El abuso de la prisión preventiva en delitos = de robo del cantón Cuenca

The abuse of pretrial detention crimes of robbery in the canton of Cuenca<= o:p>

¹	Romel Patri= cio Pauta Cedillo	= ;	https://orcid.org/0000= -0002-0684-2909
= ;	Universidad Católica de Cuenca, Cuenca Ecuador rppauta74@est.u= cacue.edu.ec
²	Marcelo Tor= res Wilchez	= ;	https://orcid.org/0000= -0001-9257-6274
	Universidad Católica de Cuenca, Cuenca Ecuador mtorres@ucacue.edu.ec

<= o:p>	Artículo de Investigación Científica y Tecnológica Enviado: 12/09/2022 Revisado: 27/10/2022 Aceptado: 11/11/2022 Publicado:12/12/2022 DOI: https://d= oi.org/10.33262/concienciadigital.v5i4.1.2418 = <= /span><= /span>
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Cítese:		Pauta Cedillo, R. P., & Torres Wilchez, M. (2022). El abuso de la prisión preventiva en del= itos de robo del cantón Cuenca. ConcienciaDigital, 5(4.1), 212-239. https://d= oi.org/10.33262/concienciadigital.v5i4.1.2418
		*CONCIENCIA DIGITAL,* es una revista multidisciplinar, trimestral, que se publicará en soporte electrón= ico tiene como misión contribuir a la formación de profesionales competentes con visión humanística y crítica que sean capac= es de exponer sus resultados investigativos y científicos en la misma medida= que se promueva mediante su intervención cambios positivos en la sociedad.&nb= sp;https://concienciadigital.org <= span style=3D'font-size:8.0pt;mso-ansi-language:ES-EC;mso-fareast-language:ES-= GT'>La revista es editada por la Editorial Ciencia Digital (Editorial de prestig= io registrada en la Cámara Ecuatoriana de Libro con No de Afiliación 663) www.celibro.org.ec
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Palabras claves: C.O.I.P., Derecho, prisión preventiva, derecho a la defensa, Fisca= l.<= /span> <= /b>	<= /b>	Resumen La pres= ente investigación nace una necesidad imperiosa de evidenciar la exageración de esta medida, ya que actualmente vivimos en una crisis carcelaria donde se vulneran derechos constitucionales”, analizaremos para el caso específico= el delito de robo, con el razonamiento de que deben realizar los justiciable= s, bajo la cierta premisa al utilizar la prisión preventiva, ya sea en los centro de alojamiento penitenciario social, como en los centros temporale= s, nos enfocáremos al titular de acción pública penal, el cual debe consider= ar una prelación de principios constitucionales de objetividad y mínima intervención penal en contra de una persona procesada, pues en exceso se solicita al órgano jurisdiccional que se dicte la medida de ultima ratio reconocida en el C.O.I.P Art. 522 innumerado sexto, es la prisión prevent= iva, dejando de lado las demás alternativas contempladas en el artículo 522 del C.O.I.P el cual guarda estricta relación con lo seńalado en el Art. 77 innumeral 11 de nuestra Carta Magn= a. <= /o:p>
Keywords: C.O.I.P., Law, pretrial detention, right to defense, Prosecutor.=		Abstract The present investigation arises from an urgent need to demonstrate the exaggeration of this measure, since we currently live in a prison crisis where constitutional rights are violated", we will ana= lyze the crime of robbery for the specific case, with the reasoning that the defendants must carry out, Under the certain premise when using pretrial detention, either in social prison accommodation centers, or in temporary centers, we will focus on the holder of criminal public action, which must consider a priority of constitutional principles of objectivity and minim= um criminal intervention. against a prosecuted person, since in excess the c= ourt is requested to issue the ultima ratio measure recognized in the C.O.I.P = Art. 522 unnumbered sixth, it is preventive detention, leaving aside the other alternatives contemplated in article 522 of the C.O.I.P which is strictly related to what is stated in Art. 77 innumerable 11 of us to Magna Carta.=

Introducción

La investigación presente propone identificar el abuso de la prisión preventiva en el Cantón Cuenca en delitos de Robo, existiendo la necesidad = de cautela que engloba el hecho de mantener a una persona blindada por su condición de inocente, aunque esto no ocurre materialmente, con la Reforma vigente en el Ecuador desde Junio del 2020, en fiscalía existe la necesidad= de Justificar el propósito de esta medida cautelar de ultima ratio, además de cumplir el principio de proporcionalidad, razonabilidad y de motivación en = su decisión es decir llenarse de fundamentos, así mismo el Juez debe establecer silogismo jurídico, no así premisas equivocadas, siendo en estas circunstan= cias peticiones vagas con la necesidad de que las demás medidas son insuficiente= s y deben ser demostradas, lo dicho anteriormente va atado a una formulación de cargo= s en audiencia, siendo la misma que se determine distinta.

Cuando el fiscal realiza la formulación de cargos, al ubicarse en el pedido de prisión preventiva no establece como se determinan los elementos y presupuestos que se deberían establecer, que elementos específicos se refie= ren a la existencia de la infracción, cuales establecen los presupuestos que se determinan para establecerse la Autoría o Compl= icidad y en cuanto a la necesidad (Catolia & Cáceres, 2020).

De ser así, el juez que decida la tutela deberá considerar si el imputado ha incumplido una alternativa a la tutela previam= ente concedida por otro motivo.

Ahora con esta reforma, le corresponde a fiscalía general del estado demostrar que la persona procesada carece de arraigo laboral, social, familiar, para que no se le pueda imponer alguna de las medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva establecida en el a= rt. 522, volteando la vieja costumbre que tenían los fiscales al presentarse a = la audiencia de formulación de cargos y realizar una solicitud escueta al juez para que se dicte la prisión preventiva (Espinoza, 2010), con el fin de amedrenta= r al procesado y obtener un proceso ligero, con aceptación de culpa, o de otra f= orma mantener a una persona inocente en un centro carcelario de alta peligrosida= d y riesgo que vivimos, hasta que se lleve a cabo la investigación con la que recién se pueda determinar que no era o no era culpable de algún hecho típi= co antijurídico y culpable que le es acusado (Bolívar, 2016).

Junto con las referencias de investigación, forman datos sobre temas relevantes y son igualmente valiosos para que exploremos información con las agencias de detención preventiva. También vale la pena estudiar el debido proceso y sus principios subyacentes que equilibran dive= rsas leyes y normas nacionales e internacionales sobre el tema y los informes emitidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las resolucio= nes emitidas por el máximo órgano judicial internacional de derechos humanos. <= o:p>

En América

Como antecedentes de la prisi= ón preventiva en el Ecuador, hablaremos en primer lugar del “hábeas corpus” co= mo derecho humano que garantiza las libertades fundamentales; apareció por pri= mera vez en nuestra Carta Magna de 1929; este derecho determina la libertad de l= os ciudadanos; se desarrolla por derecho propio, y nace el Código Procesal Pen= al, Publicado en el "Registro Oficial de 1983 en fecha 10 de junio ", artículo 177, cifras sobre prisión preventiva; si se observan los siguientes elementos procesales, el juez: 1.- “es sospechoso de delito sancionado con = pena privativa de libertad”; y 2.- Indicios que permitan presumir que el imputad= o es autor o cómplice del delito objeto del proceso (Congreso Nacional, 2000, p.= 11). De acuerdo con lo anterior, se dicta citatorio, debiendo el juez ordenar la prisión preventiva de la persona de que se trate al inicio de la causa, si = el imputado no compareciere ese día en el juzgado, será adicionalmente obligad= o a fecha y hora, no podrá ser instalado, y su funcionamiento quedará suspendido hasta que la persona sea liberada (Moreso, 2017). Ahora al juez sobre las circunstancias que justifican la aplicación de esta medida. La Ley de Código Penal en el Ecuador de 1983 (Congreso Nacional, 2000), establece los requis= itos que debe contener la orden de prisión preventiva, a saber: “1.- causal de privación de libertad; 2.- lugar y fecha de dictado; y 3.- firma del juez competente”. En algunos casos, la prisión preventiva se lleva a cabo sin motivo. Tales cautelas personales no han funcionado, y según algunos autore= s, aunque ha pasado un tiempo, se cree que sigue ocurriendo, y la carga proces= al del ordenamiento jurídico ecuatoriano impide que los casos sean tratados con justicia. Siempre que la prisión preventiva no viole otros derechos fundamentales reconocidos en nuestra Constitución; el tiempo durante el cual las personas detenidas como parte de tales medidas están descontroladas. “Ecuador tiene varios tratados, diferentes tratados de derechos humanos, en= tre los cuales tenemos: “Convención de San José o CADDHH. En este contexto, es importante definir el alcance de la prisión preventiva como parte de la historia, y solicitamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que presente una solicitud a Ecuador. Organizaciones que visitaron nuestro país; por tanto, “sucedió en 1994”, lo que dio lugar al informe publicado en 1996 sobre la situación de los derechos humanos en el Ecuador, el cual fue presentado a nuestro país el 27 de noviembre de 1996. Nuestro derecho a la libertad es constantemente violado por las detenciones preventivas arbitrar= ias e ilegales. “Efectivamente, en enero de 1994 se realizaron audiencias sobre= la situación general de los derechos humanos en el Ecuador, en las que se anal= izó el sistema penitenciario y el sistema de justicia penal.

