Inejecución
y ejecución defectuosa de sentencias provenientes de la acción de protecció=
n
Non-execution and flawed e=
nforcement
of judgments from the protection action
|
1 |
María Bernarda Vargas Saquicel=
a |
|
https://orcid.org/0009-0009-01=
42-6509
|
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|
Universidad Católi=
ca
de Cuenca. |
||
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2 |
Ana Fabiola Zamora Vázquez |
|
https://orcid.org/0000-0002-16=
11-5801 |
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Universidad Católica de Cuenca. |
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<=
span
style=3D'font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;color:blue'=
> |
Artículo de
Investigación Científica y Tecnológica Enviado: 0=
3/06/2023 Revisado: =
10/07/2023 Aceptado: =
01/08/2023 Publicado:=
30/08/2023 |
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Cítese: |
Vargas
Saquicela, M. B., & Zamora Vázquez, A. F. (2023). Inejecución y ejecu=
ción
defectuosa de sentencias provenientes de la acción de protección. Visiona=
rio
Digital, 7(3), 134 - 165. https://doi.org/10.33262/visionariodigital.v7i3=
.2657 |
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Esta revista está protegida bajo una licencia Creative Commons
Attribution Non Commercial No Derivatives 4.0 International. Copia de la
licencia: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0=
/.=
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span
style=3D'font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:"Times New Roman",se=
rif;
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:black'>
|
Palabras claves: Ejecución, acción, protección, sentencia, reparación. =
|
|
Resumen |
|
Keywords: Execut=
ion,
action, protection, sentence, reparation. |
|
Abstract Introduction=
. The protection action emerges as a key legal
instrument to safeguard rights enshrined in the constitution. This action=
is
designed for individuals or entities who feel their constitutional rights
have been infringed upon, whether by individuals, companies, or even
governmental entities. However, despite its noble intent, the protection
action has faced challenges, especially in the execution phase where
judgments are not properly enforced. Objectives. The main purpose =
of
this research is to analyze and understand the problems associated with t=
he
execution phase of judgments derived from the protection action in the
Ecuadorian legal system. Methodology. Through a conceptual,
historical, and doctrinal analysis, it seeks to identify the underlying
causes of faulty or null execution and propose solutions ensuring the
efficacy of this legal tool. It will also focus on questioning the current
efficacy and examining how such deficiencies impact constitutional and hu=
man
rights in Ecuador. Results. Upon analyzing the protection action in
the Ecuadorian legal system, it was found that despite its significance, =
it
faces substantial challenges in its execution phase. The lack of a specif=
ic
procedure for this phase leads to delays and failures in enforcing judgme=
nts,
undermining the constitutional and human rights of the victims. Conclu=
sions.
This execution flaw underscores the urgent need to review and strengthen =
the
legal tool, possibly through a regulation that precisely governs this
process, ensuring effective protection of citizens' rights. |
Introducción
En la actualidad, la acción de protección, es u=
na
de las garantías jurisdiccionales que más se tramita en las judicaturas, mi=
sma
que es empleada por quienes consideran que sus derechos de orden
constitucional, han sido vulnerados por personas naturales o jurídicas,
independientemente si aquellas pertenecen al Derecho Público o Privado; sin
embargo, la utilización de esta herramienta jurídica, ha traído consigo
problemas de diferente orden; principalmente en su fase de ejecución, pues =
esta
se ha tornado nula o deficiente,
acarreando el incumplimiento de sentencias, a pesar que al interponerla, se
persigue la protección de los derechos, situación que vulnera el derecho
seguridad jurídica, tutela judicial efectiva y reparación integral.
Han sido muchos los juristas nacionales e
internacionales que han hecho aportes a la ciencia del Derecho, con concept=
os
sobre lo que es y busca esta garantía jurisdiccional, en este sentido, se ha
definido como:
Un
procedimiento específico de garantía de los derechos por parte de los juece=
s y
tribunales, desdoblando orgánicamente la protección de los derechos
fundamentales, que son todos, y confiando su defensa en primera instancia a=
la
Función Judicial con competencia constitucional y solo residualmente al órg=
ano
constitucional (Storini
& Navas, 2013, p. 43).
La acción de protección es un mecanismo jurídico
puesto al servicio de los derechos contenidos en el texto constitucional, p=
ues
persigue la protección visible y eficiente de estos últimos, quienes deben
hacer efectivos estos derechos son los servidores públicos que conforman la
Función Judicial, sin dejar de lado que en este ámbito es también la Corte
Constitucional de ahora en adelante CC, el organismo encargado de interpret=
ar y
aplicar la carta magna.
Por lo que surge la siguiente interrogante ¿Por=
qué
la fase de ejecución en sentencias favorables provenientes de una acción de
protección resulta compleja, lenta e ineficaz, al no obtener resultados
inmediatos?
El problema básicamente radica en que al no exi=
stir
un procedimiento especifico, expedito y sin dilaciones el cual seguir, tanto
para juzgadores como para profesionales del derecho, en la fase de ejecució=
n,
el afectado queda a merced de la “voluntad” del legitimado pasivo, pues las
opciones procedimentales, todas implican tardanzas innecesarias y muchas de=
las
veces resultan infructuosas, por lo que es necesario establecer como la
deficiencia procesal para ejecutar sentencias provenientes de acciones de p=
rotección,
vulnera derechos de orden constitucional y derechos humanos.
En la presente investigación, en el primer apar=
tado
se analizará conceptualmente la acción de protección, la inejecución y
ejecución defectuosa de las sentencias provenientes de esta garantía
jurisdiccional, así como medidas de reparación desde la perspectiva históri=
ca y
doctrinaria. En la segunda parte de este artículo se estudiará la inejecuci=
ón y
ejecución defectuosa de las acciones de protección, así como los mecanismos=
que
posee la víctima para que se materialice la fase de ejecución en nuestra le=
gislación,
los obstáculos existentes para ejecutar. Finalmente, examinaremos la
jurisprudencia de la CC, Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos
suscritos por el Ecuador sobre la inejecución y ejecución de sentencias
provenientes de acción de protección y contrastar mediante el Derecho
Comparado.
Este problema de investigación es relevante par=
a el
Estado ecuatoriano, pues la efectividad y de las garantías jurisdiccionales=
se
encuentra íntimamente ligado con uno de los fines primordiales del Estado
ecuatoriano, proclamado como
Constitucional de Derechos (artículo 1 CRE), como lo es aquel
establecido en el artículo tres, inciso primero de la Constitución de la
República del Ecuador de ahora en adelante CRE “…garantizar sin discriminac=
ión alguna
el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los
instrumentos internacionales…”
El derecho a ser reparado integralmente cuando =
se
ha sido víctima de vulneración de derechos es menoscabado frente a la prese=
ncia
de una fase de ejecución defectuosa o nula, por lo que es necesario la
promulgación de una norma jurídica que regule específicamente este momento
procesal, a fin de garantizar el cumplimiento.
