Introduction, the system of checks and balances is a fundamental concept in the democratic and constitutional order, which ensures the separation of powers; This theory, also called "checks and balances", seeks to establish a balance between state functions and avoid the excessive concentration of power in one of them, so that each one has the ability to limit and control the others and simultaneously finds a restriction in its actions. Objective, this research is focused on analyzing the effectiveness of this system in the distribution of the Ecuadorian constitutional model and determining whether all the constituted powers participate in this action. Methodology, for which an exploratory study is developed through a bibliographic and regulatory review. Conclusion, the analysis has made it possible to determine that the system presents a political structure that prevents the concentration of power, based on the constitutional norm and developed in the infra-constitutional norm, however, it does not have an absolute control but partial control in specific actions, which is more marked among the classic functions, that is, the Executive, Legislative and Judicial. where, although there is a distribution of public power, it is not strictly proportional among the five functions. General Area of Study: Law. Specific area of study: Constitutional Law

En el Ecuador, la forma de organización y estructura del poderpolítico, se encuentra plasmada en el Art. 1 de la Constitución de laRepública del Ecuador (Asamblea Nacional del Ecuador, 2008), definiendocomo un Estado constitucional de derechos y justicia, que se basa en elreconocimiento y protección de derechos a la par de una justicia que losefectivice, conlleva un sistema jurídico y político que para el adecuadofuncionamiento del aparataje estatal soporta sus bases en principiosgenéricos, tales como, el de supremacía constitucional, principio deprotección y garantía de derechos fundamentales, legalidad y debidoproceso, justicia y equidad, a más del de separación de poderes, en elafán de precautelar por la institucionalidad del Estado.

En relación con la separación del poder del Estado, implica lafragmentación de estos, donde en un modelo clásico las ramas son elejecutivo, legislativo y judicial, más sin embargo en el casoecuatoriano se añaden dos aristas como lo son la Función deTransparencia y Control Social y la del poder electoral, cada una concompetencias de distinta índole que deben propender a un sistema decontrol y equilibrio (Pérez, 2020).

En virtud de lo que se contempla el sistema de pesos y contrapesos,también identificado como el de checks and balances, propios de estadosdemocráticos que buscan el equilibrio de poderes y la separación defunciones entre los diferentes órganos del gobierno, con el fin evitarla concentración excesiva de poder y prevenir posibles abusos odesviaciones autoritarias. El principio de checks and balances se haestablecido como un mecanismo fundamental pues como Salazar (2020)menciona, su pretensión es que “el poder público no se concentre enmanos de un solo órgano o persona, y el ejercicio de las atribuciones deestas, tengan límites definidos y claros” (p. 14).

De manera genérica al verificar la fragmentación den poder enfunciones estatales, la función ejecutiva le compete la administraciónpública a nivel nacional, siendo el máximo representante el presidentede la República, donde cabe acotar que en la historia republicana delEcuador han existido casos de dictaduras, como en el gobierno de GarcíaMoreno (1861-1875) quien buscó fortalecer el poder del Estado y de laIglesia Católica e impuso una serie de políticas conservadoras, larestricción de las libertades civiles y políticas, de lo que sedesprendió la concentración excesiva de poder en el ejecutivo y lapolitización de las instituciones.

La Legislativa por su parte, conformada por la Asamblea Nacional, queposee un Consejo de Administración Legislativa cumplen con la tarea delegislar, así como de controlar la legalidad de los actos legislativos.Finalmente, con la estructura clásica en la Función judicial recae lalabor de la administración de justicia, con órganos jurisdiccionales,administrativos, autónomos y auxiliares.

Las otras dos funciones que fueron incorporadas en la Constitución dela República del Ecuador (Asamblea Nacional del Ecuador, 2008), son laFunción Electoral y la Función de Transparencia y Control Social; laprimera de ellas tiene como principal competencia la organización ysupervisión de los procesos electorales en el país, donde su objetivo esgarantizar la transparencia y el ejercicio de los derechos políticos ode participación. Además, se encarga del registro y control de lospartidos políticos y movimientos sociales, promoviendo la educacióncívica.

Por último, la Función de Transparencia y Control Social se enfoca enla vigilancia de la gestión pública y la prevención de la corrupción através de la promoción de la transparencia, la ética, la inclusión dediferentes sectores sociales y la rendición de cuentas en laadministración pública, sobre quienes recepta denuncias de actos decorrupción y fiscaliza el uso de los recursos estatales. Asimismo, buscafomentar la participación de la sociedad civil en los asuntos de interéspúblico, en suma, se establece la existencia de funciones del Estado,pero en el uso terminológico de “división de funciones”, “se-paración depoderes” o “división de poderes”, más allá de las diferencias que sepueden observar entre funciones o poderes, los juristas tienden aasimilar estos términos (Paucay, 2008, p. 88).

Ante esta diversidad de actores en el control del poder público y conla inclusión de estas últimas funciones, se ha establecido como esencialel sistema de checks and balances que permite a uno de los poderesestatales establecer límites a otro, con el fin de evitar el abuso depoder y asegurar el respeto a los derechos y garantías constitucionales,siendo que la ausencia de este sistema podría debilitar y socavar lademocracia, así como la legitimidad de los poderes establecidos.

