Sistema de pesos y contrapesos en el modelo
estructural del estado ecuatoriano
System of checks=
and
balances in the structural model of the Ecuadorian state
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Bryan Fernando Galarza Barrionuevo |
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https://orci=
d.org/0009-0007-6840-8810 |
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2 |
Daniela Fernanda
López Moya |
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https://orcid.org/0000-0002-6777-2617 |
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Abogada de los
Tribunales de Justicia de la República del Ecuador, Magister en Derecho
Constitucional, Magister en Derecho Laboral y Seguridad Social, Docente
titular Universidad Indoamérica, |
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Artículo de Investiga=
ción
Científica y Tecnológica Enviado: 15/07/2023 Revisado: 10/08/2023<= o:p> Aceptado: 27/09/2023<= o:p> Publicado:19/10/2023<= o:p> |
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Cítese: |
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Galarza Barrionuevo, B. F., & López Moya, D. F. (2023). Sistem=
a de
pesos y contrapesos en el modelo estructural del estado ecuatoriano. Cien=
cia
Digital, 7(4), 76-98. https://doi.or=
g/10.33262/cienciadigital.v7i4.2889 |
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CIENCIA DIGIT=
AL, es una revista
multidisciplinaria, trimestral, que se publicará en soporte electrónico t=
iene
como misión contribuir a la formación de profesionales
competentes con visión humanística y crítica que sean capaces de exponer =
sus
resultados investigativos y científicos en la misma medida que se promueva
mediante su intervención cambios positivos en la sociedad. |
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Esta revista =
está
protegida bajo una licencia Creative Commons
Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 International. Copia de la
licencia: https://creativ=
ecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es |
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Palabras claves: Jurisdicciones, funci=
ones
del Estado, poder, separación de poderes, sistema de frenos y contrapesos=
. |
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Resumen Introducción, El sistema de pesos y contrapesos es un concepto fundamental en =
el
orden democrático y constitucional, que asegura la separación de poderes;
esta teoría llamada también “checks and balances” busca establecer un
equilibrio entre las funciones estatales y evitar la concentración excesi=
va
de poder en una de ellas, con lo que cada una tiene la capacidad de limit=
ar y
controlar a las demás y de manera simultánea encuentra una restricción en=
su
actuar. Objetivo, la presente investigación se encuentra enfocado =
en analizar
la eficacia de este sistema en la distribución del modelo constitucional
ecuatoriano y determinar si son participe la totalidad de poderes
constituidos en esta acción. Metodología, para lo cual se desarrol=
la
un estudio de carácter exploratorio mediante la revisión bibliográfica y
normativa. Conclusión, el análisis ha permitido determinar que el
referido sistema presenta una estructura política que impide la concentra=
ción
del poder, sustentado en la norma constitucional y desarrollado en la
infraconstitucional, sin embargo, no cuenta con un control absoluto sino
parcial en acciones específicas, que está más marcado entre las funciones
clásicas, esto es el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, donde si bien hay=
una
distribución del poder público este no es estrictamente proporcional entre
las cinco funciones. Área de estudio general: Derecho. Área de
estudio específica: Derecho Constitucional. |
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Keywords: Jurisdictions, functions of the State,
power, separation of powers, system of checks and balances. |
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Ab=
stract Introduction, The system of checks and bala=
nces
is a fundamental concept in the democratic and constitutional order, which
ensures the separation of powers; This theory, also called "checks a=
nd
balances", seeks to establish a balance between state functions and
avoid the excessive concentration of power in one of them, so that each o=
ne
has the ability to limit and control the others and simultaneously finds a
restriction in its actions. Objective, this research is focused on
analyzing the effectiveness of this system in the distribution of the
Ecuadorian constitutional model and determining whether all the constitut=
ed
powers participate in this action. Methodology, for which an exploratory study is developed through a bibliogra=
phic
and regulatory review. Conclusion, the analysis has made it
possible to determine that the system presents a political structure that
prevents the concentration of power, based on the constitutional norm and
developed in the infra-constitutional norm, however, it does not have an
absolute control but partial control in specific actions, which is more
marked among the classic functions, that is, the Executive, Legislative a=
nd
Judicial. where, although there =
is a
distribution of public power, it is not strictly proportional among the f=
ive
functions. General Area=
of
Study:
Law. Specific are=
a of
study:
Constitutional Law |
||||||
Introducción
En el Ecuador, la forma de organización y estructu=
ra
del poder político, se encuentra plasmada en el Art. 1 de la Constitución de la República del Ecuador=
(Asamblea
Nacional del Ecuador, 2008), definiendo como un Estado constitucional de
En relación con la separación del poder del Estado,
implica la fragmentación de estos, donde en un modelo clásico las ramas son=
el
ejecutivo, legislativo y judicial, más sin embargo en el caso ecuatoriano se
añaden dos aristas como lo son la Función de Transparencia y Control Social=
y
la del poder electoral, cada una con competencias de distinta índole que de=
ben
propender a un sistema de control y equilibrio
En virtud de lo que se contempla el sistema de pes=
os y
contrapesos, también identificado como el de checks and balances, propios de
estados democráticos que buscan el equilibrio de poderes y la separación de
funciones entre los diferentes órganos del gobierno, con el fin evitar la
concentración excesiva de poder y prevenir posibles abusos o desviaciones
autoritarias. El principio de checks and balances se ha establecido como un
mecanismo fundamental pues como Salazar (2020) menciona, su pretensión es q=
ue
“el poder público no se concentre en manos de un solo órgano o persona, y el
ejercicio de las atribuciones de estas, tengan límites definidos y claros” =
(p. 14).
De manera genérica al verificar la fragmentación d=
en
poder en funciones estatales, la función ejecutiva le compete la administra=
ción
pública a nivel nacional, siendo el máximo representante el presidente de la
República, donde cabe acotar que en la historia republicana del Ecuador han
existido casos de dictaduras, como en el gobierno de García Moreno
(1861-1875) quien buscó fortalecer=
el
poder del Estado y de la Iglesia Católica e impuso una serie de políticas
conservadoras, la restricción de las libertades civiles y políticas, de lo =
que
se desprendió la concentración excesiva de poder en el ejecutivo y la
politización de las instituciones.