Marco referencial
Es importante aportar un concepto brindado por =
la
Doctrina de lo que persigue esta garantía, tiene como fin último el amparo
evidente, útil y suficiente de los Derechos contenidos en la CRE, cuando es=
tos
se han vulnerado por actuaciones u omisiones provenientes de autoridades de
carácter no judicial y de particulares, siempre y cuando estos últimos pres=
ten
servicios públicos impropios y exista una correlación de sumisión o segrega=
ción
La Acción de Protección, como muchas acciones
jurisdiccionales, tiene su origen en los Instrumentos Internacionales de
Derechos Humanos, de ahora en adelante IIDDHH, es así como la Declaración
Universal de Derechos Humanos, suscrita en el año 1948, en su Art. 8 señala
“Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales
nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos
fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley” (p. 3).
Esto es resultado de la necesidad jurídica que
tienen los ciudadanos de poseer mecanismos que permitan proteger sus derech=
os
de orden constitucional, estos componentes deben encontrarse recogidos en el
sistema jurídico vigente.
Han sido varios los IIDDHH, que dieron lugar a =
la
construcción del principio antes invocado, el cual toma fuerza en el año 19=
69,
al suscribirse el “Pacto de San José”; se puede destacar también a la
legislación mexicana como una de las primeras en acoger esta garantía en
Latinoamérica, en su Carta Federal de 1957 (Altam=
irano
& Ochoa, 2021).
En nuestro país en el año 1967 ya se encontraba
presente en la legislación, denominada “acción de amparo” de ahora en adela=
nte
AA; sin embargo, no se había promulgado normativa que permitiese su aplicac=
ión
y efectividad, no es sino hasta el año 1997, con el surgimiento de la Ley de
Control Constitucional y el Reglamento Orgánico de Tribunal Constitucional,=
que
resulta posible emplear dicha garantía; pero, únicamente en segunda instanc=
ia,
al interponer recurso de apelación, por lo que el Tribunal de Alzada que lo
conocía, podía conceder o rechazar la “acción de amparo”, llegando a
considerarse “recurso de amparo” (Altam=
irano
& Ochoa, 2021)
En la Constitución de 1998, la Acción de Amparo=
” se
encontraba recogida en el artículo 95, esta norma en su parte pertinente re=
zaba
de la siguiente manera.
Cualquier
persona, por sus propios derechos o como representante legitimado de una
colectividad, podrá proponer una acción de amparo ante el órgano de la Func=
ión
Judicial designado por la ley. Mediante esta acción, que se tramitará en fo=
rma
preferente y sumaria, se requerirá la adopción de medidas urgentes destinad=
as a
cesar, evitar la comisión o remediar inmediatamente las consecuencias de un
acto u omisión ilegítimos de una autoridad, que viole o pueda violar cualqu=
ier
derecho consagrado en la Constitución o en un tratado o convenio internacio=
nal
vigente, y que, de modo inminente, amenace con causar un daño grave. También
podrá interponerse la acción si el acto o la omisión hubieren sido realizad=
os
por personas que presten servicios públicos o actúen por delegación o conce=
sión
de una autoridad
Se pretendía que esta figura jurídica sea rápid=
a y
su tramitología iba diferente a la de otras acciones, aquí se evidencia que
poseía una naturaleza cautelar, es decir buscaba que el juzgador dicte medi=
das
inmediatas, evitando que la vulneración o amenaza del derecho persista.
Años más tarde, las teorías neoconstitucionalis=
tas
arribaron a nuestro país y esto permitió un avance significativo en materia=
de
Derechos, al proclamarse el Estado “…Constitucional, de Derechos…”
En el año 2=
008,
tras la Asamblea Constituyente desarrollada en la ciudad de Montecristi, se
expide la Constitución de la República, que trajo consigo un cúmulo de dere=
chos
y garantías, entre estas las jurisdiccionales, con ellas la acción de
protección, que ha sido la más innovadora” (Arich=
avala
et al., 2020, p. 166).
Es importante reconocer que esta garantía fue un
acierto del poder constituyente del año 2008, pues su principal objetivo era
evitar arbitrariedades de cualquier índole, provenientes de la administraci=
ón
pública, así como de los particulares.
Aricha=
vala
et al. (2020), en el artíc=
ulo
denominado “La acción de protección”: ¿Una vía idónea para la tutela de
derechos constitucionales?, mencionan que: “La acción de protección, a
diferencia del amparo constitucional previsto en la Constitución del año 19=
98,
no es simplemente un proceso cautelar, sino uno de conocimiento” (p. 166). =
En
la Constitución actual, la medida cautelar constitucional, es aquella que p=
osee
ese carácter, el cual poseía la acción de amparo, al ser un proceso de
conocimiento la acción de protección será interpuesta ante una judicatura, =
que
va a resolver la controversia planteada, en base a la prueba aportada,
preceptos, principios, normas constitucionales, criterios de la CC y normat=
iva
pertinente.
Además de aquello en la CRE, se presenta aquello
denominado como “jurisdicción abierta” por el jurista ecuatoriano Ramiro Áv=
ila
Santamaría, quien aborda el tema en este sentido.
La causa no
termina con la expedición de la sentencia sino hasta que se haya cumplido t=
odos
los actos conducentes a la reparación integral. La sentencia no es el último
paso sino uno más. Lo que importa es la persona, no el expediente (Ávila, 2008, p. 106).
Es erróneo considerar que un proceso judicial
culmina cuando quien administra justicia dicta una sentencia, pues este acto
procesal, en realidad es el que apertura la fase de ejecución, la cual en la
práctica procesal constitucional trae consigo problemas jurídicos relevante=
s,
el incumplimiento no permite validar el principio de supremacía constitucio=
nal,
el cual debe ser garantizado por operadores de justicia y desarrollado
eficazmente en el sistema jurídico vigente.
Inejecución y ejecución defectuosa, son términos
íntimamente ligados con el incumplimiento y es el objetivo de la “fase de
ejecución”, que el legitimado pasivo cumpla con las medidas reparatorias
dictadas en sentencia.