Es importante destacar que la falta de equilibrio puede conducir auna concentración excesiva de poder en una función en detrimento de lasdemás, por tanto, resulta fundamental que los límites impuestos seanproporcionales y respeten las competencias asignadas. De esta manera, segarantizará un sistema equitativo y justo, donde se salvaguarden losderechos de los ciudadanos y se evite cualquier forma de abuso oarbitrariedad en el ejercicio del poder (Poveda, 2022).

No obstante, cabe resaltar que, a pesar de los avances y lasintenciones positivas de la constitución, concurren desafíos en suimplementación, por lo que la interrogante es ¿Existe un verdaderosistema de frenos y contrapesos en el Ecuador?, y cuáles son las figurassobre las cuales se evidencian. Ante lo cual, se examinará en detalle elfuncionamiento de las instituciones claves que conforman el sistema defrenos y contrapesos, con la mira en las cinco funciones estatales y lasactividades asignadas a estas, así como la interacción entre sí.

La presente investigación adicionalmente abordará diversas temáticasrelacionadas con el ejercicio del poder y las potestades públicas,centrándose en el contexto del modelo estatal ecuatoriano a más de laevaluación de los desafíos y perspectivas sobre el equilibrio depoderes, entre otros, en el afán de verificar el sistema en lapraxis.

El poder público es la capacidad que ostenta una organización socialcomo la figura del Estado para ejercer su autoridad y tomar decisionesen nombre de la sociedad. Es una manifestación de la soberanía y sesustenta en la legitimidad otorgada por la Constitución y elordenamiento jurídico, comprende la facultad de crear, aplicar yejecutar normas, así como de gestionar los asuntos públicos y garantizarel bienestar general.

El poder comprende ser la facultad para realizar alguna actividad,misma que al relacionarla con lo público conlleva a que estaprerrogativa es ejercida como una actividad del Estado. En un momentoinicial de cualquier organización, se hace referencia a que es general eilimitado, que al hablar de una comunidad política como es la estructuraestatal, otorga a ciertas autoridades, entidades, instituciones yorganismos la posibilidad de tomar decisiones. El poder público, enúltima instancia, busca promover el interés común y asegurar laconvivencia pacífica y el progreso de la sociedad en su conjunto(Herrera, 2022).

Con lo que se hace referencia a un modelo de democraciaconstitucional, el poder constituyente se define como la capacidad y lalegitimidad del pueblo para establecer y modificar la Constitución, quees la norma fundamental que rige el ordenamiento jurídico y político deun país. El poder constituyente radica en la soberanía popular y seejerce a través de mecanismos establecidos en la Constitución, como laconvocatoria a una Asamblea Constituyente o la realización de referendosconstitucionales.

Este poder público extenso, para su correcta aplicación, amerita serfraccionado o dividido para asignar funciones específicas para losdistintos actores del aparataje, que en el caso de un Estado esrealizado a través del referido poder constituyente, que parte de lavoluntad del soberano, es decir del pueblo, que a través del actonormativo de mayor relevancia como es la carta constitucional definedicha separación, y da cabida a los llamados poderes constituidos.

El poder constituyente puede ser considerado originario y de simpleorganización, donde el primero de ellos conlleva a la inicialorganización de un Estado que se funda; y el segundo atiende a que en suejercicio se puede modificar las estructuras y principios fundamentalesdel Estado, establecer nuevos derechos y garantías, y redefinir ladistribución y el equilibrio de poderes, al considerar necesariorealizar cambios sustanciales en el marco constitucional.

Por otra parte, los poderes constituidos parten de ese procesoinicial de creación constitucional, el cual establece una división yasignación de actividades y competencias entre los diferentes órganosdel Estado, lo que se basa en la separación de poderes, un principiofundamental en la democracia constitucional. Los poderes constituidos serefieren desde la consideración clásica a los tres poderes del Estado,el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, cada unocon funciones específicas y autónomas, pero también interactúan y secomplementan entre sí para asegurar un sistema de control yequilibrio.

El Ecuador ha establecido cinco poderes constituidos con susrespectivas potestades, para el funcionamiento de su sistema político yel ejercicio del poder (Soto, 2018), donde el ejecutivo recaeprincipalmente en el presidente de la República, quien ocupa el cargo dejefe de Estado y de gobierno, quien bajo el sistema democrático, eselegido mediante voto popular para un mandato de cuatro años. Su funciónprincipal es dirigir y administrar el aparato estatal, así como ejercerel liderazgo político del país y encargarse de la política exterior. Elpoder ejecutivo se compone de diversas instituciones y entidades, entrelas cuales se encuentran las secretarías de estado, los Ministerios ylos distintos niveles de gobierno, mismas que ajustan su actuación deacuerdo con los planes nacionales, que son diseñados para cada periodopresidencial y establecen las políticas y programas que se implementarándurante el mandato del presidente, con el objetivo de llevar a cabo lasacciones necesarias para su ejecución.

El poder legislativo por su parte es ejercido por la AsambleaNacional, que es el órgano legislativo unicameral del país y estácompuesta por asambleístas elegidos mediante voto popular, su funciónprincipal es la producción legislativa, es decir elaboración, reforma yaprobación de leyes tanto orgánicas como ordinarias. Además, suestructura interna contempla el Consejo de Administración Legislativa(en adelante CAL), que es el encargado de la gestión administrativa ypolítica de la Función Legislativa en Ecuador. El CAL está compuesto porasambleístas que representan a las diferentes fuerzas políticas y tienela responsabilidad de establecer la agenda legislativa, coordinar lasactividades parlamentarias y tomar decisiones relacionadas con elfuncionamiento de la Asamblea Nacional.

