La detención en flagrancia por presunta autoría intelectual y su compatibilidad con la dogmática penal: análisis de la detención de Leónidas Iza por su presunta participación en el delito de paralización de servicios públicos

Arrest in flagrante for alleged intellectual authorship and its compatibility with criminal dogmatics: analysis of the arrest of Leonidas Iza for his alleged participation in the crime of paraly= zing public services

¹=	Jorge Fernando López Vera	<= /span>	https://orcid.org/0000-0001-59= 49-4728
<= /span>	Universidad Católica de Cuenca, Cuenca Ecuador <= o:p> jorge.lopez00@est.ucacue.edu.ec
²=	Daniel de la Vega		https://orcid.org/0000-0002-62= 76-6242
=	Universidad Católica de Cuenca, Cuenca Ecuador <= o:p> edwin.delavega@ucacue.edu.ec <= /p>

<= /u>

&nb= sp;	Art= ículo de Investigación Científica y Tecnológica Enviado: 11/10/2022 Revisado: 26/11/2022<= o:p> Aceptado: 06/12/2022<= o:p> Publicado:05/01/2023<= o:p> DOI: https://doi.org/10.33262/= visionariodigital.v7i1.2426

Cítese:		Lóp= ez Vera, J. F., & de la Vega, D. (2023). La detención en flagrancia por presunta autoría intelectual y su compatibilidad con la dogmática penal: análisis de la detención de Leónidas Iza por su presunta participación en= el delito de paralización de servicios públicos. Visionario Digital, 7(1), 36-60. h= ttps://doi.org/10.33262/visionariodigital.v7i1.2426
		*VISIONARIO DIGITAL,* es una revista científica trimestral, que se publicará en soporte electrónico tiene como misión contribuir a la formación de profesionales competentes con visión humanística y crítica q= ue sean capaces de exponer sus resultados investigativos y científicos en la misma medida que se promueva mediante su intervención cambios positivos en la sociedad. https://visionariodigital.org La revista es editada por la Editorial Ciencia Digital (Editorial = de prestigio registrada en la Cámara Ecuatoriana de Libro con No de Afiliaci= ón 663) www.celibro.org.ec
		Esta revista está protegida bajo una licencia Creative Commons Attribution Non Commercial No Derivatives 4.0 International. Copia de la licencia: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Palabras claves: flagrante delito, detención, crimen, participaci= ón, autoridad mediadora		Resumen En este trabajo de investigació= n se analiza la institución jurídica de la detención en flagrancia y su aplica= ción en una presunta intervención criminal de autoría mediata o intelectual. P= ara ello, utilizando el método cualitativo de investigación, se propone el análisis del caso de Leónidas Iza Salazar, líder indígena ecuatoriano, quién, en el contexto de las últimas protestas contra el Gobierno ecuatoriano, fue detenido en flagrancia por presuntamente haber participado como autor intelectual del delito de paralización de servicio= s públicos. En consecuencia, conforme a un marco teórico de autoría mediata y delito flagrante determinadas por la norma, doctrina y jurisprudencia, constataremos si efectivamente, en el caso propuesto las actuaciones de l= as autoridades policiales y judiciales se compadecen con los criterios que la dogmática penal ha establecido, es decir, si respecto a la autoría mediat= a, resulta viable la detención y calificación de flagrancia.
Keywords: flagrante delicto, detention, crime, participation, mediate authorship		Ab= stract In this research work, the leg= al figure of the arrest in flagrante delicto motivated by the presumed media= te or intellectual authorship is analyzed. To do this, using the qualitative research method, and through the analysis of the case of Leonidas Iza Salazar, an Ecuadorian indigenous leader, detained due to the recent soci= al protests unleashed in Ecuador, we will verify whether, in fact, the characteristics of criminal flagrancy, determined by the norm, doctrine a= nd jurisprudence, are consistent with the criteria that criminal dogmatics h= as delimited regarding indirect authorship, in order to determine if the arr= est and qualification of flagrante delicto under the figure of intellectual authorship is indeed viable of a crime. &nbs= p;

<= /u>

Introducción

Conforme la Constituc= ión de la República del Ecuador (2008), en su articulo 1.- El Ecuador es= un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza = en forma de república y se gobierna de manera descentralizada, es un “Estado constitucional de derechos y justicia”, sin embargo, dicha denominación no se constituye como un simple o mero enunciado, sino q= ue se configura en una imposición categórica de cómo debe regir el quehacer estatal y la real vigencia de los derechos de los ciudadanos, en un estado = de derecho como el determinado en la norma fundamental ecuatoriana.

Esta máxima tiene aún= más prevalencia, si se considera que el Ecuador ha vivido recientemente fuertes convulsiones sociales desencadenadas -sobre todo la acontecida en el mes de junio de 2022-, por el descontento de los pueblos y nacionalidades indígena= s en cuanto a las políticas públicas desarrolladas por el gobierno nacional. Se = debe seńalar que, en esta ocasión, se sumaron a las movilizaciones más grupos sociales, los cuales, tuvieron presencia en una gran parte del territorio nacional. Como respuesta, el gobierno nacional decretó régimen de estado de excepción y, en este contexto, el uso de la fuerza de ciertos miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, en determinadas circunstancias n= o se apegaron a los principios de proporcionalidad, necesidad y consecución de un fin legitimo (Naciones Un= idas Derechos Humanos [NHDH], 2022).

Organismos internacionales de defensa de Derechos Humanos cuestionaron el uso desmedido del poder punitivo estatal, por cuanto, la actuación de la fuerza pública evidenciaba violaciones a derechos humanos como resultado de la criminaliza= ción de la protesta social (Swissinfo.ch [SWI], 2022). Uno de estos cuestionamientos, estaba relacionado con la detención que se llevó en contra del dirigente indígena = Leónidas Iza, quién en su calidad de Presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), lideró las movilizaciones en contra de las políticas del gobierno nacional. Este acontecimiento en particular no solo generó cuestionamientos en materia de derechos humanos, sino también en el marco de la dogmática penal. Debido a que, las autoridades que interviniero= n en ese operativo anunciaron que a Leónidas Iza, lo detuvieron en presunto deli= to flagrante de paralización de servicios públicos en calidad de autor intelectual.

En mérito de los térm= inos en los que se llevó a cabo la precitada detención, el presente trabajo tiene como finalidad el análisis en torno a si procede o no la detención y poster= ior calificación de flagrancia en los delitos que presuntamente se han cometido bajo la figura de participación como autor mediato o intelectual. Para este propósito, en primera instancia, se parte de un estudio teórico del concept= o de delito flagrante y sus características, desde el plano normativo y jurisprudencial. En un segundo momento, desde la dogmática penal se revisa = la institución de la autoría intelectual o autoría mediata y su tratamiento en= la normativa interna. Por último, se analiza el caso propuesto y en mérito de = las actuaciones policiales y judiciales que se desprenden del expediente judici= al, se concluirá si la detención y calificación de flagrancia por parte de la autoridad judicial, es compatible con la dogmática penal y la Constitución ecuatoriana.

Metodología

Investigación de tipo documental, histórica al analizar hechos legales ocurridos, para establecer antecedentes al análisis del presente artículo. Enfoque mixto, cualitativa = al analizar procesos sociales y la forma como afectan a la comunidad en cuesti= ón estudiada en esta problemática, y de tipo cuantitativa, por las referencias estadísticas de caso similares.

