basándose
en el tema presentado y debatido por el órgano legislativo en agosto de 201=
4,
coincidiendo con la creación del COIP, y tras una ronda de debate posterior=
, se
estableció oficialmente en este marco normativo la categoría de actividad
delictiva relacionada con la “violencia psicológica contra las mujeres o los
miembros de la unidad familiar”.
Está
claro que comportamientos como la violencia psicológica de género violan bi=
enes
legales que están protegidos constitucionalmente, como la integridad física,
psicológica y personal de una persona. Como resultado, es responsabilidad d=
el
Estado garantizar que las personas puedan vivir en una sociedad libre de to=
das
las formas de violencia. La inclusión de la violencia psicológica en el COI=
P ha
llevado a la discusión y la reforma de sanciones más severas para este
comportamiento. Sin embargo, es importante considerar el impacto de estas
medidas punitivas en las víctimas de la violencia.
Como
señala Larrauri (2011), incluso los propios grupos feministas han criticado=
el
uso de penas severas, argumentando que la intervención criminal solo debe
usarse en circunstancias excepcionales y que a las mujeres les preocupa más=
la
protección que el castigo. Por lo tanto, la prioridad de la sociedad de muj=
eres
es la prestación de apoyo y protección, más que el castigo. Es esencial que=
la
intervención legal en los casos de violencia psicológica sea eficaz para
proporcionar medidas de protección y apoyo a las víctimas.
La
Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia con=
tra
la Mujer define la violencia contra la mujer como cualquier acto de violenc=
ia
basado en el género de una persona y que resulte en un daño o sufrimiento
físico, sexual o psicológico. Esto incluye las amenazas de violencia, coacc=
ión
o privación arbitraria de libertad, independientemente de que los incidentes
ocurran en el ámbito público o privado.
Al
hablar sobre que es el “género” con la necesidad de entender la “violencia =
de
género” que mucho se hará hincapié al hablar de una de sus manifestaciones =
como
es la violencia psicológica. VásconezZaikoski (201208) describió que “es la constru=
cción
social o cultural basada en la diferencia biológica, histórica, en definiti=
va,
que como tal ha ido cambiando a lo largo del tiempo y del espacio, acusando
recibo de una violencia provocada por el modelo social de dominación mascul=
ina
sobre las mujeres” (p. 118).
Por
lo tanto, como esta definición estamos concluyendo que el género quebrantado
será el de las mujeres, a quienes se ha venido desde épocas pasadas violent=
ando
física, sexual y psicológicamente por años.
Según
Núñez & CarvajalLamas M.
(200400), conceptualiza como género “El
conjunto de ideas, representaciones, prácticas y prescripciones sociales que
una cultura desarrolla desde la diferencia anatómica entre los sexos para s=
imbolizar
y construir socialmente lo que es "propio" de los hombres (lo
masculino) y lo que es "propio" de las mujeres (lo femenino)"=
;(p.
65).
Bien
se refiere el autor en lo que dice: “Toda la vida social está enmarcada en
diferencias organizadas de a pares: blanco-negro, fuerte-débil, afuera-aden=
tro,
público-privado, hombre-mujer, que se corresponden exactamente con las
características atribuidas a cada sexo. Además de estar establecidas estas
categorías binarias (se tiene una de las dos nunca las dos), las mismas se
encuentran jerarquizadas.”
(VásconezZaikoski,
201208,
p. 120).
Recordemos
que la violencia en todas sus formas comprende, según lo dicho, el menoscab=
o de
los derechos humanos fundamentales de una persona dentro del ámbito familia=
r,
de manera externa como interna, como es el caso de la violencia psicológica,
ésta produce afecciones en la psiquis de la víctima, de forma leve, moderad=
a o
severa.
En
este sentido, Núñez &del Arco y =
Carvajal
(2004), manifiestan: “las secuelas de este tipo de violencia se
acentúan más cuando es psicológica, pues como bien sabemos una herida física
puede ser tratada y curada, pero si el daño es psicológico la victima está
condenada a tener que revivir los hechos, produciendo con el pasar del tiem=
po
una herida más profunda y hasta a veces imposible de curar.” (p. 7).