Por otro lado, la organización de los asambleístas se realiza através de las Comisiones especializadas, que son grupos de trabajoconformados por ellos para analizar y dictaminar sobre proyectos de leyy otros temas de interés. Las Comisiones se dividen en diferentes áreastemáticas, como educación, salud, justicia, economía, entre otras, y sufunción es investigar, discutir y emitir informes y recomendacionessobre los asuntos que se les asignen. Estas Comisiones desempeñan unpapel fundamental en el proceso legislativo, ya que son responsables deestudiar en detalle dichos proyectos, recibir aportes y sugerencias dela ciudadanía, y formular los dictámenes que serán sometidos aconsideración del Pleno de la Asamblea Nacional para su aprobación orechazo.

El poder judicial es responsable de administrar justicia y garantizarel cumplimiento del ordenamiento jurídico. En el caso del sistemajudicial ecuatoriano, está compuesto por diferentes órganos quedesempeñan roles específicos para asegurar un funcionamiento eficiente yequitativo (Ordóñez-Segarra et al., 2019), por lo que se compone deórganos como el administrativo, jurisdiccional, los autónomos yauxiliares. Su órgano jurisdiccional abarca los tribunales y juecesencargados de resolver conflictos jurídicos y aplicar las leyes en casosconcretos. Los operadores de justicia para el ejercicio de sus funcionesfraccionan su jurisdicción debido a criterios de competencia porconsideraciones de las personas, la materia, el territorio, y losgrados.

El órgano administrativo, dentro de la Función Judicial es el Consejode la Judicatura, el cual se encarga de la gestión y el gobierno internodel sistema judicial. Su campo de acción incluye la planificación,organización, régimen de recursos humanos y materiales, así como eldesarrollo de políticas y programas para mejorar su funcionamiento,además, es el encargado de la selección, designación de jueces yservidores judiciales, sobre quienes cabe la potestad disciplinaria y laimplementación de directrices de mejora del sistema judicial.

Entre sus órganos autónomos, se encuentran la Fiscalía General delEstado y la Defensoría Pública, quienes tienen independencia en elejercicio de sus funciones. Donde a la Fiscalía le compete el rol de lainvestigación en causas penales y a la Defensoría el patrocinio legal delas personas que no pueden costear un abogado. Finalmente, los órganosauxiliares, como su nombre lo manifiestan, brindan apoyo y asistenciatécnica a los jueces y tribunales en el desempeño de sus funciones,dentro de los mismos se encuentran las notarías, los martilladores ydepositarios judiciales.

El poder electoral por su parte posee dos entidades como son elConsejo Nacional Electoral (en adelante CNE) y el Tribunal ContenciosoElectoral (en adelante TCE). El CNE es el organismo encargado deorganizar y supervisar los procesos electorales, así como de garantizarla transparencia, la equidad y la legalidad de las elecciones, siendoque se encarga de la organización del registro electoral, laplanificación y coordinación de los procesos, la proclamación de losresultados y la resolución de conflictos electorales. Su objetivogarantiza la democracia y que los ciudadanos puedan ejercer su derechoal voto de manera libre y justa (Malo & Meneces, 2022).

El TCE es un órgano autónomo e independiente que goza de plenajurisdicción en asuntos electorales, está compuesto por cinco jueceselegidos por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, esel encargado de resolver las controversias y disputas relacionadas conel ámbito electoral. Su objetivo principal es garantizar el respeto alos derechos políticos y electorales de los ciudadanos, así como velarpor la transparencia y legalidad en los procesos, adicionalmenteresuelve conflictos electorales, la revisión de impugnaciones yapelaciones, así como la fiscalización y control del financiamiento delas organizaciones políticas. Además, el TCE también tiene laresponsabilidad de garantizar la equidad en la contienda electoral,asegurando que se cumplan las normas y principios establecidos en lalegislación y sancionar las infracciones y violaciones a las leyeselectorales.

En Ecuador, la Transparencia y control social recae en institucionescomo la Contraloría General del Estado, la Defensoría del Pueblo, lassuperintendencias y el Consejo de Participación Ciudadana y ControlSocial (en adelante CPCCS); este último promueve la participaciónciudadana en procesos de deliberación pública a más de fijar mecanismospara la rendición de cuentas e instaurar procesos de veeduría ciudadanay recibir denuncias de actos de corrupción. Por otro lado, laContraloría ejerce el control fiscal y financiero del sector público, sufunción primordial es verificar el buen uso de los recursos estatales yprevenir la corrupción en la administración pública; además, emiteinformes de auditoría y puede sancionar a los responsables deirregularidades.

En esta Ley, se evidencia la restricción en el aspecto de rendiciónde cuentas toda vez que la ley indica que es derecho ciudadano solicitarla rendición de cuentas a las entidades obligadas siempre que dichoprocedimiento no esté estipulado en la Constitución o la Ley, por lo quese entendería que la ciudadanía solo tiene acceso a los procesos derendición de cuentas organizados por el CPCCS, al encontrarse así en laLey (Jara, 2019, p. 35).

