El silencio administrativo negati= vo en los recursos extraordinarios de revisión según el COA, frente al derecho= de recibir respuestas motivadas

The negative administrative silence in the extraordinary review resources according to t= he COA, compared to the right to receive reasoned answer

¹	Johana Maricela Domínguez Cruz https://orcid.org/0000-0002-8856-5342= Unive= rsidad Nacional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador, johana_dominguezcruz@outlook.com	<= /p>
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=	Artículo de Investigación Científica y Tecnológica Enviado: 0= 6/10/2022 Revisado: 21/11/2022 Aceptado: = 08/12/2022 Publicado:= 05/01/2023 DOI: https://doi.org/10.33262/visionariodigital.v7i1.2436 = ;
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Cítese:		Domínguez Cruz, J. M. (2023). El silencio administrati= vo negativo en los recursos extraordinarios de revisión según el COA, frente= al derecho de recibir respuestas motivadas. Visionario Digital, 7(1), 102-11= 7. https:= //doi.org/10.33262/visionariodigital.v7i1.2436
		VISIONARIO DIGITAL, es una revis= ta científica, trimestral, que se publicará en soporte electrónico tiene como misión contribuir a la formación de profesionales competentes con visión humanística y crítica q= ue sean capaces de exponer sus resultados investigativos y científicos en la misma medida que se promueva mediante su intervención cambios positivos e= n la sociedad. https://visionariodigital.org<= span style=3D'mso-bookmark:_Hlk92206260'> La revista es editada por la Editorial Ciencia Digital (Editorial de prestigio registrada en la Cámara Ecuatoriana de Li= bro con No de Afiliación 663) www.celibro.org.ec
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Palabras claves: Recurso de revisión, silencio administrativo negativo, vulneración, motivación.		Resumen<= /b> El presente trabajo tiene por objeto realizar un análisis desde el ámbito administrativo y constitucional sobre la aplicabilidad del artículo 234 d= el Código Orgánico Administrativo (COA) que regula el silencio administrativo negativo dentro del recurso extraordinario de revisión, ya que en esta no= rma legal se incluyó la denegación tácita; es decir, que si la entidad públic= a no responde el pedido de un ciudadano, la solicitud se entenderá negada al administrado, problemática que se viene presentando en la actualidad en Ministerios entre otras entidades públicas a las cuales se les ha conferido la potestad de sustanciar= y tramitar recursos extraordinarios de revisión. En la investigación a trav= és de la aplicación de los métodos: jurídico-doctrinal y jurídico-analítico y utilizando los tipos de estudio: descriptivo, explicativo y no experiment= al, con un enfoque cualitativo, se ha llegado a la conclusión de que el silen= cio administrativo negativo en los recursos extraordinarios de revisión según= el COA, si vulnera el derecho constitucional de petición y de recibir respue= stas motivadas que se encuentra establecido en el artículo 66 numeral 23 de la Constitución de la República del Ecuador, así como también limita el dere= cho constitucional a recurrir, por cuanto, con la negativa tácita, el ciudada= no y su defensa técnica no podrá conocer los motivos por los cuales su recurso= fue negado, lo cual incide negativamente para fundamentar su impugnación y ejercer el derecho a la defensa ante el superior, lo cual se deja en evidencia en la presente investigación.).
Keywords:= Appeal for review, negative administrative silence, violation, motivation, appeal.<= /b>		Abstract The purpose of this paper is to carry out an analysis from the administrative and constitutional level on the applicability of article 234 of the Administrative Organic Code (COA) that regulates negative administrative silence within the extraordinary appeal= for review, since this legal norm included the tacit refusal; that is, if the public entity does not respond to a citizen's request, the request will be understood as denied to the administrator, a problem that is currently occurring in Ministries among other public entities that have been given = the power to substantiate and process extraordinary appeals for review. In the investigation through the application of the methods: legal-doctrinal and legal-analytical and using the types of study: descriptive, explanatory a= nd non-experimental, with a qualitative approach, it has been concluded that negative administrative silence in the extraordinary resources of review according to the COA, if it violates the constitutional right of petition= and to receive motivated answers that is established in article 66, numeral 2= 3 of the Constitution of the Republic of Ecuador, as well as limits the constitutional right to appeal , since, with the tacit refusal, the citiz= en and his technical defense will not be able to know the reasons why his ap= peal was denied, which has a negative impact on substantiating his challenge a= nd exercising the right to defense before the superior, which is evidenced in the present investigation.