La
violencia psicológica debemos entenderla como la antesala del femicidio, pu=
esto
que la denominada violencia doméstica o intrafamiliar es provocada generalm=
ente
entre personas con relaciones afectivas directas como es el núcleo familiar,
pues es ahí que se ejerce a través de una coacción psicológica y se provoca
daño sobre la víctima.
Según
la investigación de Echeburúa
Rubio et al. (20119),
la etapa inicial de la violencia de género puede compararse con un preludio=
o
un anuncio de la forma más grave de abuso. Este preludio suele implicar
violencia psicológica, que a menudo se convierte en violencia física y causa
más daño a la víctima.
La socióloga Álvarez
et al. (2012),Silvina
Anfuse también explica que la causa fundamental de la violencia
psicológica contra las mujeres es la devaluación de su valor. El uso consta=
nte
de tácticas como la manipulación emocional, el ridículo, las amenazas y la
falta de respeto tiene como objetivo despojar a las mujeres de su autonomía=
y
autoestima, llevándolas a su subordinación y a la pérdida de su autoestima.=
Por
lo tanto, es importante entender que las víctimas de la violencia de género
están atrapadas en un ciclo de violencia que no solo las afecta a ellas sino
también a sus familiares. Por lo tanto, la intervención del estado debe
centrarse en abordar la psique de la víctima para romper el ciclo de la
violencia.
El
ciclo de la violencia comienza con la violencia psicológica, que es la prim=
era
etapa que implica insultos verbales, humillación y devaluación por parte del
abusador. Si no se aborda, la víctima puede quedar atrapada fácilmente en un
círculo vicioso de violencia, que lleva al abuso físico y sexual y, en casos
extremos, a la muerte.
Por
lo tanto, es crucial abordar el tema de la violencia de género en su etapa
inicial para evitar que se convierta en formas de abuso más graves.
Las
estadísticas presentadas en el contexto antes mencionado revelan que la
incidencia de feminicidios es alarmantemente alta en Argentina, ya que una
mujer es víctima de crímenes tan atroces cada 30 horas, y el número de caso=
s de
este tipo aumenta cada año. Según un informe de UNICEF=
,
(2018), entre 2008 y 2014, se
registraron 1.808 casos de mujeres que perdieron la vida a causa de la viol=
encia
sexista. En México, la situación es igual de preocupante: siete mujeres pie=
rden
la vida cada día, lo que lo sitúa entre los países del G-20 donde las mujer=
es
son más vulnerables, después de India, Arabia Saudí, Indonesia y Sudáfrica<=
span
class=3DmsoIns> (Arce & Fariña, 2007), según la ONU (2016). En Ecuado=
r, la
gravedad del problema se pone de relieve por el hecho de que 6,06 de cada 10
mujeres han sufrido violencia de género, y el número de feminicidios ascend=
ió a
80 en 2017, sin contar a las mujeres menores de 15 años., según
el INEN (2017).