La Legislativa por su parte, conformada por la
Asamblea Nacional, que posee un Consejo de Administración Legislativa cumpl=
en
con la tarea de legislar, así como de controlar la legalidad de los actos
legislativos. Finalmente, con la estructura clásica en la Función judicial
recae la labor de la administración de justicia, con órganos jurisdiccional=
es,
administrativos, autónomos y auxiliares.
Las otras dos funciones que fueron incorporadas en=
la Constitución
de la República del Ecuador (Asamblea Nacional del Ecuador, 2008), son la
Función Electoral y la Función de Transparencia y Control Social; la primer=
a de
ellas tiene como principal competencia la organización y supervisión de los=
procesos
electorales en el país, donde su objetivo es garantizar la transparencia y =
el
ejercicio de los derechos políticos o de participación. Además, se encarga =
del
registro y control de los partidos políticos y movimientos sociales,
promoviendo la educación cívica.
Por último, la
Función de Transparencia y Control Social se enfoca en la vigilancia de la
gestión pública y la prevención de la corrupción a través de la promoción d=
e la
transparencia, la ética, la inclusión de diferentes sectores sociales y la
rendición de cuentas en la administración pública, sobre quienes recepta
denuncias de actos de corrupción y fiscaliza el uso de los recursos estatal=
es.
Asimismo, busca fomentar la participación de la sociedad civil en los asunt=
os
de interés público, en suma, se establece la
existencia de funciones del Estado, pero en el uso terminológico de “divisi=
ón
de funciones”, “se-paración de poderes” o “división de poderes”, más allá de
las diferencias que se pueden observar entre funciones o poderes, los juris=
tas
tienden a asimilar estos términos (Paucay, 2008, p. 88).
Ante esta diversidad de actores en el control del
poder público y con la inclusión de estas últimas funciones, se ha establec=
ido
como esencial el sistema de checks and balances que permite a uno de los
poderes estatales establecer límites a otro, con el fin de evitar el abuso =
de
poder y asegurar el respeto a los derechos y garantías constitucionales, si=
endo
que la ausencia de este sistema podría debilitar y socavar la democracia, a=
sí
como la legitimidad de los poderes establecidos.
Es importante destacar que la falta de equilibrio
puede conducir a una concentración excesiva de poder en una función en
detrimento de las demás, por tanto, resulta fundamental que los límites
impuestos sean proporcionales y respeten las competencias asignadas. De esta
manera, se garantizará un sistema equitativo y justo, donde se salvaguarden=
los
derechos de los ciudadanos y se evite cualquier forma de abuso o arbitrarie=
dad
en el ejercicio del poder
No obstante, cabe resaltar que, a pesar de los ava=
nces
y las intenciones positivas de la constitución, concurren desafíos en su
implementación, por lo que la interrogante es ¿Existe un verdadero sistema =
de
frenos y contrapesos en el Ecuador?, y cuáles son las figuras sobre las cua=
les
se evidencian. Ante lo cual, se examinará en detalle el funcionamien=
to
de las instituciones claves que conforman el sistema de frenos y contrapeso=
s,
con la mira en las cinco funciones estatales y las actividades asignadas a
estas, así como la interacción entre sí.
La presente investigación adicionalmente abordará
diversas temáticas relacionadas con el ejercicio del poder y las potestades
públicas, centrándose en el contexto del modelo estatal ecuatoriano a más d=
e la
evaluación de los desafíos y perspectivas sobre el equilibrio de poderes, e=
ntre
otros, en el afán de verificar el sistema en la praxis.
<=
span
style=3D'font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:"Times New Roman",se=
rif;
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:ES-EC;font-weig=
ht:
normal'>El poder constituyente y los poderes constituidos =
El poder público es la capacidad que ostenta una o=
rganización
social como la figura del Estado para ejercer su autoridad y tomar decision=
es
en nombre de la sociedad. Es una manifestación de la soberanía y se sustent=
a en
la legitimidad otorgada por la Constitución y el ordenamiento jurídico,
comprende la facultad de crear, aplicar y ejecutar normas, así como de
gestionar los asuntos públicos y garantizar el bienestar general.
El poder comprende ser la facultad para realizar
alguna actividad, misma que al relacionarla con lo público conlleva a que e=
sta
prerrogativa es ejercida como una actividad del Estado. En un momento inici=
al
de cualquier organización, se hace referencia a que es general e ilimitado,=
que
al hablar de una comunidad política como es la estructura estatal, otorga a
ciertas autoridades, entidades, instituciones y organismos la posibilidad de
tomar decisiones. El poder público, en última instancia, busca promover el
interés común y asegurar la convivencia pacífica y el progreso de la socied=
ad
en su conjunto
Con lo que se hace referencia a un modelo de
democracia constitucional, el poder constituyente se define como la capacid=
ad y
la legitimidad del pueblo para establecer y modificar la Constitución, que =
es
la norma fundamental que rige el ordenamiento jurídico y político de un paí=
s.
El poder constituyente radica en la soberanía popular y se ejerce a través =
de
mecanismos establecidos en la Constitución, como la convocatoria a una Asam=
blea
Constituyente o la realización de referendos constitucionales.
Este poder público extenso, para su correcta
aplicación, amerita ser fraccionado o dividido para asignar funciones
específicas para los distintos actores del aparataje, que en el caso de un
Estado es realizado a través del referido poder constituyente, que parte de=
la
voluntad del soberano, es decir del pueblo, que a través del acto normativo=
de
mayor relevancia como es la carta constitucional define dicha separación, y=
da
cabida a los llamados poderes constituidos.
El poder constituyente puede ser considerado
originario y de simple organización, donde el primero de ellos conlleva a la
inicial organización de un Estado que se funda; y el segundo atiende a que =
en
su ejercicio se puede modificar las estructuras y principios fundamentales =
del
Estado, establecer nuevos derechos y garantías, y redefinir la distribución=
y
el equilibrio de poderes, al considerar necesario realizar cambios sustanci=
ales
en el marco constitucional.