Introducción<= /b>

El recurso extraordinario de revisión tiene por objeto que la administración pública corrija sus propios errores en los cuales incurrió e= n la resolución dictada dentro de un procedimiento administrativo, motivo por el cual es derecho de los ciudadanos interponer este recurso cuando considere = que el acto administrativo en firme estaría incurso en una de las causales que = se encuentran previstas en el artículo 232 del Código Orgánico Administrativo [COA] (Asamblea Nacional República del Ecuador, 2017), y que darían lugar a que la entidad pública deje sin efecto un acto administrativo por al encontrarse al margen de la ley; y, de esta manera ev= itar posibles perjuicios a los ciudadanos, siendo este el motivo por el cual es necesario que exista el recurso de revisión en el ordenamiento jurídico (Güechá-Medina , 2017).

En base de lo expuesto, se indica que en la presente investigación se logra evidenciar una problemática en la sustanciación y resolución de este recurso, la misma que se genera cuando el ciudadano presenta un recurso extraordinario de revisión y este no es resuelto por la entidad del Estado,= es decir la entidad no dicta ningún tipo de resolución, aceptando o negando el recurso, sino más bien incurre en un silencio administrativo negativo el cu= al de acuerdo al artículo 234 del Código Orgánico Administrativo [COA] = (= Asamblea Nacional República del Ecuador, 2017), se considera como desestimado; es decir, que en estos casos se ha denegado tácitamente este recurso extraordinario sin que exista una respuesta formal por parte de la administración hacia el ciudadano.

Por tales motivos, en el trabajo se confronta desde el ámbito administrativo y constitucional el artículo 234 del Código Orgánico Administrativo [COA] (Asamblea Nacional República del Ecuador, 2017), en d= onde se plasma el silencio administrativo negativo en la resolución tácita del recurso de revisión, con el artículo 66 numeral 23 de la Constitución de la República del Ecuador (Asamblea Nacional República del Ecuador, 2008), que establece como derecho humano el dirigir quejas y peticiones, así como el derecho de la persona a recibir respuestas motivadas por parte del Estado.<= o:p>

Para tal efecto en la investigación, se realiza un análisis legal, jurisprudencial y doctrinario del silencio administrativo negativo, a fin de evidenciar la necesidad de excluir el silencio administrativo negativo del Código Orgánico Administrativo [COA] y de esta manera garantizar de mejor manera los derechos de los ciudadanos en la resolución de procesos administrativos.

Metodología

Se utiliza este estudio porque ha permitido determ= inar cómo se presenta este problema en la práctica administrativa, cuáles son sus fenómenos que deben ser investigados desde el ámbito jurídico, administrati= vo y constitucional, para lo cual se han identificado las características más relevantes del problema propuesto. El estud= io explicativo, ha sido utilizado para explicar las causas que dieron lugar al aparecimiento del problema, así como para analizar los efectos que produce,= los cuales están relacionados con la vulneración de derechos, entre los cuales = se anotan: el derecho de petición, la motivación como garantía del derecho a la defensa, entre otros. <= /span>

No experimental. En la investigación se han realiz= ado estudios no experimentales, por cuanto, se observó como el fenómeno se pres= enta en la práctica administrativa.

- Diseńo general de la investigación. Corresponde a los siguientes lineamientos

a.         = Enfoque de la investigación

El enfoque de la presente investigación es cualitativo, por cuanto se identificaron las cualidades y elementos más relevantes del silencio administrativo negativo, así como del derecho de petición y la garantía de motivación.

b.         = Métodos. En la investigación se utilizaron los siguientes métodos teóricos.

Método jurídico-doctrinal: Se analizan las posicio= nes legales sobre el tema objeto de investigación para arribar a conclusiones científicamente válidas. En base de lo expuesto, se indica que el marco teó= rico se construyó sobre los análisis del silencio administrativo negativo frente= al derecho de petición consagrado en el artículo 66 numeral 23 de la Constituc= ión (Asamblea Nacional República del Ecuador, 2008).