Durante la audiencia, los ora= dores describieron la realidad de un sistema penitenciario en el que el 75 por ci= ento de la población estaba encarcelada, muchos en confinamiento solitario por h= asta cinco ańos. Durante esta audiencia se expresaron profundas preocupaciones s= obre este tema, pues en este caso Ecuador no ha cumplido con sus obligaciones internacionales de protección de la integridad personal, el debido proceso = y la protección legal. Asimismo, la comisión solicitó una primera visita a Ecuad= or para estudiar la situación en las cárceles de nuestro país. “El informe de = la comisión entrega datos que muestran que hay aproximadamente 9.280 personas = en el sistema penitenciario de Ecuador, de las cuales aproximadamente el 70% se encuentra en espera de juicio o cumpliendo condena (prisión)”, dijo la delegación de la comisión. Hasta seis ańos de prisión. Los Estados deben garantizar y hacer cumplir la prisión preventiva prevista en la Convención, cuya duración es improrrogable, por ser contraria al principio de presunció= n de inocencia (Aguilar, 2015).

La Comisión Internacional de Derechos Humanos declaró lo siguiente recomendaciones para Ecuador:

Los Estados deben tomar las m= edidas necesarias para hacer de la prisión preventiva una medida excepcional y debe tomar medidas para asegurar la liberación inmediata de los detenidos solo si cada caso individual cumple con los parámetros legales aplicables y cumple = con ciertos criterios.” (Organización de Estados Americanos [OEA], 2020).<= /o:p>

“La Asamblea Constituyente de= 1998 Reformando Nuestra Carta Magna"”, incorporó el principio de motivación= en un debido proceso, que no es más que el deber de los ejercientes del poder estatal de insistir en sus decisiones. En la ley de medidas cautelares, con cambios menores en las reglas del proceso penal, se tiene en cuenta la pris= ión preventiva y se indica lo siguiente: Se hace notar que, con los términos previstos en la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, los casos en que el término expira el plazo de la detención, muchos porque ha expirado el plazo= de la sentencia judicial. el sistema no lo ha adaptado al nuevo plan de proces= os. Dada la cantidad de términos, el Congreso aprobó una reformar. El propósito= de este cambio evitar la paralización del proceso. Debido a esta reforma, se cambió el nombre a privación de libertad y se plantearon una serie de deman= das de inconstitucionalidad, por lo que el juez constitucional accedió a la solicitud y reconoció que las normas correspondientes a la denominada prisi= ón son contrarias a la Constitución.

“En 2007 se convocó nueva Asa= mblea Constituyente, antes de su ratificación, su Asamblea Nacional en el período= de prisión preventiva tuvo que ser interrumpido, liberar a los imputados y pri= var de sus derechos a los afectados. Todas las acciones legales se retrasaron, = por lo que aprovechando de la oportunidad de presentar las circunstancias de he= cho, a fin de restituir su libertad, se modificó el antiguo artículo 169 del Cód= igo Procesal Penal, disponiendo que: si la audiencia no se lleva a cabo por las siguientes causas, el imputado, los testigos que estén considerado necesario para esclarecer el caso, por razones ajenas, se establece el tiempo de dicha falta de comparecencia para aplazar aquí el caso hasta la fecha de efectivi= dad y audiencia. Las disposiciones anteriores no afectarán la prueba procesal requerida por el secretario para suspender cada documento. Tomado del traba= jo de la Asamblea Constituyente, publicada en nuestra carta magna el 20 de oct= ubre del 2008, mediante registro oficial, en relación con el tema de nuestro interés, el artículo 77, 9 que toda privación de libertad de una persona es= tá sujeta a las siguientes garantías básicas durante este período: privación preventiva de libertad por tiempo, máximo, 6 meses para los delitos sancion= ados con pena privativa de libertad por tiempo determinado, y para las personas condenadas a pena privativa de libertad por tiempo determinado cierto tiemp= o - privación preventiva de libertad. La pena de prisión no excede de 1 ańo. El hombre que fue encarcelado. Actualmente, la constitución se preserva al introducir dos disposiciones sobre la prisión preventiva en el texto: 1. pa= ra ser sometida solo en circunstancias especiales, 2. El objetivo tiene sólo d= os requisitos previos: garantizar que el acusado esté presente en el juicio y,= si es condenado, cumpla su condena. Asimismo, ante la prisión preventiva exist= en ciertas obligaciones, sanciones y alternativas que los jueces deben aplicar primero antes de que puedan ser consideradas últimas, así como los jueces d= eben analizar la situación de cada persona, su personalidad y la mejor manera de reintegrar al condenado. personas en la sociedad. Teniendo esto en cuenta, = en 2009 se anunció la reforma de la Ley de Derecho Penal con el siguiente significado: “1.- Los jueces ya no pueden decidir sobre medidas, si la soci= edad no lo exige, la cual debe tener motivos y exigencias. - La necesidad de las referidas medidas ha sido probada al juez en audiencia pública oral y competitiva. 2.- La prisión ańade dos requisitos adicionales: “a.- Elementos necesarios de convicción, mecanismos insuficientes, como otra medida cautel= ar para asegurar la audiencia del imputado durante el juicio” y “b. Sospecha de que las medidas de seguridad no privativas de la libertad no son suficientes para justificar la presencia del investigado en el juicio. Asimismo, estas reformas introdujeron los autos de apelación que imponen o deniegan la pris= ión preventiva; la aceptación de los recursos no significa suspensión de la pen= a.”

= Edad Antigua

Apareció primera vez con Grec= ia antigua, tenía un carácter preventivo, el ciudadano acusado comparecía ante= el "Parlamento o= Helis" como un ciudadano libre, y el arresto solo podía realizarse después= de la decisión del parlamento, recuerda. El sistema de justicia penal apareció= por primera vez en la Gran Grecia. “En el Imperio Romano, la prisión preventiva= era en nombre del arresto”, esta medida no era larga y podía ser llevada a cabo= por alguaciles, cabe seńalar que los alguaciles en ese momento tenían reglas cl= aras cuando usar el arresto, nuevamente eso sí, la invención de la libertad temp= oral o temporal a cambio de fianza es honor de los romanos (Derechoecuador.com, 2020).

Edad media

“La Edad Media fue desde la c= aída del Imperio Romano hasta el descubrimiento de América. Como juristas, sabem= os que en la Edad Media se desarrolló un sistema de procedimientos parecidos a= los interrogatorios, en los que la prisión preventiva se consideraba una forma temprana de castigo, entre otras cosas, además del uso de la tortura. En ese momento no podíamos hablar del principio de legitimidad” (García, 2013).