Adicional a ellas, las superintendencias son entidades encargadas deregular y supervisar diversos sectores entre los que constan el deInformación y Comunicación; de Economía Popular y Solidaria; Control delPoder del Mercado; y las más conocidas superintendencia de Bancos; yCompañías, Valores y Seguros, donde ejercen labores de fiscalización,control, regulación y sanción en estas áreas.

Ante lo expuesto el poder público es la facultad asignada a lasautoridades para toma de decisiones en beneficio de la sociedad, y delinterés general, que para el manejo estatal va fraccionándolo enpotestades públicas atribuidas a los poderes constituidos o funcionesestatales.

La independencia, la transparencia y la rendición de cuentas sonaspectos clave para asegurar un sistema político sólido y que se revistade legitimidad. La independencia se refiere a la autonomía de lospoderes públicos para actuar sin influencias externas o presionesindebidas, garantizando que puedan tomar decisiones de manera imparcialy basadas en el muro de la normativa, mientras que la trasparenciaimplica que las instituciones y los funcionarios públicos actúen demanera abierta y accesible en el marco de sus atribuciones ycompetencias y por último la rendición de cuentas busca se brindeinformación clara y precisa sobre sus acciones, decisiones y el uso delos recursos públicos, esto permite a los ciudadanos conocer y evaluarel desempeño de los líderes y las instituciones, promoviendo laconfianza y la participación ciudadana en el proceso político, comoSolano (2019) menciona:

“Por un lado, separación de poderes contiene dos principios,a) Especialización de las funciones, es decir, un órgano ejercitaexclusiva y completamente una función; b) independencia reciproca de losórganos – cuando estos órganos son libres de toda intervención por partedel otro. Esto conlleva que cada función y órgano están dedicadosexclusivamente a una clase de actos, lo que determina su autocontrol yno así la posibilidad de interferencia de otro órgano en cuanto a suformación, funcionamiento y duración.” (p. 3)

Se argumenta que la separación de poderes y la división de poderes nodeben considerarse sinónimos, ya que tienen diferencias esenciales. Laseparación de poderes implica la especialización de funciones y laindependencia recíproca de los órganos, mientras que la división depoderes implica la falta de plena especialización y la falta deindependencia recíproca entre las funciones ejecutiva y legislativa.Estos principios se relacionan con la idea de que "el poder frenaal poder".

La evolución histórica del sistema de pesos y contrapesos en Ecuadorha sido un proceso complejo y lleno de desafíos. Desde su independenciaen 1830, el país ha atravesado períodos de inestabilidad política,conflictos internos y regímenes autoritarios, lo que ha dificultado suconsolidación. En sus primeras décadas como nación independiente,Ecuador experimentó una serie de conflictos y rivalidades políticasentre las distintas facciones y regiones del país, los que dificultaronla creación de instituciones sólidas con actividades claras, pues elpoder estaba frecuentemente concentrado en manos de líderes militares ypolíticos, donde la transición pacífica del poder era poco común.

Durante el siglo XIX, se promulgaron varias constituciones en las quefigura el principio de separación de poderes, sin embargo, en la praxisel ejecutivo a través del presidente tenía amplias facultades y lacapacidad de gobernar de manera autoritaria, limitando el control y lafiscalización del poder legislativo y judicial. A finales del siglo XIXy principios del XX, Ecuador comenzó a experimentar un proceso demodernización y consolidación institucional, siendo que, se llevaron acabo reformas e inclusiones legales y se establecieron instituciones quebuscaban evitar duplicidad de funciones. Por ejemplo, la Constitución de1906 creó la Corte Suprema de Justicia y la Contraloría General delEstado, con el objetivo de brindar un control independiente sobre lospoderes ejecutivo y legislativo (Silva, 2020).

La Constitución Política fundacional del Estado, creada en 1830 enRiobamba, estableció la República del Ecuador e instauró un enfoquetradicional de separación de poderes, asignando responsabilidadesespecíficas a cada uno, tanto al Legislativo, Ejecutivo y Judicial, sinembargo, este sistema parece no ser lo suficientemente robusto paracontrolar y equilibrar efectivamente el ejercicio del poder, solo con elreconocimiento normativo. Aunque se otorga al Poder Legislativo lafacultad de decidir sobre el gasto público y velar por la asignaciónadecuada de los ingresos públicos, y al Poder Ejecutivo la facultad deaprobar las leyes y decretos del Congreso, el sistema carece de unmecanismo sólido. En consecuencia, el equilibrio entre los poderes puedeno ser adecuado y existen preocupaciones sobre la falta de control ybalance en el ejercicio del poder en el país (Malo & Meneses,2022).

Entre los desafíos se resalta que durante gran parte del siglo XX, elpoder ejecutivo tenía un control casi absoluto sobre las institucionesdel Estado, debilitando el sistema de pesos y contrapesos, siendo que seexperimentaron golpes militares y regímenes autoritarios como los deGabriel García Moreno de 1860-1875, Régimen Militar de 1972-1979, JoséMaría Velasco Ibarra (El cual ocupo el cargo presidencial por cincoocasiones, en los años 1934-1935; 1944-1947; 1952-1956; 1960-1961 y1968-1972), entre otros, que limitaban la autonomía de los podereslegislativo y judicial.