Discusión

La flagrancia delictual

Para iniciar el análisis del tema propuesto, resulta necesario considerar en pri= mer lugar que, el derecho más importante que se antepone a cualquier tipo de detención es el derecho a la libertad personal, garantizado en el artículo = 66, numeral 14 de la Norma Fundamental, el derecho a transitar libremente por el territorio nacional y a escoger su residencia, = así como a entrar y salir libremente del país, cuyo ejercicio se regulará de acuerdo con la ley. La prohibición de salir del país sólo podrá ser ordenada por juez competente (Constitución de la República del Ecuador, 2008). Sin embargo, la flagrancia delictual se constituye en una excepción que rompe aquella regla, la cual está prevista = en el propio texto constitucional ecuatoriano, en el artículo 77, numeral 1, de la Constitución de la República del Ecuador (2008), que seńala lo siguiente: “Se exceptúan los deli= tos flagrantes, en cuyo caso no podrá mantenerse a la persona detenida sin form= ula de juicio por más de veinticuatro horas.” =

Ahora bien,= es preciso también realizar una aproximación al significado o concepto de flagrancia. Pero para ello, primero es menester traer a colación su etimolo= gía, es decir, el origen de esta alocución que proviene del latín flagrans, flagrantis, del verbo flagrare, que quiere decir “estar en llamas o ard= er”.

Ya en su acepción al castellano, según la Real Academia de la Lengua Espańola (2022), flagrancia es una cualidad de flagrante, que no es más que (algo) “que se e= stá ejecutando actualmente”. Siendo su locución adverbial: dentro del mismo tie= mpo en el que se está infligiendo, sin que este haya podido escapar. De ahí es = que nace entonces, el término un tanto más coloquial de in fraganti.

La doctrina respecto a la flagrancia sostiene lo siguiente:

= Así cuando la persecución inmediata del sospechoso, después de cometido el hecho, permite encontrarlo cerca del lugar, en poses= ión de las cosas hurtadas o robadas, dando base para presumir, fundamentadament= e, que intervino en su perpetración. La Flagrancia está vinculada con <= /i>el iter criminis en cuanto al sujeto es descubierto en el momento = en que está realizando los actos ejecutivos constitutivos del tipo con miras a= la consumación (…). (Vaca, 2009, p.675)

En la misma línea, el Tribunal Constitucional Espańol (1993), en la sentencia No 341/19= 93, del 18 de noviembre, con base en una interpretación del texto constituciona= l, determinó lo siguiente en relación con la flagrancia:

Entonces, lo que, si se presenta como irracional y suficiente, dentro del enfoque propio, es diferenciar entre la afincada fig= ura de la flagrancia como contexto efectivo en donde quien comete un delito se = ve sorprendió o percibido de forma directa por un agente estatal; dichas condiciones se expresan con la inmediatez del cometimiento del delito. En e= ste sentido, dentro del léxico constitucional, presenta significancia, y consti= tuye elemento fundamental para la interpretación; entonces se debe reconocer que= las connotaciones de flagrancia se encuentran definidas dentro del inciso del a= rtículo 18 de la Carta Magna, precepto, que, al sostenerse en este postulado tradicional, ha definido un derecho fundamental, generando capacidad para el actuar estatal. =

D= e tal manera, se puede deducir que el concepto de flagrancia se encuentra vincula= do con el acto en donde la autoridad sorprende a un presunto delincuente, en el momento exacto en que se genera el comportamiento delictivo; es decir, se requiere que el presunto delincuente sea descubierto in facto.

En el plano nacional, se puede advertir que el Código Orgánico Integral Penal (COIP, 20= 14), en el artículo 527 establece lo qu= e ha de entenderse por flagrancia, sin dar una definición o concepto exacto:

Entonces, se comprende que dentro del contexto de flagrancia, el implicado en el cometimiento del delito en presencia de uno o más individuos, paraliza el actuar delictivo al verse descubierto; en este contexto, se genera una persecución desde el instante en donde se evidencia el cometimiento del del= ito, hasta que se produzca la captura; de igual manera, cuando un individuo es sorprendido con armas después de un delito, siempre y cuando exista una persecución interrumpida; y con demás elementos vinculados con el actuar delictivo.

No se podrá alegar persecución ininterrumpida si han transcurrido más de veinticuatro h= oras entre la comisión de la infracción y la aprehensión.

Ahora bien,= de lo dicho por la doctrina, el Tribunal Constitucional Espańol y lo recogido = en la legislación ecuatoriana, se pueden extraer ciertas características propi= as de la flagrancia que la determinan como tal, las cuales, para criterio de la investigación planteada (sin perjuicio de la existencia de otras que pueden sobresalir dentro de un estudio más profundo= que sobre la flagrancia pueda realizarse, sin embargo, para el propósito de este trabajo aquellas que se plasman resultan precisas), serían las siguientes:

La necesaria percepción sensorial del delito: pues para entender como flagrante un hecho, es necesario que una persona, sea es= ta civil o de la fuerza pública, observe la comisión de un delito. Es decir, el delito tiene que ser plenamente perceptible a través, de por lo menos, el sentido de la vista.

La verificación de la evidencia material o física = del delito: a más de la percepción sensorial del delito, debería ser posible la constatación de las armas, huellas, instrumentos o el producto del delito m= ismo recién cometido. =

La inmediatez de su descubrimiento: esto quiere de= cir que, la determinación de un hecho flagrante está necesariamente sujeto a un límite temporal-inmediato. Aquello puede variar de acuerdo con la legislaci= ón de cada país, la ecuatoriana, por ejemplo, establece que hay flagrancia cua= ndo han transcurrido menos de 24 horas desde el cometimiento del ilícito hasta = la aprehensión, siempre que exista una persecución ininterrumpida dentro de es= e lapso.

La urgencia en la intervención de la fuerza pública: a pesar de que cualquier civil podría aprehender a una persona que aparentemente ha cometido un deli= to flagrante, siempre será necesaria la intervención de la Policía Nacional pa= ra poder legalizar aquella aprehensión, y continuar con el debido proceso pena= l, pues son los únicos aptos, conforme la legislación ecuatoriana, para realiz= ar aquella labor. Código Orgánico Integral Penal (201= 4), artículo 528. - Agentes de aprehensión. - Nadie podrá ser aprehendido si= no por los agentes a quienes la ley impone el deber de hacerlo, salvo el caso = de flagrancia, de conformidad con las disposiciones de este Código. (…) Si el aprehensor es una persona particular, deberá poner inmediatamente al aprehendido a órdenes de un agente policial. Norma que guarda relación = con el contenido del artículo 163, de la Constitución de la República del Ecuad= or (2008), que, respecto a la Policía Nacional, establece lo siguiente: La Policía Nacional es una institución estatal de carácter civil, armada, técn= ica, jerarquizada, disciplinada, profesional y altamente especializada, cuya mis= ión es atender la seguridad ciudadana y el orden público, y proteger el libre ejercicio de los derechos y la seguridad de las personas dentro del territo= rio nacional.

Sin embargo, la intervención policial también está sujeta al mismo límite tempo= ral impuesto por la ley penal. Pues, como quedó anotado, se puede configurar una aprehensión flagrante cuando existe una persecución ininterrumpida dentro de las 24 horas siguientes entre la comisión del delito y la aprehensión, lo c= ual, también debe ser observado y cumplido por los agentes policiales.

&= nbsp;

Tal como lo establece el citado artículo 527 del COIP (2014):

= Se entiende que se encuentra en situación de flagrancia (…) sie= mpre que exista una persecución ininterrumpida desde el momento de la supuesta comisión hasta la aprehensión (…) No se podrá alegar persecución ininterrumpida si han transcurrido más de veinticuatro horas entre la comis= ión de la infracción y la aprehensión.