Por otra parte, los poderes constituidos parten de=
ese
proceso inicial de creación constitucional, el cual establece una división y
asignación de actividades y competencias entre los diferentes órganos del
Estado, lo que se basa en la separación de poderes, un principio fundamenta=
l en
la democracia constitucional. Los poderes constituidos se refieren desde la
consideración clásica a los tres poderes del Estado, el poder legislativo, =
el
poder ejecutivo y el poder judicial, cada uno con funciones específicas y
autónomas, pero también interactúan y se complementan entre sí para asegura=
r un
sistema de control y equilibrio.
El Ecuador ha establecido cinco poderes constituid=
os
con sus respectivas potestades, para el funcionamiento de su sistema políti=
co y
el ejercicio del poder
El poder legislativo por su parte es ejercido por =
la
Asamblea Nacional, que es el órgano legislativo unicameral del país y está
compuesta por asambleístas elegidos mediante voto popular, su función princ=
ipal
es la producción legislativa, es decir elaboración, reforma y aprobación de
leyes tanto orgánicas como ordinarias. Además, su estructura interna contem=
pla
el Consejo de Administración Legislativa (en adelante CAL), que es el encar=
gado
de la gestión administrativa y política de la Función Legislativa en Ecuado=
r.
El CAL está compuesto por asambleístas que representan a las diferentes fue=
rzas
políticas y tiene la responsabilidad de establecer la agenda legislativa,
coordinar las actividades parlamentarias y tomar decisiones relacionadas co=
n el
funcionamiento de la Asamblea Nacional.
Por otro lado, la organización de los asambleístas=
se
realiza a través de las Comisiones especializadas, que son grupos de trabajo
conformados por ellos para analizar y dictaminar sobre proyectos de ley y o=
tros
temas de interés. Las Comisiones se dividen en diferentes áreas temáticas, =
como
educación, salud, justicia, economía, entre otras, y su función es investig=
ar,
discutir y emitir informes y recomendaciones sobre los asuntos que se les
asignen. Estas Comisiones desempeñan un papel fundamental en el proceso
legislativo, ya que son responsables de estudiar en detalle dichos proyecto=
s,
recibir aportes y sugerencias de la ciudadanía, y formular los dictámenes q=
ue
serán sometidos a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional para su
aprobación o rechazo.
El poder judicial es responsable de administrar
justicia y garantizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico. En el caso=
del
sistema judicial ecuatoriano, está compuesto por diferentes órganos que
desempeñan roles específicos para asegurar un funcionamiento eficiente y
equitativo (Ordóñez-Segarra et al., 2019), por lo que se compone de órganos
como el administrativo, jurisdiccional, los autónomos y auxiliares. Su órga=
no
jurisdiccional abarca los tribunales y jueces encargados de resolver confli=
ctos
jurídicos y aplicar las leyes en casos concretos. Los operadores de justicia
para el ejercicio de sus funciones fraccionan su jurisdicción debido a
criterios de competencia por consideraciones de las personas, la materia, el
territorio, y los grados.
El órgano administrativo, dentro de la Función
Judicial es el Consejo de la Judicatura, el cual se encarga de la gestión y=
el
gobierno interno del sistema judicial. Su campo de acción incluye la
planificación, organización, régimen de recursos humanos y materiales, así =
como
el desarrollo de políticas y programas para mejorar su funcionamiento, adem=
ás,
es el encargado de la selección, designación de jueces y servidores judicia=
les,
sobre quienes cabe la potestad disciplinaria y la implementación de directr=
ices
de mejora del sistema judicial.
Entre sus órganos autónomos, se encuentran la Fisc=
alía
General del Estado y la Defensoría Pública, quienes tienen independencia en=
el
ejercicio de sus funciones. Donde a la Fiscalía le compete el rol de la
investigación en causas penales y a la Defensoría el patrocinio legal de las
personas que no pueden costear un abogado. Finalmente, los órganos auxiliar=
es,
como su nombre lo manifiestan, brindan apoyo y asistencia técnica a los jue=
ces
y tribunales en el desempeño de sus funciones, dentro de los mismos se
encuentran las notarías, los martilladores y depositarios judiciales.
El poder electoral por su parte posee dos entidades
como son el Consejo Nacional Electoral (en adelante CNE) y el Tribunal
Contencioso Electoral (en adelante TCE). El CNE es el organismo encargado de
organizar y supervisar los procesos electorales, así como de garantizar la
transparencia, la equidad y la legalidad de las elecciones, siendo que se
encarga de la organización del registro electoral, la planificación y
coordinación de los procesos, la proclamación de los resultados y la resolu=
ción
de conflictos electorales. Su objetivo garantiza la democracia y que los
ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto de manera libre y justa (Malo
& Meneces, 2022).
El TCE es un órgano autónomo e independiente que g=
oza
de plena jurisdicción en asuntos electorales, está compuesto por cinco juec=
es
elegidos por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, es el
encargado de resolver las controversias y disputas relacionadas con el ámbi=
to
electoral. Su objetivo principal es garantizar el respeto a los derechos
políticos y electorales de los ciudadanos, así como velar por la transparen=
cia
y legalidad en los procesos, adicionalmente resuelve conflictos electorales=
, la
revisión de impugnaciones y apelaciones, así como la fiscalización y control
del financiamiento de las organizaciones políticas. Además, el TCE también
tiene la responsabilidad de garantizar la equidad en la contienda electoral,
asegurando que se cumplan las normas y principios establecidos en la
legislación y sancionar las infracciones y violaciones a las leyes electora=
les.
En Ecuador, la Transparencia y control social reca=
e en
instituciones como la Contraloría General del Estado, la Defensoría del Pue=
blo,
las superintendencias y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Soc=
ial
(en adelante CPCCS); este último promueve la participación ciudadana en
procesos de deliberación pública a más de fijar mecanismos para la rendició=
n de
cuentas e instaurar procesos de veeduría ciudadana y recibir denuncias de a=
ctos
de corrupción. Por otro lado, la Contraloría ejerce el control fiscal y
financiero del sector público, su función primordial es verificar el buen u=
so
de los recursos estatales y prevenir la corrupción en la administración
pública; además, emite informes de auditoría y puede sancionar a los
responsables de irregularidades.