Moderna Edad

Según Yepes, configuró desde el descubrimiento de América hasta la Revolución Francesa, “durante la cual pr= isión preventiva aún tenía un carácter dudoso, pero con el declive del absolutism= o y el decreto sobre los derechos y el papel del hombre ciudadano como Revoluci= ón Francesa Como consecuencia, pasó a adquirir un carácter híbrido. Que en lo = que a la ley se refiere, con esta medida las autoridades de la época tenían más control sobre los procesos penales (Derechoecuador.com, 2020).

Edad Contemporánea

“Al mismo tiempo, desde la Revolución Francesa hasta la actualidad, Yepes seńala las principales declaraciones de derechos humanos de nuestro tiempo, como la Declaración Americana de los Deberes y Derechos de la Persona, la Declaración Universal= de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948, la Carta Europea de Derec= hos Humanos, 1950, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 1969, etc.; = se formaron asociaciones de derechos humanos en todo el mundo para defender con celo los derechos consagrados en varias declaraciones de derechos humanos cuando la prisión preventiva tenía carácter de prisión preventiva. el autor, concluyó que la prisión preventiva ya no es una pena prematura sino una med= ida preventiva por una razón que sólo existe cuando, si la institución encargad= a de la investigación formula acusación, el titular de la causa penal pública, el fiscal” (Derechoecuador.com, 2020).

El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Pena= les y Sociales (INECIP, 2012), describe la detención como: “una institución que permite la privaci= ón de la libertad sin condena, ciertas condiciones que amenazan la eficacia del sistema, caracterizada por la fuga o el retraso en la investigación =

Es importante concluir que la prisión preventiva es un fenómeno que a lo largo= de la historia se ha legislado para normalizar el mundo, pues se ha introducid= o el concepto de prisión por la peligrosidad de quien puede haber cometido un delito. En consecuencia, la investigación podría concluir y las personas involucradas en los casos penales podrían ser llevadas ante los tribunales = (Landázuri, 2021). También se debe mencionar la necesidad de establecimientos de detención preventiva, lo cual es sustentado por los siguientes autores:

El doctor José García Falconi (2009), mencionó= que por medidas preventivas personales se entiende la prisión preventiva, que a= poya la investigación de la actividad delictiva y acerca a los imputados al proc= eso, pero se debe tener en cuenta que están sujetos a la presunción de inocencia. Puede entenderse que la prisión preventiva es una medida neutralizadora temporal con carácter preventivo de la libre circulación, en tanto la autor= idad competente restrinja la libertad personal de las personas, acreditando la voluntad jurídica de asegurar el objeto y fin del delito. juicio, sentencia= (p.9).

Metodología

Análisis de tipo documental histórico, al realizar= la revisión de casos y sentencias pasadas como bases científicas del artículo, enfoque mixto. De tipo cualitativo al realizar un enfoque social, y de enfo= rque cuantitativo al analizar cifras de organismos gubernamentales tanto naciona= les, como extranjeros.

Discusión

Análisis de la Aprehensión<= /span>

Como seńaló Azuay (2022), un arresto es el arresto= o detención de una persona acusada o perseguida, en la simbolización del sist= ema judicial, ese tipo que aplica sus contingencias de un delito aparente, dado= lo que es el delito, Conexión directa, es decir, se considera responsable a una persona 24 horas después del ilícito cometido. detenida la persona debería = tener cosas como armas, herramientas o documentos ilegales relacionados con el delito. Este es un crimen atroz, su arresto podría ser durante una persecuc= ión en curso, debe alertar a nuestro sistema judicial sobre estos crímenes atro= ces, todo ciudadano tiene derecho a arrestar a este agresor o sospechoso de un crimen. Obligación de proporcionar seguros a las autoridades competentes.

En cuanto a la potestad estatal, el art. 526 del C= ódigo Organizo Integral Penal (COIP), contiene la siguiente advertencia: Toda per= sona sorprendida en un lugar público podrá ser detenida e inmediatamente entrega= da a la Policía Estatal. Los agentes de seguridad, las autoridades de transporte= o los representantes de las fuerzas armadas son detenidos en el lugar y deben= ser informados de los motivos de la detención. En este último caso, deberán entregarlo inmediatamente a la policía estatal (Asamblea Nacional del Ecuador, 2014, p.85). =

De la definición del Código Organizo Integral Penal (COIP), son las siguientes:

• Delito debe haberse cometido en presencia de una= o más personas. • Debe haber una cacería continua. • Encontrar sus armas, herramientas, producto del delito, huellas dactilares o documentos relacion= ados con delitos recientes. Art. 528.- Detención de aprehensión. - Sujeto a las disposiciones de este código, ninguna persona podrá ser arrestada excepto p= or un agente requerido por la ley para hacerlo, excepto en circunstancias obvi= as (Asamblea Nacional, 2014).

Cabe mencionar que la COIP en su artículo 526 menc= iona la creación de un detenido en causas penales activas. Cualquiera puede hacer esto e interferir con la detención de un criminal, Esto distingue entre infractores manifiestos y personas bajo el Artículo 528(1) y (2). Entonces,= así se hacían las detenciones, bajo la particularidad derecho ambulatorio, es decir. el derecho de una persona a la libre circulación se limita a garanti= zar objetivos procesales. También se puede decir que los legisladores que facul= tan a los ciudadanos para que intervengan en tales delitos están en cierto modo subordinados al sentido de justicia de la mayoría de nosotros, lo que signi= fica que actuamos de una manera que fomenta la justicia que pretendemos servir. Mayores garantías jurídicas para todos, dejando en claro que esta cooperaci= ón independiente no significa una forma de justicia propia, ya que existe un t= emor limitado de que el perpetrador sea alguna vez aprehendido por ciudadanos o miembros de las fuerzas armadas. Esto debe ser enviado. Revisar los procedimientos correspondientes con la autoridad competente.

La Detención

Figura de medida cautelar en contra de la movilidad humana el justiciable con plena competencia y facultades dicta la detención de una persona que a sabiendas del cometimiento de un posible delito o = si no insuficientes argumentos que ha sido cómplice del mismo violación al Código, ofensa, pode= mos insinuar si la misma en sí, no implica la aplicación de sanciones, sólo atiende a co= nclusiones judiciales, especialmente a fines investigativos, ya que siempre que exista= un requerimiento (Ramos & Calixta, 2021), la fiscalía debe brindar su informac= ión cuando una persona se encuentre detenida. versión, el propósito es permitir= que el titular de la acción pública penal continúe su investigación en el proce= so. La privación a la libertad de una persona es la detención, con un fin de carác= ter investigativo adicional al proceso en sí. para dictar una causa penal (Azua= y, 2022). El hecho de que no sea un delito grave significa que el arresto puede ser levantado por el juez que lo ordenó originalmente, porque la sanción prevista en la sentencia no puede ser revocada, porque la sentencia tiene fuerza legal después de la ejecución. Según el COIP, la segunda parte de la División de Medidas cautelares, dentro de su parágrafo segundo, en sus artículos 530 y 532, prevé la detención: “Artículo 530 - Privación de liber= tad. - El juez, previa solicitud justificada del fiscal, podrá ordenar la detenc= ión de la persona para fines de investigativos (Asamblea Nacional, 2014). ART 5= 32.- Duración. - La privación de libertad no podrá exceder de 24 horas en ningún caso. Las versiones aceptadas por los fiscales serán recibidas en presencia= de sus defensores públicos o privados." (Asamblea Nacional, 2014). La ley escrita indica que el titular de acción pública penal debe motivar su decis= ión, es decir, debe presentarse por escrito con todos los motivos de la detención necesarios para la investigación, por lo que, si se trata de la misma solicitud, es necesario Para determinar la composición de la condena por el delito, el juez hará cumplir todas las figuras previstas en el COIP Art. 53= 2, pero también cabe indicar y enfatizar que se deben respetar las garantías fundamentales de un juicio justo. con la diligencia antes mencionada, de lo contrario la privación de la libertad terminará siendo arbitraria y por ende contraria a la ley, ya que estas garantías también incluyen que el fiscal l= as justifique, la duración de la detención por más de 24 horas, la versión arrestada, también puede ser considerada como una ley de presión, la que se= hace al fiscal como funcionario público, en representación del Poder Judicial, el cual debe cumplir de inmediato sus funciones. r para evitar dilaciones innecesarias, pero se puede cuestionar si efectivamente ha respetado este p= lazo los fiscales, ya que inicialmente era restrictivo y pretendía evitar nuevas privaciones injustas de la libertad de los imputados, pero muchas veces ni siquiera se someten a la policía judicial a cargo de la ejecución en tal esfuerzo la orden de arresto del sospechoso emitida por un juez. o incluso declarar el estado del detenido, sus derechos, violando así el debido proce= so y los derechos constitucionales.