Cabe aclarar también que, una vez ocurrida la aprehensión flagrante, dentro de aquellas veinticuatro horas entre la comisión del delito y la aprehensión mediante la persecución ininterrumpida, la ley determina que, la audiencia de calificac= ión de flagrancia y posible formulación de cargos ante la autoridad jurisdiccio= nal deberá realizarse en las siguientes veinticuatro horas de ocurrida la aprehensión.

Así lo determina el artículo 529 de la norma del del COIP (2014):

= En los casos de infracción flagrante, dentro de las veinticuatro horas desde que tuvo lugar la aprehensión, se realizará la correspondiente audiencia oral ante la o el juzgador, en la que se califica= rá la legalidad de la aprehensión. La o el fiscal, de considerarlo necesario, formulará cargos (…)”<= o:p>

Por lo tanto, un hecho o delito flagrante que cumpla las características antes ano= tadas justifica la restricción del derecho a la libertad ambulatoria, siempre y cuando, se observe durante la aprehensión las garantías amparadas en norma constitucional, Constitución de la República del Ecuador (2008), articulo 77:

En todo proceso penal en que se haya privado de la libertad a una persona, se observarán las siguientes garantías básicas: 1. La privación de la libertad= no será la regla general y se aplicará para garantizar la comparecencia del imputado o acusado al proceso, el derecho de la víctima del delito a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, y para asegurar el cumplimiento= de la pena; procederá por orden escrita de jueza o juez competente, en los cas= os, por el tiempo y con las formalidades establecidas en la ley. Se exceptúan l= os delitos flagrantes, en cuyo caso no podrá mantenerse a la persona detenida = sin formula de juicio por más de veinticuatro horas. Las medidas no privativas = de libertad se aplicarán de conformidad con los casos, plazos, condiciones y requisitos establecidos en la ley. 2. Ninguna persona podrá ser admitida en= un centro de privación de libertad sin una orden escrita emitida por jueza o j= uez competente, salvo en caso de delito flagrante. Las personas procesadas o indiciadas en juicio penal que se hallen privadas de libertad permanecerán = en centros de privación provisional de libertad legalmente establecidos. 3. To= da persona, en el momento de la detención, tendrá derecho a conocer en forma c= lara y en un lenguaje sencillo las razones de su detención, la identidad de la j= ueza o juez, o autoridad que la ordenó, la de quienes la ejecutan y la de las personas responsables del respectivo interrogatorio. 4. En el momento de la detención, la agente o el agente informará a la persona detenida de su dere= cho a permanecer en silencio, a solicitar la asistencia de una abogada o abogad= o, o de una defensora o defensor público en caso de que no pudiera designarlo po= r sí mismo, y a comunicarse con un familiar o con cualquier persona que indique.= 5. Si la persona detenida fuera extranjera, quien lleve a cabo la detención informará inmediatamente al representante consular de su país. 6. Nadie pod= rá ser incomunicado. 7. El derecho de toda persona a la defensa incluye: a) Ser informada, de forma previa y detallada, en su lengua propia y en lenguaje sencillo de las acciones y procedimientos formulados en su contra, y de la identidad de la autoridad responsable de la acción o procedimiento. b) Acog= erse al silencio. c) Nadie podrá ser forzado a declarar en contra de sí mismo, s= obre asuntos que puedan ocasionar su responsabilidad penal (…).

Pues e= n la respectiva audiencia de calificación de flagrancia, le corresponderá a la autoridad jurisdiccional realizar el estricto control del respeto y garantí= a de los requisitos legales así como de las garantías constitucionales por parte de los agentes aprehensores; caso contrario, se configuraría una detención ilegal, que daría lugar a la inmediata libertad de la persona que= fue indebidamente aprehendida, como se plasma en el Código Orgánico Integral Penal (2014), artículo 529.- Audiencia de calificación de flagrancia. - En los casos de infracción flagrante, dentro de las veinticua= tro horas desde que tuvo lugar la aprehensión, se realizará la correspondiente audiencia oral ante la o el juzgador, en la que se calificará la legalidad = de la aprehensión. La o el fiscal, de considerarlo necesario, formulará cargos= y de ser pertinente solicitará las medidas cautelares y de protección que el = caso amerite y se determinará el proceso correspondiente.

Las características de la flagrancia que se han revisado servirán para el análi= sis del caso propuesto. Para ese mismo cometido, se examinará a continuación, lo que establece la dogmática penal en cuanto a la autoría mediata o intelectu= al.

Autoría mediata

Para el der= echo penal resulta importante la forma de intervención de las personas en el cometimiento de un injusto penal, de ahí precisamente nace la necesidad de delimitación entre autoría y participación. Por lo tanto, para la dogmática penal es fundamental la diferenciación de los sujetos del hecho penal entre autores y participes (Donna, 2013, p.327).

Tal vez esta diferenciación no sería importante siempre y cuando el delito lo cometa una sola persona, sin embargo, toma relevancia cuando en la comisión de un hecho penal intervienen varios sujetos que realizan distintos aportes, pues unos pueden intervenir como autores -de forma general- o cómplices (Donna, 2013, pp.327-328), y de esa calificación repercute también la punición de su conducta. En el caso ecuatoriano, por ejemplo= , la conducta del cómplice se sanciona en menor medida que la del autor, así el artículo 43, inciso final dispone: “El cómplice será sancionado con una pena equivalente de un tercio a la mitad de aquella prevista para la o el autor”= (COIP, 2014).

Por ejemplo, para Muńoz Conde (2015):

= La participación en sí misma no es nada, sino un concepto de referencia que supone siempre la existencia de un autor princip= al en función del cual se tipifica el hecho cometido (…) En una palabra, la participación es accesor= ia; la autoría, principal. (p.461)

La doctrina también coincide en que, para realizar esta diferenciación resulta importan= te remitirse a la “teoría del dominio del hecho”, siendo esta la trascendente = en cuanto a lograr la diferenciación antes anotada, ya que según dicha tesis “= (…) autor (es) quien domina finalmente la realización del delito, es decir, quien decide en líneas generales el sí y el cómo de su realización” (Muńoz, 2= 015, p.462).

En palabras= de Donna (2013):

= autor es la figura central del proceso de actuación concreto (…) el dominio del hecho, en este caso, se manifiesta en el dominio de la propia acción típica (…) El autor, coautor y autor mediato están en el cent= ro del hecho, del acontecimiento, en tanto el inductor y el cómplice están al margen (…). (pp.352,353)

Con esto, se verifica ya una clara diferenciación entre los distintos sujetos del hecho penal, siendo estos i) el autor; que puede ser autor directo, coautor y aut= or mediato; y, ii) partícipes; el inductor y el cómplice, siendo estos últimos, los que participan colaborando de manera dolosa en la comisión de un delito (Donna, 2012, p.428).

A pesar de = esta distinción importante que hace la doctrina y necesaria para la configuración normativa, la legislación ecuatoriana trata en igual sentido a la autoría y participación, ya que, en el Código Orgánico Integral Penal (COIP, 2014), en cuanto a los sujetos del hecho penal se establece lo siguiente: =

= Artículo 41.- Participación. - Las personas partic= ipan en la infracción como autores o cómplices.

Sin embargo, aquello, se ve corregido de alguna forma cuando en el artículo 42 del COIP (2014), se establecen las modalidades de la autoría directa y mediata, haci= endo ya una diferenciación.

En cuanto a= la complicidad, esta se la define en el artículo 43 del COIP (2014), en los siguientes términos: “Responderán como cómplices las personas que, en fo= rma dolosa, faciliten o cooperen con actos secundarios, anteriores o simultáneo= s a la ejecución de una infracción penal, de tal forma que aun sin esos actos, = la infracción se habría cometido.”