En esta Ley, se evidencia la restricción en el asp=
ecto
de rendición de cuentas toda vez que la ley indica que es derecho ciudadano
solicitar la rendición de cuentas a las entidades obligadas siempre que dic=
ho
procedimiento no esté estipulado en la Constitución o la Ley, por lo que se
entendería que la ciudadanía solo tiene acceso a los procesos de rendición =
de
cuentas organizados por el CPCCS, al encontrarse así en la Ley (Jara, 2019,=
p. 35).
Adicional a ellas, las superintendencias son entid=
ades
encargadas de regular y supervisar diversos sectores entre los que constan =
el
de Información y Comunicación; de Economía Popular y Solidaria; Control del Poder del Mercado; y l=
as más
conocidas superintendencia de Bancos; y Compañías, Valores y Seguros,
donde ejercen labores de fiscalización, control, regulación y sanción en es=
tas
áreas.
Ante lo expuesto el poder público es la facultad
asignada a las autoridades para toma de decisiones en beneficio de la socie=
dad,
y del interés general, que para el manejo estatal va fraccionándolo en
potestades públicas atribuidas a los poderes constituidos o funciones
estatales.
La independencia, la transparencia y la rendición =
de
cuentas son aspectos clave para asegurar un sistema político sólido y que se
revista de legitimidad. La independencia se refiere a la autonomía de los
poderes públicos para actuar sin influencias externas o presiones indebidas,
garantizando que puedan tomar decisiones de manera imparcial y basadas en el
muro de la normativa, mientras que la trasparencia implica que las
instituciones y los funcionarios públicos actúen de manera abierta y accesi=
ble
en el marco de sus atribuciones y competencias y por último la rendición de
cuentas busca se brinde información clara y precisa sobre sus acciones,
decisiones y el uso de los recursos públicos, esto permite a los ciudadanos
conocer y evaluar el desempeño de los líderes y las instituciones, promovie=
ndo
la confianza y la participación ciudadana en el proceso político, como Sola=
no (2019)
menciona:
“Por un lado, separación de poderes contiene dos
principios, a) Especialización de las funciones, es decir, un órgano ejerci=
ta
exclusiva y completamente una función; b) independencia reciproca de los
órganos – cuando estos órganos son libres de toda intervención por parte del
otro. Esto conlleva que cada función y órgano están dedicados exclusivament=
e a
una clase de actos, lo que determina su autocontrol y no así la posibilidad=
de
interferencia de otro órgano en cuanto a su formación, funcionamiento y
duración.” (p. 3)
Se argumenta que la separación de poderes y la
división de poderes no deben considerarse sinónimos, ya que tienen diferenc=
ias
esenciales. La separación de poderes implica la especialización de funcione=
s y
la independencia recíproca de los órganos, mientras que la división de pode=
res
implica la falta de plena especialización y la falta de independencia recíp=
roca
entre las funciones ejecutiva y legislativa. Estos principios se relacionan=
con
la idea de que "el poder frena al poder".
Evolución histórica del sistema de pesos y contrap=
esos
en el Ecuador
La evolución histórica del sistema de pesos y
contrapesos en Ecuador ha sido un proceso complejo y lleno de desafíos. Des=
de
su independencia en 1830, el país ha atravesado períodos de inestabilidad
política, conflictos internos y regímenes autoritarios, lo que ha dificulta=
do su
consolidación. En sus primeras décadas como nación independiente, Ecuador
experimentó una serie de conflictos y rivalidades políticas entre las disti=
ntas
facciones y regiones del país, los que dificultaron la creación de
instituciones sólidas con actividades claras, pues el poder estaba
frecuentemente concentrado en manos de líderes militares y políticos, donde=
la
transición pacífica del poder era poco común.
Durante el siglo XIX, se promulgaron varias
constituciones en las que figura el principio de separación de poderes, sin
embargo, en la praxis el ejecutivo a través del presidente tenía amplias
facultades y la capacidad de gobernar de manera autoritaria, limitando el
control y la fiscalización del poder legislativo y judicial. A finales del
siglo XIX y principios del XX, Ecuador comenzó a experimentar un proceso de
modernización y consolidación institucional, siendo que, se llevaron a cabo
reformas e inclusiones legales y se establecieron instituciones que buscaban
evitar duplicidad de funciones. Por ejemplo, la Constitución de 1906 creó la
Corte Suprema de Justicia y la Contraloría General del Estado, con el objet=
ivo
de brindar un control independiente sobre los poderes ejecutivo y legislati=
vo
La Constitución Política fundacional del Estado,
creada en 1830 en Riobamba, estableció la República del Ecuador e instauró =
un
enfoque tradicional de separación de poderes, asignando responsabilidades
específicas a cada uno, tanto al Legislativo, Ejecutivo y Judicial, sin
embargo, este sistema parece no ser lo suficientemente robusto para control=
ar y
equilibrar efectivamente el ejercicio del poder, solo con el reconocimiento
normativo. Aunque se otorga al Poder Legislativo la facultad de decidir sob=
re
el gasto público y velar por la asignación adecuada de los ingresos público=
s, y
al Poder Ejecutivo la facultad de aprobar las leyes y decretos del Congreso=
, el
sistema carece de un mecanismo sólido. En consecuencia, el equilibrio entre=
los
poderes puede no ser adecuado y existen preocupaciones sobre la falta de
control y balance en el ejercicio del poder en el país (Malo & Meneses,
2022).
Entre los desafíos se resalta que durante gran par=
te
del siglo XX, el poder ejecutivo tenía un control casi absoluto sobre las
instituciones del Estado, debilitando el sistema de pesos y contrapesos, si=
endo
que se experimentaron golpes milit=
ares y
regímenes autoritarios como los de Gabriel García Moreno de 1860-1875, Régi=
men
Militar de 1972-1979, José María Velasco Ibarra (El cual ocupo el cargo
presidencial por cinco ocasiones, en los años 1934-1935; 1944-1947; 1952-19=
56;
1960-1961 y 1968-1972), entre otros, que limitaban la autonomía de los pode=
res
legislativo y judicial.