Similitudes y diferencias entre detenc= ión y arresto

• El arresto y la detención son medidas contra las personas y, por lo tanto, restringen el derecho a la libertad de circulació= n. •La naturaleza de la detención la determina un juez calificado que tiene plena jurisdicción durante la fase de investigación (sabemos que una investigació= n no es una fase apropiada de un caso penal), por lo que la detención tiene únicamente fines de investigación. •Una diferencia clave entre las dos medidas es que los arrestadores son denomina= do de esta manera y cualquiera puede ser identificado siempre que sea un delito evidente, mientras que solo la policía estatal puede intervenir en los arre= stos y hacer que el juez los lleve a cabo minuciosamente. • Solo el juez que ord= enó la detención sólo puede revocar la detención.

Al igual que el arresto y la detención, la detenci= ón en virtud de la Ley de procedimiento penal es un sistema procesal. Inicialmente, se utilizó solo con fines de investigación procesal, es decir, para facilitar los procedimientos judiciales y prevenir posibles fugas. Dij= eron que las diferentes características de los diferentes sistemas valen la pena mencionar primero que la prisión preventiva es un sistema antiguo que se ha utilizado incluso desde la época de la antigua Grecia (Azuay, 2022). <= /o:p>

Conclusión sobre la prisión preventiva=

Requerimientos de aplicación

Para analizar su solicitud, n= os trasladamos al COIP en la tercera parte del artículo 534 del Capítulo II, q= ue dice: Artículo 534 - Objeto y requisitos. - “El fiscal puede pedir al juez = que lo juzgue en juicio, y luego de pronunciada la sentencia, el fiscal puede p= edir al juez que razonablemente resuelva la prisión preventiva, si se cumplen los siguientes requisitos”: Actualmente, la prisión preventiva es una medida preventiva. El primero es asegurar la presencia del imputado en el proceso = de iniciación de una causa penal contra el imputado y finalmente ejecutar la sentencia de modo que no interfiera con las labores de acusación e investigación en la dirección del sistema judicial. Lo más importante es qu= e el imputado en el proceso procure cumplir con la pena que le corresponde, la c= ual puede imponerse si se le encuentra responsable del delito imputado. Podemos decir que todos estos objetivos son complementarios e interrelacionados para hacer efectiva esta medida, pero antes de implementarla, creo que la tarea = más difícil es justificar su necesidad con base en el hecho mencionado de que es más gravosa que otros eventos individuales.

Requisitos: Que exista evidencia de que las medida= s no privativas de la libertad son insuficientes y es necesaria la prisión preventiva para garantizar su comparecencia ante el tribunal. Estos requisi= tos crean la mayor confusión y debate sobre el uso de la prisión preventiva. Pa= ra comenzar a analizarlo, se debe tener conocimiento del significado de la pru= eba, que en criminología se entiende como cualquier objeto, instrumento, huella, contraste, huella, marca o rastro que corresponda a un hecho delictivo corroborativo. Por lo tanto, una expectativa tan alta de lo que puede considerarse prueba ampliará el alcance de la detención, aunque surge la pregunta de si es adecuado privar a alguien de su libertad basándose únicam= ente en la prueba, incluso si el propósito de hacerlo es culpa. retención... el procedimiento tiene en cuenta factores más convincentes que ayudan a susten= tar mejor la decisión, porque la evidencia es en última instancia un hecho que permite aceptar otros hechos existentes, pero una hipótesis por sí sola no = es suficiente. Los límites de razonabilidad de la prueba se aplican porque no brindan la misma certeza, confiabilidad y solidez que la prueba, aunque no tienen el mismo significado que la prueba, por lo que al menos permiten ace= ptar o rechazar un hecho. Sin embargo, es importante seńalar que la presencia de estas características debe significar que otros medios no privativos de libertad son insuficientes para garantizar que el acusado sea juzgado y finalmente cumpla su condena. Las demás medidas no privativas de la libertad que el COIP prescriba en especie como parte del tercer requisito. Art. 522 (Asamblea Nacional, 2014).

Artículo 522.- Modalidades.= - El juez puede tomar una o más medidas para aseg= urar la presencia del imputado, siendo preferible el uso de la privación de libertad: "1. Prohibida la salida. "2. Comparecer periódicamente = ante un juez conocedor del procedimiento o determinada institución. 3. Detención domiciliaria. 4. Equipo con monitoreo electrónico. 5. Detención. 6. prisión preventiva. Casos de los números 1, 2 y 3 de este Art, el juez podrá dispon= er el uso adicional de equipos electrónicos de rastreo (Asamblea Nacional, 2014).= Cada alternativa a la prisión preventiva es mucho menos grave que la anterior porque, si bien son medidas preventivas de carácter personal, se caracteriz= an por no menoscabar particularmente el derecho a la libre circulación, por así decirlo. Art 525 del COIP el arresto domiciliario.

Aunque al imputado se le niegue la libertad de circulación, el hecho de que se impongan tales restricciones en su domicili= o ya supone una reducción de riesgos de su prisión preventiva, que, como todos sabemos, sucederá en un centro de rehabilitación social, ya que la corrupci= ón a nivel institucional en nuestro país es alta y también se puede ver en las cárceles donde claramente hay graves abusos y violaciones de derechos constitucionales al grado que nadie pueda garantizar su vida a la privación= de libertad. Seguridad interna de las personas, para expresar esta afirmación, basta mencionar los motines ocurridos en febrero de 2021, en los que murier= on 79 presos en cuatro cárceles estatales, si se suma que estallaron los motin= es del 21 de julio. y mató a 18 personas en el centro de detención. a “Guayaqu= il y Cotopaxi” (El Comercio, 2021).

Falseamiento de la disposición cautela= r

Como punto nocivo es la distorsión de la medida cautelar, ya que el mismo solo tiene finalidad procesal de investigación co= n el fin de facilitar el proceso judicial en su desarrollo y no prorrogarse innecesariamente por ser conocida la idea. Qué está pasando. si esta medida= se utiliza de forma desproporcionada, injustificada, etc. Es distorsionador en= sí mismo, es legal cuando se usa en la forma prescrita por la ley y, de lo contrario, se vuelve arbitrario si el cargo no se fundamenta de manera adec= uada y concisa, o si la acusación no justifica adecuadamente la solución, Porque cuando la libertad de acción del imputado a su costa para facilitar el desarrollo del proceso se torna arbitraria, deja de estar justificada principalmente porque la medida es de carácter procesal la cual se antepone para dar ese efecto como su adjetivo lo invoca diciendo preventiva, no puede atribuirse o ser consideradas como un tipo de sanción y no pueden dar lugar= a que una persona ser declarada culpable y sea tratada de la misma manera que= el imputado, incluso si la medida dura más de lo debido o no se cancela en circunstancias excepcionales. żPor qué se produjo el cambio o, si no se sustituyó por otras alternativas menos dańinas, tuvo un efecto diferente, contrario al que finalmente se consiguió?

Como punto en contra es la retención en los centro= s de readaptación social y que la utilización de los mismo solo puede derivar un= a un exceso de la medida cautelar, porque con el sobreuso es a la vez una deformidad. Esto también ha contribuido al aumento del hacinamiento carcela= rio y basta mencionar que el aforo total de las cárceles de nuestro país es de 27.742 LPP y en el 2019, cuando los datos mostraban hacinamiento en todo el país, era de 39.946, un 40,37% por encima del aforo máximo. de prisiones, lamentablemente estos números han aumentado ańo tras ańo y varían mucho, qué prisiones aprox. 15.000 personas, lo que demuestra que, si se abusa de esta medida en nuestro país, habrá efectos colaterales como grupos organizados. Delincuencia, corrupción en el sistema penitenciario y violaciones de derec= hos y normas constitucionales como parte de organismos internacionales como la = ONU.