Para un mejor entendimiento, tenemos que consid=
erar
el contenido de la sentencia constitucional, en la cual vamos a encontrar c=
omo
elementos estructurales los siguientes: la ratio decidendi=
, es el motivo genérico, por la cual el juzgador
tomo determinada decisión; obiter dicta,
se refiere a las distintas observaciones efectuadas por el juzgador y que
configuran el motivo principal de la decisión; decisium, aquí el juzgador enunciará si acepta o no ace=
pta
la pretensión de la controversia puesta en su conocimiento, medidas de
reparación si considera que en efecto se ha vulnerado derechos, estas podrán
ser positivas o negativas, también especificará como debe cumplir las medid=
as
dictadas el legitimado pasivo
Luego de haber identificado los elementos que d=
ebe
poseer una sentencia, para ser ejecutada correctamente, hemos de definir a =
la
inejecución total de una sentencia constitucional, la cual se presenta cuan=
do
el juzgador que la dictó no realiza ninguna actividad (dentro del ejercicio=
de
sus funciones) destinada a la ejecución de esta, dentro de un plazo razonab=
le, a
pesar de que la defensa técnica requirió al juzgador que dicte autos de
ejecución (Aguirre & Alarcón, =
2018). De lo aseverado, se desprende que no cumple
íntegramente con lo ordenado en el decisium, situación que constituye una
vulneración a los derechos que ha adquirió el afectado en sentencia.
Otras formas de incumplimiento hacen alusión Frías & Villegas
(2020), en
su trabajo de titulación previo a la obtención de un título de Magister en
Derecho Constitucional, denominado “La Acción De Incumplimiento De Sentenci=
as y
Dictámenes Constitucionales y la Reparación Integral”, se ha expresado en l=
os
siguientes términos: “Un cumplimiento aparente, es cuando la autoridad
encargada de ejecutar la sentencia manifiesta haberlo hecho efectivamente, =
pero
visto desde la realidad el afectado no ve que su derecho violentado fue
reparado integralmente…” (p. 17).
En algunos casos es una estrategia empleada por=
el
legitimado pasivo, para persuadir de este pseudo cumplimiento tanto al juzg=
ador
como a la víctima, también puede ser resultado de obscuridades, equívocos o
ausencias de tipo semántico en los términos empleados en la sentencia, que =
den
lugar a este cumplimiento aparente.
Por otro lado, tenemos, el cumplimiento o ejecu=
ción
defectuosos, menciona:
Se puede de=
cir
que está dirigido a la realización equívoca de una sentencia de garantías
jurisdiccionales, debido a que en la mayoría de los casos los destinatarios=
de
las sentencias constitucionales son personas o instituciones independientes=
del
andamiaje jurisdiccional, lo cual puede generar un conflicto a la hora del
cumplimiento de una sentencia (Ruiz,
2019, p. 30).
El legitimado pasivo interpreta y cumple de man=
era
herrada con el decisium de la sentencia, consecuentemente se constituye aqu=
el
en un perjuicio para el legitimado activo. Finalmente es necesario hacer
referencia al cumplimiento tardío, que como su nombre lo indica se presenta
cuando la entidad o persona ejecutada no cumple con las medidas de reparaci=
ón,
dentro de los términos o plazos fijados en la sentencia.
En nuestra legislación esta garantía jurisdicci=
onal
se encuentra definida en la CRE, se ha conceptualizado a la Acción de
Protección en el artículo 88:
La acción de
protección tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos
reconocidos en la Constitución, y podrá interponerse cuando exista una
vulneración de derechos constitucionales, por actos u omisiones de cualquier
autoridad pública no judicial; contra políticas públicas cuando supongan la
privación del goce o ejercicio de los derechos constitucionales; y cuando la
violación proceda de una persona particular, si la violación del derecho
provoca daño grave, si presta servicios públicos impropios, si actúa por
delegación o concesión, o si la persona afectada se encuentra en estado de
subordinación, indefensión o discriminación <=
w:Sdt
Citation=3D"t" ID=3D"-714502567">(Asamblea
Nacional, 2008).
Es la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionale=
s y
Control Constitucional (2009) de ahora en adelante LOGJCC, la cual nos brinda=
el
objetivo de la dicha garantía contemplada en el Art. 39:
La acción de
protección tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos
reconocidos en la Constitución y tratados internacionales sobre derechos
humanos, que no estén amparados por las acciones de hábeas corpus, acceso a=
la
información pública, hábeas data, por incumplimiento, extraordinaria de pro=
tección
y extraordinaria de protección contra decisiones de la justicia indígena.
Podemos evidenciar aquí, que la ley amplia el
objeto de la acción de protección de ahora en adelante AP, a los derechos
consagrados en tratados internacionales de derechos humanos, aquello en vir=
tud
de “la cláusula abierta de derechos”, la cual se encuentra recogida en el A=
rt.
11 numeral 7 de la CRE (20=
08) “El
reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la Constitución =
y en
instrumentos internacionales de derechos humanos, no excluirá los demás
derechos derivados de la dignidad de las personas, comunidades, pueblos y
nacionalidades, que sean necesarios para pleno desenvolvimiento” (p. 18).
Además, la LOGGJCC especifica la clase de derechos que se pueden exigir a
través de la acción de protección.
Es necesario abordar las normas vigentes en el
ordenamiento jurídico, puesto que la acción jurisdiccional que dio lugar a =
las
medidas de reparación conforme el Art. 8 numeral 1 de la LOGJCC es de
“…naturaleza sencilla, rápida y eficaz…”, características opuestas a la fas=
e de
ejecución, pues el afectado se encuentra a merced de del legitimado pasivo,=
a
pesar que existe una sentencia que declaró la vulneración del Derecho y ha
dictado medidas de reparación integral, estas son incumplidas en su totalid=
ad o
no son ejecutadas de manera estricta e inmediata.
Hay que tener en cuenta el contenido del Art. 21
inciso final de la LOGJCC, prescribe que “…los procesos en materia
constitucional culminaran únicamente con el cumplimiento integral de la
sentencia.” (Asamblea Nacional, 2009=
, p.
11).
En este aparatado es importante realizar
puntualizaciones acerca de la AA y la AP.
Tabla
1
Semejanzas
entre la Acción de Amparo y Acción de Protección
|
|
Acción de Am=
paro |
Acción de
Protección |
|
Derechos protegidos |
Derecho consagrado en la Constitución o en un tratado o convenio
internacional vigente. |
Derechos reconocidos en la Constitución y tratados internacionales
sobre derechos humanos. |
|
Procedimiento |
Preferente y sumari=
o |
Sencillo, rápido y eficaz; oral en todas las instancias. |
|
Contra que procede |
Acto u omisión ilegítimos, provenientes del legitimado pasivo. |
Actos u omisiones provenientes de un legitimado pasivo |
Nota: CRE
1998, CRE 2008, LOGJCC.