Ahora bien,= en cuanto a la autoría mediata, la dogmática penal es coincidente en seńalar q= ue, en este supuesto de autoría, el autor no necesita ejecutar el hecho por mano propia, ya que para ello se sirve del accionar de otra persona. Es decir, el autor mediato (hombre de atrás) es quien comete el hecho por medio de otro sujeto al que lo utiliza como instrumento para la comisión del delito (Donn= a, 2013, p.361).

Para ello, = el autor mediato debe tener el dominio del hecho, es decir, debe tener en s= us manos el curso del acontecimiento típico (Donna, 2013, p.364). Por lo tanto, el autor mediato es quien domina la realización del delito, pero no = lo ejecuta propiamente.

En la autor= ía mediata el dominio del hecho tiene su fundamento en el dominio de la volunt= ad, y aquello es otro elemento importante para considerar. Debido a que, es la voluntad del “hombre de atrás” la que prima sobre el sujeto que sirve como instrumento, pues el primero, es quien tiene más inteligencia, información, fuerza o estatus, en suma, tiene el dominio de los acontecimientos (Donna, 2013, p.362).

Este domini= o de la voluntad, puede deberse a diferentes factores: puede fundarse en el mayor conocimiento que tiene el autor mediato de las circunstancias del tipo con respecto al instrumento (Donna, 2013, p.369); cuando se ejerce coacción en contra del ejecutor o instrumento; cuando se utiliza a una persona inimputa= ble como instrumento, verbigracia, un menor de edad; o, cuando el delito se comete por medio= de aparatos organizados de poder en los que predomina el poder de mando de la organización (García, 2014, pp.397, 400, 402).

En cuanto a= la coacción, se puede establecer que, el ejecutor comete el delito cuando se encuentra, por ejemplo, bajo amenaza de muerte, así el autor inmediato obra como un instrumento ya que no tiene libertad de acción (Donna, 2013, p.373). Por lo tanto, no hay una decisión por su propia voluntad, sino por una imposición inevitable que es ejercida por el hombre de atrás en la formació= n de su voluntad (Donna, 2013, p.374).

Por otro la= do, según la doctrina, la autoría mediata se configura también cuando se utiliz= a a un menor de edad para la comisión del delito, según Donna (2013), esto impl= ica el uso abusivo de una incapacidad del ejecutor material, debido a su insuficie= ncia madurativa, para comprender la ilicitud de su conducta y actuar en consecue= ncia a dicha comprensión (p.375).

El autor citado, incluye en este grupo a los inimputables que no comprenden la criminalidad del hecho, así como los que actúan bajo el error de prohibició= n, de esta forma se verifica en estos casos el abuso del incapaz que es lo que caracteriza al autor mediato (Donna, 2013, p.375).

En este pun= to es importante destacar el aporte de Roxin, el cual ha sido recogido por Don= na (2013), debido a que, resalta la clara diferencia entre la autoría mediata = por coacción y error del ejecutor y la autoría mediata a través de aparatos organizados de poder.

Así Roxin (= 1997), sostiene que las posibilidades de la autoría mediata no se agotan en la coacción o sobre el error del manipulado, sino que puede ocurrir que el inspirador (hombre de atrás) tenga a su disposición suficiente personal, es= to es, un aparato organizado por el estado, con el cual puede consumar sus del= itos sin tener que transferir a los ejecutores una decisión autónoma para la com= isión del delito (pp.378, 379).

Esto ocurre, por ejemplo, cuando se cometen delitos a través de la fuerza militar o poli= cial estatal. Es por eso por lo que Donna (2013) invita a que, para analizar este tipo de autoría, se debe pensar, por ejemplo, en la matanza de los judíos p= or el régimen nazi y en los delitos cometidos por el gobierno militar en la dictadura argentina de 1976 (p.379). A decir de Donna (2013), el autor alem= án considera que, dentro de aquel aparato organizado de poder pude existir cie= rta libertad de actuar, que de alguna manera le permite apartarse de las ordenes imparti= das, pero, sobre todo, la característica principal es la cambiante composición de sus miembros (p.379).

De tal forma que Roxin (2003, citado por Donna, 2013), concluye que: <= /p>

= El factor decisivo para la fundamentación del domi= nio de la voluntad en este tipo de casos, que deben situarse frente a los de coacción y de error, es una tercera forma de autoría mediata, que radicaría= en la fungibilidad de los ejecutores. (p.380)

Por lo tant= o, para el autor citado, la característica principal de este tipo de autoría mediata -cometida por medio de aparatos organizados de poder- es la fungibilidad de los ejecutores, esto quiere decir, que el ejecutor puede ser fácilmente reemplazable o cambiable, al contrario de lo que sucede con el instrumento que comete el delito por coacción o error, el cual es específicamente determinado por el hombre de atrás.

Ahora bien,= las diferentes circunstancias de la autoría mediata son recogidas por el artícu= lo 42, numeral 2 del Código Orgánico Integral Penal (COIP, 2014), en los siguientes términos:

= Autores. - Responderán como autoras las personas q= ue incurran en alguna de las siguientes modalidades:

Autoría mediata:

= a) Quienes instiguen o aconsejen a otra persona pa= ra que cometa una infracción, cuando se demuestre que tal acción ha determinad= o su comisión.

= b) Quienes ordenen la comisión de la infracción valiéndose de otra u otras personas, imputables o no, mediante precio, dádi= va, promesa, ofrecimiento, orden o cualquier otro medio fraudulento, directo o indirecto.

= c) Quienes, por violencia física, abuso de autorid= ad, amenaza u otro medio coercitivo, obliguen a un tercero a cometer la infracc= ión, aunque no pueda calificarse como irresistible la fuerza empleada con dicho = fin.

= d) Quienes ejerzan un poder de mando en la organización delictiva.

Como se desprende de la lectura de la norma citada, en ella, se extiende también la calidad de autor mediato a quién interviene en calidad de instigador. Es de= cir, a quien la doctrina penal considera únicamente como partícipe, por cuanto, = su responsabilidad es accesoria a la del autor (García, 2014, p.395).

Por ejemplo, Donna (2013) sostiene que: “la responsabilidad del inductor (…) d= epende del autor principal, ya que es participe del delito cometido por el autor principal” (p. 445).

Siguiendo al mismo autor Donna (2013), seńala que la inducción es la motivación dolosa de otra persona a cometer intencionalmente un delito (p.444), con lo que el inductor hace que otra persona adopte la resolución de voluntad de llevar a cabo una acción típica y antijurídica (…) mediante la influencia psíquica (…)” (pp.444,445).

Para Mir Pu= ig (2016), “Inducción es la causación objetiva y subjetivamente imputable, mediante un influjo psíquico en otro, de la resolución y realización por pa= rte de éste de un tipo de autoría dolosa o imprudente” (p.417).<= /span>

El mismo au= tor Mir Puig (2016), se permite hacer una diferenciación entre inducción y autoría mediata, seńalando que esta última se distingue de la inducción en que supo= ne una posición de la persona de atrás más importante que la del inductor resp= ecto al ejecutor material (p.417).

Ahora bien,= la doctrina es coincidente en seńalar también que, se castiga al inductor con = la misma pena que al autor Mir Puig (2016), sobre todo, porque se trata de un “autor moral” (p.446), tal como sostiene Donna (2013).

Tal vez de = ahí parte precisamente la errónea posición del inductor en la legislación ecuatoriana, que como se anotó, sitúa al instigador como una especie de aut= oría mediata, algo que para la dogmática penal queda claro corresponde más a un participe del hecho penal. <= /o:p>

Sin embargo, esto se analizará más adelante cuando se ahonde en el estudio del caso, pue= s la figura del inductor tiene relevancia en el caso propuesto para el análisis.