Justificación

El presente trabajo de investigación nos enfocara a una reflexión que se ha venido dando respecto del abuso de la prisión preventiva, con la reforma legal del 21 de febrero de 2021 respecto de los elementos que configure la medida cautelar. Pues antes de la reforma legal existía un abuso desmesurado a la solicitud de prisión preventiva por parte= del titular de la acción penal publica, ya que, se presentaba en una audiencia = de formulación de cargos, frente al juez y al procesado que desconocía un proc= eso judicial y por el simple hecho de encontrarse detenido, y mucho menos conoc= ía el por qué le acusaban, sin contar con el tiempo suficiente para poder obte= ner documentación de sustento para obtener una medida alternativa a la prisión preventiva, pues fiscalía en el desarrollo de la audiencia manifestaba que = “la persona procesada no ha presentado elementos suficientes que acrediten algún tipo de arraigo, para que se le otorgue una medida distinta a la prisión preventiva”. Ahora bien, cabe preguntarse żSerá que una persona al ser dete= nida sin saber el porqué de su detención cuenta con el tiempo suficiente para ll= evar consigo documentación que le sirvan de arraigo? La respuesta es sencilla, p= ues claro que no, ya que únicamente son trasladados al centro de detención provisional por parte de la policía nacional y recién en ese momento se est= eran del porqué de su detención, para su posterior audiencia de formulación de cargos, y con ello ser trasladados a un centro carcelario por no haber acreditado que son merecedores de una medida cautelar distinta a la prisión preventiva.

Violentando de sobremanera la premisa constitucion= al y sus derechos humanos, que todos somos iguales ante la ley, y que todos somos inocentes hasta que exista una sentencia ejecutoriada en nuestra contra y q= ue estas medidas no estén solo sujetas a personas que tenga los recursos necesarios para justificar un arraigo, mientras que otras no poseen recursos para justificar una medida alternativa (Asamblea Nacional del Ecuador, 2008).

Análisis y crítica del art. 534 inciso= 3, COIP

El valor probatorio recae en el procesado, debemos referirnos al significado de la carga de la prueba y primero fijarnos en la prueba definida por el autor Shonke (Echandia, 2002). Corresponde a las par= tes decidir si los hechos controvertidos son verdaderos o falsos. Por lo tanto,= el caso es una carga procesal y debe iniciarse en cualquier proceso legal dond= e se discutan derechos y obligaciones, decisiones relacionadas con la carga proc= esal , quién es el responsable de su cumplimiento, así como también es necesario referirse a la dicho de la ley “Onus Proba= ndo Incumbit Actori”, la máxima se traduce así: Por tanto, en todo proceso en que una pretensión o hecho es planteado por una de las partes, corresponde a quien alega que debe probarse eso. , de lo contrario será una acusación vacía y sin base para sostenerlas, pero los fundamentos enunciados se forman y fortalecen con la práctica de p= rueba anunciada en el tiempo, pero si tal fundamento es tal, estas ideas se complementarán entre sí, Esto lleva a la conclusión de que el fiscal debe probar, pero en nuestro caso, si la legalidad de la detención, es decir. justificación, considerando su necesidad, la pretendida pro-respuesta. La c= arga del enjuiciamiento es que la acusación pública lleve a cabo un juicio penal público contra el acusado, los términos de la detención deben cumplir con el requisito previo establecido, en el Art. 534 numeral 3 del COIP.=

Como resultado, los medios no privativos de libert= ad se basan en muy pocas pruebas y la detención es necesaria garantizar al procesado su comparecencia como con la ejecución en las sentencias (Asamblea Nacional, 2014).

La tercera figura del artículo, que indica la necesidad de restricciones y las razones para su uso, se discutió en el capítulo anterior, pero es relevante ahora, la forma en que se escribió ant= es de que se mencionara es confusa. La responsabilidad de la legalidad y la necesidad recae en unos casos sobre los demandantes y en otros sobre los demandados, aunque la balanza es fuertemente a favor de estos últimos. Y teóricamente no tiene la obligación de hacerlo, por lo que encontramos en este caso un elemento de injerencia inju= sto para el demandado, que era la propia ley, porque así estaba escrita. Con las reformas realizadas en 2019, que subsanaron oportunamente el mencionado err= or normativo, el mismo Art. 534, inciso 3 queda así: para asegurar su presenci= a para audiencia o cumplimiento de sentencia (Asamblea Nacional, 2014). El COIP también establece que para este efecto el Ministerio Público debe demostrar que las medidas distintas a la prisión preventiva son insuficientes y que el juez, en caso de imponer la prisión preventiva, debe fundamentar su decisión y motivarla. Otras precauciones no son suficientes. Como resultado de las reformas se han acla= rado una serie de cosas, donde en primer lugar se vuelve a enfatizar que solo la fiscalía tiene que probar que la presencia del imputado en el juicio está asegurada únicamente mediante la prisión preventiva, pero también se ha determinó que la misma acusación tiene que probar otros medios personales, = que no son suficientes, para garantizar el fin seńalado, es decir, ambas justificaciones deben coexistir y complementarse, lo cual, como mencioné en= el párrafo anterior. capítulo, será en ambos sentidos, por un lado, se debe pr= obar la insuficiencia de la alternativa, por otro lado, se justifica la necesida= d de la prisión preventiva. Debe seńalarse especialmente el deber del juez en ca= so de una decisión sobre prisión preventiva, debe explicar detalladamente qué motivó la decisión, pero también debe explicar adecuadamente por qué otros medios alternativos no son suficientes para asegurar lo anterior. el objeti= vo especificado.

El papel del imputado en la legalidad = de la prisión preventiva

Teniendo en cuenta lo anterior, ahora es fácil analizar el deber del fiscal y los jueces, qué papel jugará el acusado en e= sta situación, es decir. en el momento en que la fiscalía descubre por qué se e= stá introduciendo la prisión preventiva. En primer lugar, Nuestro punto de part= ida es que las solicitudes medida cautelar, es una batalla en la que ambas part= es intentarán mejorar su caso porque una de las partes tiene acusaciones. Util= izar todos los argumentos necesarios para la implementación de las medidas mencionadas, pero, por otro lado, los acusados y sus defensor= es intentarán rebatir o desvirtuar el argumento de la acusación de que se deben tomar las medidas mencionadas, es decir, intentarán de probarlo, esencialme= nte innecesaria, lo que llevará a los jueces a considerar medidas menos dańinas. Para aclarar, tal posición del defensor en la audiencia judicial sobre los argumentos presentados por la acusación no significa que la carga de la pru= eba recaiga sobre el demandado para probar que el mismo objetivo que los demandantes se puede lograr por otros medios alternativos, a saber, la pris= ión preventiva, porque esta obligación corresponde únicamente a las causas pena= les y está claramente definida por la ley con anterioridad en dicha reforma. En cierto sentido, la defensa del acusado al cargo de alguna manera condujo a = una mala interpretación de la Art. 534 numeral (3) en cuanto a quién debería as= umir la carga del procedimiento descrito para ser responsable involuntariamente = por el simple intento de destrucción. Según la argumentación de la fiscalía, a = la larga, el imputado justificará la idoneidad de otros medios alternativos, es decir, acabará recibiendo una obligación que en principio no le conviene, p= ero que es consecuencia de la misma defensa. él argumenta que, si bien la ambigüedad anterior es plausible, no ahora, especialmente cuando se están determinando dicho numeral. Aunque podríamos elaborar la base de la defensa= del acusado en tres áreas principales en las que intentó socavar los argumentos= del titular de la acción pública penal y son:

Arraigo Laboral<= /p>
Es menester analizar los factores que ponderan los jueves para imponer la medida como la peligrosidad del infractor, con base = en estos factores, el juez tiene una obligación además de los requisitos adicionales del inciso 534 COIP. Pueden derivarse varios medios alternativo= s, por lo que la defensa del acusado trata de promover la implementación de las medidas mencionadas, se puede utilizar esta figura independiente, que nada tiene que ver con el hecho de que los extranjeros ayuden a su fuerza labora= l a regular su situación. en el país, porque es relevante para nuestra pregunta, porque cuando se trata del hecho de que el acusado comete un delito menos g= rave por primera vez, y lo más importante, resulta que el acusado tiene un traba= jo permanente, preferiría Es lógico y plausible que no querrá eludir en los procesos judiciales penales, porque perderán su principal fuente de ingreso= s. Estos son tus trabajos y si eres dependiente o RUC (si trabajas por cuenta propia) etc. puedes sustentar este motivo básico con un permiso de trabajo.= Hay varias formas de justificar esto, pero la conclusión es que ayudaría al acu= sado a tomar medidas alternativas a la prisión preventiva.