Método jurídico-analítico: A través de este método se analizaron l= as normas jurídicas de la Constitución, del Código Orgánico Administrativo [COA] y de los instrumentos internacionales de derechos humanos que se relacionan con la problemática expuesta, en función del contexto político, económico y social y en el que se expidieron.

c.         Nivel de la investigación: <= /o:p>

El nivel de la investigación es descriptivo, por cuanto describe el problema de investigación paso a paso, analizando sus ca= usas y las consecuencias que se presentan en la sociedad, en especial, los dańos= o perjuicios que puede causar al ciudadano por el hecho de que sus pedidos no sean atendidos por una entidad y pese a ello, existe de por medio silencio administrativo negativo.

d.         Tipo de investigación =

Documental. A través del estudio documental se acc= edió a las normas que integran el ordenamiento jurídico que tienen relación con = el tema de investigación, tales como; la Constitución del Ecuador, el Código Orgánico Administrativo [COA], tratad= os internacionales de derechos humanos.

Descriptiva. Por cuanto se describió el problema investigativo a través del estudio de normas legales, es decir con los resultados obtenidos se ha determinado que si ha existido una vulneración d= el derecho de petición y de motivación ante el silencio administrativo negativo que se genera dentro de la tramitación de los recursos extraordinarios de revisión según el Código Orgánico Administrativo [COA]<= /span>. <= /o:p>

- Variables de estudio:

Variable independiente: El silencio administrativo negativo en los recursos extraordinarios de revisión según el COA,

Variable dependiente: El derecho a recibir respues= tas motivadas según el artículo 66 numeral 23 de la Constitución.

Técnicas de investigación:

El fichaje. - con esta técnica se transcribió las citas bibliográficas constantes en códigos, leyes, doctrina y jurisprudenci= a, relacionada con el tema de investigación, con esta técnica se conceptualiza= rán correctamente los temas que se desarrollarán en el presente trabajo.

Instrumento de investigación

La guía de entrevista será el instrumento de investigación que se utilizará en el presente trabajo.
- Procesamiento estadístico:

Para el procesamiento y análisis de datos se utili= zará técnicas lógicas, como cuadros y gráficos estadísticos. En el caso de la interpretación de los datos estadísticos se realizará a través de la inducc= ión, el análisis y la síntesis.

Discusión

El recurso extraordinario de revisión

Los recursos en procedimientos administrativos se consideran como mecanismos procesales que permiten ejercer el derecho de impugnación, en contra de los actos y resoluciones que emanan de las entida= des y organismos del Estado, que a decir del recurrente no estarían debidamente motivados por razones sustanciales o procesales, entre otros motivos (Villa= cís, 2021).

De acuerdo con la doctrina el recurso en sede administrativa en general:

“Se lo ejerce para defender un derecho sustancial, promoviendo el control de la legalidad (legitimidad y oportunidad) de un acto emanado de la autoridad administrativa, a fin de que se lo revoque o modifique con el objeto de restablecer el derecho subjetivo o interés legítimo lesionado por dicho act= o (Cano, 2022).

En el Ecuador, en el ámbito administrativo se encuentran diversas clases de recursos, los mismos que se encuentran regula= dos a partir del artículo 219 del Código Orgánico Administrativo [COA] (Asamblea Nacional República del Ecuador, 2017), cuya activación impide que se ponga fin a un determinado proceso administrativo y que se proceda al análisis de los fundamentos que sustenta= n la impugnación. Estos recursos son: a) el recurso de apelación y el recurso extraordinario de revisión.

Al respecto, se puede decir que el recurso de revi= sión es un medio de impugnación procesal extraordinario en sede administrativa el cual tiene por objeto que la máxima autoridad de la entidad del Estado revi= se las actuaciones procesales y sustanciales de un órgano administrativo infer= ior, a fin de determinar si los actos o resoluciones administrativas que podrían incidir en los derechos de los ciudadanos hayan sido expedidas observando l= os presupuestos constitucionales y legales que dan legitimidad y ejecutoriedad= a la voluntad administrativa (Villacís, 2021).