Fuente:
Tabla
2
Diferencias
entre la Acción de Amparo y Acción de Protección.
|
|
Acción de Am=
paro |
Acción de
Protección |
|
Legitimado Activo |
Cualquier persona, por sus propios derechos o como representante
legitimado de una colectividad |
Cualquier persona, grupo de personas, comunidad, pueblo o nacionali=
dad,
la naturaleza. |
|
Legitimado Pasivo |
Autoridad, personas que presten servicios públicos o actúen por
delegación o concesión de una autoridad y particulares. |
Autoridad no judicial, políticas públicas, servidores públicos,
personas naturales o jurídicas del sector privado (presten servicios públ=
icos
impropios, concesión o delegación y particulares |
|
Naturaleza de la acción |
Cautelar. |
De conocimiento.=
|
Nota:
CRE 1998, CRE 2008, LOGJCC.
Fuente:
Cuando se interpone una acción de protección y =
en
efecto el juez verifica el detrimento de derechos protegidos por esta garan=
tía,
el legitimado activo obtiene una sentencia favorable, la cual conforme el Art 17 de la LOGJCC,
La reparación integral, ha sido abordada en nue=
stra
legislación, en el contenido del Art. 18 de la norma ibidem, en la cual se
establecerá el alcance que posee este principio y las formas de reparación,=
es
importante recalcar que no son las únicas medidas de reparación que debe
emplear el juzgador:
(…) Procurará que la persona o personas titular=
es
del derecho violado gocen y disfruten el derecho de la manera más adecuada
posible y que se restablezca a la situación anterior a dicha violación. La
reparación podrá incluir, entre otras formas, la restitución del derecho, la
compensación económica o patrimonial, la rehabilitación, la satisfacción, l=
as
garantías de que el hecho no se repita, la obligación de remitir a la autor=
idad
competente para investigar y sancionar, las medidas de reconocimiento, las =
disculpas
públicas, la prestación de servicios públicos, la atención de salud (…).
La Corte Constitucional del Ecuad=
or
(2021), se ha pronunciado al respecto y nos ha brinda=
do
las características de deben poseer las medidas de reparación dictadas en
sentencia o acuerdo reparatorio, “Las medidas de reparación, para determinar
las obligaciones y las circunstancias de tiempo, modo y lugar, deberán ser:=
” (Sentencia
No. 202-19-JH/21) (p. 41).
Figura 1
Características=
de
las Medidas Reparatorias dictadas en sentencia
Nota: Sentencia =
No.
202-19-JH/21, dictada por la CC.
Fuente:
Es afortunado el criterio de la CC, a través de
esta sentencia, emite los parámetros que debe tomar en cuenta el juzgador al
momento de dictar una sentencia, no basta con declarar la vulneración de
derecho que ha sido menoscabado, también imperativamente se debe establecer=
las
condiciones de tiempo, modo y lugar para el cumplimiento de las medidas
reparatorias, sobre todo si estas contienen obligaciones de hacer o no hace=
r;
ha sido enfática la CC en indicar que además estas medidas deben ser adecua=
das,
deseables, aceptables y posibles; características que permitirán satisfacer=
las
necesidades del afectado y obliga al juzgador a dictar medidas reparatorias=
que
sean realizables y que no contravengan el ordenamiento jurídico.
Ahora bien, la CC también se ha pronunciado en =
la
sentencia Nro. 1651-12-EP/20, sobre las clases de medidas de reparación que
debería emplear el juzgador y aun que afirma que no existe una lista
establecida sobre cuáles pueden ser, las clasifica de la manera subsiguient=
e.
Si bien no
existe un catálogo taxativo de medidas de reparación, estas pueden incluir:=
(i)
medidas de restitución, que consiste en el goce de derechos y reintegro de =
la
dignidad de las personas. Estas medidas comprenden el restablecimiento de la
libertad, el disfrute de los derechos humanos, la identidad, la vida famili=
ar y
la ciudadanía, la devolución de sus bienes, etc.; (ii) medidas de
rehabilitación que se centran en afecciones físicas o psicológicas que se h=
an
causado a la víctima; (iii) medidas de satisfacción que buscan reintegrar y
conmemorar la dignidad o la memoria de las víctimas; (iv) medidas de no
repetición que tienen el objetivo de evitar que la violación se vuelva a
producir. De esta manera, se previene que hechos similares se repitan y est=
as
medidas pueden traducirse en reformas legales, institucionales,
administrativas, etc
En ocasiones, el juzgador dispone el pago de un=
a compensación
económica que debe recibir el afectado, en nuestra legislación se encuentra
regulada en la LOGJCC, Art. 19.
Cuando part=
e de
la reparación, por cualquier motivo, implique pago en dinero al afectado o
titular del derecho violado, la determinación del monto se tramitará en jui=
cio
verbal sumario ante la misma jueza o juez, si fuere contra un particular; y=
en
juicio contencioso administrativo si fuere contra el Estado. Solo podrá
interponerse recurso de apelación en los casos que la ley lo habilite (Asamblea Nacional, 2009, p. 10).
En virtud del contenido de la norma ibidem, se
evidencia una suerte de delegación, por parte de los jueces de instancia que
conocieron la garantía jurisdiccional, dirigida a los jueces civiles (cuand=
o el
legitimado pasivo es un particular) y a los jueces de la jurisdicción conte=
ncioso-administrativa
(legitimado pasivo de Derecho Público).
Aquel será un proceso estrictamente de ejecució=
n,
en el cual posterior a declararse competente el Tribunal Distrital Contenci=
oso Administrativo
de ahora en adelante TDCA, de la jurisdicción que corresponda, nombrará un
perito, quien a través de una liquidación establecerá el monto que por conc=
epto
de reparación económica debe recibir el afectado, con la liquidación el TDCA
dictará mandamiento de ejecución y le corresponde emplear los medios necesa=
rios
y efectivos para que el legitimado pasivo pague al afectado lo que correspo=
nde;
la CC por muchos años manejó los criterios establecidos en las reglas
establecidas de la sentencia No. 011-16-SIS-CC.
Este proceso
meramente de ejecución debe ser tramitado en base a los principios de
sencillez, rapidez y eficacia; pues el objetivo es garantizar el cumplimien=
to
ejecutivo de la reparación integral, esta se encasilla en un derecho de ord=
en
constitucional y un verdadero Derecho Humano, conforme lo establecido en la
CRE, los Principios y Directrices Básicos sobre Reparaciones Integrales de =
la
Organización de las Naciones Unidas (2005); los Lineamientos Principales pa=
ra
una Política Integral de Reparaciones de la Comisión Interamericana de Dere=
chos
Humanos (2008); y, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos y de la misma CC
En el año 2022 la CC se aparta del criterio
expuesto ut supra y establece que únicamente el TDCA, será competente para
cuantificar el monto que por reparación económica le corresponde al afectad=
o,
pero la ejecución como tal le pertenece al juez de primer nivel que conoció=
la
garantía jurisdiccional, en tal virtud la CC en su papel de legislador pasi=
vo,
indica:
Por lo que,
esta Corte concluye que no le corresponde a los TDCA activar los medios jurídi=
cos
para lograr el cumplimiento del auto resolutorio que cuantifica una medida<=
/span> de
reparación dispuesta en una sentencia de garantías jurisdiccionales. Al
contrario, en ejercicio de sus competencias, una vez determin=
ado
el monto de la reparación
Si des=
eamos
encontrar la raíz en donde surge y toma fuerza el derecho a ser reparados
integralmente de las víctimas, es justamente en los IIDDHH, para citar el A=
rt.