Con fundame= nto en lo anterior y la doctrina aquí seńalada, se pueden determinar ciertas características de la autoría mediata:

- = ; En cuanto a los Sujetos que intervienen en la comi= sión del tipo: son dos

· El Hombre de atrás: autor mediato

· El Instrumento: ejecutor

- = ; Sobre la percepción sensorial del delito: difícilm= ente se podrá percibir sensorialmente el actuar del autor mediato, pero si del instrumento. Puesto que, el hombre de atrás únicamente ordena y el instrume= nto ejecuta el acto.

- = ; Sobre la temporalidad en el descubrimiento del del= ito: es posible que se pueda descubrir con inmediatez al instrumento ya que podrá ser visible su actuar, pero con dificultad al hombre de atrás, esto debido = a la característica anterior, es decir a la falta de percepción sensorial del qu= ehacer del autor mediato.

De acuerdo = con Roxin (2009), en su artículo titulado: “Dirección de la organización como autoría mediata”, manifiesta que la autoría mediata es igual a la figura de dominio de la organización y es actualmente uno de los conceptos elementales dentro del debate teórico penal que busca definir a la autoría. En este sentido, seńala que no es válido únicamente dentro de la doctrina penal; si= no que, su alcance llega hasta los campos jurisprudenciales dentro de los sist= emas de justicia nacionales e internacionales.

De esta for= ma, el autor comienza recordando que cuando planteo su propuesta en 1963, se fundamentó en la hipótesis de que, dentro de una organización criminal, las personas que se encuentran al mando, o bajo diferentes figuras de poder, y = que son quienes disponen el cometimiento de un delito, presentando así una responsabilidad directa; también puedan ser sancionados como autores mediat= os, pese a que los responsables de la ejecución sean de igual forma castigados = como autores directos.

De esta for= ma, aclara que, dentro del análisis de los Juicios de Nuremberg, es importante analizar las expresiones, en donde los autores mediatos, son seńalados como= “autores de escritorio; entonces, destaca que la intención del Roxin fue ampliar a la cotidianidad la figura de autoría mediata dentro de las ciencias jurídicas.=

Consecuente= mente, menciona que su propuesta ha logrado establecerse principalmente en la literatura alemana, lo que ha repercutido en mayores rangos de aceptación p= or los Tribunales Federales de este país; además, destaca que la autoría media= ta al ser una figura jurídica es juzgada tanto por acción como por omisión; co= mo prueba seńala la sentencia del Tribunal Federal de Alemania, en contra de quienes conformaban el Consejo Nacional de Defensa del gobierno de la Alema= nia Federal del Este por no haber impedido que se produzcan la ejecución ejecut= ada por los soldados, cuando una gran parte de la población buscaba alcanzar la Alemania Oriental.

En este mar= co, destaca que dicha jurisprudencia, se ha ampliado en diferentes sentencias y= ha repercutido en una gran cantidad de estudios científicos; asimismo, recalca, las repercusiones internacionales de su propuesta, la cual se dio desde la década de los ochenta, en el marco de las sentencias emitidas a quienes integraban la Junta Militar en Argentina.

Dentro del análisis Roxin (2009), seńala que el dominio de la organización involucra la responsabilidad y la libertad del ejecutor directo, quienes deben ser sancionados como autores de mano propia; sin embargo, menciona que dichas circunstancias no afectan al dominio que posee la persona que actúa en las sombras; esto, debido a que, desde su preminencia la figura del agente no s= e le cataloga como persona libre y responsable; sino más bien, es considerado co= mo desconocido y remplazable.

Entonces, si bien el actor directo no se deslinda de su dominio de la acción; a la vez, existe un mecanismo que se configura por la sustitución de los elementos en diferentes momentos y circunstancias, de acuerdo con el esquema de poder de= la organización. Por lo tanto, el enfoque dual permite que quienes actúan en l= as sombras y a los actores directos, recaer en un mismo centro de culpabilidad= .

Por lo tant= o, dentro de dicho razonamiento, el autor que actúa detrás de otro sería una figura jurídica que no podría ejecutarse; entonces, reconoce tres errores dentro de dicho razonamiento y cuales pueden dar claridad en la fundamentación jurídica de la autoría medi= ata; además, destaca que dentro= del primer error de dicha concepción se encuentra que el instrumento que facilita al autor mediato no razona que este no actúa de manera tal que la acción delictiva se produzca directamente.

Una vez determinadas estas características es posible pasar al siguiente tema de estudio y poder confrontar las mismas con las detalladas para la flagrancia delictual, pero para ello será válido entrar al análisis del caso propuesto= .

De tal, for= ma, el instrumento, constituye el conjunto o la organización como tal, la cual = está conformada por diferentes seres humanos quienes se distribuyen en una estructura jerárquica. Dicha estructura jerárquica se define por presentar diferenciación de funciones; de esta forma, es dicha totalidad, la que perm= ite al sujeto que se encuentra detrás del dominio de la organización llegar a su cometido.

Dentro del segundo error, destaca que la visión individual del instrumento da paso a q= ue tanto el autor mediato como el ejecutor presenten diferentes maneras de dom= inio dentro del hecho, las cuales no son independientes entre sí. Entonces, como ejemplo reflexiona que, quien quita la vida a otro ser humano de forma dire= cta se denomina dominio de la acción, lo cual se entiende como un dominio que se genera por la ejecución de cierta acción; por otra parte, el autor mediato,= es quien ejercerse una influencia que le permite tener la seguridad de garantizarse = el resultado; dicha seguridad constituye el soporte del dominio de la acción q= ue posee el ejecutor.

Dentro de l= os supuestos, del dominio de la organización planteados por Roxin (2009), es clave destac= ar al poder de mando, el cual define que únicamente puede ser autor mediato, l= as personas que, dentro de una organización, gocen de la capacidad de emitir ó= rdenes y que dicha capacidad se encuentre vinculada con la ejecución del delito. <= o:p>

Asimismo, dentro de los supuestos de Roxin (2009), se encuentra el: “apartamiento del Derecho del aparato de poder”; en este contexto, destaca que el aparataje de poder debe disponer del apartamiento del Derecho, dentro de los supuestos esenciales para el dominio de la organización; entonces, dicho supuesto presenta un extenso debate; aunque Roxin (2009), manifiesta que dicha exige= ncia debe continuar, aun después de, liquidar a las críticas de la defensa, en d= onde se abogara por la coautoría; es así como, seńala que es necesario tener en cuenta que el aparato de poder, tendrá una separación del Derecho; aunque, = esta no pudiera ser completa. Además, menciona que el apartamiento del Derecho n= o es una de las criticas brindadas de parte de quienes alegan por la instigación= o la coautoría; es decir, no se alega que la autoría mediata sea una figura jurídica alejada del derecho.

Dentro de la fungibilidad que presentan los ejecutores directos, Roxin (2009) seńala que= la fungibilidad es un componente primordial dentro del dominio de la organizac= ión; es decir, la sustituibilidad de los actores directos dentro de los aparatos= de jerarquización del poder; entonces, la ejecución de la voluntad de los auto= res mediatos se encuentra asegurada justamente en la sustituibilidad de los ejecutores.