De lo expuesto, se colige que al hablar del recurso extraordinario de revisión, se lo puede analizar desde dos ópticas: a) como= un derecho subjetivo de la persona, que lo ejerce con fundamento en el artícul= o 76 numeral 7 literal l) de la Constitución (derecho a recurrir), a fin de que = una autoridad superior revise las actuaciones del órgano administrativo del inferior y las ratifique o las revoque protegiendo de esta manera sus derec= hos; y, b) para que la propia entidad del Estado tenga la posibilidad de corregir sus propios errores en sede administrativa y evitar conflictos judiciales a través de la emisión de actos o resoluciones administrativas que al apartar= se del margen de la ley, desde el ámbito fáctico, jurídico o probatorio, podrí= an ocasionar perjuicios a los ciudadanos (Asamblea Nacional República del Ecuador, 2008).

Causales del recurso de revisión de acuerdo con el Código Orgánico Administrativo [COA].

En el artículo 232 del Código Orgánico Administrat= ivo [COA] (Asamblea Nacional República del = Ecuador, 2017), se encue= ntra regulado el recurso extraordinario de revisión, norma en la cual, si bien n= o da un concepto del recurso, establece cada una de las causales de procedencia = de este, las cuales son:

1. Que al dictarlos se ha incurrido en evidente y manifiesto error de hecho.

Esta causal, se aplica cuando los hechos que fundamentan la resolución administrativa son ajenos a los que constan en el expediente; y, para que dé lugar al recurso, esta tergiversación fáctica, d= ebe incidir en la resolución, de tal manera que, si no hubiera existido un error manifiesto de derecho, la resolución hubiera sido diferente o a favor del administrado (Güechá-Medina, 2017= ).

En tal sentido, la doctrina seńala que el error de hecho se presenta: “Cuando la voluntad ha sido viciosamente formada sobre la base de un inexacto conocimiento de la realidad o sobre una equivocada cree= ncia o representación mental” (Acaro & García, 2014).

2. Que al dictarlos se haya incurrido en evidente y manifiesto error de derecho.

El error de derecho se produce cuando el órgano administrativo dicta un acto y/o resolución administrativa aplicando una no= rma jurídica que resulta impertinente al caso, es decir, el servidor público el= ige erróneamente una norma jurídica que sustenta una resolución lo que produce = la transgresión a la ley (Bueno, 2008).

Al respecto la doctrina seńala que el error de derecho: “impide que el contenido del acto administrativo se adecue al ordenamiento jurídico, lo que produce que sea contrario a la ley” (Socias, 2002, p.180). Es decir, que esta causal impide que un acto administrativo q= uede en firme cuando el mismo goza de un vicio legal, por el hecho de que se rea= lizó la calificación jurídica al margen de la ley y/o se realizó erróneamente la interpretación de una norma jurídica.

Finalmente, se indica que para que se aplique esta causal es necesario que el error de derecho haya incidido en la decisión del fondo del asunto por cuanto es allí donde se evidencia que se originó un perjuicio al ciudadano. De acuerdo con la doctrina para fundamentar esta causal: “se deberá indicar en qué momento procesal la administración incurr= ió en el error y como ello afecta la resolución de fondo, a fin de establecer = la trascendencia del error” (Huampfotupa, 2021).

3. Que aparezcan nuevos documentos de valor esenci= al.

En relación con esta causal, se indica que en los procedimientos administrativos no se tomaron en cuenta elementos probatorios por el hecho de que la persona interesada no tuvo acceso a ellos y consecuentemente originó una resolución en contra del administrado. Sin embargo, se logra apreciar que dichos elementos o documentos probatorios aparecen luego de la emisión de la resolución que se impugna; es decir, que= la persona no los presentó antes, porque fue imposible obtenerlos, lo cual debe ser demostrado en el proceso (Martínez Rivera, 2014).

4. Que en la resolución hayan influido esencialmen= te actos declarados nulos o documentos o testimonios declarados falsos.

Esta causal opera cuando dentro del procedimiento administrativo se hayan presentado actos administrativos que fueron declara= dos nulos, sin que tuviera conocimiento de tal particular la persona interesada= o el ciudadano. En este contexto, resulta lógico pensar que una resolución de= be ser impugnada si, la misma tuvo como fundamento actos que fueron nulos, lo = que anularía también la resolución de fondo, lo cual debe demostrarse en el rec= urso de revisión, lo mismo ocurre con los testigos que hayan sido declarados fal= sos por autoridad competente (Muńoz, 2018).