63 numeral 1 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos:
Cuando deci=
da
que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, =
la
Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o
libertad conculcados. Dispondrá, asimismo, si ello fuera procedente, que se
reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la
vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte
lesionada
En este sentido, expresa que si se verificare la
violación de un derecho o libertad es obligación de los Estados parte
garantizar el ejercicio, reparar a la víctima, suprimiendo si es posible cl=
aro
las consecuencias de aquel menoscabo y ordenar el pago de una justa
indemnización.
El desarrollo de este Derecho ha evolucionado c=
on
el paso de los años, su objetivo principal es cumplir con la “restitución p=
lena
o restitutiva in integrum, busca colocar a la víctima en la situación previ=
a a
la lesión del derecho. De otra parte, la indemnización debe ser apropiada a=
la
gravedad de los hechos del caso y proporcional, no punitiva” (Cervantes, 20=
21,
p. 35).
De lo aportado por el Profesor Cervantes, se co=
lige
que actualmente el Derecho deja del lado esa concepción, de perseguir
estrictamente el redito pecuario, quedando aquel, en un plano secundario y
buscando más bien reparar a las víctimas en todas las esferas que se ha vis=
to
afectada, reduciendo los efectos de la violación de derechos, lo que ha
denominado la Corte Interamericana de Derechos Humanos de ahora en adelante
CIDH “Restitutio In Integrum”.
Se evidencia que este Derecho atribuido a las
víctimas forma parte del denominado Bloque de Constitucionalidad, la
problemática surge cuando las sentencias provenientes de acciones de protec=
ción
se vuelven inejecutables o son ejecutadas defectuosamente, colocando a las
víctimas en una suerte de revictimización.
El juez de instancia que conoció la AP y
consecuentemente dictó la sentencia favorable al legitimado activo, conform=
e el
Art. 21 de la LOGJCC, podrá emplear todos los recursos necesarios para el
cumplimiento estricto de la misma, si considerare necesario está facultado
incluso para modificar las medidas y también deberá remitir a la Defensoría=
del
Pueblo y Fiscalía a fin de que dichas instituciones den seguimiento a la fa=
se
ejecución
La norma jurídica en este caso imperativamente
atribuye al juez el emplear todos los medios que sean adecuados y pertinent=
es,
para que se cumpla con la sentencia o acuerdo reparatorio, pero en la gran
mayoría de casos se hace sin respetar los términos y lineamientos estableci=
dos
en el sistema jurídico, en consecuencia, se vulnera el Derecho a la Segurid=
ad
Jurídica, Tutela Judicial Efectiva y a la Reparación Integral.
Lo abordado en líneas anteriores, es producto d=
e la
ausencia o deficiencia en materia procedimental, pues al no existir un cami=
no
estricto el cual seguir, el juzgador ordena lo que considera pertinente, se=
gún
su sanan critica; razón por la cual no existe uniformidad de criterios de p=
arte
de quienes administran justicia; l dictar autos de ejecución variados u
opuestos, a fin de que se cristalice el cumplimiento, lo cual no permite un
ejercicio efectivo de la Tutela Judicial efectiva.
Mecanismos de ejecución
Para ejemplificar podrá el juzgador, conforme el
Art 130 numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial de ahora en
adelante COFJ (2009):
Disponer la comparecencia de las partes procesa=
les,
testigos y peritos, cuya presencia sea necesaria para el desarrollo de una
audiencia, por medio de la Policía Nacional”, el numeral 11 del mismo artíc=
ulo
“Procurar la conciliación y acuerdo de las partes ante la o el juzgador dur=
ante
el proceso judicial cuando la ley lo permita” (p. 55).
En virtud de la normativa enunciada en teoría p=
odrá
el juzgador incluso emplear el auxilio de la fuerza pública, para que la pa=
rte
que incumple la sentencia asista a audiencia, a fin de que justifique el po=
rqué
del incumplimiento y planificar el cumplimiento más próximo.
El Art. 132 numeral 1 de la norma ibidem, permi=
te
al juzgador imponer sanciones pecuniarias dentro de sus facultades coerciti=
vas,
reza de la siguiente manera:
Imponer mul=
ta
compulsiva y progresiva diaria destinada a que la parte o quien corresponda,
cumpla sus mandatos con arreglo al contenido de su decisión, sin perjuicio =
de
las consecuencias legales que, al momento de la resolución de las causas,
produce la contumacia de la parte procesal
Es bastante común en la actualidad que los
juzgadores usen este recurso, pero ¿qué tan efectivo puede llegar a ser? es=
una
interrogante que no obtiene una respuesta inmediata, pues dependerá del Con=
sejo
de la Judicatura, mediante el departamento correspondiente, hacer efectiva
dicha multa.
El juzgador podrá también remitir el proceso a
Fiscalía General del Estado, como órgano ejecutor de la Acción Penal Públic=
a,
pues al no cumplir, el legitimado pasivo incurre en el tipo penal denominado
“Incumplimiento de Decisiones Legítimas De Autoridad Competente”, recogido =
en
el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal “La persona que incumpla
órdenes, prohibiciones específicas o legalmente debidas, dirigidas a ella p=
or
autoridad competente en el marco de sus facultades legales, será sancionada=
con
pena privativa de libertad de uno a tres años”
Muchos tratadistas han considerado que el tipo
penal como tal, es muy amplio, aquello ha provocado que la mayoría de estas
denuncias sean archivadas en la fase de Indagación Previa, ya sea porque el=
/la
fiscal asignado no le presta la debida atención o por lo extenso del tipo
penal, situación que definitivamente pone peligro el derecho a la seguridad
jurídica, pues al no existir una norma jurídica previa, clara y pública, que
permita ser usada como un mecanismo de protección del bien jurídico quebran=
tado,
en consecuencia este mecanismo tampoco es efectivo para ejecutar una senten=
cia
que pretende reparar una vulneración anterior.
Las opciones procedimentales antes detalladas
muchas de las veces, no son tomadas con la importancia debida, pues no exis=
te
una coacción verdadera, sobre todo si el obligado es una institución de Der=
echo
Público, estas hacen caso omiso.