Las reformas constitucionales han buscado garantiz=
ar y
fortalecer la separación de poderes y la especialización, las que a su vez
fueron desarrolladas por leyes orgánicas que fijan su campo de acción,
encontrándose la Ley Orgánica de la Función Legislativa (Asamblea Nacional =
del
Ecuador, 2009), en adelante (LOFL), el Estatuto Régimen Jurídico Administra=
tivo
de la Función Ejecutiva (2002), en adelante (ERJAFE), el Código Orgánico de=
la
Función Judicial (Asamblea Nacional del Ecuador, 2009), Ley Orgánica de la
Función de Transparencia y Control Social (Asamblea Nacional del Ecuador, 2=
013),
en adelante (LOFTCS) y el Código de la Democracia (Asamblea Nacional del
Ecuador, 2009),
Es importante tener en cuenta que la evolución de =
este
sistema es un proceso continuo y requiere de un compromiso constante por pa=
rte
de todas las instituciones y actores políticos. La consolidación de un sist=
ema
democrático pleno y un sistema de pesos y contrapesos efectivo en Ecuador
depende de la voluntad política para garantizar la separación de poderes,
fortalecer las instituciones y promover la rendición de cuentas. También es
crucial fomentar una cultura de respeto a las leyes y los mecanismos de
control, así como combatir la corrupción y fortalecer la independencia
judicial.
La concepción original de la división del poder en=
la
constitución no se limitaba a la separación de poderes, sino que buscaba un
gobierno equilibrado y controlado. Este sistema implicaba la supervisión mu=
tua
entre las agencias gubernamentales o el consenso de múltiples agencias para
validar una acción. Con el tiempo, este enfoque ha pasado de ser formalista=
a
funcionalista.
El actual funcionalismo se ha convertido en el mét=
odo
preferido debido a sus efectos positivos en la relación entre las ramas del
gobierno. A diferencia de la negociación posicional infructuosa del enfoque
formalista, el funcionalista busca el equilibrio y fomenta la resolución de
problemas mediante negociaciones entre los actores políticos para resolver
cuestiones políticas de manera política, relegando a los tribunales como úl=
timo
recurso (Gaona et al., 2019).
La evolución de la sociedad conduce inevitablement=
e a
realizarlo en conjunto con el de la ley y el gobierno, por lo que en el mar=
co
del contractualismo surgen diversas perspectivas con consideraciones como
prever la gama de individuos que luchan por un objetivo común mientras
mantienen la armonía espiritual. Al confiar al Estado la libertad de las
personas, la armonía prevista se convierte en realidad a través del
empoderamiento colectivo de estos individuos y el establecimiento de órgano=
s de
gobierno, que deben interactuar de manera articulada para cubrir los fines y
necesidades generales.
El principio de especialidad ha sido un elemento c=
lave
para consolidar un sistema democrático más robusto y garantizar la
independencia y autonomía de cada uno de los poderes del Estado. Este princ=
ipio
se basa en la idea de que cada poder tiene funciones y competencias
específicas, y no debe intervenir en las atribuciones de otros poderes,
evitando así la concentración excesiva de poder en una sola entidad, lo que=
ha
sido el enfoque para el desarrollo de este sistema en el caso ecuatoriano. =
El sistem=
a de
pesos y contrapesos y su análisis en el caso ecuatoriano
La constitución de Montecristi es considerada por =
el
Estado ecuatoriano moderno como un modelo revolucionario, pues está diseñada
para abordar las necesidades cambiantes de los ciudadanos y, por lo tanto,
requiere un marco estatal más integral y estructurado para defender los
principios democráticos, denominado originalmente como "Checks and
Balances". Sin embargo, cada constitución otorga, con base en sus prop=
ios
objetivos, el necesario control y contrapeso entre las funciones del Estado
para asegurar la estabilidad en la rotación del poder, al menos en teoría
El concepto de "pesos y contrapesos" está
presente de manera amplia Mendieta (2018),
brinda lineamientos específicos sobre cómo deben implementarse estos
controles, donde se resalta que el sistema no implica una separación absolu=
ta
de los poderes, sino que busca establecer una interacción y colaboración en=
tre
ellos, dentro de los límites y controles establecidos por la Constitución d=
e la
República del ecuador (Asamblea Nacional del Ecuador, 2008), y las leyes
Estos poderes del Estado son el Ejecutivo, el
Legislativo, el Judicial, Electoral y el de Transparencia y Control Social,=
y
cada uno tiene funciones específicas y autónomas, pero también deben
interactuar y colaborar para garantizar y organizar el buen funcionamiento =
del
sistema democrático, conforme a lo que manifiesta Salazar (2020):
Con la teoría de los frenos y contrapesos Montesquieu revoluciona to=
do
hasta lo que en aquel entonces estaba instituido, la noción de la
diferenciación de las actividades del poder, pero bajo la perspectiva de sus
detentadores, en tal virtud, que a pesar de que se aceptó una clara divisió=
n de
actividades, se aceptaba tácitamente que las autoridades podían participar
indistintamente en el ejercicio del poder a través del desarrollo de estas
actividades. (p. 15)
La relación entre los poderes se basa en un sistem=
a de
controles y equilibrios que evitan la concentración excesiva de poder. Las
distintas actuaciones ameritan una participación simultánea, es así como, a
manera de ejemplificación con el modelo de Montesquieu y su fraccionamiento=
de
tres poderes consta que una vez que un órgano de gobierno establece las ley=
es,
surge la necesidad de que otro fije una reglamentación para su operatividad=
el
cual recae sobre el poder ejecutivo, y que otra se enfoque en el cumplimien=
to
de esa normativa que atiende al judicial.
Según el principio de separación de poderes, el
ejecutivo debe ser distinto del poder legislativo, así como del judicial. El
poder Legislativo ostenta mayor legitimidad que el ejecutivo por su
representatividad del soberano. Más sin embargo el papel principal y activo=
del
ejecutivo es en la figura del presidente, ser el primer mandatario que es
llamado a cumplir con la voluntad del soberano que es el pueblo, y por otro
lado el Judicial para garantizar la aplicación de las leyes.
Desde sus inicios, el Estado ecuatoriano ha funcio=
nado
bajo un sistema presidencial, donde a lo largo de la historia, múltiples
constituciones han sido promulgadas. Sin embargo, es en la más reciente
Asamblea Constituyente donde se evidencia el cambio jurídico y político más
significativo al englobar en su apartado doctrinario un amplio listado de
derechos, convirtiendo al texto constitucional en un instrumento netamente
neoconstitucionalista, a lo que se añade que en la sección orgánica muestra
profundas reformas, particularmente en la asignación de facultades concreta=
s a
cada poder del Estado.