Finalmente,= se encuentra la indispensable disponibilidad elevada al hecho del ejecutor; en este contexto, el autor basa su explicación en la sentencia en contra de Fujimori de parte de la Corte Suprema de Perú; entonces, pese a que los tres supuestos anteriores en la żantigüedad? constituían los ejes de soporte de = la teoría de Roxin; el autor destaca la necesidad de incluir un cuarto supuesto. Entonces, la corte seńala que el ejecutor de un delito viene de una estruct= ura de poder jerárquico, que puede presentar una naturaleza estatal; aunque, es= ta no es razón, para que se encuentre separada del derecho. =

Anális= is de caso: la detención de Leónidas Iza como autor mediato del delito de paralización de servicios públicos

El día 13 de junio de 2022, inició en el Ecuador un paro nacional con carácter de indefinido, convocado por las nacionalidades y pueblos indígenas ante el descontento por las políticas estatales, que buscaban, en definitiva, que el gobierno cumpla con 10 demandas (Confederación de Nacionalidades Indígenas = del Ecuador [CONAIE], 2022), que habían planteado como salida a la crisis econó= mica y social que motivó la protesta. Finalmente, estas movilizaciones tuvieron = una duración de 18 días, que se caracterizaron principalmente por el cierre de = vías a nivel nacional (Montańo, 2022).

En el conte= xto de las manifestaciones, el día 14 de junio de 2022, es decir, al segundo dí= a de las movilizaciones, ocurrió la detención de Leónidas Iza Salazar, president= e de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), quien indudablemente fue la cara más visible de las fuerzas de oposición y,= a quién, el gobierno nacional calificó como terrorista y promotor de violencia suscitada durante esa jornada de protestas (Borja, 2022).=

Conforme la información que obra en la página web del Sistema Informático de Trámite Judicial de la Función Judicial del Ecuador (SATJE), se evidencia que aquel día, la Jueza de la Unidad Judicial Penal = de Latacunga, la abogada Paola Alexandra Bedón Cueva, dentro del proceso judic= ial número 05283-2022-01164, conoció sobre la detención de Leónidas Iza. En el = auto de convocatoria a audiencia de calificación de flagrancia, la jueza, seńala= lo siguiente:

Agréguese al proceso el oficio No. - FPX-001-06-2022-TURNO-AA de fecha 14 de junio de 2022, presentado por el Dr. Alberto Armando Armendáriz, Fiscal de Turno de Flagrancia; y, el Parte Policial No. - 202206140533176507, mediante el cual= se da a conocer sobre la detención del seńor Ing. IZA SALAZAR SEGUNDO LE= ONIDAS, por un presunto delito flagrante de "Paralizaci= ón de Servicios Públicos" (Con= sejo de la Judicatura, 2022).

En este hilo, es clave des= tacar que el seńor Leónidas Iza Salazar fue detenido mientras se desplazaba en su vehiculó por las calles de Quito, y en un contexto, distinto al de las protestas, las cuales habían provocado paralizaciones y desmanes en el país= . <= /o:p>

Conforme se desprende el acta de la audiencia, además de la controversia que hubo en to= rno a la inobservancia e incumplimiento de los derechos que le asistían al seńor Iza al momento de la detención, en un primer momento fiscalía con base en el parte policial, sobre el motivo de la detención seńaló que:

…en calidad de fiscal encargada de turno conforme lo establece los = Art. 527 y 529 del COIP, dentro de las 24 horas y habiéndose despachado las diligencias pertinentes en el presente caso, solicita se declare la legalid= ad de la detención, así como la flagrancia. Que, el hecho que generó la detenc= ión del seńor IZA SALAZAR SEGUNDO LEONIDAS ocurrió el día 14 de junio del 2022, aproximadamente a las 00:20 en el barrio El Progreso, Panamericana Norte E35 cerca del ingreso del sector de Pastocalle del cantón Latacunga provincia de Cotopaxi, pues dicho ciudadano habría conjuntamente con varias personas paralizado la normal circulación del transporte público a través de actos violentos como obstáculos, quema de llantas, obstaculizando el derecho de libertad y movilidad, abastecimiento de alimentos de primera necesidad. Que, existe el presunto delito de paralización de servicio públi= co. Que, al encontrarse en un hecho flagrante, fue aprehendido, se le leyó = sus derechos constitucionales en castellano y en su lengua natal conforme lo establece el Art.77 numerales 3 y 4, por lo que solicita que la detención s= ea declarada legal y el hecho como flagrante por haberse respetado los derechos constitucionales. (énfasis ańadido)

Se debe observar que, en esta primera intervención, la Fiscalía no seńaló en qué calidad habría presuntamente intervenido el detenido en la comisión del del= ito. Simplemente, se limitó a describir el hecho fáctico, ante lo cual, la jueza calificó el hecho como flagrante y la detención conforme con los derechos constitucionales del aprehendido.

Como const= a en el Consejo de la Judicatura (2022).

a.- El seńor IZA SALAZAR SEGU= NDO LEONIDAS, fue detenido por los agentes de policía Coronel Miller Rivera Ren= án Fabricio y General Luna Villavicencio Alain Gonzalo el día 14 de junio de 2022, a las 00h30 en la parroquia Pastocalle, sector Panamericana Sur, del cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi, pues se presume que dicho ciudadano se encuentra inmiscuido en un hecho que revisten las características de un del= ito flagrante de acción penal pública. b.- Ocurrido aquello, los agentes aprehensores le han informado sus derechos en idioma claro que lo entendió y comprendió”.

En los siguientes términos:

= En este contexto, dentro de los ámbitos materiales y formales, es posible expresar que la detención del ciudadano I= ZA SALAZAR SEGUNDO LEÓNIDAS no se encuentra enmarcada en los parámetros de la legalidad; en este contexto, se resalta una observancia de los artículos 52= 6, 527 y 528 del Código Orgánico Integral Penal (COIP, 2014), por lo que no es posible expresar legalidad en la detención. De igual forma, dentro de los antecedentes descritos en los párrafos anteriores, es posible definir que el eventual delito al que se le acusa al implicado se ha cometido, en presenci= a de un gran número de personas, por lo que este fue avocado de forma inmediata;= no obstante, la detención del implicado no supero las 24 horas, entonces, exis= te cumplimiento parcial del art. 527 del COIP, dentro del procedimiento que se describe para el delito flagrante.

Luego de realizada la calificación de flagrancia, la agente fiscal procedió a formul= ar cargos. Es en este momento, de la audiencia en el que se precisa que Leónid= as Iza intervino como autor mediato del delito de paralización de servicios públicos. Aquello, puede corroborarse en la providencia de convocatoria a audiencia de procedimiento directo, de fecha 17 de junio de 2022 que, en su parte pertinente, seńala:

= La seńora Fiscal solicitó se notifique el ini= cio de la instrucción fiscal por el delito establecido en el Art. 346 referente= al delito de “Paralización de un servicio público”, en concordancia al Art. 42 numeral 2 literal A del COIP en calidad de Autor Mediato. Así además por encontrarse reunidos los presupuestos del Art. 534 del COIP, solicita de ma= nera inicial se dicte como medida cautelar de carácter personal, la prisión preventiva, a fin de garantizar su inmediación al proceso, pues indica que se trata de un delito de acción penal pública, que cuenta con varios elementos sobre la existencia de la infracción y su participación en calidad de autor mediato<= /span>.=

Fiscalía consideró así que, la intervención de Leónidas Iza era en calidad de instigador, a eso hace relación precisamente el articulo 42 numeral 2, letr= a a del COIP: a) Quienes instiguen o aconsejen a otra persona para que cometa una infracción, cuando se demuestre que tal acción ha determinado su comisión.