Las reformas constitucionales han buscado garantizar y fortalecer laseparación de poderes y la especialización, las que a su vez fuerondesarrolladas por leyes orgánicas que fijan su campo de acción,encontrándose la Ley Orgánica de la Función Legislativa (AsambleaNacional del Ecuador, 2009), en adelante (LOFL), el Estatuto RégimenJurídico Administrativo de la Función Ejecutiva (2002), en adelante(ERJAFE), el Código Orgánico de la Función Judicial (Asamblea Nacionaldel Ecuador, 2009), Ley Orgánica de la Función de Transparencia yControl Social (Asamblea Nacional del Ecuador, 2013), en adelante(LOFTCS) y el Código de la Democracia (Asamblea Nacional del Ecuador,2009),

Es importante tener en cuenta que la evolución de este sistema es unproceso continuo y requiere de un compromiso constante por parte detodas las instituciones y actores políticos. La consolidación de unsistema democrático pleno y un sistema de pesos y contrapesos efectivoen Ecuador depende de la voluntad política para garantizar la separaciónde poderes, fortalecer las instituciones y promover la rendición decuentas. También es crucial fomentar una cultura de respeto a las leyesy los mecanismos de control, así como combatir la corrupción yfortalecer la independencia judicial.

La concepción original de la división del poder en la constitución nose limitaba a la separación de poderes, sino que buscaba un gobiernoequilibrado y controlado. Este sistema implicaba la supervisión mutuaentre las agencias gubernamentales o el consenso de múltiples agenciaspara validar una acción. Con el tiempo, este enfoque ha pasado de serformalista a funcionalista.

El actual funcionalismo se ha convertido en el método preferidodebido a sus efectos positivos en la relación entre las ramas delgobierno. A diferencia de la negociación posicional infructuosa delenfoque formalista, el funcionalista busca el equilibrio y fomenta laresolución de problemas mediante negociaciones entre los actorespolíticos para resolver cuestiones políticas de manera política,relegando a los tribunales como último recurso (Gaona et al., 2019).

La evolución de la sociedad conduce inevitablemente a realizarlo enconjunto con el de la ley y el gobierno, por lo que en el marco delcontractualismo surgen diversas perspectivas con consideraciones comoprever la gama de individuos que luchan por un objetivo común mientrasmantienen la armonía espiritual. Al confiar al Estado la libertad de laspersonas, la armonía prevista se convierte en realidad a través delempoderamiento colectivo de estos individuos y el establecimiento deórganos de gobierno, que deben interactuar de manera articulada paracubrir los fines y necesidades generales.

El principio de especialidad ha sido un elemento clave paraconsolidar un sistema democrático más robusto y garantizar laindependencia y autonomía de cada uno de los poderes del Estado. Esteprincipio se basa en la idea de que cada poder tiene funciones ycompetencias específicas, y no debe intervenir en las atribuciones deotros poderes, evitando así la concentración excesiva de poder en unasola entidad, lo que ha sido el enfoque para el desarrollo de estesistema en el caso ecuatoriano.

La constitución de Montecristi es considerada por el Estadoecuatoriano moderno como un modelo revolucionario, pues está diseñadapara abordar las necesidades cambiantes de los ciudadanos y, por lotanto, requiere un marco estatal más integral y estructurado paradefender los principios democráticos, denominado originalmente como"Checks and Balances". Sin embargo, cada constitución otorga,con base en sus propios objetivos, el necesario control y contrapesoentre las funciones del Estado para asegurar la estabilidad en larotación del poder, al menos en teoría (Mendieta, 2018).

El concepto de "pesos y contrapesos" está presente demanera amplia Mendieta (2018), brinda lineamientos específicos sobrecómo deben implementarse estos controles, donde se resalta que elsistema no implica una separación absoluta de los poderes, sino quebusca establecer una interacción y colaboración entre ellos, dentro delos límites y controles establecidos por la Constitución de la Repúblicadel ecuador (Asamblea Nacional del Ecuador, 2008), y las leyes (Celi,2022), en cambio, corresponde a los constituyentes determinar aquellosque sean apropiados. En el Ecuador, este concepto adquiere una formaúnica por su sistema compuesto por tres potencias funcionales y la sumade dos más, siendo que, dentro de este marco, hay varios controlesestablecidos, para el mutuo limitante en la estructura organizativa.

Estos poderes del Estado son el Ejecutivo, el Legislativo, elJudicial, Electoral y el de Transparencia y Control Social, y cada unotiene funciones específicas y autónomas, pero también deben interactuary colaborar para garantizar y organizar el buen funcionamiento delsistema democrático, conforme a lo que manifiesta Salazar (2020):

La relación entre los poderes se basa en un sistema de controles yequilibrios que evitan la concentración excesiva de poder. Las distintasactuaciones ameritan una participación simultánea, es así como, a manerade ejemplificación con el modelo de Montesquieu y su fraccionamiento detres poderes consta que una vez que un órgano de gobierno establece lasleyes, surge la necesidad de que otro fije una reglamentación para suoperatividad el cual recae sobre el poder ejecutivo, y que otra seenfoque en el cumplimiento de esa normativa que atiende al judicial.

Según el principio de separación de poderes, el ejecutivo debe serdistinto del poder legislativo, así como del judicial. El poderLegislativo ostenta mayor legitimidad que el ejecutivo por surepresentatividad del soberano. Más sin embargo el papel principal yactivo del ejecutivo es en la figura del presidente, ser el primermandatario que es llamado a cumplir con la voluntad del soberano que esel pueblo, y por otro lado el Judicial para garantizar la aplicación delas leyes.