La historia de las 21 constituciones de Ecuador re=
vela
un patrón consistente de fallas estructurales, que incluyen la concentració=
n de
poder, desembocando en una pugna por el control, con la transición a un rég=
imen
presidencialista que ubica al ejecutivo a la par con el resto de las funcio=
nes.
Cabe destacar que la Constitución Política de 1998 y la más reciente
Constitución de la República de 2008 presentan las mayores variaciones en s=
us
apartados organizativos
El sistema de frenos y contrapesos es un componente
esencial de cualquier sistema político democrático, y el caso de Ecuador no=
es
una excepción, pues al parecer respondería respo=
ndían los
veintiún gobiernos en
donde se dieron
las constituyentes quebra=
ntaba
los frenos y contrapesos (Chimborazo et al., 2021, p. 47). Dentro de su análisis cabe mencionar que opera de=
limitando
el campo de acción de cada uno de los poderes constituidos y su control
recíproco.
Elementos idóneos para el sistema de pesos y
contrapesos y sus desafíos y perspectivas
Otro
de los factores es la asignación clara de las competencias de cada una de l=
as
funciones estatales, particular que es concebible con el desarrollo normati=
vo
de leyes orgánicas y reglamentos que les brinden operatividad y dentro de e=
stas
los principios clásicos de autonomía en los campos que atiende como
administrativa u organizativa, entre otras y el de independencia.
La
implementación de mecanismos de control y fiscalización efectivos es otro
elemento clave, esto como las comisiones parlamentarias y la realización de
audiencias públicas, veedurías ciudadanas, asimismo, la rendición de la
promoción de la transparencia y el acceso a la información es esencial para
empoderar a los ciudadanos y fomentar su participación.
Adicionalmente
se amerita de un sistema de dirimir la competencia, ante conflictos entre
funciones del Estado u órganos establecidos en la constitución, que en el c=
aso
ecuatoriano es atribuible al máximo organismo de interpretación y
administración de justicia constitucional, como lo es la Corte Constitucion=
al,
misma que actúa de manera recurrente con los poderes constituidos.
Por
último, entre sus elementos, la cooperación interinstitucional y el diálogo
constructivo, trata de establecer un enfoque de colaboración en lugar de
confrontación, buscando acuerdos y consensos, con la promoción de una visión
compartida.
Por
otra parte, el sistema enfrenta diversos desafíos, que pueden afecta=
r la
eficacia y la integridad del sistema, como la polarización política por una
confrontación y la división entre los diferentes actores políticos, lo cual
puede obstaculizar la cooperación y el diálogo entre el poder ejecutivo y el
legislativo, dificultando la búsqueda de consensos y acuerdos necesarios
Una
perspectiva positiva es el avance en la institucionalidad democrática en
Ecuador en los últimos años, ha habido esfuerzos significativos para fortal=
ecer
la independencia y la imparcialidad de las instituciones, especialmente del
poder judicial y del poder legislativo, la implementación de mecanismos de
selección transparentes y basados en méritos para la designación de
funcionarios y servidores. Además, el fortalecimiento de la sociedad civil =
y de
los mecanismos de participación ciudadana pueden generar una mayor vigilanc=
ia
sobre los poderes del Estado, ya que la ciudadanía empoderada y organizada
puede ejercer presión y exigir mayor transparencia, rendición de cuentas y
respeto a los derechos fundamentales.
Evaluación del sistema de pesos y contrapesos en el
Ecuador, discusión de resultados
La existencia de un sistema de frenos y contrapeso=
s es
fundamental en cualquier democracia para evitar la concentración excesiva de
poder en un solo órgano o individuo, este sistema tiene como objetivo
garantizar el equilibrio y la separación de poderes, de manera que cada uno=
de
los poderes del Estado pueda ejercer su función de forma independiente y
controlarse mutuamente, sin embargo, al discutir la existencia de un sistem=
a de
pesos y contrapesos, es importante analizar los diferentes aspectos que pue=
den
influir en esta evaluación.
La teoría, parte desde la constitución, en la cual
establece este sistema a través de la separación de poderes en tres ramas
principales, el ejecutivo, el legislativo y judicial, estos poderes deberían
tener un grado de autonomía e independencia para controlarse y equilibrarse
entre sí, sin embargo, la efectividad de este sistema viene siendo objeto de
debate, sin mencionar los poderes adicionales que aparecen como resultado de
factores políticos y sociales en el Ecuador, como lo son el electoral y de
transparencia y control social.
Además, es importante considerar el papel de la
sociedad civil y los medios de comunicación en el fortalecimiento del siste=
ma,
donde la participación ciudadana, la transparencia y el acceso a la informa=
ción
son elementos idóneos para garantizar la rendición de cuentas y el control =
del
poder. En los últimos años, Ecuador ha experimentado cambios políticos
significativos, lo que puede influir en la evaluación de la existencia de un
sistema de pesos y contrapesos, por lo que es importante tener en cuenta el
contexto actual y realizar un análisis detallado de las instituciones y
prácticas vigentes.
En la presente examinación se plantea una mira de
actividades que imponen la materialización de esta teoría y cuestionamiento=
de
la existencia de un equilibrio. Inicialmente en referencia al poder ejecuti=
vo
contempla un amplio actuar con el legislativo, donde este segundo tiene la
función de legislar, estos proceden con la tramitación de los proyectos de =
ley,
sin embargo existe el veto presidencial para su aprobación, que puede ser t=
otal
o parcial, y el legislativo puede decidir si acepta o rechaza esta facultad=
, la
cual permite un diálogo y una negociación entre ambos poderes para llegar a
acuerdos y encontrar soluciones
Otro nexo entre estas dos funciones consta que el
poder ejecutivo necesita la aprobación del legislativo en ciertos casos, co=
mo en
el presupuesto nacional e incluso la norma determina que “La Función Ejecut=
iva
presentará cada semestre a la Asamblea Nacional el informe sobre la ejecuci=
ón
presupuestaria, que será remitido por la Presidenta o Presidente de la Asam=
blea
Nacional” (Ley Orgánica de la Función Legislativa) (Asamblea Nacional del
Ecuador, 2009, Art 105), y la
ratificación de tratados internacionales definidos en la LOFJ, lo que signi=
fica
que el presidente no puede tomar decisiones unilaterales y necesita obtener=
el
respaldo del legislativo para implementar sus propuestas. Sin embargo, la m=
ás
clara demostración del sistema está en la figura de la muerte cruzada donde=
el
presidente tiene la facultad de disolver la Asamblea Nacional motivándose en
las causales que la carta suprema lo manifiesta, y de manera análoga esta
concluir las funciones del primer mandatario.