5. Que la resolución se haya dictado como consecue= ncia de una conducta punible.

Las conductas que constituyen un delito se denomin= an como “punibles”, en tal razón es procedente presentar un recurso de revisió= n si en el mismo se resuelve sobre conductas penalmente relevantes, ante lo cual, ese tipo de casos no deben tratarse en la vía administrativa, sino más bien= el órgano administrativo que conoce el recurso extraordinario de revisión, sin perjuicio de aceptar el recurso, tiene la obligación jurídica de remitir to= do el expediente a Fiscalía General del Estado a fin de que se inicien las respectivas investigaciones sobre el presunto cometimiento de un hecho típi= co previsto en el Código Orgánico Integral Penal, ya que todo servidor público tiene la obligación de denunciar conforme lo seńala el artículo 422.

Como se puede apreciar, las causales anteriormente indicadas, permiten evidenciar la importancia que tiene toda entidad del Es= tado a fin de que conteste el recurso de revisión propuesto por los administrado= s a fin de que conozcan cuales serían las razones por las cuales el recurso ha = sido negado, pese a que el accionante haya fundamentado adecuadamente el recurso= con una de las causales antes analizadas, es necesario que exista una respuesta motivada para que el administrado, pueda fundamentar un posible juicio contencioso administrativo, lo cual se limita si no se conoce cuando opera = el silencio administrativo negativo, lo cual se analiza a continuación (Sailem= a et al., 2021).

El silencio Administrativo en la legislación ecuatoriana

En el ordenamiento jurídico ecuatoriano se ha establecido el silencio administrativo, el cual es una institución jurídica creada para conminar al Estado a que otorgue respuestas motivadas y oportun= as a los administrados, a fin de que los mismos no tengan una incertidumbre jurí= dica respecto de conocer si sus pedidos van a hacer o no aceptados por parte de = la administración, en cualquier esfera en que se desenvuelve el ejercicio de la función administrativa (Cevallos et al., 2018).

De acuerdo con el artículo 207 del Código Orgánico Administrativo [COA] (Asamblea Nacional República del Ecuador, 2017), en caso de que el Estado no responda cualquier pedido formulado por u= na persona dentro del término de 30 días, se origina el silencio administrativo positivo, con el que se entien= de que la entidad habría aceptado la solicitud de la persona, lo cual se consi= dera acertado, ya que el ciudadano tiene derecho a recibir respuestas motivadas conforme lo prevé el artículo 66 numeral 23 de la Constitución (Asamblea Nacional República del Ecuador, 2008), y al no recibir la contestación por parte de la administración pública, se debe acoger su pedido de manera favorable, para evitar la transgresión del derecho antes indicado.

Al respecto la doctrina seńala: “Por su origen, el silencio administrativo ya sea negativo o positivo nace con un fuerte sello «pro administrado» para evitar los perjuicios que podrían ocasionarle la inactividad formal de la administración” (Carrillo, 2012), según el autor, = lo que se busca con el establecimiento del silencio administrativo, es evitar = que la administración se abstenga de emitir un pronunciamiento respecto de una determinada petición.

El ordenamiento jurídico ecuatoriano, ha estableci= do además el silencio administrativo negativo, “El mismo que opera cuando no ha existido pronunciamiento por parte de la entidad estatal en los plazos legalmente previstos para contestar una solicitud o petición, en dichos cas= os la ley le da un efecto desestimatorio a la petición” (Derecho et al., 2022). Siendo preciso s= eńalar que en el artículo 207 y siguientes en los cuales se regula el silencio administrativo, no se estableció el silencio administrativo negativo.<= /o:p>

Sin embargo, de lo expuesto, cabe decir que en el artículo 234 del Código Orgánico Administrativo [COA]<= /span> (= Asamblea Nacional República del Ecuador, 2017), ha incluido la desestimación dentro del recurso extraordinario de revisión, ya que en esta norma legal se establece que, si= la entidad pública no responde el recurso extraordinario de revisión dentro del plazo de un mes, se entiende desestimado el pedido del administrado; es dec= ir, que la desestimación es equivalente al silencio administrativo negativo, por cuanto la inactividad de la administración al contestar el recurso de revis= ión, equivale a su rechazo (Cevallos et al., 2018).