Desde sus inicios, el Estado ecuatoriano ha funcionado bajo unsistema presidencial, donde a lo largo de la historia, múltiplesconstituciones han sido promulgadas. Sin embargo, es en la más recienteAsamblea Constituyente donde se evidencia el cambio jurídico y políticomás significativo al englobar en su apartado doctrinario un ampliolistado de derechos, convirtiendo al texto constitucional en uninstrumento netamente neoconstitucionalista, a lo que se añade que en lasección orgánica muestra profundas reformas, particularmente en laasignación de facultades concretas a cada poder del Estado.

La historia de las 21 constituciones de Ecuador revela un patrónconsistente de fallas estructurales, que incluyen la concentración depoder, desembocando en una pugna por el control, con la transición a unrégimen presidencialista que ubica al ejecutivo a la par con el resto delas funciones. Cabe destacar que la Constitución Política de 1998 y lamás reciente Constitución de la República de 2008 presentan las mayoresvariaciones en sus apartados organizativos (Velasco, 2020).

El sistema de frenos y contrapesos es un componente esencial decualquier sistema político democrático, y el caso de Ecuador no es unaexcepción, pues al parecer respondería respondían los veintiún gobiernosen donde se dieron las constituyentes quebrantaba los frenos ycontrapesos (Chimborazo et al., 2021, p. 47). Dentro de su análisis cabemencionar que opera delimitando el campo de acción de cada uno de lospoderes constituidos y su control recíproco.

Dentro de las características o elementos de este sistema se destacainicialmente el principio de separación de poderes, lo que induce a lapreexistencia de un modelo de estado democrático, con la designación deautoridades que cumplen una función de representatividad delsoberano.

Otro de los factores es la asignación clara de las competencias decada una de las funciones estatales, particular que es concebible con eldesarrollo normativo de leyes orgánicas y reglamentos que les brindenoperatividad y dentro de estas los principios clásicos de autonomía enlos campos que atiende como administrativa u organizativa, entre otras yel de independencia.

La implementación de mecanismos de control y fiscalización efectivoses otro elemento clave, esto como las comisiones parlamentarias y larealización de audiencias públicas, veedurías ciudadanas, asimismo, larendición de la promoción de la transparencia y el acceso a lainformación es esencial para empoderar a los ciudadanos y fomentar suparticipación.

Adicionalmente se amerita de un sistema de dirimir la competencia,ante conflictos entre funciones del Estado u órganos establecidos en laconstitución, que en el caso ecuatoriano es atribuible al máximoorganismo de interpretación y administración de justicia constitucional,como lo es la Corte Constitucional, misma que actúa de manera recurrentecon los poderes constituidos.

Por último, entre sus elementos, la cooperación interinstitucional yel diálogo constructivo, trata de establecer un enfoque de colaboraciónen lugar de confrontación, buscando acuerdos y consensos, con lapromoción de una visión compartida.

Por otra parte, el sistema enfrenta diversos desafíos, que puedenafectar la eficacia y la integridad del sistema, como la polarizaciónpolítica por una confrontación y la división entre los diferentesactores políticos, lo cual puede obstaculizar la cooperación y eldiálogo entre el poder ejecutivo y el legislativo, dificultando labúsqueda de consensos y acuerdos necesarios (García, 2020). Además, lacorrupción pone en duda la institucionalidad y la confianza en el poderpúblico. Otro desafío es la politización de las instituciones, cuandoestas pueden verse influidas por intereses políticos y partidistas, loque puede comprometer su imparcialidad y su capacidad de actuar comocontrapesos efectivos.

Una perspectiva positiva es el avance en la institucionalidaddemocrática en Ecuador en los últimos años, ha habido esfuerzossignificativos para fortalecer la independencia y la imparcialidad delas instituciones, especialmente del poder judicial y del poderlegislativo, la implementación de mecanismos de selección transparentesy basados en méritos para la designación de funcionarios y servidores.Además, el fortalecimiento de la sociedad civil y de los mecanismos departicipación ciudadana pueden generar una mayor vigilancia sobre lospoderes del Estado, ya que la ciudadanía empoderada y organizada puedeejercer presión y exigir mayor transparencia, rendición de cuentas yrespeto a los derechos fundamentales.

La existencia de un sistema de frenos y contrapesos es fundamental encualquier democracia para evitar la concentración excesiva de poder enun solo órgano o individuo, este sistema tiene como objetivo garantizarel equilibrio y la separación de poderes, de manera que cada uno de lospoderes del Estado pueda ejercer su función de forma independiente ycontrolarse mutuamente, sin embargo, al discutir la existencia de unsistema de pesos y contrapesos, es importante analizar los diferentesaspectos que pueden influir en esta evaluación.

La teoría, parte desde la constitución, en la cual establece estesistema a través de la separación de poderes en tres ramas principales,el ejecutivo, el legislativo y judicial, estos poderes deberían tener ungrado de autonomía e independencia para controlarse y equilibrarse entresí, sin embargo, la efectividad de este sistema viene siendo objeto dedebate, sin mencionar los poderes adicionales que aparecen comoresultado de factores políticos y sociales en el Ecuador, como lo son elelectoral y de transparencia y control social.