Al referirse a la función legislativa cabe señalar=
que
acorde al Art. 120 de la Constitución de la República del Ecuador (Asamblea
Nacional del Ecuador, 2008), posee varias atribuciones relacionadas a otras
funciones, como la posesión de las máximas autoridades de otros poderes
constituidos; el conceder amnistías por delitos políticos e indultos por
razones humanitarias, declarar la incapacidad física o mental inhabilitante=
del
presidente de la República y conocer informes anuales del presidente. Sin
embargo, la más relevante comprende el fiscalizar los actos de las Funciones
Ejecutiva, Electoral y de Transparencia y control social.
Adicionalmente el legislativo tiene habilitado los
juicios políticos, con relación a las distintas funciones estatales, pues en
base al Art 77 de la (LOFL) ), expone que tiene la facultad de requerir a u=
na
de las comisiones especializadas, o a la Comisión de Fiscalización y Control
Político, la investigación sobre la actuación de cualquier funcionaria o
funcionario público de las distintas funciones del Estado o sobre actos de
interés ciudadano que hayan generado conmoción social o crisis política (As=
amblea
Nacional del Ecuador, 2009).
Esta capacidad de la Asamblea para iniciar proceso=
s de
juicio político contra las autoridades, con un enfoque particular en aquell=
as
dentro del poder ejecutivo, ha sido empleado de manera recurrente.
La Función judicial por su parte, al ostentar la
potestad pública de administrar justicia, debe estar dotada de plena
independencia tanto interna como externa. La independencia de los jueces y =
su
capacidad para ejercer el control jurisdiccional de manera imparcial han si=
do
pilares fundamentales en la lucha contra la corrupción y la protección de la
democracia en el país.
Al actuar como un contrapeso ante posibles abusos =
de
los otros poderes, el poder judicial contribuye a mantener un equilibrio en=
el
ejercicio del poder estatal, siendo que los funcionarios públicos también se
hallan sometidos a la justicia, donde al ostentar cargos públicos, y en vir=
tud
de la competencia en razón de las personas, gozarán de fuero de Corte Nacio=
nal
al referirse a máximas autoridades nacionales como el Presidente de la
República, Ministros y Secretarías de Estado, los Asambleístas, jueces del =
TCE,
Consejeros del CNE, los representantes de la instituciones de la Función de
transparencia y control social, el Defensor del Pueblo, Contralor General,
incluso de su mismo poder como los jueces de la Corte Nacional y Provincial,
vocales del Consejo de la Judicatura, o el Fiscal General cuando lo amerite=
, y
de no ser el caso, accederán a las diferentes instancias del sistema judici=
al.
Abarcando también el poder de transparencia y cont=
rol
social, el texto constitucional expone que “promoverá e impulsará el contro=
l de
las entidades y organismos del sector público” (C=
onstitución
de la República del Ecuador, Art 204=
)[EC1]
con lo que se evidencia dos factores el de control, pero también el =
de
coordinación al ser su responsabilidad “Coordinar el plan de acción de las
entidades de la Función, sin afectar su autonomía”.
Una de sus entidades a destacar el Consejo de
participación ciudadana y control social mantiene entre sus competencias
“Establecer mecanismos de rendición de cuentas de las instituciones y entid=
ades
del sector público, y las personas jurídicas del sector privado que presten
servicios públicos, desarrollen actividades de interés público o manejen
recursos públicos” (Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y C=
ontrol
Social) (Asamblea Nacional del Ecuador, 2009, Art. 5 numeral 2). Esta rendi=
ción
implica que los líderes y las instituciones públicas sean responsables de s=
us
acciones y decisiones, y que sean presentadas ante la ciudadanía a manera d=
e un
mecanismo de control, supervisión y evaluación.
Así también este Consejo de participación, le
corresponde designar a las primeras autoridades de la Procuraduría General =
del
Estado y de las Superintendencias, de las ternas que son remitidas por el
ejecutivo, a su vez designa autoridades de órganos de otras funciones estat=
ales
como son la Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, Fiscalía General del
Estado y los miembros principales y suplentes del CNE y TCE de forma parita=
ria,
y de manera similar con el Consejo de la Judicatura, en base a un proceso de
selección. Y por otro lado los consejeros de este organismo su proceso de
selección es organizado por el CNE.
Por otro lado, el poder de transparencia y control
social tiene la tarea de monitorear y auditar la gestión pública, investigar
denuncias de corrupción y promover la rendición de cuentas por parte de los
funcionarios y autoridades, estas instituciones y organismos están facultad=
os
para realizar investigaciones, emitir informes y recomendaciones, y promover
acciones legales en caso de detectar actos de corrupción o violaciones a los
derechos de los ciudadanos.
La Contraloría General del Estado que integra la
Función de transparencia le corresponde “Dirigir el sistema de control
administrativo que se compone de auditoría interna, auditoría externa y del
control interno de las entidades del sector público” (Constitución de la
República del Ecuador) (Asamblea Nacional del Ecuador, 2008, Art. 212 ), así mismo indica que l=
as
superintendencias de manera análoga le competen la “vigilancia, auditoría,
intervención y control de las actividades económicas, sociales y ambientale=
s, y
de los servicios que prestan las entidades públicas” Constitución de la
República del Ecuador (Asamblea Nacional del Ecuador, 2008), con lo que se
engloba al sector público y la potestad fiscalizadora. Esta institución ha
actuado como un control externo sobre el accionar de los funcionarios públi=
cos
y han promovido una mayor responsabilidad en la administración de los recur=
sos
del Estado.