Convirtiendo la fase de ejecución en un
procedimiento tedioso, lleno de tardanzas que solo perjudica a la víctima, a
pesar de que conforme el Art. 163 de la LOGJCC (2009): “Las sentencias y
dictámenes constitucionales son de inmediato cumplimiento, sin importar la
interposición de recurso alguno” (p. 44).
Acción de incumplimiento
La norma ibidem nos presenta la acción de
incumplimiento, que parecía ser alentadora y debiera serlo pues frente al
incumplimiento de sentencias provenientes de acciones jurisdiccionales será=
la
CC la competente para resolverla; regulada en los Arts. 163, 164, 165 de la
LOGJCC, en escazas líneas se desarrolla esta acción, que en teoría es la op=
ción
más idónea; pero en la práctica resulta una inversión anímica, mental,
económica y de tiempo que debe volver a emplear e irrogar el afectado, quien
solamente anhela hacer efectivo al=
go que
le corresponde legítimamente.
Esta garantía ha sido desarrollada en la
jurisprudencia dictada por la CC, la cual surgió con el objetivo de:
(…) tutelar,
proteger y remediar los efectos que producen los retardos
del cumplimiento de sentencias y dictámenes dictados en garantías
jurisdiccionales, se incorporó esta acción, cuya labor se centra en verific=
ar
que se cumpla con las sentencias dictadas por los jueces constitucionales,
atendiendo al principio de tutela judicial efectiva. El alcance de la acció=
n no
es otro que dar protección a los ciudadanos contra eventuales actos violato=
rios
de sus derechos, en los que las autoridades conminadas al cumplimiento de u=
na
sentencia dictada en garantías constitucionales no han cumplido con lo
ordenado, o lo han hecho parcialmente, de tal forma que la reparación reali=
zada
no satisfaga la reparación del derecho violado
A pesar de que el llamado a garantizar la ejecu=
ción
integral de la sentencia, es el juez de primera instancia que conoció la ca=
usa,
no resulta para nada inadmisible que el legitimado activo mediante un escri=
to
solicite autos de ejecución, en nuestro ordenamiento jurídico no existe una
regulación que de manera explícita indique aquello, pero se encuentra
íntimamente ligado con el derecho de petición y el principio de libertad; el
juzgador no puede impedir al peticionario aquello que no se encuentra prosc=
rito
por la norma jurídica vigente, de tal manera que se garantice la tutela
judicial efectiva (Pucachaqui, 2022).
La acción de incumplimiento de ahora en adelante
viene a ser una garantía para otra garantía jurisdiccional; lo que sigue
cuestionando la efectividad de la
sentencia y su ejecutabilidad, es una opción que a pesar del detrimento que
causa una inejecución o la ejecución defectuosa, es poco tomada en cuenta p=
or
el afectado, pues implica el empleo de recursos, tiempo y disposición para =
dar
inicio a un nuevo proceso, esta vez frente a la CC, por lo que en su mayoría
deciden no hacerlo; también los juzgadores no suelen remitir el proceso a l=
a CC
por temor a sanciones de índole administrativo, pues al final del día quien=
es
responsable de la ejecución de la sentencia es el juez que la dictó.
Es así como, desde enero de 2022 hasta diciembre
del mismo año, han sido muy pocos los procesos de esta naturaleza que han s=
ido
remitidos a la CC. La información proporcionada por este organismo indica q=
ue
únicamente llego a conocer 39 acciones de incumplimiento, la mayoría fueron
desestimadas, por lo que su efectividad frente al tema a tratar no es visib=
le.
Figura 2
AI presentadas ante le Corte Constitucional en =
el
año 2022
Nota: https:=
//portal.corteconstitucional.gob.ec/Grafos.aspx
Fuente: Asamblea
Nacional, 2009.
Es necesario hacer mención del art. 84 numeral =
4 de
la CRE, el cual prescribe:
Si la sente=
ncia
o resolución no se cumple por parte de servidoras o servidores públicos, la
jueza o juez ordenará su destitución del cargo o empleo, sin perjuicio de la
responsabilidad civil o penal a que haya lugar. Cuando sea un particular qu=
ien
incumpla la sentencia o resolución, se hará efectiva la responsabilidad
determinada en la ley”.
Empero, esta facultad no le ha sido atribuida a=
los
jueces de instancia, pues la CC se ha reservado en teoría para si esta facu=
ltad
frente al incumplimiento, lo dejó ver en la sentencia No. 031-09-SEP-CC, di=
ctada
en el año 2009. Evidenciándose que someter este particular a la Corte
Constitucional implica que no se efectivice prontamente la ejecución de las
medidas de reparación dictadas en sentencia, al contrario, cada vez se ampl=
ía
el procedimiento a realizar, donde el único perjudicado una vez más es el a=
fectado.
La ausencia normativa que permita una pronta
ejecución ha provocado que la tramitología otorgada a la acción de
Incumplimiento, presente estos inconvenientes: 1) Las medidas dictadas por =
el
Juez resultan escazas para compensar y restaurar los derechos violados; 2)
Existencia de demora en los casos que son sometidos a la Justicia
Constitucional y no se respeta los plazos otorgados por la CIDH; 3) Se
desobedece las pautas otorgadas por la CIDH (Bravo
et al., 2020). Estos inconvenientes son una gran afectación al derec=
ho a
ser reparados integralmente que ti=
enen
los afectados o víctimas.
Es necesario señalar que hay sentencias que se
vuelven inejecutables porque no cumplen con los requisitos establecidos el
sistema jurídico.
Quien
administra justicia se encuentra, por la calidad que ostenta imperativamente
obligado jurídica y moralmente a resolver en base a la norma vigente,
jurisprudencia vinculante y sin dejar de lado los Instrumentos de Derechos
Humanos ratificados por el Ecuador; solo
se podrá garantizar un goce efectivo de los derechos de los ciudadanos si el
juez se encuentra dotado- de conocimientos amplios en materia constituciona=
l,
así cuando se interponga una acción de protección y se verifique la
vulneración, la sentencia que se dicte cumpla con los requisitos de
ejecutabilidad (Juarez & Zamora, 2022,=
p.
419).
La seguridad jurídica, conforme el Art. 82 de la
CRE “…se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de
normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades
competentes…”.
Por lo tant=
o es
esa garantía que el Estado entrega a las personas, para que su esfera íntim=
a,
sus posesiones y facultades no sean menoscabados y de suceder aquello, será
respaldado, protegido y reparado tanto por el Estado como por la sociedad; es otorgar al ciudadano la ce=
rteza
de que su situación jurídica no sea modificada o disminuida, esta garantía =
es
un bien colectivo, no está restringido para una persona o grupo específico,
sino está dirigida a toda la sociedad (Ordoñez & Vazquez, 2021).