Arraigo Familiar=

Esta segunda opinión es más importante que la prim= era, especialmente si el acusado tiene una relación familiar, es decir, una pers= ona con o sin relación matrimonial o de paternidad y se utiliza únicamente para= el mantenimiento de un matrimonio. En efecto, si atendemos al Art. 155 del COI= P en nuestro ordenamiento jurídico, la unidad familiar es el cónyuge, pareja de hecho o casada, convivientes, padres, descendientes, hermanos, otros padres= y parientes menores de edad. Los familiares y personas con las que el imputado tenga o haya tenido relación familiar, íntima, conyugal, conjunta, de amist= ad o de convivencia (Asamblea Nacional, 2014). Por lo tanto, si en el imputado se encontraran relaciones familiares afectivas o de convivencia con los mencionados, ayudará al juez a considerar medios alternativos para evaluar = con claridad la gravedad del delito y la peligrosidad de este. Para los acusado= s, pero si todo está a favor de los acusados, entonces esta segunda fuente sug= iere que los perpetradores no quieren perder el contacto con estas personas, no = se atreven a salir al extranjero o huir, y prefieren ir a la corte. Lo siguió = de cerca, a los ojos. En su contra.

Arraigo Domiciliario=

Existe un vínculo con el primero porque, además del deseo de mantener los vínculos laborales y familiares, el imputado tiene la intención de permanecer en su domicilio antes que ser impedido de transitar libremente o en una celda de aislamiento social. Por lo tanto, dando otros factores, el acusado tenía varias razones para no salir del país y que preferiría continuar con el caso incluso si esa razón se volviera relevante porque COIP inc. 522. 3: La alternativa a la prisión preventiva se define c= omo “retención en el domicilio”, dando como una alternativa adicional, debe ser priorizado en caso de privación de libertad. - Las razones anteriores, todas las cuales inciden en la utilización de medidas sustitutivas de la privació= n de libertad. También cabe seńalar que el arresto domiciliario significa que el acusado está privado de su libertad, pero tiene la ventaja de eliminar parte del riesgo de ir a prisión. En cierto sentido, este arresto domiciliario se aplica a los bienes que el acusado pueda poseer, lo que también significa q= ue, dadas otras precauciones prácticas que pueden aplicarse a dichos bienes, es= to a su vez daría más razones para creer que el acusado espera no poseerlos. pas= ar por alto su programa.

Arraigo Social
La última ancla en cierto sentido contiene todo lo anterior, ya que el hombre es por naturaleza una persona social, lo que significa que siempre formará y desarrollará diversos tipos de relaciones c= on sus pares, aunque hay que referirse a las raíces sociales. no se encontró C= OIP, pero se puede resumir como todos los argumentos que el imputado tiene ante = el juez para demostrar que no tenía intención de fugarse. Como seńala el imput= ado, incluye una referencia a los tipos anteriores de razones básicas, porque to= das ellas pueden complementarse a su favor y así asegurar que no sea objeto de prisión preventiva. El comportamiento está justificado. y otros, no es una restricción justificable, pero vulnera los derechos básicos del imputado, especialmente si hay perjuicio en el proceso, especialmente la carga de la prueba para justificar las medidas de seguridad. Arresto por contribución d= el demandado. Por tanto, conduce a violaciones de derechos que afectan principalmente a los siguientes ámbitos: el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a las garantías judiciales y el derecho a la libre circulación (Aguilar, 2015).

Presunción de Inocencia

En nuestro ordenamiento jurídico, el principio de inocencia hasta que se pruebe su culpabilidad implica que una persona acusa= da de un delito debe presumirse inocente mientras no se pruebe su culpabilidad. Las garantías judiciales y los deberes previos están implícitos en la sente= ncia definitiva, e incluso principios anteriores se incluyen en la categoría de derechos fundamentales y por lo tanto tienen raíces constitucionales, como establece el Art. 76(2) de nuestra Carta Magna: “Se presumirán inocentes, y= a que se presuma su inocencia, en espera de juicio o sentencia firme sobre su responsabilidad (Asamblea Na= cional del Ecuador, 2015), Cabe seńalar que la inocencia= es tratada como un estado de presunción en la Constitución, y para establecer = que este hecho sólo puede ser desvirtuado por una sentencia ejecutoriada o ejecutoriada, es necesario establecer que la presunción es una presunción, = teniendo en cuenta esta peculiaridad. Algo es verdad o algo se cree que es verdad se= gún las instrucciones o los hechos, como esencialmente tergiversa la prueba de = lo contrario, pero dijo que el deber es también un honorario que es un proceso legal a menos que la responsabilidad del demandado. no puede probarse irrefutablemente, la presunción seguirá siendo aplicable.=

De acuerdo con el principio de Onus probandi imcumbit actori, la prueba le pertenece a fiscalía, lo que a su v= ez significa que el acusado no tiene que probar que no cometió un delito, sino solo que no cometió un delito. Los derechos le convienen. Para defender los cargos de la fiscalía, es decir, la fiscalía es responsable de la persecuci= ón de la causa penal, porque como parte de la función estatal tienen todo lo necesario para cumplir con tal deber, no el acusado, por lo tanto, si el de= ber es sustraerse al imputado: complicaría aún más su situación y vulneraría as= í su inocencia y su justa posición jurídica, tanto más cuanto que imponer al imputado las obligaciones antes mencionadas le impediría desarrollar efectivamente una adecuada defensa, como lo sería en el tiempo de búsqueda y producción. que la solicitud de bloqueo Por otro lado, el elemento de la prisión preventiva es el caso en el que debe ser tratado para defender el estado legal de inocencia de uno a los cargos de presunta culpabilidad.

Es atroz = que se vulnere el derecho de nuestra sociedad a la presunción de inocencia, a pesa= r de que la constitución garantiza este derecho, destacando que el Ecuador cumple con varias normativas internacionales que protegen los derechos humanos, incluyendo la presunción de inocencia, como la 8.2. La Convención Americana sobre Derechos Humanos obliga a los Estados a no condenar o sentenciar a una persona hasta que la ley haya probado la responsabilidad penal. COIP, en cambio, ha sido creado por sí mismo. Art. 5 numeral 5 sirve como principio procesal de la presunción de inocencia y enfatiza que sólo puede ser desvirtuado por la última oración.

El Derecho al debido proceso

Tiene su raíz constitucional en el artículo 169. la constitución dice: “El sistema procesal es un medio por el cual se ejerce la justicia. El reglamento incorpora principios procesales de uniformidad, eficacia, oportunidad, celeridad, simplificación y economía procesal para asegurar la eficacia de tribunales justos (Asamblea Nacional del Ecuador, 2015).

Estatutos constitucionales de derecho y estado de derecho. Este error de derecho también incluía el elemento humano involucra= do, que también afectaba el derecho a la defensa del imputado al ser considerado condicional y por lo tanto nulo. Agradecemos una oportuna reforma del artíc= ulo 534, inciso 3, que dejaría más claro que las cargas procesales descritas re= caen sobre los fiscales y no sobre los imputados, eliminando al menos este error judicial, que implica claramente la determinación de principios y normas de derecho, cumplimiento de los derechos y garantías constitucionales para el desarrollo y posible resolución de los casos.