Además, es importante considerar el papel de la sociedad civil y losmedios de comunicación en el fortalecimiento del sistema, donde laparticipación ciudadana, la transparencia y el acceso a la informaciónson elementos idóneos para garantizar la rendición de cuentas y elcontrol del poder. En los últimos años, Ecuador ha experimentado cambiospolíticos significativos, lo que puede influir en la evaluación de laexistencia de un sistema de pesos y contrapesos, por lo que esimportante tener en cuenta el contexto actual y realizar un análisisdetallado de las instituciones y prácticas vigentes.

En la presente examinación se plantea una mira de actividades queimponen la materialización de esta teoría y cuestionamiento de laexistencia de un equilibrio. Inicialmente en referencia al poderejecutivo contempla un amplio actuar con el legislativo, donde estesegundo tiene la función de legislar, estos proceden con la tramitaciónde los proyectos de ley, sin embargo existe el veto presidencial para suaprobación, que puede ser total o parcial, y el legislativo puededecidir si acepta o rechaza esta facultad, la cual permite un diálogo yuna negociación entre ambos poderes para llegar a acuerdos y encontrarsoluciones (Aguilar, 2023).

Otro nexo entre estas dos funciones consta que el poder ejecutivonecesita la aprobación del legislativo en ciertos casos, como en elpresupuesto nacional e incluso la norma determina que “La FunciónEjecutiva presentará cada semestre a la Asamblea Nacional el informesobre la ejecución presupuestaria, que será remitido por la Presidenta oPresidente de la Asamblea Nacional” (Ley Orgánica de la FunciónLegislativa) (Asamblea Nacional del Ecuador, 2009, Art 105), y laratificación de tratados internacionales definidos en la LOFJ, lo quesignifica que el presidente no puede tomar decisiones unilaterales ynecesita obtener el respaldo del legislativo para implementar suspropuestas. Sin embargo, la más clara demostración del sistema está enla figura de la muerte cruzada donde el presidente tiene la facultad dedisolver la Asamblea Nacional motivándose en las causales que la cartasuprema lo manifiesta, y de manera análoga esta concluir las funcionesdel primer mandatario.

Al referirse a la función legislativa cabe señalar que acorde al Art.120 de la Constitución de la República del Ecuador (Asamblea Nacionaldel Ecuador, 2008), posee varias atribuciones relacionadas a otrasfunciones, como la posesión de las máximas autoridades de otros poderesconstituidos; el conceder amnistías por delitos políticos e indultos porrazones humanitarias, declarar la incapacidad física o mentalinhabilitante del presidente de la República y conocer informes anualesdel presidente. Sin embargo, la más relevante comprende el fiscalizarlos actos de las Funciones Ejecutiva, Electoral y de Transparencia ycontrol social.

Adicionalmente el legislativo tiene habilitado los juicios políticos,con relación a las distintas funciones estatales, pues en base al Art 77de la (LOFL) ), expone que tiene la facultad de requerir a una de lascomisiones especializadas, o a la Comisión de Fiscalización y ControlPolítico, la investigación sobre la actuación de cualquier funcionaria ofuncionario público de las distintas funciones del Estado o sobre actosde interés ciudadano que hayan generado conmoción social o crisispolítica (Asamblea Nacional del Ecuador, 2009).

Esta capacidad de la Asamblea para iniciar procesos de juiciopolítico contra las autoridades, con un enfoque particular en aquellasdentro del poder ejecutivo, ha sido empleado de manera recurrente.

La Función judicial por su parte, al ostentar la potestad pública deadministrar justicia, debe estar dotada de plena independencia tantointerna como externa. La independencia de los jueces y su capacidad paraejercer el control jurisdiccional de manera imparcial han sido pilaresfundamentales en la lucha contra la corrupción y la protección de lademocracia en el país.

Al actuar como un contrapeso ante posibles abusos de los otrospoderes, el poder judicial contribuye a mantener un equilibrio en elejercicio del poder estatal, siendo que los funcionarios públicostambién se hallan sometidos a la justicia, donde al ostentar cargospúblicos, y en virtud de la competencia en razón de las personas,gozarán de fuero de Corte Nacional al referirse a máximas autoridadesnacionales como el Presidente de la República, Ministros y Secretaríasde Estado, los Asambleístas, jueces del TCE, Consejeros del CNE, losrepresentantes de la instituciones de la Función de transparencia ycontrol social, el Defensor del Pueblo, Contralor General, incluso de sumismo poder como los jueces de la Corte Nacional y Provincial, vocalesdel Consejo de la Judicatura, o el Fiscal General cuando lo amerite, yde no ser el caso, accederán a las diferentes instancias del sistemajudicial.

Abarcando también el poder de transparencia y control social, eltexto constitucional expone que “promoverá e impulsará el control de lasentidades y organismos del sector público” (Constitución de la Repúblicadel Ecuador, Art 204) con lo que se evidencia dos factores el decontrol, pero también el de coordinación al ser su responsabilidad“Coordinar el plan de acción de las entidades de la Función, sin afectarsu autonomía”.

Una de sus entidades a destacar el Consejo de participación ciudadanay control social mantiene entre sus competencias “Establecer mecanismosde rendición de cuentas de las instituciones y entidades del sectorpúblico, y las personas jurídicas del sector privado que prestenservicios públicos, desarrollen actividades de interés público o manejenrecursos públicos” (Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadanay Control Social) (Asamblea Nacional del Ecuador, 2009, Art. 5 numeral2). Esta rendición implica que los líderes y las instituciones públicassean responsables de sus acciones y decisiones, y que sean presentadasante la ciudadanía a manera de un mecanismo de control, supervisión yevaluación.