Garantía que no está siendo efectivizada cuando
existe ejecución defectuosa o inejecución de sentencias, dictadas a favor d=
el
legitimado pasivo, por haberse evidenciado que fue y es una víctima de
vulneración de derechos; además coloca a los ciudadanos en situaciones
jurídicas que no le dan certeza del cumplimiento del sistema jurídico vigen=
te.
Otro derecho que es disminuido por este problema
jurídico es la Tutela Judicial Efectiva definido en el Art. 23 del COFJ:
La Función Judicial, por intermedio de l=
os
jueces, tiene el deber fundamental de garantizar la tutela judicial efectiv=
a de
los derechos declarados en la Constitución y en los instrumentos
internacionales de derechos humanos o establecidos en las leyes, cuando sean
reclamados por sus titulares o quienes invoquen esa calidad, cualquiera sea=
la
materia, el derecho o la garantía exigido
El ejercicio efectivo de este Derecho, entrega =
al
ciudadano la certeza de que la administración de justicia no solo resolverá=
una
causa sometida a su conocimiento, sino también hilará el camino para una
ejecución de sentencia efectiva y reparadora; por lo tanto:
La Tutela
Judicial Efectiva vista desde el ámbito procesal, exhorta a las autoridades
judiciales, la estricta observancia de los derechos fundamentales durante t=
odo
el proceso, incluyendo la fase de ejecución de la decisión que ha sido toma=
da
dentro de una causa que llego a su judicatura, sin quebrantar o disminuir t=
odos
y cada uno de los derechos contenidos dentro de esta garantía (Lara, 2021).
Materiales y métodos
El tipo de investigación fue no experimental, p=
ues
no se han manipulado variables.
• Los métodos que se emplearon para la realizac=
ión
del presente trabajo fueron:
Deductivo-inductivo, pues partimos de la generalidad y finalizamos e=
n la
particularidad y viceversa.
• Histórico, en virtud del análisis efectuado a=
la
figura jurídica de la acción de protección, incumplimiento y medidas de
reparación desde la perspectiva histórica.
• Dogmático Jurídico, pues se analizó el sistema
jurídico vigente en nuestro país, así como sentencias de la Corte
Constitucional e Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos.
• Comparativo. Al estudiar y analizar en base al
derecho comparado la realidad jurídica respecto del tema, dogmático jurídic=
o.
Esta investigación, tiene un nivel de profundid=
ad
descriptivo y explicativo, pues se ha tratado de describir y explicar la
bibliografía recogida para ahondar en el problema jurídico y plantear una
solución.
La investigación se realizó con un enfoque
cualitativo, en base al análisis de instrumentos, ley, jurisprudencia, doct=
rina
y revisiones bibliográficas logrando resolver el problema jurídico plantead=
o,
el instrumento utilizado fue el fichaje, a través de la revisión bibliográf=
ica.
Resultados y discu=
sión
Derecho Comparado =
Es necesario analizar la situación jurídica
respecto de otros países de Latinoamérica, empezaremos por hacer referencia=
a
Colombia, país en el cual el desarrollo jurisprudencial es bastante amplio y
enriquecedor, la garantía jurisdiccional que hemos estudiado se denomina
“acción de tutela”, esta tiene como características principales: la residualidad,
subsidiariedad y autonomía, esto la diferencia de la AP; nace con el
Decreto Extraordinario 2591; puede ser presentada también en contra de
sentencias, algo que no sucede en nuestro sistema jurídico, pues esto es
exclusivo de la Acción Extraordinaria de Protección; también permite suspen=
der
el hecho que amenazada o está causando la vulneración del Derecho (Pesantes, 2019).
Es menester referirse a la decisión proveniente=
de
una “Acción de Tutela”, pues es de inmediato y obligatorio cumplimiento, pa=
ra
la entidad, el particular accionado o quien con su acto u omisión vulnero
derechos protegidos por esta garantía, frente al incumplimiento surge la fi=
gura
denominada “desacato de tutela” lo cual es considerando grave y conlleva
consecuencias penales
En el capítulo quinto del Decreto 2591 promulga=
do
en 1991, denominado sanciones, específicamente en el Art. 51, en su parte
reglamentaria regula la figura expuesta ut supra.
Artículo 52.
Desacato. La persona que incumpliere una orden de una juez proferida con ba=
se
en el presente Decreto incurrirá en desacato sancionable con arresto hasta =
de
seis (6) meses y multa hasta de veinte (20) salarios mínimos mensuales, sal=
vo
que en este decreto ya se hubiere señalado una consecuencia jurídica distin=
ta y
sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar
El camino existente en la legislación colombian=
a es
incidental, se presenta con posterioridad a la existencia de un fallo, fren=
te
al incumplimiento, a pesar de que en el contenido del artículo se indica que
existe una sanción pecuniaria y también de índole penal, la naturaleza de m=
isma
es el cumplimiento del fallo.
Perú
Las sentencias constitucionales provenientes de
jueces ordinarios o del Tribunal Constitucional peruano, resuelve procesos =
constitucionales
regulados por el Código Procesal Constitucional de ahora en adelante CPC, c=
uyo
principal objetivo es reponer las cosas al estado anterior de la vulneració=
n u
amenaza (Vargas, 2018). Respecto a =
la
fase de ejecución consecuente a dichas sentencias, el Tribunal Constitucion=
al
se ha pronunciado en los siguientes términos “… para una mejor defensa de l=
os
derechos en la fase de la ejecución, existe una cadena de mando entre las
decisiones de la máxima instancia jurisdiccional y las instancias judiciales
que actuarán las sentencias en estos casos…”
Las respuestas procesales vigentes en este
ordenamiento jurídico son pocas, se presenta una realidad jurídica similar =
a la
nuestra, pues son escasas las herramientas procesales que poseen los afecta=
dos
para hacer efectivo lo dictado en sentencia, se regula en el CPC.
La
inmutabilidad de las decisiones del Tribunal (art. 121° del CPC); la
competencia para la ejecución de las sentencias está en manos del juez que
recibió la demanda (artículo 22° del CPC); la prevalecía de las sentencias
constitucionales sobre cualquier o=
tra
decisión judicial; el poder coercitivo de los jueces constitucionales (articulo59° del CPC) y
actuación de sentencia impugnada, conforme a la cual cuando se expide una
sentencia en primer grado, esta debe ser ejecutada con prescindencia de que
haya sido apelada (Vargas, 2018, p. 51).
Como se visualizó, en la legislación peruana no=
se
regula de tal manera que se pueda resolver el problema jurídico, mismo que =
ha
sido abordado a lo largo de este trabajo investigativo, si bien es cierto se
establece con claridad que el cumplimiento es obligatorio; los mecanismos de
ejecución son escasos y deficientes.