Estos
antecedentes muestran que el camino punitivo del derecho penal debe tomarse=
con
un análisis de casos para determinar si el derecho penal debe crearse por
necesidad ante este tipo de problemas, para ello lo explica claramente el a=
utor
Daniel Rafecas (2021).:
“la razón de ser de
este este segundo postulado es tan transcendente como poco enseñado, y cons=
iste
en los siguiente; en todo Occidente, la pena principal de los modelos penal=
es
es la de prisión. Como sabemos, esta clase de pena recae sobre la libertad =
del
acusado. Ahora bien, en un Estado constitucional de derecho, la libertad es=
uno
de los valores universales más apreciados, reconocidos en la cúspide de la
pirámide axiológica. Si esto es así, todo Estado debe justificar seriamente,
allí cuando dispone materializar la privación a cualquier persona de un val=
or
tan importante, al tiempo que debe recurrir a ello solo cuando sea el último
recurso posible parpara
resolver satisfactoriamente, un conflicto intersubjetivo”. (p. 56)
Conclusiones
· Evidentemente, es impera= tivo que el Estado brinde respuestas oportunas, integrales y efectivas a la violencia contra las mujeres. Si bien el derecho penal es una herramienta fundamental para combatir este problema social, no es la única solución oportuna, como se demuestra en este artículo. Por lo tanto, afirmamos que las medidas punitivas, incluida la promulgación de leyes más estrictas para los casos de violencia psicológica y las violaciones de las decisiones legítimas tomadas por la autoridad competente en materia de violencia doméstica, no han demostrad= o ser la solución que exigen las víctimas. De hecho, las víctimas suelen tener que pasar por varios juicios para obtener una sentencia. El largo y arduo proce= so judicial puede volver a traumatizar a las víctimas, que ya no se conforman con recibir únicamente medidas de protecci= ón. Además, más del 90% de los casos están sujetos a una investigación previa, = y es posible que las víctimas tengan que volver a denunciar su caso debido al continuo ciclo de violencia.<= /span>
· La reforma y la clasific= ación de la violencia psicológica como delito no dieron lugar a una mejor respues= ta por parte del sistema de administración de justicia. Un análisis cuantitati= vo indica que la mayoría de las denuncias están relacionadas con la violencia psicológica contra las mujeres, y más del 9= 9% dan lugar a medidas de protección, pero no a sentencias. Solo en los tres prime= ros meses de 2021, hubo un total de 711 denuncias, con una gran demanda de denuncias que no superaron la fase de investi= gación previa.
· Por lo tanto, es evident= e que el problema de la violencia contra las mujeres no puede resolverse únicamen= te mediante cambios legales en respuesta a la presión social, en particular por parte de los grupos feministas. Exige reflexionar y poner en práctica el proceso, incluidas las investigaciones criminológicas para determinar las causas fundamentales de la continua participación de la víctima en el ciclo de la violencia, así como las barre= ras sociales que impiden la presentación de denuncias.= Esto permitirá la creación de políticas públicas especializadas que sean rápidas= y oportunas para la víctima, como garantía constitucional, no solo durante el proceso de denuncia sino también antes y durante los procedimientos judicia= les.
· La Fiscalía Provincial del Azuay, cantón de Cuenca, cuenta con cuatro fiscales especializados en violencia de género. Sin embargo, la falta de un equipo técnico que lleve a cabo de inmediato los conocimientos pertinentes a menudo hacen que las víctimas abandonen los procedimientos penales y continúen sufriendo un ciclo de violencia.<= /span>
· De hecho, a pesar de la veracidad de esta política pública, tanto la reforma del COIP en su artículo 167, que promovió la transformación de la violencia psicológica al no determinar el grado de afecto, como = el establecimiento de la Ley contra la Violencia y su erradicación, también han avanzado en ciertas conceptualizaciones, como el reconocimiento de que la violencia psicológica puede ocurrir no solo en el ámbito doméstico, sino ta= mbién en otros escenarios como la educación, el trabajo, el deporte,= el estado e institucional, entre otras públicas, privadas, comunitarias espa= cios, e incluso virtuales o cibernéticos, donde se puede ejercer la violencia de género.
· Por el contrario, si bie= n el COIP sirve como instrumento legal punitivo, las reformas han incorporado un procedimiento especial para juzgar y sancionar los casos de violencia doméstica, incluidos los que implican violencia psicológica, medi= ante el cual, sobre la base del principio de mínima intervención penal, estipula la suspensión del procedimiento, lo que brinda= al agresor la oportunidad de no ser sometido a una sentencia de prisión, sino = de cumplir con ciertas condiciones para mejorar su comportamiento hacia la víc= tima y, por lo tanto, restaurar su re= lación familiar.
· En conclusión, es impera= tivo encontrar una solución a esta difícil situación social, que cada vez se obs= erva más exacerbada y, por lo tanto, hacer frente a este tipo de violencia. En consecuencia, llegamos a la conclusión de q= ue la solución no está en la expansión del sistema penal, sino en el establecimie= nto de políticas de protección, monitoreo y prevención que combatan la cultura patriarcal que aún predomina en nuestra sociedad, particularmente en la cuencana, y, por lo tanto, en mejorar= el sistema de administración pública.