Mas allá qu= e, para la doctrina penal la instigación corresponda más a la participación qu= e a la autoría mediata, como quedó anotado, la dogmática penal considera al instigador como participe y no como autor, por lo tanto, puede existir también una imprecisión de la fiscalía en la imputación, ocasionada= en este caso por la errónea codificación. Es preciso en este punto, cotejar si es que las características de = la flagrancia pueden adecuarse o ser compatibles con las características de la autoría mediata que quedaron establecidas líneas arriba. =

En ese sent= ido, respecto a los hechos del caso en análisis se puede establecer que:

i) &nbs= p; Sobre la necesaria percepción del delito para que = se constituya un delito flagrante. -

La fiscalía en la audiencia de calificación de flagrancia, conforme quedó anot= ado, sostuvo que, “dicho ciudadano habría conjuntamente con vari= as personas paralizado la normal circulación del transporte público a través de actos violentos como obstáculos, quema de llantas, obstaculizan= do el derecho de libertad y movilidad, abastecimiento de alimentos de primera necesidad”, sin embargo, nunca refirió que aquellos supue= stos actos hayan sido verificados por persona alguna, peor aún por los agentes de policía que tomaron procedimiento en la aprehensión.

Po= r lo tanto, al no haber constatación o percepción visual del supuesto delito, ma= l se podría hablar de flagrancia delictual en el caso in examine.

Ah= ora, si se toma esto para cotejarlo con la autoría mediata, esta tampoco se comprobaría en el caso, pues, si para la fiscalía, Leónidas Iza, supuestame= nte habría, por su cuenta, ejecutado actos perceptibles y verificables que llev= aron a la comisión del delito imputado, aquello, más bien correspondería al actu= ar de un autor directo.

ii) &nb= sp; La posibilidad de verificar la evidencia material = del delito. -

En= el caso concreto, a decir de la fiscalía posiblemente existieron evidencias co= mo llantas quemadas y obstáculos en la vía, sin embargo, aquello debe estar at= ado a la percepción visual de la comisión del delito. Como quedó anotado, nada = se dijo sobre si los agentes de policía verificaron directamente que Leónidas = Iza fue el que obstaculizó la vía o quemó las llantas con ese fin. <= /span>

De considerar como cierto lo anterior, sencillamente sería incompatible con la modalidad de autoría mediata, pues, su característica es que el hombre de a= trás solamente emite una orden -que difícilmente es perceptible o verificable- y= no ejecuta acto alguno, puesto que aquello queda en la esfera del instrumento.=

Pero, tomando nuevamente los hechos del caso detallados por la fiscalía (quien además omitió referirse en ese momento a = la calidad en la que intervino Leónidas Iza en la comisión del delito), al mom= ento de la calificación de flagrancia, se seńaló que Leónidas Iza por medio de actos violentos como el uso de obstáculos, quema de llantas, obstaculizó el derecho de libertad y movilidad. En consecuencia, se puede considerar que aquello, más bien se podría circunscribir bajo las características de una autoría directa y no mediata, pues a decir de la pro= pia fiscalía habría verificabilidad de la evidencia material.

De esta forma, en cuanto a esta característica, en= el caso analizado tampoco habría flagrancia delictual y peor aún autoría media= ta.

iii) &n= bsp; La inmediatez del descubrimiento del hecho. -

Co= nforme a los hechos del caso propuestos por la fiscalía y descritos en el acta de audiencia, no hay una referencia clara en cuanto al tiempo que tomó en ser descubierto el supuesto actuar delictivo de Leónidas Iza. Y aquello puede deberse a un error en el desarrollo de la audiencia de calificación de flagrancia, pues es fiscalía quien sustentó los motivos de la detención, cu= ando aquello le correspondería realizar al agente que procedió a realizar la aprehensión.

Sin duda, lo trascendente de esto es que, en base a ello no se puede determinar= con que rapidez se pudo descubrir el supuesto actuar delictivo y eso debió ser observado por la jueza de la causa en su momento.

Ya= que, si no queda claro que transcurrieron menos de 24 horas entre la comisión del delito y la aprehensión, tampoco se cumplirían los presupuestos de flagranc= ia delictual, menos aún, de un acto flagrante de un supuesto autor mediato, de= bido a que, por sus características su actuar no es verificable y perceptible. <= o:p>

iv) &nb= sp; La urgencia de la intervención policial. -

Co= nforme se estableció, esta característica está atada a la anterior, ya que, una vez descubierto el delito, el actuar policial debe circunscribirse en el margen= de las 24 horas que establece la Ley. En el caso sub judice la fiscalía nada dijo al respecto en la audiencia de calificación de flagrancia. Simplemente se limitó a indicar que “al encontrarse en un hecho flagrante, fue aprehendido” sin detallar siquiera si existió o no persecución ininterrumpida dentro de las 24 horas entre la presunta comisió= n y la aprehensión.

Aque= llo lleva a determinar también una falencia que da a considerar que en el caso = no existió flagrancia delictual. Pues necesariamente debió justificarse por pa= rte de la fiscalía que la intervención policial se dio dentro de las 24 horas e= ntre la comisión del delito y la aprehensión.

Así también, en cuanto a la imputación realizada como autor mediato, esta es incompatible, ya que, si el actuar del hombre de atrás no es observable y verificable, mal se podía determinar que pudo haber sido descubierto por la policía.

Por ello resulta preponderante el papel del juez al momento de la calificación de una flagrancia delictual. Así se plasma en la jurisprudencia espańola, conforme= la sentencia que quedó anotadas líneas arriba.

El Tribunal= Constitucional Espańol (1993), sostiene que, la noción general de delito flagrante requiere una aplicación jurisdiccional siempre atenta a las singularidades del modo de verificación de cada concreta conducta delictiva= , por lo tanto, a pesar de la existencia de una acep= ción general de delito flagrante, es obligación del Juez verificar la compatibil= idad de sus características con una conducta delictiva de un caso concreto o particular.

Esto es lo = que precisamente debió acontecer en la labor jurisdiccional realizada por la Ju= eza en el caso analizado, quien, sin embargo, se limitó únicamente a ejecutar un análisis respecto a lo que fiscalía manifestó, sin entrar a valorar los hec= hos en base a los elementos propios de la flagrancia delictual.

Así, el err= or de la fiscalía en su intervención inicial, en la que únicamente se refirió respecto a los hechos del caso, sin justificar el cumplimiento de los eleme= ntos de la flagrancia delictual y la forma de participación del detenido; se sum= a, al yerro en la deficiente imputación fiscal, en donde tampoco delimitó de q= ué manera el supuesto autor mediato impartió, por ejemplo, órdenes para que ot= ros sujetos le hayan servido como instrumento para la comisión del delito.=

El error en= la imputación fiscal se vuelve más notorio incluso, cuando la fiscal estableció que Leónidas Iza fue el instigador para la comisión del delito de paralizac= ión de servicios públicos, lo cual, como quedó dicho, resulta incongruente conf= orme la dogmática penal. Ya que, por efecto de aquella influencia psíquica que ejerce el inductor sobre el autor, para la comisión del delito, se entiende= que resulta perceptible y verificable, en primer lugar, el actuar del autor principal y no del inductor.

Estos yerro= s, dejan en evidencia también una nueva falencia de la Jueza, quien no realizó pronunciamiento alguno sobre la imputación realizada por la fiscalía, respe= cto a la formulación de cargos como autor mediato-inductor del delito de paralización de servicios públicos, lo cual, como se ha manifestado resulta también incompatible con sus propios elementos.

Sobre todo,= si se considera el criterio de la jurisprudencia espańola expuesta líneas arri= ba, que le da un valor preponderante a la percepción sensorial del delito y sus efectos como constitutiva de la fragancia, necesariamente tendrían que cumplirse los dos primeros criterios para entender la ocurrencia de una flagrancia, algo que difícilmente puede lograrse según la modalidad de la autoría mediata ya que es imperceptible el actuar del hombre de atrás.

Por eso inc= luso el Tribunal Constitucional Espańol (1993), va más allá cuando sostiene que = el órgano legislativo puede delimitar el concepto de flagrancia respecto a cie= rtas “conductas delictivas”.