Discusión
El auge del
Derecho Constitucional y Procesal Constitucional permite que quien ha
visto disminución o menoscabo en sus derechos constitucionales, por parte de
personas jurídicas o naturales de Derecho Público o Privado, asistido del
sistema jurídico vigente; interponga la garantía jurisdiccional de acción de
protección, obteniendo sentencias favorables tanto en primera como en segun=
da
instancia, por haberse verificado la vulneración de derechos, al ser víctim=
as
de acciones u omisiones efectuadas por un legitimado pasivo.
Consecuentemente, es lógico considerar que una =
vez
declarada la violación del derecho o derechos y habiéndose fijado en senten=
cia
medidas de reparación que restituyan y satisfagan aquel detrimento, el
legitimado pasivo cumplirá estrictamente con lo dispuesto en la sentencia
dictada por un juez constitucional, al ser esta de inmediato y obligatorio
cumplimiento conforme el Art. 162 de la norma pertinente
Lastimosamente en la praxis del Derecho no es a=
sí,
sobre todo por parte de aquellas entidades que pertenecen a la administraci=
ón
pública y que consecuentemente mantienen una cartera de Estado.
A pesa=
r de
la existencia de la acción de incumplimiento, garantía de orden jurisdiccio=
nal
que no es abordada en nuestra Carta Magna como las demás garantías; sino es
desarrollada en la LOGJCC, para situaciones como la expuesta ut supra, es
preciso señalar que la Corte Constitucional como tal no es el órgano ejecut=
or
de la sentencia dictada por el juez que conoció la garantía precedente; así=
lo
ha expresado el jurista Ismael Quintana en su libro denominado “Ejecución y
Acción de Incumplimiento”, más bien quienes conforman dicho órgano de
considerar necesario, impondrán sanciones a los servidores públicos
responsables, empero la ejecución como tal le corresponde al Juzgador de pr=
imer
nivel que conoció la Acción de Protección.
Situación que coloca al legitimado activo en una
suerte de revictimización, pues nuevamente debe exponer ante el máximo órga=
no
de Justicia Constitucional este incumplimiento, teniendo una vez más que
invertir tiempo de vida y recursos para hacer efectivo algo que por derecho=
le
corresponde, menoscabando la “reparación integral” de las víctimas (CRE Art.
86); este es un escenario que solo se visualizara para aquellos personas que
deseen acudir ante este organismo, en otros casos por la naturaleza del trá=
mite
ya ni si quiera acuden al mismo.
Al no existir un procedimiento específico que
viabilice la ejecución efectiva de dichas sentencias, los ciudadanos quedan=
a
merced del criterio judicial, que es variado muchas de las veces, esto prod=
uce
que se violenta el Derecho a la Tutela Judicial Efectiva acorde al Art. 75 =
de
la CRE. Consecuentemente, también se menoscaba el Derecho a seguridad juríd=
ica,
el que conforme el Art. 82 tiene como objetivo brindarnos certeza a los
ciudadanos de ser sometidos a normas previas, claras y pertinentes
Por lo que, es conveniente que se promulgue un
instructivo/reforma legal a la LOGJCC que aborde exclusivamente/ en la cual=
se
regule “la fase de ejecución de sentencias provenientes de acciones de
protección”, con la finalidad de establecer un procedimiento expedito, sin
dilaciones innecesarias, de esta manera garantizando a las víctimas el corr=
ecto
ejercicio de sus derechos de orden constitucional y derechos humanos.
Propuesta
Reformar la LOGJCC, para que en dicha norma
jurídica se establezca plazos específicos en los cuales se debe dar
cumplimiento integral a la sentencia proveniente de AP, se precisen las
sanciones y multas a las que se verán sometidos los legitimados pasivos que=
la
incumplieren; así como también a los jueces/as y servidores públicos que no
procuraran la ejecución inmediata de la misma.
Conclusiones
La naturaleza jurídica de la AP y sobre todo la
intención con la que el constituyente la incluyo como una de las garantías
jurisdiccionales, sin lugar a duda la más relevante, no es concordante con =
el
desenvolvimiento de la fase de ejecución; al ser el cumplimiento nulo,
aparente, tardío, incompleto no se logra visualizar la operatividad y efica=
cia
de la garantía jurisdiccional que le precede, pues esta no solo debe declar=
ar
la vulneración del derecho sino también repararlo efectivamente.
La inejecución y ejecución defectuosa de las
sentencias provenientes de AP no es solamente un problema de índole
procedimental, también afecta derechos que garantiza principalmente el Esta=
do
Constitucional de Derechos, como lo es la Tutela Judicial Efectiva, pues la
eficacia del órgano jurisdiccional no se mide por el número de sentencias
favorables que obtenga en beneficio de los derechos; más bien, se valora el
cumplimiento de las mismas; en este sentido también se menoscaba el derecho=
a
la seguridad y jurídica y al derecho a ser reparados integralmente, derecho=
s de
índole constitucional y también protegidos por IIDDHH.
Las respuestas procesales existentes en la
legislación son escasas y además no son específicas, razones por lo cual se
requiere judicaturas especializadas en materia procesal constitucional, que=
por
lo menos traten de satisfacer en algo las ausencias existentes en el
ordenamiento jurídico; no se puede desmerecer el papel realizado por la CC,=
su
actuación ha jugado un papel preponderante en el camino que se puede seguir=
en
este momento procesal; empero, no es suficiente para satisfacer las necesid=
ades
de quien pretende ejecutar la sentencia.
El problema jurídico abordado no es exclusivo de
nuestro país, se evidencia que la problemática es bastante similar en el Pe=
rú;
sin embargo, también al estudiar la legislación colombiana y lo vanguardist=
a de
su Corte Constitucional, se identificó que el problema es menos relevante en
dicho país pues establece medidas específicas coercitivas que garanticen el
cumplimiento de las sentencias provenientes de una Acción de Tutela, aquello
nos entrega la certeza de que un mejor tratamiento legislativo y desarrollo
jurisprudencias, sería en camino para dar solución a este problema jurídico=
tan
relevante.
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Estudios y Difusión de Derecho Constitucional.
Vargas Chumacero, J. (2018). Análisis externo e interno del probl=
ema
de la inejecución de sentencias constitucionales que tutelan Derechos
Fundamentales. Universidad de Piura.
Conflicto de intereses
Los autores
declaran que no existe conflicto de intereses en relación con el
artículo presentado.
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El artículo que se publica es de
exclusiva responsabilidad de los autores y no necesariamente reflejan el
pensamiento de la Revista Ciencia
Digital.
El artículo queda en propiedad de la revista y, por
tanto, su publicación parcial y/o total en otro medio tiene que ser autoriz=
ado
por el director de la Revista Cien=
cia
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