Finalmente, la función electoral a través del Cons=
ejo Nacional
Electoral procede con el proceso de elección, escrutinio nacional y
proclamación de los resultados de designación de funcionarios, relevantes c=
omo
el presidente y vicepresidente de la República o los asambleístas que prete=
nden
reflejar la voluntad de los ciudadanos con un papel activo y directo en la =
toma
de decisiones políticas en razón de la previa selección de sus líderes, como
una forma de brindar legitimidad a estos funcionarios. Este escrutinio tamb=
ién
abarca las consultas populares de índole nacionales, referéndum y revocator=
ias
del mandato de cargos nacionales.
Por otra parte, estará a su cargo desarrollo del
concurso público de merecimientos y oposición, para la designación de los
consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Mientras
que al TCE le compete juzgar a autoridades, funcionarios o servidores públi=
cos
que cometan infracciones en materia electoral. Sin embargo, aunque la funci=
ón
electoral en Ecuador puede carecer de un sistema de pesos y contrapesos
equiparado con los otros poderes constituidos.
Ante estas consideraciones panorámicas entre las
funciones estatales, se realza el papel protagónico de la Corte Constitucio=
nal,
ya sea para emitir pronunciamientos frente a la muerte cruzada entre el
ejecutivo y el legislativo, dictámenes frente a proyectos de estatutos (Ej:
iniciativa de creación de una región), la exclusión de sus miembros de un
juicio político o sus actuaciones frente a falta de actividad de funciones
estatales para dar continuidad a procesos, denotan su fortaleza, siendo lo =
más
relevante su facultad de dirimir casos de conflictos de competencia entre l=
os
poderes constituidos.
El reconocimiento normativo de rango constitucional
para esta distinción de poderes constituidos y el desarrollo de normas
orgánicas forman parte de un proceso para el progreso del sistema, lo que ha
contribuido a reducir la concentración de poder en una sola institución o
individuo, evitando así posibles abusos y arbitrariedades. La independencia=
del
poder judicial, la fiscalización por parte de la Asamblea Nacional y la
autonomía de otras entidades reguladoras, como la Contraloría General del
Estado, son pilares fundamentales de este sistema.
La proyección es la consolidación de un sistema que
promueve la separación de poderes y establezca mecanismos efectivos de cont=
rol
y equilibrio, entre ellos es fundamental para garantizar la transparencia, =
la
justicia y la rendición de cuentas en la gestión pública, siendo que princi=
pios
recurrentes son la de autonomía, imparcialidad, transparencia, equidad,
eficiencia e integridad.
Los desafíos persisten, y es responsabilidad de to=
dos
los actores sociales, políticos y ciudadanos, continuar fortaleciendo el
sistema de frenos y contrapesos y promoviendo la transparencia y la integri=
dad
en todas las esferas del gobierno y la administración pública, para lograr =
una
división de poder más efectiva y garantizar la protección de los derechos c=
iudadanos
y la estabilidad del Estado.
Metodología
Para la presen=
te
investigación se desarrolló un est=
udio
de carácter exploratorio mediante la revisión bibliográfica y normativa, do=
nde
del análisis, se ha llegado a determinar que el referido sistema presenta u=
na
estructura política que impide la concentración del poder, sustentado en la
norma constitucional y desarrollado en la infraconstitucional, sin embargo,=
no
cuenta con un control absoluto sino parcial en acciones específicas, que es=
tá
más marcado entre las funciones clásicas, esto es el Ejecutivo, Legislativo=
y
Judicial, donde si bien hay una distribución del poder público este no es
estrictamente proporcional entre las cinco funciones.
Conclusiones
· =
El sistema de pesos y contrapesos se
manifiesta a través de una serie de figuras y mecanismos diseñados para evi=
tar
la concentración, mismos que se hallan reconocidos en el texto constitucion=
al y
en las leyes orgánicas de cada una de las funciones estatales. Estas figura=
s,
como la muerte cruzada, el veto presidencial, el juicio político, la potest=
ad
fiscalizadora, sancionadora o nominadora, entre otras, inducen a una
interacción entre los poderes constituidos, que limitan la concentración del
poder en una de ellas, a lo que se añade la existencia de la Corte Constitu=
cional
y su competencia para intervenir en esta relación de poderes.
· =
Se destaca que entre los elementos
intrínsecos del sistema de pesos y contrapesos constan los principios de
separación de poderes, independencia, autonomía, además de la asignación cl=
ara
de las competencias de las funciones estatales en soporte de la norma; la
cooperación interinstitucional y el diálogo constructivo y mecanismos de
control y fiscalización, a lo que se adiciona en el contexto ecuatoriano el
soporte de la Corte Constitucional, donde si bien el sistema enfrenta desaf=
íos
como la polarización política o ac=
tos de
corrupción, este sistema sigue siendo esencial para asegurar una gobernanza
democrática y transparente, donde las funciones tengan legitimidad y ciudad=
anos
pueden confiar en la protección de sus derechos.
· =
Aunque el Ecuador ha establecido un
sistema de pesos y contrapesos en su estructura gubernamental, la equidad e=
ntre
las funciones estatales no siempre es garantizada en la práctica, los desaf=
íos
políticos, sociales y culturales pueden influir en la dinámica entre los
poderes y en la efectividad de los mecanismos de control. Del análisis se
desprende que están reconocidas y reguladas figuras que evidencian su
existencia, sin embargo, se desprende una interacción más activa entre las
funciones clásicas como son la ejecutiva, legislativa y judicial, con algun=
as
inserciones en la de transparencia y control social y de forma relegada la
electoral. Por lo que, para fortalecer la equidad en este sistema, es esenc=
ial
continuar promoviendo su independencia, fomentar la participación ciudadana=
y
garantizar una fiscalización efectiva que asegure los mecanismos de control=
de
manera equitativa en todos los niveles del gobierno.
Conflicto de intere=
ses
Los autores declaran que no existe conflicto de
intereses en relación con el artículo presentado.
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El artículo que se publica es de
exclusiva responsabilidad de los autores y no necesariamente reflejan el
pensamiento de la Revista Ciencia
Digital.
El artículo queda en propiedad de la revista y, por
tanto, su publicación parcial y/o total en otro medio tiene que ser autoriz=
ado
por el director de la Revista Cien=
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