· Por medio de la recolecc= ión de información y estadísticas proporcionadas, es innegable que la violencia psicológica produce daños. En consecuencia, es necesario un tratamiento inmediato para evitar cualquier consecuen= cia grave, como el feminicidio. La sanción y el tratamiento de este tipo de violencia deben ajustarse a los principios constitucionales de proporcional= idad e incluir medidas pecuniarias y comunitarias junto con acciones de prevenci= ón, monitoreo y rehabilitación para todas las partes involucradas, incluidas la víctima, el agresor y sus familias. Con ello se pretende garantizar que los miembros de la familia no se conviertan en víctimas del sistema en el que viven. Debe evitarse el encarcelamiento en todos los casos.
· Dado que los países subdesarrollados enfrentan desafíos económicos, es difícil aplicar el conce= pto de justicia terapéutica. Sin embargo, el estado debe invertir en asuntos de salud pública, ya que los tratamientos psicológicos son parte de la salud y tanto las víctimas como los victimari= os y sus familiares deben someterse a estos tratamientos. Para lograr esto, se d= eben establecer centros especializados para brindar tratamientos psicológicos a = las personas involucradas en delitos de violencia doméstica. De este modo, se puede garantizar el cumplimiento de l= as decisiones del sistema de justicia ordinaria y del sistema de justicia indígena.
·
Por último, para alentar=
a las
víctimas de la violencia psicológica a denunciar o buscar justicia, se deben implementar medidas alternativas que promueva=
n la
reparación psicológica integral a través de políticas públicas. Estas polít=
icas
deben priorizar la prevención y el tratamiento de este tipo de violencia ta=
nto
para la víctima como para sus hijos. L=
as
autoridades estatales, como el Ministerio de Educación, el Ministerio de Sa=
lud
Pública, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Ministerio de
Justicia y el Consejo Judicial, así como las autoridades y los líderes de l=
as
comunidades y pueblos indígenas, deb=
en
trabajar de manera conjunta para lograr este propósito.
Conflicto de intere=
ses
Los autores declaran no tener conflicto de intere=
ses.
Refere=
ncias Bibliográficas
Álvarez, E. F., de la Fuente, C., Giammatteo, C.,
& Liliana Chao, M. (2012). Psicología Jurídica. <=
/span>Red de repositorios latinoamericanos.
Arce, R., & Fariña, F. (2007). Evaluación psicológico forense de la credibilid=
ad y
daño psíquico mediante el Sistema de Evaluación Global. Navarra: Thomson Aranzadi.
Arce, R., &=
amp;
Fariña, F. (2009). Evaluación
psicológico forense de la credibilidad y daño psíquico en casos de violenc=
ia
de género mediante el sisema de evaluac=
ión
global. Madrid: Bi=
blioteca
Nueva.Asamblea Nacional del Ecuador. (2014). Código
Orgánico Integral Penal [COIP]. Ley 0, Registro Oficial Suplemento 180
(10-feb.-2014). Ultima modificación (17-feb.-2021). Estado: Reformado
Asamblea
Nacional del Ecuador. (2018).
Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres. Ley 0=
, Regis=
tro
Oficial Suplemento 175 (05-feb=
.-2018). Ultima
modificación (06-may.-2019). Estad=
o:
Reformado.
https://www.derechoshumanos.gob.ec/wp-content/uploads/2021/05/LEY-PARA-PRE=
VENIR-Y-ERRADICAR-LA-VIOLENCIA-1.pdf
Ballester, A., & Villanueva, L. (2014).
Valoración psicológica en delitos de violnciaviolencia<=
span
style=3D'font-size:11.0pt !msorm;line-height:115% !msorm;font-family:"Cali=
bri",sans-serif !msorm;
mso-ascii-theme-font:minor-latin !msorm;mso-hansi-theme-font:minor-latin !=
msorm;
mso-bidi-font-family:"Times New Roman" !msorm;mso-bidi-theme-font:minor-bi=
di !msorm;
mso-ansi-language:ES !msorm;mso-no-proof:yes'> de género mediante el inventario Clínico y
Multiaxial de Millon III ( MCMI(MCMI-III). Anuario de Psicología Clínica, 9-18.