De lo expuesto, se colige que: <= /p>
En el Có= digo Orgánico Administrativo [COA] (Asamblea Nacional República del Ecuador, 2017), existe una contradicción normativa, ya que por un lado se establece únicamente el silencio administrativo positivo en su artículo 207, pero por otro en la resolución de los recursos de revisión, se le da efecto negativo= a la falta de atención a dichos recursos sin tomarse en consideración que la norma no establece ninguna excepción” (Fernández, 2017).<= /p>
Resultados

El silencio administrativo negativo en el recurso extraordinario de revisión frente al derecho a recibir respuestas motivadas= .

Para abordar este tema es preciso seńalar que la motivación es una de las garantías del derecho a la defensa y consecuenteme= nte del debido proceso establecida en el artículo 76 numeral 7 literal l) de la Constitución de la República del Ecuador (Asamblea Nacional República del Ecuador, 2008), que dispone a los poderes del sector público motivar todas sus resoluciones y actos, indicándose demás que los actos que carezcan de motivación serán nul= os (Salcedo, 2016).

En tal sentido, la Corte Constitucional (2021), ha seńalado que la garantía de motivación y/o cuando se la podría inobservar s= e da en los casos en los cuales se presentan deficiencias motivacionales, en palabras de la Corte: “la inexistencia, la insuficiencia y la apariencia; e= sta última surge cuando la argumentación jurídica incurre en algún tipo de vicio motivacional, como son: la incoherencia, la intendencia, la incongruencia y= la incomprensibilidad” (p.1).

Es preciso seńalar que para que una resolución del poder público debe ser motivada, entre otros aspectos debe observar el crit= erio de suficiencia, es decir que el acto del poder público judicial o no judici= al debe tener una estructura mínima, que incluye:

a)          &= nbsp;       La enunciación en el acto de= los principios y las normas jurídicas en la que se fundamenta

b)          &= nbsp;      Enunciación de los hechos del caso; y c)

c)          &= nbsp;       La pertinencia de la aplicac= ión de las normas al caso en concreto” (Corte Constitucional del Ecuador, 2021, p.= 19).

En el ámbito administrativo, la doctrina pone en evidencia la necesidad de motivar los actos a fin de que el administrado conozca porqué motivos la voluntad de la administración pública se ha expre= sado de tal manera, beneficiando o perjudicando los intereses de los administrad= os. En tal razón se indica que: “Motivar un acto administrativo obliga al Estad= o a determinar los hechos y encuadrarlos en una norma jurídica; y, en segundo lugar, a razonar cómo tal norma jurídica impone la resolución que se adopta= en la parte dispositiva del acto” (Martínez Rivera, 2014)=

Por todas las consideraciones expuestas se puede d= ecir que existe una evidente vulneración a la garantía de motivación frente al silencio administrativo negativo establecido en el artículo 234 del Código Orgánico Administrativo [COA] (Asamblea Nacional República del Ecuador, 2017), por cuanto, si un administrado presenta el recurso de revisión y este= es desestimado de manera directa por parte del Estado, por el hecho de que la administración no contesta el recurso en el plazo de un mes, indudablemente= no se estarían cumpliendo con los parámetros de motivación seńalados por la Co= rte Constitucional del Ecuador, ni por la doctrina antes seńalada.

En tal sentido, la doctrina seńala: las garantías = del debido proceso administrativo se ven afectadas por la misma norma, que hace= que tanto el derecho de petición como la motivación se vuelvan casi que innecesarios e inexistentes, por el hecho de que la ley le da fuerza al silencio administrativo negativo (Bueno, 2008).

Por todo lo expuesto, en los casos de silencio administrativo negativo según el COA, la administración pública podría incu= rrir en las denominadas deficiencias motivacionales de inexistencia, de insuficiencia y de apariencia transgrediendo de esta manera con lo previsto= en el artículo 66 numeral 23 del texto constitucional en donde se garantiza el derecho de petición y además el derecho de las personas a recibir respuestas motivadas sobre toda solicitud presentada a la administración pública.