Así también este Consejo de participación, le corresponde designar alas primeras autoridades de la Procuraduría General del Estado y de lasSuperintendencias, de las ternas que son remitidas por el ejecutivo, asu vez designa autoridades de órganos de otras funciones estatales comoson la Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, Fiscalía General delEstado y los miembros principales y suplentes del CNE y TCE de formaparitaria, y de manera similar con el Consejo de la Judicatura, en basea un proceso de selección. Y por otro lado los consejeros de esteorganismo su proceso de selección es organizado por el CNE.

Por otro lado, el poder de transparencia y control social tiene latarea de monitorear y auditar la gestión pública, investigar denunciasde corrupción y promover la rendición de cuentas por parte de losfuncionarios y autoridades, estas instituciones y organismos estánfacultados para realizar investigaciones, emitir informes yrecomendaciones, y promover acciones legales en caso de detectar actosde corrupción o violaciones a los derechos de los ciudadanos.

La Contraloría General del Estado que integra la Función detransparencia le corresponde “Dirigir el sistema de controladministrativo que se compone de auditoría interna, auditoría externa ydel control interno de las entidades del sector público” (Constituciónde la República del Ecuador) (Asamblea Nacional del Ecuador, 2008, Art.212 ), así mismo indica que las superintendencias de manera análoga lecompeten la “vigilancia, auditoría, intervención y control de lasactividades económicas, sociales y ambientales, y de los servicios queprestan las entidades públicas” Constitución de la República del Ecuador(Asamblea Nacional del Ecuador, 2008), con lo que se engloba al sectorpúblico y la potestad fiscalizadora. Esta institución ha actuado como uncontrol externo sobre el accionar de los funcionarios públicos y hanpromovido una mayor responsabilidad en la administración de los recursosdel Estado.

Finalmente, la función electoral a través del Consejo NacionalElectoral procede con el proceso de elección, escrutinio nacional yproclamación de los resultados de designación de funcionarios,relevantes como el presidente y vicepresidente de la República o losasambleístas que pretenden reflejar la voluntad de los ciudadanos con unpapel activo y directo en la toma de decisiones políticas en razón de laprevia selección de sus líderes, como una forma de brindar legitimidad aestos funcionarios. Este escrutinio también abarca las consultaspopulares de índole nacionales, referéndum y revocatorias del mandato decargos nacionales.

Por otra parte, estará a su cargo desarrollo del concurso público demerecimientos y oposición, para la designación de los consejeros delConsejo de Participación Ciudadana y Control Social. Mientras que al TCEle compete juzgar a autoridades, funcionarios o servidores públicos quecometan infracciones en materia electoral. Sin embargo, aunque lafunción electoral en Ecuador puede carecer de un sistema de pesos ycontrapesos equiparado con los otros poderes constituidos.

Ante estas consideraciones panorámicas entre las funciones estatales,se realza el papel protagónico de la Corte Constitucional, ya sea paraemitir pronunciamientos frente a la muerte cruzada entre el ejecutivo yel legislativo, dictámenes frente a proyectos de estatutos (Ej:iniciativa de creación de una región), la exclusión de sus miembros deun juicio político o sus actuaciones frente a falta de actividad defunciones estatales para dar continuidad a procesos, denotan sufortaleza, siendo lo más relevante su facultad de dirimir casos deconflictos de competencia entre los poderes constituidos.

El reconocimiento normativo de rango constitucional para estadistinción de poderes constituidos y el desarrollo de normas orgánicasforman parte de un proceso para el progreso del sistema, lo que hacontribuido a reducir la concentración de poder en una sola institucióno individuo, evitando así posibles abusos y arbitrariedades. Laindependencia del poder judicial, la fiscalización por parte de laAsamblea Nacional y la autonomía de otras entidades reguladoras, como laContraloría General del Estado, son pilares fundamentales de estesistema.

La proyección es la consolidación de un sistema que promueve laseparación de poderes y establezca mecanismos efectivos de control yequilibrio, entre ellos es fundamental para garantizar la transparencia,la justicia y la rendición de cuentas en la gestión pública, siendo queprincipios recurrentes son la de autonomía, imparcialidad,transparencia, equidad, eficiencia e integridad.

Los desafíos persisten, y es responsabilidad de todos los actoressociales, políticos y ciudadanos, continuar fortaleciendo el sistema defrenos y contrapesos y promoviendo la transparencia y la integridad entodas las esferas del gobierno y la administración pública, para lograruna división de poder más efectiva y garantizar la protección de losderechos ciudadanos y la estabilidad del Estado.

Para la presente investigación se desarrolló un estudio de carácterexploratorio mediante la revisión bibliográfica y normativa, donde delanálisis, se ha llegado a determinar que el referido sistema presentauna estructura política que impide la concentración del poder,sustentado en la norma constitucional y desarrollado en lainfraconstitucional, sin embargo, no cuenta con un control absoluto sinoparcial en acciones específicas, que está más marcado entre lasfunciones clásicas, esto es el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, dondesi bien hay una distribución del poder público este no es estrictamenteproporcional entre las cinco funciones.