Castillejo Manzanares, R. (2012). Violencia de género, justicia restaurativa y mediac=
ión.
64.=
Convención
Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la=
mujer . (1994). Convención =
Belem Do
Pará. Brasil: s.e.=
Echeburúa, E., Muñoz, J. M., & Loinaz, I. (=
2011).
La evaluación psicolóigica<=
/span>psicológica forensseforenseenvaluación=
evaluación=
clínica: propuestas y retos de <=
/span>futuro .futuro.
Larrauri, E. (2011). La intervención penal para reso=
lver
un problema social. Revista
Argentina de teoría Jurídica, 22.
Martos Rubi=
o, A.
(2019 de abril de 21). https://www=
.anamib.com/anamib-en-la-prensa/como-detectar-la-violencia-psicologica/.
Muñoz, J. M. (201
NuñezNúñez de
Arco, J., & Carvajal, H. E. (2004). Violencia intrafamiliar, abordaje
integral a víctimas. Academia.
Organización de Estados Americanos [OEA]. (2013, diciembre)<=
/span>. La Convención para Prevenir, Sancionar y Err=
adicar
la Violencia contra la Mujer =
"Belém do Pará=
" 1994.
https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/programas/mujer/Material_difusion/co=
nvencion_BelemdoPara.pdf
Presidencia de la Republica del Ecuador. (2014). <=
span
style=3D'font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:"Times New Roman",s=
erif;
mso-no-proof:no'>Erradicación de la Viol=
encia contra =
la Niñe=
z,
Adolescencia y
Mujeres.
Decreto Ejecutivo 620, Regis=
tro
Oficial 174 (20-sep.-2007). Ultima
modificación (11-sep.-2014). Estad=
o:
Reformado. h https://www.atencionintegral.gob.ec/wp-content/uploads/2020/01/22.-Decreto-=
Ejecutivo-620-2.pdf
Rafecas, D. E. (2021). Derecho penal sobre bases constitucionales. Argentina: Ediciones Didot.
RodriguezRodríguez<=
span
style=3D'font-size:11.0pt !msorm;line-height:115% !msorm;font-family:"Cali=
bri",sans-serif !msorm;
mso-ascii-theme-font:minor-latin !msorm;mso-hansi-theme-font:minor-latin !=
msorm;
mso-bidi-font-family:"Times New Roman" !msorm;mso-bidi-theme-font:minor-bi=
di !msorm;
mso-ansi-language:ES !msorm;mso-no-proof:yes'> Luna, R., & Codelón González, E. (2015). M=
ujeres
maltratadas en los juzgados: la etnografía como método para entender el
derecho "en acción". Revista de Antropología Social, 105-126.
=
Sentencia
N°001-17-SIO-CC=
, CASO N°
0001-14-IO (Corte
Constitucional del Ecuador 27 de abril de 2017).
Torres, A., Lemkos-Giráldez, S., & Herrero,=
J.
(2013). Violencia hacia la mujer: características psicológicas y de
personalidad de los hombres que maltratan a su pareja. Anales de Psicología, 9-18.
Vásconez Moura, M. A., Albuquerque Netto, L., &=
amp;
Nascimento Souza, M. H. (2012). Perfil sociodemográfico de mulheres em
situacao de violencia assistidas nas delegacias especializadas. Pesquisa, 435-442.
Conflicto de intereses
Los autores decla=
ran no tener
conflicto de intereses.
.
El artículo queda en propiedad de la revista y, por tanto, su publicaci=
ón
parcial y/o total en otro medio tiene que ser autorizado por el director de=
la Revista Visionario Digital.
=
[EC1]<=
/span>IGUAL AL RESUMEN
ISSN: 2602-8506 Vol. 8 No.1, pp. 6 – 29, enero – marzo 2024
www.visionariodigital.org
Estrategias Productivas