Derecho de libertad Ambulatoria

la Carta de Derechos Constitucionales en su Art. 6= 6 El derecho a la libertad establecido de incluye varias formas de libertades civiles, incluido el derecho a la libertad de movimiento en el Art. 14, que establece que los ciudadanos tienen derecho a viajar libremente, Restriccio= nes al tránsito y elección de residencia, así como al derecho a entrar y salir libremente del país. Así, el derecho a la libre circulación reconociendo co= mo principios fundamentales. El respeto porque es un derecho básico que una persona puede desarrollar en todo vivir diario dice sólo se le quitará el derecho a una persona si hay una sentencia firme o una prisión definitiva pero preventiva. Las excepciones incluyen Así, la regla general es que incluso cuando se ini= cia un proceso penal, quienes ejercen este derecho fundamental también deben ejercer su derecho a la libre circulación, por lo que cuando la carga de la prueba de la necesidad de la detención recae sobre el acusado, hay excepcio= nes de agencia. lo cual repite la regla anterior para que la privación de liber= tad pueda ser considerada irrazonable y arbitraria. Al respecto, mencionaremos = el Comité de la CIDH dictamino un juicio gratuito para los imputados penales (= Comisión Interamericana de Derechos Human= os [CIDH], 2008).

Derechos Conexos=

La prisión preventiva no sólo restringe los derech= os del acusado, como el derecho a la libertad de circulación, el derecho al trabajo, el derecho a un juicio justo y el derecho a la presunción de inocencia, que se desarrollaron antes, como lo que ahora son se refiere a derechos que están esencialmente interconectados, lo que significa que, si = uno de estos derechos es violado o restringido, también afecta a los demás, es decir. un preso no solo pierde su libertad, sino que también puede perder su trabajo, derechos de familia, derechos de familia. Incluso se podría decir = que podría perder la vida debido a nuestro sistema penitenciario actual, etc. P= ero si lo miramos desde la perspectiva opuesta, debemos tener en cuenta los cas= os en que el imputado tiene un familiar o alguien a su cargo, por lo que, si la persona ha sido privada ilegalmente de su libertad o si no es necesaria la prisión preventiva, entonces. sus hijos, esposas y demás dependientes tambi= én se ven afectados y sus derechos a la educación, a la vida digna, a la vivie= nda, a la salud y por supuesto un sin número de ejemplos pueden no extenderse a = su propia seguridad. objeto de una vulneración, como el traslado de la carga d= e la prueba al demandado, porque los hechos anteriores promoverán aún más cualqu= iera de estas circunstancias en las que se vulneren derechos de terceros, lo que, como en este caso, está conectado con sus raíces constitucionales, y por lo tanto es limitación de regla normativa. Tener en cuenta estas posibles condiciones ayudará al uso de herramientas de procedimiento, ya que es necesaria la claridad sobre su alcance para una interpretación y aplicación adecuadas.

Podemos analizar brevemente la aplicación de esta medida en los casos contemplados en la reforma de 2019. Es bien sabido que = el COIP. En 2019, de acuerdo con el proceso legal establecido por la misma, mo= dificando el inciso 3 del artículo 534. Hay = que precisar que cuando el fiscal solicite al juez que imponga la detención del imputado, la fiscalía no sólo deberá probar la necesidad de la medida, sino también las razones por las cuales otras medidas alternativas a la privació= n de libertad no son suficientes. Pensando que, al momento de tomar una decisión= , es necesario motivar por qué es necesaria la prisión preventiva, cabe mencionar que además de las críticas y análisis ya expresados anteriormente, es una doble carga, pero el tiempo real provie= ne de la persona que lo inicia. en parte decide sobre su aplicación, lo que a = su vez crea una situación en la que se tiene en cuenta esta doble carga, ya que pretende reducir la elevada aplicación de la medida. Sin embargo, es necesa= rio aportar algunos datos sobre este asunto para poder evaluar si la implementa= ción de las reformas mencionadas ayudará a lidiar con el alto nivel de solicitud= es, de lo contrario, solo empeorará la situación. “En total, cabe mencionar que= en 2008 fueron privadas de la libertad 13.125 personas, pero entre 2021 y febr= ero han sido privadas de la libertad 38.693 personas. Están en 37 centros de detención y 11 centros de delincuencia juvenil, lo que significa que el núm= ero de PPL ha aumentado. casi se triplicó en solo 13 ańos, a menos que el país = esté sufriendo un aumento en la delincuencia o enfrentando una crisis económica preocupante. El número de PPL que actualmente necesitamos acomodar en nuest= ras prisiones El sistema está diseńado para tener un máximo capacidad de 29.897 LPP, resultando en 8.796 hacinamiento, lo que equivale a un 29,42%, recuerde que estos números son para febrero de 2022 de este ańo, por lo que se basan= en el número de nuevos imputados ingresados en los centros de detención en los últimos meses. Y hay diferencias, incluso considerando la misma reducción de PPL debido a los recientes acontecimientos en nuestro pa= ís (Corte Interamericana de Derechos Humanos [CIDH]. 2004).

Figura 1

Personas privas de la libertad en Ecua= dor ańo 2008 al 2021

La información que tenemos muestra 58% PPL han sido condenadas y el 42% han sido juzgadas; 27% de delitos relacionados con drog= as (10.592); 26% de delitos contra la propiedad (10.031); 16% de delitos sexua= les Delitos sexuales (6177)”; 13%, delitos contra la vida (5228); 4%, asociación ilícita y delincuencia organizada (1734) (Azuay, 2022).
En retrospectiva, el 42% de los PPL no contaba con= una sentencia definitiva sobre su situación jurídica, lo que llevó a concluir q= ue se encontraban en prisión preventiva, es decir. de acuerdo con este porcent= aje, la cifra relevante sería de 16.251 LPP y fueron preventivos. Esta es una ci= fra muy alta, aunque es una cifra nacional, ya que representa el 50% de PPL en = él Ecuador. Esta es una cifra alarmante si se considera que en 2017 había 35.223 person= as en el país, de las cuales 12.680 estaban en prisión preventiva, o 38.693 personas a nivel nacional, un aumento de 3.740 casos desde 2017, en su mayo= ría por prisión preventiva. (Humanos, 2022, p= ág. 44). Además de los números pasados y actuales, uno se pregunta si = este aumento de 3.740 PPL Realmente justifica el uso de la prisión preventiva lo= que resalta el hecho de que bajo el artículo 534 COIP creo que hay varios requisitos (números) para obviar la utilización en la prisión preventiva. Privación de libertad en un intento de reducir o al menos aumentar desproporcionadamente el número de motivos, especialmente por delitos que no requieren las medidas anteriores, ejemplo, los delitos contra la propiedad, porque estas cifras muestran que en este momento hay 10.031 La denominación= PPL se utiliza para estos delitos, lamentablemente el propio artículo 534 estab= lece que estos delitos son sancionados con pena privativa de libertad de al meno= s un ańo como uno de los requisitos aplicables.

Un estudio con casos flagrantes en Cue= nca

2019 a 2021, el número de casos de prisión prevent= iva detectados se obtuvo gracias al apoyo de la División de Investigaciones Jurídicas y Estadísticas Judiciales del Consejo de Justicia del Azuay. Teni= endo así los siguientes datos aplicación en audiencias de flagrancia en Varones = ańo (2019) 449; (2020) 337; (2021) 213 procesados y Mujeres (2019) 46; (2020) 3= 3; (2021) 21procesadas. Esta información identifica el número de detenciones preventivas entre varones y mujeres de 2019 a 2021.