En tal razón, se considera fundamental modificar el artículo 207 del COA, mediante la cual, sin excepción alguna, se disponga q= ue todas las entidades públicas deberán motivar sus actos administrativos para evitar que se presente el silencio administrativo negativo, como lo es con = el recurso extraordinario de revisión (Araújo-Ońate, 2011).
El silencio administrativo negativo en el recurso extraordinario de revisión frente al derecho a recurrir.<= /p>
El derecho a recurrir en el ámbito administrativo = es otra de las garantías del derecho a la defensa prevista en el artículo 76 numeral 7 literal m) de la Constitución de la República Ecuador (Asamblea Nacional República del Ecuador, 2008), que tiene por objeto que una autoridad administra= tiva superior, revise las actuaciones del inferior, con el objeto de ratificarla= s o revocarlas, como se ha indicado anteriormente que se lo puede ejercer a tra= vés del recurso de apelación y revisión en el COA.

Al respecto, en el sistema interamericano se ha seńalado que el derecho a recurrir: tiene por objeto proteger el derecho de defensa de las personas otorgando durante el proceso la posibilidad de interponer un recurso para evitar que quede firme una decisión que fue adop= tada con vicios y que contiene errores que ocasionarán un perjuicio indebido a l= os intereses de una persona (Corte Interamericana de Derechos Humanos [IDH], 2018).

Cuando existe silencio administrativo negativo, la activación del recurso extraordinario de revisión no habría tenido ningún sentido para el administrado, por cuanto, lo que aspira la persona en el ejercicio del derecho a recurrir a través de la interposición del recurso de revisión, es que se corrijan los errores efectuados por un órgano administrativo y se revoque tal decisión; o en su defecto que sea la propia entidad del Estado que si decide no revocar el acta administrativo por no adolecer de vicios, especifique sus razones, y de esa manera el administrado conozca y sepa en realidad si amerita o no impugnar el acto en la vía judic= ial analizando los fundamentos de la negativa del recurso de revisión, lo cual = no es posible cuando opera el silencio administrativo negativo en el recurso extraordinario de revisión de acuerdo al artículo 234 del Código Orgánico Administrativo [COA] (Asamblea Nacional República del Ecuador, 2017), concluyéndose por tales motivos que con dicho silencio administrativo negativo, se limitaría el derecho constitucional de recurrir, el mismo que = no solo implica su activación, sino que debe darse una respuesta al administra= do, lo cual no ocurre cuando la ley favorece a la entidad pública otorgándole la posibilidad de no responder las solicitudes de los administrados sin que se generen consecuencias negativas para la entidad, sino para el administrado,= lo cual contraria los preceptos constitucionales antes analizados.<= /span>

Conclusiones

·      =    El silencio administrativo negativo previsto en el artículo 234 del Código Orgánico Administrativo [COA] (Asamblea Nacional República del Ecuador, 20= 17), que regula los recursos extraordinarios de revisión, si vulnera el derecho de petición y de recibir respuestas motivad= as establecido en el artículo 66 numeral 23, en concordancia con el artículo 76 numeral 7 literal l) de la Constitución de la República del Ecuador (Asambl= ea Nacional República del Ecuador, 2008), por cuanto la desestimación tácita del recurso extraordinario de revisión inobserva los parámetros motivacionales mínimos establecidos en la Sentencia de la Corte Constitucional Nro. 1158-17-EP/21 = de fecha 20 de octubre de 2021.

·      =    La desestimación tácita del recurso extraordinario de revisión y/o silencio administrativo negativo si limitaría el derecho constitucional de recurrir,= el mismo que no solo implica su activación, sino que debe darse una respuesta = al administrado, lo cual no ocurre cuando la ley favorece a la entidad pública otorgándole la posibilidad de no responder las solicitudes de los administr= ados sin que se generen consecuencias negativas para la entidad, sino para el administrado, lo cual contraria los establecido en el artículo 76 numeral 7 literal m) de la Constitución de la República Ecuador (Asamblea Nacional República del Ecuador, 2008).

·      =    Como= alternativa de solución al problema identificado, se puede evidenciar la necesidad de excluir el silencio administrativo negativo en los recursos extraordinarios= de revisión previsto en el artículo 234 del Código Orgánico Administrativo [COA]= ; o en su defecto que el silencio administrativo en los recursos extraordinarios de revisión, tenga los mismos efectos jurídicos que el silencio administrativo positivo; es decir, que si= la entidad no responde el recurso extraordinario de revisión, se tendrá por ac= eptado el recurso por parte del administrado.

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