Lo cual, sin duda, puede ser extensible a las modalidades de autoría y participación delictual, sobre todo, en el caso de la autoría mediata, pues como ha queda= do dicho, esta resulta incompatible con la flagrancia delictual, dado que es prácticamente imposible la percepción y verificación de evidencia material = del delito cometido por el autor intelectual.

En cuanto a= las dos últimas características de la flagrancia -la inmediatez del descubrimie= nto y la urgencia de la intervención policial- serian relativamente posibles siempre que se llegue a cierto extremo, como, por ejemplo: la rapidez con la que se practique la pesquisa policial o si es que el instrumento decide pre= star confesión y delatar al autor mediato, ya que debido a la verificabilidad del actuar del ejecutor será más pronta y oportuna su aprehensión que la del ho= mbre de atrás.

Sin embargo, para la verificación de una flagrancia será necesario que concurran las cua= tro características, por lo tanto, si no se cumplen todas no podríamos hablar de delito flagrante cometido por un autor mediato.

Ahora bien,= retomando nuevamente el caso, así la fiscalía hubiese delimitado de mejor manera el cuadro factico y la jueza hubiese realizado un adecuado control respecto a = la flagrancia e imputación fiscal, se puede determinar que no resulta compatib= le la detención en flagrancia bajo la modalidad de autor mediato, no solo en e= ste caso concreto sino posiblemente en la generalidad de delitos flagrantes, pu= es como quedó anotado no serían compatibles entre si las características de flagrancia y autoría mediata antes descritas una vez que han sido contrapuestas.

Conclusiones

Una vez que= se ha realizado el análisis conforme a la temática y estudio de caso propuesto= , se pueden establecer las siguientes conclusiones:

- = ; Para la configuración de una flagrancia delictual, según la jurisprudencia espańola y la composición normativa nacional, se requiere la concurrencia de ciertas circunstancias, de manera preponderante= las relativas a la percepción sensorial del ilícito y de sus resultados materia= les, a más del límite temporal que impone la norma para su configuración y la necesaria actuación urgente de la fuerza pública.

- = ; En cuanto a la autoría mediata, se desprende desde= la dogmática penal que, en definitiva, el autor mediato -hombre de atrás- no ejecuta acto alguno para llevar a cabo la comisión del delito, puesto que p= ara ello se sirve de un instrumento -ejecutor- sobre el que ejerce una orden con motivo del dominio de su voluntad, para que éste ejecute el tipo. Por lo ta= nto, el actuar del autor mediato no puede ser perceptible o dejar huella materia= l, no así respecto a los actos de ejecución del instrumento.=

- = ; Asimismo, es clave destacar que la autoría mediata exige de cuatro supuestos para su catalogación como tal; en este contexto, = es necesario que en el caso del seńor Leónidas Iza Salazar, se cumple el supue= sto de dominio de la organización; no obstante, no existe elementos que permitan distinguir los supuestos de: “apartamiento del Derecho del aparato de poder”, fungibilidad y disponibilidad elevada al hecho del ejecutor.

- = ; En tal virtud, una vez realizado el contraste entre las características de la flagrancia delictual y las de la autoría mediata,= no resulta compatible la calificación de flagrancia en cuanto a lo que estable= ce la dogmática penal respecto a la imputación como autor mediato de un delito flagrante, pues, si no se cuenta por lo menos con un elemento de percepción sensorial en el actuar del autor mediato, y evidencia material de su actuar, mal podría existir delito flagrante por él cometido.

- = ; Considerando el caso concreto aquí analizado, se evidencia que, la Jueza de la causa no realizó un adecuado control de la flagrancia delictual, puesto que inobservó elementos esenciales de esta fig= ura jurídica. Ello, sumado a la incorrecta imputación de la fiscalía, que desco= noció los elementos propios de la autoría mediata, la cual, como tantas veces se = ha expuesto en este trabajo, resulta incompatible con la flagrancia delictual,= dan como resultado un deficiente caso instaurado en contra de Leónidas Iza, que puede ser fácilmente desvirtuado desde la dogmática penal.

Conflicto de intere= ses

No existe conflicto de intereses con respecto a la información y análisis presentado en el documento.

Referencias Bibliográficas

<= span lang=3DES-EC style=3D'font-size:12.0pt;line-height:115%;color:windowtext; mso-ansi-language:ES-EC;text-decoration:none;text-underline:none'>Borja, Ma= ría Sol. (1 de noviembre del 2022). Las inexplicables prioridades del gobierno. gk.cit= y. https://gk.city/2022/01/04/guillermo-lasso-sobre-leonidas= -iza/

Código Orgánico Integral Penal [COIP]. (10 de febr= ero del 2014). Registro Oficial No 180.

Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecua= dor [CONAIE]. (20 de junio de 2022), Las 10 demandas exigidas por la CONAIE: https://conaie.org/2022/06/20/demandas-de-la-movili= zacion-nacional-popular-y-plurinacional/

Consejo de la Judicatura (2022). Sistema Informático de Trámite Judicial de la Func= ión Judicial del Ecuador. http://consultas.funcionjudicial.gob.ec/informacionju= dicial/public/informacion.jsf

Constitución de la Republica del Ecuador. (2008). Registro Oficial No 449, de 20 de octubre de 2008.

Donna, Edgardo Alberto (2013). Derecho Penal Parte General, Tomo V El delito imprudente, Autoría y Participación Criminal, Buenos Aires: Rubinzal-Culzoni Editores.

García Falconi, Ramiro. (2014). Código Orgánico Integral Penal Comentado, Tomo 1, Lima: Ara Editores.

Mir Puig, Santiago. (2016). Derecho Penal Parte General, Décima Edición, Barcelona: Editorial Reppertor. =

Montańo, Doménica. (13 de junio del 2022). Un resu= men del paro nacional. gk.city. https://gk.city/2022/06/13/paro-nacional-resumen/

Muńoz Conde, Francisco. (2015). Derecho Penal P= arte General, Valencia: Tiran lo Blanch.

Naciones Unidas Derechos Humanos [NHDH]. (2022). <= /span>Principios Básic= os Sobre el Empleo de la Fuerza y Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir La Ley: https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instr= uments/basic-principles-use-force-and-firearms-law-enforcement

Real Academia de la Lengua Espańola. (2022). Versi= ón digital, https://www.rae.es/

Roxin, Claus. (1997). Derechos Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos de la Estructura de la Teoría del Delito, Madrid: Civit= as.

Roxin, Claus. (2009). Dirección de la organización como autoría mediata. ADPCP, 62, 51-66.

Swissinfo.ch [SWI]. (23 de junio 2022). Amnistía Internacional (AI) denuncia crisis de derechos humanos en Ecuador por represión de protestas. s<= span style=3D'font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:"Times New Roman",se= rif; color:windowtext;mso-ansi-language:ES-EC'>wissinfo.ch. https://www.swissinfo.ch/spa/ecuador-protestas_ai-denun= cia-crisis-de-derechos-humanos-en-ecuador-por-represi%C3%B3n-de-protestas/4= 7698778

Tribunal Constitucional Espańol. (18 de noviembre = de 1993). Sentencia No 341/1993.

Vaca Andrade, Ricardo. (2009). Manual de Derecho Procesal Penal, cuarta edición, Quito: Corporación de estudios y publicaciones.

El artículo= que se publica es de exclusiva responsabilidad de los autores y no necesariamen= te reflejan el pensamiento de la Revi= sta Visionario Digital.

&nb= sp;

El artículo queda en propiedad de la revista y, por tanto, su publicaci= ón parcial y/o total en otro medio tiene que ser autorizado por el director de= la Revista Visionario Digital.<= /o:p>