Figura 2

Audiencias de flagrancia de casos que = se aplicó la prisión preventiva

Analizando estos datos, se puede apreciar que aún = con la reforma al COIP No 3 Artículo 534 antes mencionadas en 2019, el número de casos de prisión preventiva no disminuyó, al menos en el estado de Cuenca, porque se puede visto que en comparación con el ańo pasado incluso han aumentado, por lo que las reformas al menos en nuestra ciudad no producen l= os resultados esperados. Por otro lado, esta tabla también muestra que la medi= da se aplicó a los hombres. Esto muestra una tendencia de mayor actividad delictiva en damas, que muestran que la prisión preventiva se utilizó 234 veces, para hombres 213 veces, para mujeres 21 veces. Esto es incluso una exageración, ya que 2.670 personas fueron PPL en Turi en marzo, y esto no incluye a quienes han tomado las medidas mencionadas anteriormente, ya que = la tabla resume los datos de casos obvios. Por otro lado, gracias a la coopera= ción con (SNAI), es posible obtener la siguiente información sobre P.P.L. de Cue= nca. Actualmente hay 2.023 PPL, 1.873 hombres y 150 mujeres en el Centro de Readaptación Social Turi, de los cuales 177 Los casos elegibles de prisión preventiva se distribuyeron entre 146 hombres y 31 mujeres.

Figura 3

Análisis comparativo de PPL entre los meses marzo y septiembre

Figura 4

PPL con prisión preventiva centro de rehabilitación Turi septiembre del 2022

De estos datos podemos concluir que esta medida es= tá sobre utilizada, La detención preventiva parece aplicarse más a los hombres que a las mujeres y, aparte de las estadísticas, solo muestra que l= os hombres tienen más probabilidades de cometer delitos que las mujeres, pues además de la compra, un total de 1099 Se dan casos en los que la medida se aplica a partir de la suma de tres ańos, y teniendo en cuenta que los datos= son solo de casos evidentes, se debe concluir que el número total es definitivamente mayor ahora. Sin embargo, el ańo pasado hubo 234 casos de un total de 1.099 casos, datos del SNAI, indican PPL por 3 ańos de prisión preventiva pertenece a 736PPL, divididas entre 628 en un total de 108 mujer= es, según el SNAI. datos de los últimos tres ańos. Esta cifra es exagerada, tan= to más cuanto que las reformas mencionadas tratan de promover el uso de medidas preventivas alternativas integrales.

Conclusiones

·&nb= sp; Claramente, la utilización es causado por un factor negativo, debemos apoyarnos en otra legislación y considerar otras cuestiones en cada caso, como el imputado cu= ando cometió el delito. arrestar. un crimen, el objetivo del que debe huir, o procedimientos similares para llevar a cabo las medidas anteriores. Lo cier= to es que cualquier solución externa o cualquier decisión futura debe adaptars= e a nuestra realidad para que tenga un resultado positivo, ahondar en la reforma legal no es viable, porque se evalúa a sí misma, el problema no es solo un problema legal, es un tema cultural e institucional del cual el propio Esta= do es responsable, porque de nada sirve desarrollar reglas detalladas, teniend= o en cuenta todos los requisitos posibles, si al final se dan las facilidades necesarias. no provisto. disponible porque dicha oferta regulatoria puede ejecutarse correctamente. Por otro lado, es importante respetar el funcionamiento del poder judicial y su independencia, pues tenemos que apoyarnos en el criterio de los jueces y su sensatez para aplicar o no las medidas antes mencionadas, ya que es claro que en algunos casos la aplicaci= ón. es obligatorio Sí. En otros casos sí, lamentablemente no existe tal respeto= e independencia en nuestra sociedad, por lo que muchas cosas se convierten en noticia mediática, por lo que las decisiones sobre ellas son en última instancia derivado de la mediatización, hay varias vías para un arreglo, ya= que la Corte Constitucional en la dictamen No 8-20-CN/21 “5 examinó sentencia c= omo inconstitucional y también Artículo 536 del C.O.I.P., que no permite la retención preventiva frente a otras alternativas Ya hay un adelanto que soluciona este problema.

Recomendaciones

Primero: La pr= esunción de inocencia debe ser una salvaguardia primordial que impide que se presuma= la culpabilidad del acusado hasta que sea condenado. Prejuicios, estereotipos o estereotipos que violarían las reglas de un juicio penal justo. Bajo este sistema legal, la libertad, la carga de la prueba, Proteger al titular del derecho, de un abuso de los derechos sancionados por el estado. Como los tribunales estadounidenses han reconocido repetidamente, la presunción de inocencia requiere que el acusado demuestre culpabilidad del acusado y, por= lo tanto, indudablemente tiene la carga de la prueba. La existencia de un deli= to penal y la razonabilidad de la participación del acusado en las acciones relacionadas con el delito, pero en este caso el acusado se considera inoce= nte.

Segundo: La privación de libertad es un instrumento jurídico ampliamente reconocido en la legislación nacional y en los instrumentales derechos personales, derechos básicos del acusado típico a las libertades en los procesos penales se limitan sólo cuando el propósito está más allá de t= oda duda razonable (el acusado no interferir en el desarrollo del proceso y evi= tar el proceso judicial) merece una seguridad razonable y, por tanto, tiene un carácter disuasorio o tutelar, pero en modo alguno retributivo, pues forma parte del principio básico de que el sistema de persecución adopta una presunción. se respeta la inocencia, obligándonos a considerar los fundamentales derechos cardinales y sus limitaciones como la excepción, Las leyes y normas internacionales aplicables a tales medidas perjudiciales, distintas de la detención preventiva, son estrictas y los Estados las utili= zan solo como último recurso para garantizar que los acusados est= én conectados con el juicio y tengan acceso a sus expedientes con derechos materiales de la víctima. Para ello, deberán cumplirse los requisitos de necesidad, proporcionalidad, razonabilidad y aplicabilidad de la medida.

Tercero. Hay un grave defecto en esta suposición, la prisión preventiva estrictamente proce= sal pierde su finalidad convirtiéndose en una sentencia anticipada, pues la norma es en realidad un mecanismo para presionar al imputado, ya que parte de la presun= ción de culpabilidad de que el imputado debe necesariamente ser condenado, y es ineficaz contra el inocente y eficaz. Además, el tribunal estadounidense ha advertido que este requisito es insuficiente y nulo y viola el artículo 7(1= ). El artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establ= ece el único fin procesal de los Estados para limitar las libertades. En otras palabras, existe el riesgo de desaparecer y entorpecer la investigación, in= corporado a esto, cabe agregar que el inciso 4 del Art. 534 anula los principios está= ndar de necesidad, proporcionalidad y reglas, las garantías se limitan a observa= r el tipo de infracción penal y la sanción prevista para aplicar la privación preventiva.

Cuarto: Esta investigación podemos decir un incumplimiento íntegro de los requisitos anteriores, puede dar lugar a graves violaciones de derechos humanos por su carácter arbitrario y las circunstancias en que se lleva a cabo. En el caso= de Suárez Rosero vs. Ecuador, en los casos Benavides Ceballos Ecuador y Tibe v. Ecuad= or, la corte americana siempre ha enfatizado y reiterado que en los casos en qu= e la prisión preventiva implica el incumplimiento de requisitos legales (por ejemplo, los mecanismos utilizados por los agentes estatales para detener. = En este contexto, insistir en el pleno uso de las medidas preventivas pertinen= tes y fomentar la aplicación de los estándares internacionales determinados en = Corte de DDHH desde hace más de dos décadas.

Quinto: Al analizar la sentencia del caso núm. 14-15-CN/19 la Corte Constitucional del Ecuador en su sentencia fue reiterada en el debido orden de debate conforme= a las garantías del derecho penal. la necesidad de aplicar plenamente la presunción de inocencia, prestando especial atención a las prácticas select= ivas en el Ecuador del Derecho Penal. La decisión también establecer que la cond= ucta de los jueces, policías y fiscales debe ajustarse a la vigencia de la presunción de inocencia y que su conducta basada en la sospecha debe ser desestimada como una violación. Con un control efectivo de las penas arbitrarias no propias del sistema de enjuiciamiento. La decisión se implem= entó en el mismo paradigma descrito en el artículo 195 de la Constitución: una l= ey penal mínima que respeta las garantías del imputado, quien es considerado la parte más débil en un proceso penal.

Conf= licto de intereses

No existe conflicto de intere= ses con respecto a la información y análisis presentado en el documento.

Referencias Bi= bliográficas

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